El gobierno de Canadá anuncio el martes una ayuda económica de 44 millones de dólares para el post-conflicto armado colombiano, especialmente de ayuda para las víctimas de más de 50 años de enfrentamientos.

Maria-Claude Bibeau, ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, de visita en Colombia, anunció esta ayuda luego de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos en la casa de gobierno.

«Colombia puede seguir contando con el apoyo de Canadá en esta nueva etapa de paz y la prosperidad. Los proyectos anunciados en el día de hoy ayudarán a las mujeres y a los jóvenes colombianos a liderar y convertirse en agentes de paz de las comunidades», comentó Bibeau.

La funcionaria agregó que su país también apoyará otros proyectos como el desminado y de créditos para agricultores en zonas afectadas por el conflicto interno.

En tanto, el alto consejero para el post conflicto, Rafael Pardo, agradeció el aporte canadiense.

«Canadá ha estado ahí acompañándonos en los momentos difíciles. Las relaciones de Colombia y Canadá están en sus mejores momentos, y son unos 378 millones de dólares canadienses que hemos recibido en los últimos 11 años en cooperación», dijo Pardo.

Desde fines de 2012 el gobierno de Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de medio siglo de hostilidades entre las partes.

AP

Ana Medina, una joven afroboliviana de 21 años, denunció ante la policía que era víctima de agresiones por parte de su marido en más de una oportunidad, pero de nada sirvió.

En la madrugada del 20 de junio, mientras dormía, su marido la roció de gasolina y le prendió fuego.

Las quemaduras alcanzaron el 70% de su cuerpo y tuvo que ser internada de emergencia en un hospital de Santa Cruz, al este de Bolivia.

A pesar de los esfuerzos médicos, el fin de semana falleció producto de las infecciones que le provocaron sus heridas.

El hombre fue detenido y se encuentra en un penal de Santa Cruz.

«Su esposo le prendió fuego mientras dormía. Lo que le hicieron a Ana no tiene nombre, pero lamentablemente parece que es algo de todos los días», señala Fortunata Medina, familiar de la víctima y representante del Concejo Nacional Afroboliviano (Conafro) a BBC Mundo.

Tanto es así que, durante la marcha de repudio al feminicidio de Ana organizado el lunes, fue hallado el cuerpo de una profesora asesinada por su pareja apenas a unos kilómetros de allí.

«Es un caso tras otro», se lamenta Fortunata Medina.

El caso de Ana

En las últimas dos semanas, el Concejo Afroboliviano organizó ferias, vendió alimentos y tocó las puertas de autoridades locales y nacionales buscando ayuda para Ana Medina.

Mientras la joven luchaba por su vida en un hospital, sus compañeras del movimiento de afrodescendientes de Bolivia intentaban asegurar que no le falten medicinas y cuidados.

Después del desenlace fatal, Conafro anunció que seguirá realizando actividades como la marcha que se realizó el lunes en el centro de Santa Cruz, una de las dos ciudades más grandes de Bolivia.

«Si Ana habría tenido donde ir, no le habría pasado aquello. Como no tenía otra opción, tuvo que volver con su pareja después de denunciarlo», explica Fortunata Medina.

Por ello el movimiento afroboliviano, junto a otras organizaciones de defensa de la mujer, promueven la apertura de casas de acogida para que las mujeres que no tengan otro lugar donde ir no estén obligadas a retornar junto a sus agresores.

El martes por la mañana, un día después de la marcha en memoria de la joven, el Concejo Municipal de Santa Cruz anunció la aprobación de una ley para la construcción de un centro de acogida que llevará el nombre de Ana Medina para las mujeres que son víctimas de maltrato.

En criterio de Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer, una organización que apoya a jóvenes que son víctima de violencia, lo sucedido con la joven afroboliviana fue producto de la negligencia de las instancias destinadas a proteger a la población.

