La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en cumplimiento del mandato que le confiere la ley que la rige, se dirige a la Nación preocupada por el agravamiento de la situación económica que hoy padecen los venezolanos. El país se enfrenta al empobrecimiento creciente de su población a causa del aceleramiento de la inflación, el desabastecimiento extendido de alimentos, medicamentos y otros bienes, el deterioro de los servicios públicos y la caída sostenida de la actividad productiva. Ello ha generado un profundo deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, que soportan enormes colas, aguantando horas a la intemperie frente a establecimientos comerciales con la esperanza de poder comprar los productos que necesitan, y sufren secuelas graves cuando no consiguen los remedios requeridos o no pueden operarse por falta de material quirúrgico, sin mencionar los efectos del hambre y de la malnutrición en los sectores más vulnerables de la población: niños, ancianos y madres solteras de escasos recursos.
La ANCE, en uso de sus atribuciones, se siente en el deber de transmitirle a la Nación, incluyendo al Gobierno Nacional, que la situación descrita no se debe a ninguna fatalidad y que puede superarse en un plazo relativamente corto, si se toman las medidas apropiadas.
– Debe abatirse cuanto antes el alza desmedida de los precios. En tal contexto,no hay forma de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores decretando recurrentes alzas salariales. Ello, más bien, alimenta una senda hiperinflacionaria que terminará de arruinar al país. La inflación se derrota reduciendo radicalmente el déficit público, que arroja a la circulación ingentes sumas de dinero sin contrapartida alguna en bienes y servicios. Es necesario desprenderse de aquellas empresas ineficientes que constituyen un lamentable desaguadero de dineros para no comprometer el gasto social en salud, educación y asistencia social y poder dedicarle recursos también a la mejora de otros servicios públicos. Adicionalmente, la inflación no se puede derrotar si el Banco Central de Venezuela continúa financiando el gasto público con emisión de dinero sin respaldo, contrariando el artículo 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta práctica debe cesar perentoriamente.
– Es menester unificar el tipo de cambio y lograr su estabilización en torno a valores que equilibren el poder de compra interno y externo del bolívar, en un régimen de libre concurrencia. Sólo así podrá superarse la severa restricción externa que tiene maniatada a la economía. El racionamiento actual de la divisa a la tasa de cambio protegido (DiPro), sobrevaluada y muy inferior a la demanda que de ella se tiene, ha desatado su alza en el llamado mercado paralelo, superando cien veces esa tasa oficial. Gran parte de las compras externas no tienen más opción que recurrir al dólar “paralelo”, encareciéndolas en forma desmedida.
– La disminución del precio internacional del petróleo hace que los ingresos por exportación no alcancen para cubrir el pago de las importaciones, el servicio de la deuda financiera y lo adeudado a los proveedores extranjeros. Debido a esta estrechez de divisas, muchas empresas no han podido importar los insumos y/o equipos y repuestos que requieren sus actividades productivas. Por tanto, es necesario iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros internacionales para concertar un importante financiamiento externo que permita cubrir, junto con los ingresos por exportación, los compromisos externos de la nación antes descritos. Sin ello no podrá estabilizarse el precio de la divisa en un nivel que exprese su poder de compra comparativo. Un generoso crédito externo permitirá, a su vez, refinanciar la deuda externa, con lo que podrá aliviarse el pago por este concepto durante los próximos años y evitar que los costos los asuma la población menos favorecida económicamente.
– Es necesario liberar la iniciativa empresarial para que pueda responder a las oportunidades que ofrecerán las medidas antes mencionadas, levantando los excesivos controles que actualmente asfixian las actividades económicas de la nación. La derogación de la Ley Orgánica de Precios Justos y de otras normas punitivas, y la promoción de la competencia, en un escenario de precios estables y de garantías jurídicas, redundará en la reactivación inmediata del aparato productivo, dada la enorme capacidad ociosa con que hoy opera. Esto permitirá proveer muchos de los bienes y servicios hoy desabastecidos, abaratar costos, sustituir importaciones para ahorrar divisas y generar empleos productivos. Un ambiente en el que se restablezcan las garantías y libertades económicas será un gran atractivo para las inversiones extranjeras y nacionales. Constituirá, además, una plataforma favorable para incrementar la producción y para promover exportaciones, dadas las potencialidades del país en numerosos campos. En particular, permitirá fortalecer la competitividad de la Industria Petrolera Nacional.
La posibilidad de reactivar la economía venezolana depende del restablecimiento de la confianza de parte de empresarios, trabajadores, consumidores e inversionistas. El clima de confianza requerido para aprovechar las potencialidades del desarrollo nacional requiere de la observación absoluta del Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, con sus derechos económicos, civiles y humanos, y sus garantías jurídicas. Debe entenderse que la economía funciona a base de incentivos. Los responsables de la política económica no deben continuar invocando supuestas guerras para endilgarle la culpa a otros de las carencias que hoy agobian a millones de venezolanos. Es necesario salir al encuentro de soluciones, como las aquí presentadas, que permitan superar las penurias que angustian hoy a la población, y rescatar las perspectivas de creciente prosperidad y bienestar futuro. En procura de que ello pueda fructificar, es vital que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia cesen su enfrentamiento con la Asamblea Nacional en aras de una mayor cooperación entre los poderes públicos, y de éstos con la economía privada y con la sociedad civil.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas reitera, una vez más, su disposición a aportar sus conocimientos para la prosecución de estos propósitos
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Humberto García Larralde, Presidente y Sary Levy-Carcient. Secretaria
Apoyan plenamente este documento, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presididas por los Académicos Gioconda-San Blas y Eugenio Hernández-Bretón, respectivamente.
Palacio de las Academias, mayo 2016
