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Piden a la MUD declarar inaceptable mediación de Zapatero, Fernández y Torrijos

Posted on: julio 4th, 2016 by Laura Espinoza No Comments

 

Dirigentes opositores emitieron un comunicado en el que rechazaron a los facilitadores seleccionados por el presidente Maduro para el diálogo, pues consideraron que no son confiables ni independientes.

 

 

En este grupo se encuentra: Diego Arria, Milos Alcalay, Napoleón Bravo, Raúl Emilio Baduel, entre otros.

 

 

Aclararon que no están en contra del diálogo en Venezuela pero afirmaron que rechazan al “trío de facilitadores escogidos por el régimen de Maduro”.

 

 

Así mismo proponen crear un Grupo de Amigos de la OEA-Venezuela para facilitar el diálogo.

 

 

A continuación el comunicado:

 

 

 

Son conocidos por la comunidad internacional los estrechos lazos que el régimen de Chávez-Maduro ha mantenido con los ex presidentes Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Antecedente estos, más que suficientes, para descartarlos como parte de un eventual proceso de diálogo.

 

 

Siendo este el caso, ¿Quién escogió a los facilitadores?

 

 

Increíblemente fueron seleccionados por el régimen de Maduro con la cooperación de Unasur; lo que lo convierte en una situación inédita, pues en ningún lugar del mundo es el agresor quien escoge él mismo al mediador, y la víctima simplemente se resigna.

 

 

Estos tres facilitadores, además de pertenecer a la misma bancada ideológica, no pueden resultar confiables porque carecen de experiencia en esta materia, y en adición se han adentrado, fijando posición en dos aspectos fundamentales que los descalifican definitivamente: Rodríguez Zapatero ha declarado no estar a favor del Revocatorio Presidencial este año, y Leonel Fernández que “la OEA debe actuar con cautela para aplicar la Carta Democrática Interamericana CDI”.

 

 

¿Cómo llegamos a esta situación?

 

 

 

Por iniciativa de Unasur en combinación con el régimen de Maduro, los llamados facilitadores; los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, convocaron a una reunión secreta en la República Dominicana, de la cual la opinión pública solo logró enterarse gracias a una filtración a un medio de Miami, El Nuevo Herald.

 

 

La reunión incluyó a la Canciller de Venezuela y a su hermano el Alcalde del Distrito Libertador. Y por separado, pero en el mismo sitio (Marina de Cap Cana en República Dominicana), a representantes de la MUD. El propósito era pactar el inicio de un proceso de dialogo propuesto por el régimen, que casi logra desmontar el recurso de la Carta Democrática Interamericana invocado por el Secretario General de la OEA, que se presentaría al Consejo Permanente pocos días después.

 

 

Esta irresponsable y peligrosa iniciativa pretendía canjear la aplicación de la CDI por un “dialogo”, tal como hizo el régimen en 2014 para desmovilizar al país, con el agravante de que la percepción de los estados miembros de la OEA era que la oposición ya estaba involucrada activamente en un proceso de dialogo con el apoyo de los tres ex presidentes que representaban a Unasur. Esa percepción la certificaba la presencia de los representantes de la MUD, lo cual explica y justifica el hecho de que en la reunión del Consejo Permanente se hicieran múltiples menciones a este dialogo pactado entre el régimen y al oposición.

 

 

¿En que situación estamos hoy?

 

 

Estamos secuestrados por el régimen, por los tres ex presidentes, por Unasur-Samper y por algunos dirigentes de partidos de la MUD.

 

 

Es una política más que conocida que en un proceso de mediación para resolver diferencias y conflictos, los facilitadores o mediadores sean escogidos por las partes o por el ente mediador, como sería el caso de la OEA o de la ONU, que asegurarían un balance independiente que genere confianza entre las partes.

 

 

En nuestro caso, el agresor violador de nivel olímpico de los derechos humanos, entre otras condiciones bien documentadas en el Informe del SG Almagro, es el que ha escogido a los mediadores o facilitadores. Sin duda un caso nunca visto a escala mundial, empeorado por el hecho de que la propia dirigencia de la oposición los aceptó.

 

 

¿Qué podemos hacer ahora para liberarnos de este secuestro de nuestros derechos?

