Mientras Maryuly Fernández, de 33 años, se colocaba unos implantes mamarios de marca PIP (Poly Implant Prothèse) en un centro clínico ubicado en el sector Paraíso de Maracaibo (2010); en Francia, el país del glamour y de la torre Eiffel, la Agencia Francesa de Seguridad de Productos de la Salud (Afsps) iniciaba una investigación sobre la sociedad mercantil de esas mismas prótesis.
Los resultados de la investigación derivaron en un escándalo mundial que puso en el tapete de la crítica mundial el control sanitario de la Unión Europea: el gel contenido en las prótesis era industrial y no médico. Las autoridades de salud global ordenaron el retiro inmediato de los implantes del mercado, pero ya habían miles de mujeres afectadas en 50 naciones, entre ellas Venezuela, un país donde de acuerdo con Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, se realizan unas 40 mil operaciones de aumento de busto al año.
Roturas, desplazamientos, encapsulamiento del implante, esparcimiento del gel y un tipo de cáncer raro por el que falleció una de las afectadas francesas tenían en asombro al mundo entero ya para 2012. Venezuela, por supuesto, no escapaba a esa realidad. Se prohibió la comercialización de las PIP en el país pero ¿y las ya afectadas?
Con 40 mil portadoras calculadas, nuestro país ocupó el segundo lugar en el mundo con casos de PIP, solo superado por Gran Bretaña (44 mil pacientes). Francia, donde se fabricaron las prótesis, sumó 33 mil implantadas. Siguieron Argentina y Colombia con 15 mil casos cada uno.
Las miles de afectadas se unieron en grupos de protesta, tanto en Francia como en Venezuela. El abogado venezolano Gilberto Andrea explica: “Dicha alerta nos obligó, como estudiosos del derecho, a realizar un llamado a las mujeres venezolanas acerca de lo que estaba ocurriendo. Se venían conociendo casos muy extraños como que las heridas no sanaban, produciendo supuraciones incontrolables que terminaban deformando y, en el peor de los casos, haciendo perder los senos a quienes habían sido sometidas al implante mamario”.
Andrea hizo un comunicado, a través de su portal web, a todas las mujeres venezolanas con implantes PIP. De, aproximadamente, dos mil llamadas, una llamó más la atención de los investigadores. El caso de Adriana Alejandra Zorrilla (hoy fallecida), una joven de 28 años quien, tras colocarse las prótesis, sufría de un adenocarcinoma de pulmón, no fumaba y nadie en su familia había padecido de esta enfermedad.
“Doctor, mi interés no es económico, yo lo que quiero es justicia, que los que me vendieron esto se hagan responsables de lo que ocurrió… No es por mí, es por tantas mujeres que sufren este mal”, le dijo Zorrilla.
En esa oportunidad Adriana Alejandra también concedió una entrevista a PANORAMA: “Soy de Petare, Caracas. En 2010 me puse los implantes PIP y un año después gané un cáncer de pulmón que no me permite ni entrar en la lista de quienes podrán retirarse las prótesis porque tengo afectado el sistema inmunológico”, declaró.
La presión de la prensa, las protesta de las afectadas y el trabajo de los abogados llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que introdujo una demanda ante el TSJ en protección de los derechos difusos y/o colectivos de las afectadas y en ella también se incluyó la acumulación de amparo de Asomuvenapip (Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las PIP).
El junio de 2012, hace ya seis años, el TSJ admitió la demanda, declaró una sentencia cautelar, ordenó el retiro y reemplazo gratuitos de las prótesis, medida que debía ser custodiada por el Ministerio de Salud (Mpps) y costeada por cirujanos, clínicas, hospitales y la empresa Galaxia Médica, distribuidora de las prótesis en el país.
