Con el fin de reactivar la producción petrolera en la Costa Oriental del Lago, permitiendo que la  empresa privada sea nuevamente un suplidor confiable de PDVSA, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos.

La presentación de la reforma legal estuvo a cargo del diputado Elías Matta vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo Minas de la Asamblea Nacional, quien aseguro  que esta reforma tiene como objetivo garantizar la activación de la economía en la Costa Oriental del lago, permitiendo que la empresa privada vuelva a prestar servicios dentro del lago de Maracaibo.

“Esta reforma legal va a permitir dinamizar la economía de la Costa Oriental del lago, con la  participación de la empresa privada que vuelva a involucrarse por el desarrollo de esta región. Con esta reactivación vamos lograr aumentar la producción petrolera, es decir va a generar más ingresos en dólares para poder atender los problemas que enfrentan todos los venezolanos en alimentación, medicina, salud, educación, inseguridad y además va a generar empleos de calidad”.

Así mismo explicó el diputado Elías Matta, que el proyecto de reforma legal establece la necesidad de que el Estado indemnice las empresas que fueron expropiadas en el año 2009 en el Lago de Maracaibo, cuando entro en vigencia la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, que reservó al Estado, los bienes y servicios conexos a la ejecución de las actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dejando fuera a la empresa privada.

“De 140 empresas expropiadas en ese año 2009 fueron indemnizadas solo 7, y a 17 se les canceló una tercera parte. Por eso es importante que el  Estado a través de PDVSA designe y reactive de nuevo el comité que atendía a estas empresas y se haga justicia con unas personas que trabajaron toda su vida que produjeron beneficios para el país,  que eran propietarios de los equipos especializados y  que de un día para otros fueron expropiados, arrebatándoles sus bienes, el Estado debe cumplir con ellos”.

Reforma del Decreto con Rango y Fuerza  de la Ley de Minas

Por otra parte, el diputado Matta, también  presentó a la plenaria la reforma a la Ley de Minas, la cual pretende, cambiar

el nombre a Ley de minas y adaptarla para que cumpla con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que el Estado podrá otorgar concesiones para la actividad minera de exploración y explotación, siempre que sea sometido a la consideración y autorización de la Asamblea Nacional, como lo establece la carta Magna.

Consenso de todos los sectores

Por su parte el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Enrique Márquez, celebró la iniciativa de reformar la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, que tiene como objetivo aumentar la producción petrolera en los campos asociados a la cuenca del lago de Maracaibo, con la participación de la empresa privada.

Calificó de oportuna la ley en momentos en que el gobierno ha anunciado su intención de recuperar la producción petrolera en cada uno de los ámbitos del país. “Como zulianos tenemos interés en que la producción petrolera asociado a PDVSA petrolera en el Estado Zulia se incremente, tener mayor movimiento económico en beneficio de cada una de las  familias de los trabajadores, empleadores y de los participantes de este proceso productivo”.

Finalmente aspira que este proyecto de reforma sea discutido y ampliado en el seno de la Comisión para la segunda discusión con la intención de activar la producción petrolera del país en beneficio de los zulianos y de todos los venezolanos.

“Queremos pedirle a la Asamblea Nacional a los colegas diputados que vean esta reforma legal con interés y que en el seno de la Comisión de Energía y Petróleo que desarrollará una consulta pública importante  para validar todos estos elementos, para que no sean fruto de un acuerdo político puro y simple, sino de una interacción con el sector trabajador, productor, con la misma industria, con los zulianos y los venezolanos en general, que esta ley pueda gozar del consenso y el apoyo de todos los parlamentarios y los sectores involucrados”.

NP

Afiuni solicita permiso al Tribunal para cruzar la frontera y comprar comida

La Juez María Lourdes Afiuni interpuso el día de hoy una solicitud ante el Juez de su causa Manuel Bognanno, a fin de solicitarle un permiso especial para cruzar la frontera, cuando sea reabierta, y así poder trasladarse hasta Cúcuta para adquirir alimentos, medicinas y artículos de aseo personal.

En la referida  solicitud la Juez indica que ella no escapa de la realidad venezolana y que tanto ella  como sus progenitores, ambos de avanzada edad, estarían pasando por una situación verdaderamente precaria debido a la imposibilidad de adquirir los rubros señalados, producto de la escasez.

La Juez Afiuni fundamenta su solicitud en el derecho a la alimentación y a la salud contenidos en la Constitución Nacional, y señala que lamentablemente estos derechos de ninguna manera se encuentran garantizados por el Gobierno Nacional.

NP

La implementación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) es un instrumento para criminalizar la pobreza y los excesos que se han generado por la instrumentación de este supuesto sistema para controlar la inseguridad, donde han muertos jóvenes inocentes son consecuencia de militarizar la seguridad ciudadana.

 
Así lo manifestó la diputada Delsa Solórzano presidente de la Comisión de Política Interior quien inició el debate en la plenaria de la Asamblea Nacional sobre la violación de Derechos Humanos y abusos de poder por acciones de las OLP desde su implementación hace un año.

 
Destacó la parlamentaria que los homicidios en todo el país y las muertes violentas en la Gran Caracas y regiones del país han aumentaron después de la implementación de la OLP, según cifras oficiales, en comparación con 2015.

 
«Tenemos que hacer buenas las palabras de la fiscal general Luisa Ortega Díaz quien afirmó que en el primer trimestres de 2016 se produjeron 4.696 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento de 7 por ciento frente al número de homicidios ocurridos el año pasado. Estas son cifras oficiales de la fiscalía, en el marco de la realización de la OLP”.

 
Agregó que según investigaciones realizadas en los primeros 6 mes del año 2016 las muertes violentas en la Gran Caracas ascendieron a 2 mil 826, que representa un incremento del 6 por ciento. “Al menos 20 ejecuciones extrajudiciales se han cometido según el informe de Provea y se han realizado 14 mil  detenciones arbitrarias. Cuando hablamos sobre estos casos no son simplemente números, son ciudadanos, personas de carne y hueso».

 
Seguidamente la diputada Solórzano presentó un proyecto de acuerdo sobre las denuncias referentes a los excesos de la OLP, donde  exigen que se eliminen estos operativos, que lo que han traídos es muerte y desesperanza a las familias más humildes, que viven en los barrios de Caracas y otras regiones del país, que han sido víctimas de la violencia de los OLP.

 
«Derriban las casas sin justificación como el caso de la Enesenada, realizan detenciones arbitrarias y están muriendo nuestros muchachos de la mano del hampa uniformada, como los casos de la Cota 905. Quienes dicen que van a defender la seguridad ciudadana y lo que están haciendo es dejar a nuestra juventud más desposeída sin vida».

 
Luego de su intervención se le dio un derecho de palabras a familiares de las víctimas de las OLP Emili León, Brigitte Duarte y Olga mesa,  a quienes en los operativos les tumbaron sus casas,  y a otras les mataron a sus hijos de 17 años de edad siendo inocentes.

NP