Está visto que al tribunal supremo de justicia (sería una afrenta a la civilidad exornar con mayúsculas a tan grotesco areópago) le importa un pepino el sentido y alcance de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, y dada la presteza con que las satanizan, es de maliciar que los magistrados ni siquiera se toman el trabajo de leerlas y sentencian su inconstitucionalidad aún antes de ser discutidas en el hemiciclo capitolino.

Para darse prisa, se presume que deben contar con una plantilla de leguleyos y caga tintas que les redactan las ponencias y se las envían listas para ser datadas y firmadas. Ello explica su conversión en estafeta de rechazos instantáneos, sin importar el daño que ocasionen al pueblo a cuyo servicio debería estar la justicia.

Lo que más les importa es la cantidad, no la calidad, de sus pronunciamientos contra el Poder Legislativo, en atención a la decisión ejecutiva de desconocerlo y bloquear todas sus iniciativas, como lo ha hecho para seguir bateando mil puntos, el 9 de junio pasado cuando –sentencia Nº 490/2016)– la sala constitucional, fundándose en la ponencia de un usurpador de credenciales –impuesto por Diosdado en la operación rebatiña y sin más méritos que una poco escrupulosa explotación del derecho penal en el Zulia– declaró inconstitucional la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud.

Es ardua la tarea de calificar esa sentencia. ¿Atroz? ¿Abominable? ¿Ominosa?  Ninguno de estos adjetivos puede comunicar la perversión que en ella subyace ni los perversos efectos de la misma, pues se trata de una iniciativa protervamente llevada a cabo con la preconcebida idea de minimizar el poder parlamentario, sin tener en cuenta el daño colateral.

En este sentido es atroz, cruel e inhumana, pues pone en riesgo la integridad física de la ciudadanía, al proscribir la asistencia humanitaria internacional, tácita negación de acceso a las medicinas, con tecnicismo banales que sirven de alegatos para que un papanatas enchufado en el servicio exterior sostenga que tal ayuda equivale a tolerar una invasión extranjera.

Es abominable porque compele al repudio moral de una judicatura carente de deontología profesional, no digamos ya institucional, que no actúa guiada por su obligación de contribuir al bien común, sino por la necesidad de mantener atornillado al poder a un régimen militarista, mendaz y corrupto, al que, por lo que estamos viendo, le interesa más su supervivencia que la del país mismo.

Y, finalmente, es también ominosa porque nada bueno presagia, ni para esos jueces a la orden del más poderoso postor –algún día tendrán que pagar por sus inconsecuencias– ni para quienes rechazan la indignidad derivada de sus decisiones que, cada vez más, se convencen de que la pelea tendrá que ser peleando; que no puede haber diálogo sin respeto ni consideración hacia la población.

Podríamos seguir listando razones para repudiar la depravación de la legalidad perpetrada por el TSJ. Ya las redes sociales abundaron en ellas. Sólo resta reclamar algo de decencia, que no es mucho pedir.

Editorial de El Nacional