 

 

Durante 17 años nos hemos quejado y hasta denunciado con sobradas razones la indiferencia de un organismo como la OEA ante nuestra trágica realidad, y ahora cuando su Secretario General, Luis Almagro asume la responsabilidad de ejercer su rol y emite un documento que se asemeja mas a una sentencia condenatoria del régimen se ha estado arriesgando su aplicación por un supuesto diálogo. Esto es inaceptable y conspira contra nuestros mejores intereses.

 

 

La Asamblea Nacional y la MUD deben dirigir de inmediato una comunicación al Presidente del Consejo Permanente de la OEA y al Secretario General Almagro, con copia a todos los estados miembros, señalando que no son aceptables los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos; por no considerarlos ni confiables, ni independientes para participar en nuestro proceso.

 

 

En la misma comunicación solicitar que sea el Secretario General que proponga la creación de un Grupo de Amigos de la OEA-Venezuela, tal como entendemos tenía previsto proponer el propio SG y otros estados miembros. Esta modalidad ha sido muy exitosa en el caso de El Salvador, Haití, Guatemala e incluso en la Antigua Yugoslavia. En este caso, la OEA puede solicitar la cooperación de la ONU, que cuenta con los medios y la experiencia necesarios para participar en una situación tan trágica y peligrosa como la nuestra. Esta variante no debería aplicarse a cambio del proceso del Revocatorio Presidencial que debe tomar lugar este año.

 

 

Los venezolanos que luchamos y promovemos el rescate de nuestra libertad, de nuestra democracia y de nuestros derechos, no nos sentimos representados por los facilitadores de Unasur y del régimen de Maduro. Por tanto los rechazamos.

 

 

Firmas

Diego Arria ( Ex gobernador de Caracas)
Milos Alcalay (Ex embajador)
Luis Manuel Aguana ( Analista político)
Pedro Burelli ( Ex director de Pdvsa)
Napoleón Bravo (Periodista)
Raúl Emilio Baduel (Preso Político)
Fanny Bello (Ex Ministra de Agricultura)
Carolina Jaime Branger (Comunicadora Social)
José Colina (Teniente (r) FANB)
Gustavo Coronel ( Ex director de Pdvsa)
Jesús Casique (Economista)
Virginia Contreras (Ex embajadora ante la OEA)
Hayden Deutsch (Fundadora Fuerza Liberal)
Carlos Fernandez ( Ex Presidente de Fedecamaras)
Eduardo Gómez Sigala (Ex presidente de Fedeindustria)
Leocenis García (Preso Politico)
Ana Julia Jatar (Economista)
Francisco Kerdel-Vegas (Ex Embajador)
Douglas León Natera (Presidente de la Asociación Médica Venezolana)
Pedro Mogna (Ex Vice Ministro y embajador)
Teresly Malave (Defensora de Derechos Humanos)
Manuel Malaver (Periodista)
Nitu Pérez Osuna (Periodista)
Carlos Ortega (Ex Presidente de la CTV)
Padre José Palmar (Sacerdote)
José Manuel Pinto Hurtado (Activista)
Vladimir Pettit (Abogado)
General (r) Antonio Rivero (Perseguido politico)
Lester Rodriguez (Ex Rector de La Universidad de los Andes)
Antonio Sanchez García (Filosofo)
Iruña Urruticoechea (Periodista)
Alfredo Yanez Mondragon (Periodista)
Angela Zago (Periodista)

 

 

 

 

 

 

 

 

La doble legitimidad de la protesta

Posted on: julio 4th, 2016 by Laura Espinoza No Comments

 

A cualquier hora del día, en cualquier lugar de Venezuela, hay personas protestando. No son enemigos de la patria, ni conspiradores, ni agentes del imperialismo, ni soldados de la guerra económica ni ciudadanos a los que cabe endilgar descalificación alguna. Son personas desesperadas. Padres y madres que reaccionan ante la precariedad de la que son víctimas. Existencias temerosas por el pan de sus hijos. Nada menos que esto: gente que teme al hambre y a la enfermedad. A la carestía programada, característica de los regímenes totalitarios. Temerosas de morir por escasez de medicamentos y atención hospitalaria. Nunca, léase bien, nunca en Venezuela se habían producido tantos fallecimientos de neonatos por contaminación de los quirófanos de los hospitales públicos. Lograr que en el sistema de salud de la revolución bonita realicen una intervención quirúrgica en tiempo razonable, se ha convertido en una experiencia, mezcla de terror y agonía.

