La bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad Democrática aprobó, la tarde de este jueves, el informe presentado por la Comisión Especial para el rescate de la Institucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que recomendó dejar sin efecto la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes, hecha por la legislatura anterior el 23 de diciembre de 2015, cuando ya se había producido la victoria de la MUD en las urnas.
La comisión, presidida por el diputado Carlos Berrizbeitia (ProVe-Carabobo), planteó «dejar sin efecto los actos del írrito proceso de selección de los magistrados principales y suplentes del TSJ» y designar lo más pronto posible, de acuerdo a la Constitución, a la Ley Orgánica del TSJ y al reglamento correspondiente, a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales que deberá iniciar el proceso para cubrir las vacantes que se derivan de la decisión tomada hoy.
Berrizbeitia, en su intervención desde la tribuna de oradores, recalcó que «hoy, con las herramientas constitucionales, el país nos reclama rescatar un poder tan importante como lo es el TSJ».
Informó que la comisión intentó notificar a los miembros del Poder Ciudadano (Contralor, Fiscal y Defensor) todas las irregularidades, pero no recibieron respuesta a la comunicación enviada a mediados de junio.
Fue el Defensor, Tareck William Saab, quien firmó la lista final de postulados y, dirigiéndose al funcionario, Berrizbeitia dijo: «Usted formó parte de ese fraude constitucional. Usted tendrá la responsabilidad de aclararle al país su actuación», lo que le ganó los aplausos de su bancada,
El diputado de la MUD, encargado de leer el informe, pidió exponer el perfil de «tres de los magistrados exprés» que «no cumplían con los requisitos exigidos».
Los señalados fueron Calixto Ortega, miembro de la Sala Constitucional, Lourdes Suárez Anderson, hermana de Danilo Anderson, y Christian Zerpa, éste último, siendo diputado, votó por sí mismo para designarse magistrado.
De Ortega, Berrizbeitia dijo: «no es jurista de reconocida competencia, no ha sido profesor universitario, no ha sido juez superior, era militante del PSUV, fue diputado de la AN por ese partido, no es doctor en derecho ni es especialista en Derecho Constitucional, tan sólo tiene una maestría de Derecho Político». Mientras, desde la bancada de la MUD gritaban: «¡Pirata, pirata!».
«Son usurpadores», dijo el diputado presidente de la Comisión Especial.
Insistió en que la designación que se hizo en diciembre fue «un fraude constitucional» y pidió «de manera contundente, con la fuerza moral, con las herramientas constitucionales y con el voto mayoritario del 6D aprobar el informe» que leía y que recomendaba «dejar sin efecto los actos del írrito proceso de selección designación y juramentación» de los magistrados.
Al final de su intervención, Berrizbeitia pidió «trabajar sin descanso, con entrega, con fuerza, con convicción en el cumplimiento de nuestro deber. Si no lo hacemos no tendremos el perdón del país, de nuestros hijos, nuestros nietos (…) Y que más nunca las instituciones estén al servicio de un color, un partido y ni siquiera de un Presidente».
Por la bancada del oficialismo, el diputado Edwin Rojas (PSUV-Sucre), rechazó la decisión y dijo que la designación de los 13 magistrados del TSJ y los 21 suplentes se hizo según lo previsto en los artículos 264 y 265 de la Constitución.
Atribuyó la decisión a la «frustración» de algunos opositores que quieren ser magistrados del TSJ, insistió en acusar a los dirigentes de la oposición de que antes sí se designaban a los magistrados según las simpatías partidistas y denunció que la mayoría en la AN incurre en «abuso de poder».
EU
