Por considerarla inconstitucional y violatoria de Derechos Humanos, la defensa del comisario Coromoto Rodríguez recurrirá la decisión judicial que acordó la detención preventiva del jefe de Seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional.
El anuncio lo hizo el representante legal del funcionario, el abogado Omar Estacio, quien en conversación telefónica con El Universal dijo: «Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. En un primer expediente el Ministerio Público solicitó la conclusión de la investigación en virtud de los señalamientos hechos por la defensa y eso genera la cosa juzgada, por lo que Rodríguez debió ser liberado. Sin embargo, en la noche del martes la jueza dijo que recibió una llamada de otro fiscal pidiéndole que lo mantuviera detenido. Hay que saber perder. La Fiscalía interpuso una acción torticera y estoy seguro que esta nueva lo es más aún».
Tras indicar que estaba evaluando si interponer una nulidad o un amparo contra la decisión judicial, el penalista afirmó: «Vamos a ejercer todos los recursos nacionales e internacionales que tenemos a nuestra disposición, pues mientras más arbitrariedades comentan más nos estimulan a batallar».
Fuentes del Ministerio Público, por su parte, negaron que hubieran cambiado de parecer en relación a este caso y sostuvieron que desde ese despacho no imputaron a Rodríguez porque no fue detenido cometiendo un delito y porque los elementos recabados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para vincularlo con los hechos de violencia registrados en la marcha opositora de la semana pasada, eran inconstitucionales, pues se sustentaban en la declaración de un patriota cooperante.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que sin una solicitud de un fiscal un juez no puede enviar a prisión a una persona, a menos que esta haya sido detenida en flagrancia delinquiendo.
Más pruebas
La defensa de los jóvenes detenidos como presuntos agresores de los seis agentes de la Policía Nacional la semana pasada solicitó la realización de una experticia antropométrica para determinar si sus clientes son o no los autores materiales del hecho.
En un comunicado, la abogada del Foro Penal Venezolano, Mafer Torres, informó que la petición fue formulada durante la audiencia de presentación que se inició el pasado domingo y concluyó la madrugada de este miércoles, en la cual la jueza del Tribunal 4 de Control, María Díaz, decidió la privación de libertad para Jeremy Bastardo Lugo, José Gregorio Hernández, Jefferson Araguache, Daniel Morales y Deivis Hernández, y otorgó libertad cautelar con presentación cada 30 días para Luis Theis y Richard Rondón.
La penalista indicó que la experticia servirá para determinar si los detenidos son los mismos que aparecen en el vídeo que ha circulado por las redes sociales, en el cual se aprecia el momento en el que unos agentes son golpeados por varios hombres. “Hasta ahora, lo único que tenemos son las versiones de los funcionarios policiales y lo que dice la Fiscalía”, aseguró Torres.
Acto seguido Torres refutó la versión oficial y aseguró que varios de los detenidos ni siquiera estuvieron en la marcha. “Deivis (Hernández) es un indigente, un señor en situación de calle que duerme en el puente de la UCV y que vive gracias a las propinas que recibe por cuidar carros en una arepera en Plaza Venezuela, en cuyas inmediaciones fue detenido”, aseguró, al tiempo que agregó: “Daniel Morales, de 18 años, ni siquiera fue a la marcha. Ese día, cerca del mediodía, salió de clases – acaba de empezar sus estudios en la Universidad Alejandro de Humboldt – y al darse cuenta de que las estaciones del Metro estaban cerradas, comenzó a caminar para buscar una vía alterna. Había quedado en encontrarse con su mamá en un punto donde ella lo pasaría recogiendo. Pero cuando pasaba por la sede del Sebin de Plaza Venezuela, un comisario le aplicó una llave por la espalda y, sin mediar palabra, lo detuvo”.
Por su parte, la abogada Elenis Rodríguez, representante de Bastardo y de Hernández, en conversación telefónica con El Universal denunció que el Sebin incumplió la orden judicial de trasladar a los jóvenes a la Medicatura Forense para someterlos a exámenes médicos y así determinar si fueron maltratados por los agentes que los detuvieron y los tienen en custodia, sin que la jueza hiciera nada por cumplir su mandato.
La directora de la organización Fundeci denunció que en el Sebin a los jóvenes los forzaron a decir que el comisario Rodríguez les pagó por generar hechos de violencia y también a señalar a dirigentes opositores como Henrique Capriles, María Corina Machado y otros.
EU