 

 

 

He escrito “escasez programada”. Ningún ciudadano consciente debería alejarse de este pensamiento: la hambruna venezolana fue planificada. En 1999 comenzó su múltiple ejecución. Se convirtió a Petróleos de Venezuela en el centro de un enorme engranaje de corrupción, en desmedro de sus capacidades productivas; se comenzó la expropiación de empresas (recordemos aquí el drama de Agroisleña) y de fincas productivas, que fueron saqueadas y conducidas a la ruina total; se puso en marcha el cerco legal, impositivo y de fiscalizaciones hostiles e injustificadas, con el objetivo de paralizar y cerrar industrias venezolanas; se creó el esquema de control cambiario que, tarde o temprano, haría estallar las finanzas nacionales; se arrancó con el ancho y creciente intervencionismo en la economía real del país por parte de los organismos gubernamentales a cargo de ignorantes de oficio; se dio inicio a la adquisición, a montos de escandaloso sobreprecio, de insumos y bienes terminados, como mecanismos para hacer factible la corrupción y el enriquecimiento súbito de los capitostes del chavismo-madurismo, así como el financiamiento de mercenarios políticos como los de Podemos, o la compra de votos útiles en las instancias internacionales.

 

 

 

Estas y muchas otras medidas, insisto en ello, no fueron improvisadas. Se fueron acumulando unas tras otras, avanzando en su propósito de arruinar al país. Día a día, a pesar de las innumerables voces que advirtieron, de todas las formas posibles y a través de los más variados mecanismos, que Venezuela estaba siendo conducida a una crisis de proporciones inéditas. Se señaló, con considerable anticipación, que vendría una baja de los ingresos petroleros. Pero ni Chávez ni Maduro hicieron nada por controlar los gastos desproporcionados, tomar medidas de apertura económica, establecer prácticas de ahorro. Lo ocurrido, de acuerdo con los más novedosos criterios del derecho internacional de las víctimas, califica como deliberadas violaciones de una serie de derechos humanos. En vez de actuar para atenuar las consecuencias del programa de sufrimientos que vendría, el régimen se dedicó a diseñar la represión, comprar armas, diseminar el miedo en el país, al tiempo que dejaba el campo abierto para el auge de la delincuencia. Porque además, y esto tampoco puede ser olvidado: nunca como ahora, con la omisión y complicidad del Estado, se había permitido la proliferación de bandas de delincuentes, como está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. El nuestro es un país que tiene una parte considerable de su territorio bajo el dominio de la delincuencia. A menudo, estas bandas están amparadas y mantienen acuerdos con destacadas figuras del régimen.

 

 

 

No hace falta sustentar la legitimidad de las protestas en nuestro país. Lo que a diario vemos no necesita mayores ni complejos argumentos: la sociedad está levantando su voz en contra del hambre inducida, de la precariedad diseñada, de la mortandad estimulada por los más oscuros propósitos. Que todo esto es deliberado lo demuestra, sin atenuantes, la negativa del régimen a aceptar la ayuda humanitaria que, desde distintas partes del mundo, se prepara para salvar las vidas de los venezolanos.

 

 

 

Nadie quisiera salir a las calles a reclamar sus derechos. Todos preferiríamos estar dedicados a nuestro trabajo, a nuestra aula, a los asuntos de nuestro hogar. Pero ello no es posible, por una verdad indiscutible: a los venezolanos nos han robado la paz. Nos han despojado del más básico de los bienes: vivir con algunas certidumbres. Nos han despojado de casi todo, y todavía se pretende despojarnos de nuestro derecho de protestar.

 

 

 

Y es que el ciudadano que protesta es, en la específica circunstancia venezolana, un héroe. Un valiente. Alguien que, a pesar del hambre, del estado de angustia causado por las carencias de todo tipo, del peligro constante que representan la delincuencia común y las bandas armadas de régimen; alguien que, a pesar de las evidentes y cada vez más brutales prácticas represivas de diversos cuerpos uniformados, de todos modos sale a la calle y reclama sus derechos. Es por todo esto que, cuando me preguntan fuera del país por la legitimidad de las protestas en todas las regiones de Venezuela, no dudo en responder: las protestas en Venezuela son doblemente legítimas.

 

 

Editorial de El Nacional

Miguel Henrique Otero

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