Maryuly Fernández, hoy de 39 años, ya había comenzado a sentir los estragos de tener una sustancia tóxica en el cuerpo. Sentía mucho dolor en el seno izquierdo. “Sabía que había un proceso de ayuda, que el problema se consideró de salud pública, pero no podía esperar más. Cuando me las puse pagué 16 mil bolívares. Para quitármelas 46 mil. No tenía recursos, tuve que quitar prestado y quisiera saber si el Estado puede indemnizar a una persona que por emergencia se tuvo que operar antes de que saliera la sentencia. Me las coloqué porque tenía los senos muy caídos, pero ahora los tengo llenos de cicatrices”, señala.
Tras seis años del descubrimiento del fraude sanitario más sonado de todos los tiempos, ¿qué ha pasado con las mujeres afectadas?
“Venezuela fue el único país del mundo que ordenó el retiro y reemplazo gratuito. Algunos dispusieron el retiro, pero en nuestro país se tomó en cuenta la afección psicológica y física de retirar las prótesis y no colocarlas nuevas. Hasta abril van 477 afectadas operadas por el protocolo”, informó Iris Álvarez, integrante del grupo Afectadas por Prótesis Mamarias PIP Venezuela.
¿477 de 40 mil afectadas calculadas en 2010? Parece una cifra extremadamente baja (1,2%).
Entre las razones figuranque buena parte se operó por sus propios medios, otras no saben que las portan, aunado a ello la sentencia aún es cautelar y no definitiva por lo que solo abarca a quienes tengan problemas de salud con las prótesis no a todas las que las portan: “¿Esperan a que se me revienten y me muera?”, se quejó Leida Yudith García, una de las portadoras PIP venezolanas.
Adriana Bavaresco, integrante de Asomuvenapip, hizo un llamado a las autoridades: “Solicitamos celeridad en el caso a los entendidos competentes, TSJ, Defensoría del Pueblo, para que las afectadas que aún llevan las prótesis y presuntamente no estén rotas igual puedan ser operadas gratuitamente. Es desesperante portar las PIP sabiendo que son una bomba de tiempo”.
Otro de los problemas es que no todas las prótesis fueron introducidas por Galaxia Médica, por lo que en esos casos, Iris Álvarez asegura que la empresa no está obligada a sustituir las PIP no traídas por ella.
Sumado a todo, en los grupos de las páginas de afectadas se leen mensajes desesperados como: “Registrada en el Ministerio de Salud y no operada con prótesis desplazada hacia abajo”, “a mí no me abre la página”, “ya no se qué voy hacer el médico que me operó no quiere enviar el informe al Mpps”, “mi especialista falleció ¿qué hago?”.
Pero no todas las noticias son malas. Roberto León Parilli, presidente de Anauco (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores), informó que Francia pagará indemnización a venezolanas afectadas por prótesis PIP. “Queremos decirle a todas las mujeres venezolanas que la justicia ha llegado”, informó León Parilli.
León Parilli mencionó que una de las víctimas que representa se encuentra en estado vegetal desde que la prótesis se le rompió.
La empresa Poly Implant Prothèse (PIP), dirigida por el francés Jean-Claude Mas Florent, burló los controles sanitarios por más de una década. Sustituyendo el gel médico por el industrial, logró fabricar prótesis más económicas. Mientras que un implante normal llegaba a pasar los $ 1.000, las PIP estaban valoradas $ 300. Pero los costos humanos son incuantificables, la frecuencia de rotura de la fábrica francesa era siete veces mayor al promedio.
En enero de 2012, Mas Florent fue arrestado, pero, a pocos días, lo liberaron tras pagar una fianza de 100 mil euros y cargar una acusación por causar daños físicos involuntarios. Esto indignó al mundo sanitario. Tras seis años desde el descubrimiento de su fraude, Mas Florent, quien llegó a ser el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias, fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel.
Aunque no todas las mujeres se operaron con fines estéticos, el 95% sí lo hizo y esta terrible experiencia dejó una gran reflexión: “Yo no deseo volver a ponerme prótesis. Debemos aceptar que es mejor ser como Dios nos creó. Quien nos ama, nos ama como seamos”, expresó Marilsia Silva, intervenida este mes por el protocolo gratuito de atención de Venezuela.
FUENTE: Panorama