«Al igual que sucede con muchas mujeres cuando acuden a presentar una denuncia, por falta de sensibilidad o formación, los casos no son atendidos oportunamente y las víctimas quedan en situación de mayor vulnerabilidad», señaló a BBC Mundo.

Suárez indicó que de nada sirven las leyes de protección a la mujer si los procedimientos para ponerlas en práctica no funcionan.

«Del insulto pasas al golpe, del golpe a la agresión sexual y de allí al feminicidio como la expresión máxima del odio hacia las mujeres», explicó la activista.

FEMINICIDIOS

Bolivia es uno de los países con una de las tasas de feminicidio más alta de Latinoamérica junto a Brasil y México, según la organización ONU-Mujeres.

En el primer semestre de 2016 se registraron 48 asesinatos de mujeres por violencia machista, de acuerdo a la Fiscalía General de ese país.

En 2015 se produjeron 104 de estos casos.

El promedio es de un feminicidio cada tres días.

«La tasa de feminicidios sigue en aumento. Bolivia enfrenta el hecho de ser uno de los países con más alta tasa de violencia de género, violencia sexual o violencia hacia las mujeres», señaló ONU-Mujeres en un informe.

BBC

El avión presidencial argentino, el Tango 01, está en venta. El gobierno de Mauricio Macri quiere vender esa aeronave, comprada en los años de la convertibilidad de Menem, y adquirir un aparato más pequeño, moderno y eficiente para los viajes del Jefe de Estado. Así se establece en un informe de la Jefatura de Gabinete argentina a los diputados al que tuvo acceso el diario transandino Clarín.

«Se va a comprar un avión nuevo. Falta terminar el papeleo para vender los (aviones) vuelos (el Tango 01 y el Tango 04) y definir el financiamiento”, detalló a Clarín uno de los funcionarios encargados de renovar los aviones presidenciales.

Por ahora, el Tango 01 está fuera de servicio, aunque en “estado de preservación” hasta que se defina su destino. El avión presidencial, un Boeing 757-200, con más de 11.000 horas de vuelo. Fue comprado en 1992, durante la Presidencia de Carlos Menem por US$ 66 millones. Está detenido desde enero pasado y la renovación de parte de sus piezas implica una inversión estimadas en US$20 millones. El avión tuvo varios problemas durante la era Kirchner, incluso el incendio de una turbina en 2004.

La idea es que el nuevo avión presidencial tenga más autonomía de vuelo que el actual , que es de 7.222 kilómetros. De la flota actual con que cuenta el Jefe de Estado argentino sólo se mantienen operativos dos de ellos: el Tango 02, un Fokker 28 de 1983, y el Tango 10, un Learjet 60 de 1995, con el que Macri viajó a Chile la semana pasada.

El gobernante argentino está realizando actualmente una gira por Europa y Estados Unidos, para lo cual está usando un avión privado -un Bombardier Global 600, para 15 pasajeros- cuyo arriendo cuesta casi US$ 500.000, según publicó el diario La Nación.

La Tercera

El presidente de Hungría, Janes Ader, ha anunciado este martes un referéndum para el próximo 2 de octubre en el que los húngaros manifestarán si aceptan o rechazan las cuotas de reubicación de refugiados acordadas por la Unión Europea a las que el Gobierno húngaro siempre se ha opuesto. Esta consulta, de dudoso encaje legal ya que las cuotas fueron aprobadas por mayoría cualificada por los Veintiocho, es otro paso más de la oposición frontal del Ejecutivo de Víktor Orbán contra las políticas migratorias de Bruselas. Hungría y Eslovaquia ya recurrieron ante los tribunales el sistema de reparto, que establece la acogida de unas 160.000 personas entre todos los países en un plazo de dos años.

Con este referéndum, que llega después del shock de la consulta británica que ha derivado en el divorcio de Reino Unido y la UE, el primer ministro húngaro no sólo trata de dejar claro su rechazo a las medidas UE; también busca capitalizar aún más su discurso contra la inmigración y la apertura de fronteras que está calando en Europa. Una postura que se agudizó con la crisis migratoria del año pasado, en la que Hungría se convirtió en una de las principales puertas de entrada de migrantes y refugiados a la UE, y que le está haciendo crecer, junto a su partido, el Fidesz, entre el electorado.

Ahora, en su lucha contra el reparto acordado en Bruselas, Hungría convoca esta consulta –a la espera de que el Tribunal Constitucional la ratifique— en la que los húngaros responderán con un sí o no a la pregunta: «¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?».

Un referéndum, recalca Tamas Boras, codirector del think tank Policy Solutions, “no tendrá ningún valor legal”. “Con él, Orbán trata de enviar un mensaje tanto a Bruselas como a otros países de que estas cuestiones deben decidirse a nivel nacional”, dice el analista de este centro especializado en Hungría, que añade que el primer ministro cree que, ahora que están sobre la mesa multas para los países inclumplidores, un respaldo visible de la sociedad húngara le daría más fuerza para tratar de hacer valer su postura; aunque finalmente el voto de los húngaros no cuente. De hecho, se plantea un problema claro si vence el no en la consulta, ya que en ese caso, el tribunal europeo debería hacer prevalecer la legislación comunitaria.

Orbán siempre ha considerado las cuotas de reubicación —por las que a su país, de unos nueve millones de habitantes le corresponden 1.294 refugiados procedentes de Grecia e Italia— “un abuso de poder” de la UE, pese a haber sido aprobadas por mayoría cualificada por los socios, con el voto en contra de su país, República Checa, Eslovaquia y Rumania. De hecho, en febrero, cuando el conservador habló por primera vez de la celebración del referéndum aseguró que quien vote no, «votará por la independencia de Hungría». Este martes, su jefe de Gabinete, Antal Rogan, ha insistido en ello: “El Gobierno húngaro pide a los ciudadanos húngaros que digan que no a las cuotas obligatorias y que digan no a las políticas migratorias de Bruselas. Sólo los húngaros pueden decidir con quién quieren vivir en Hungría”, informa Reuters.

Esta consulta es solo un paso más en las controvertidas políticas que Hungría ha aplicado para frenar las llegadas de inmigrantes y refugiados, como la construcción de vallas y muros para tratar de sellar sus fronteras. Desde otoño del año pasado, cuando cerró sus pasos con Serbia y Croacia, entrar en Hungría de forma ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión. A partir de este martes, el Gobierno húngaro ha empezado a aplicar además otra polémica reforma de su ley de extranjería que le permite trasladar a los refugiados localizados cerca de las vallas fronterizas al otro lado, donde no reciben asistencia; una fórmula de devoluciones en calientes criticada por la ONU ya que dificulta la petición de asilo. Este primer día, Hungría la ha aplicado ya a 600 personas.

Bloque contra la emigración

Hungría no es el único país en oponerse a la política migratoria comunitaria. De hecho, este es uno de los puntos que tiene en común con el llamado Grupo de Visegrado, explica Sándor Gyula Nagy, investigador principal del Instituto de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría. Esta alianza informal, que forman Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia, se ha hecho fuerte en un discurso por el control de las fronteras. De hecho, esta es una de las prioridades del grupo de países relativamente pequeños (excepto Polonia), que trabajan juntos y se coordinan para tratar de hacer escuchar su voz en la UE, apunta Nagy.

Los cuatro países del Este son ferozmente reacios a la reforma del sistema de asilo de la UE: desde el reparto de asilados a la acogida obligatoria, algo que encuentran profundamente injusto, poco realista y perjudicial tanto para sus propios Estados como para la UE. También rechazan de pleno las multas por no cumplir con los compromisos acordados. Su postura, advirtió el número dos de la Comisión Europea, Frans Timmermans, puede ser “un gran golpe para el proyecto europeo”.

El País