Militares venezolanos incautaron  2.430 kilogramos de cocaína en la localidad suroccidental de Ureña, próxima a la frontera con Colombia, y detuvieron a dos colombianos y tres venezolanos en la operación.

Miembros de la Guardia Nacional, que se encontraban en un puesto de vigilancia vial en Ureña, encontraron durante una inspección a un camión de carga unas 2,4 toneladas de presunta cocaína que estaban dentro de 81 sacos, indicó el sábado la Fiscalía General en su página de internet.

Por el caso fueron detenidos dos colombianos y tres venezolanos, precisó el Ministerio Público.

Venezuela, por su cercanía a Colombia, se ha transformado en uno de los puentes más importantes para el transporte de la droga hacia Estados Unidos y Europa. Varios militares venezolanos de alto rango y oficiales retirados han sido acusados de participar en el narcotráfico.

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Aristóteles Torrealba es abogado y defensor del Pueblo en el Zulia. El desabastecimiento, irregularidades en la frontera, el contrabando y las «guarimbas» centran su último informe, que presentó a su jefe, Tarek William Saab.

Dejó su despacho en Maracaibo por unos días para constatar en persona lo que ocurre en el Sur del Lago. «La frontera está cerrada pero el ‘bachaqueo’ no para, sobre todo en esa zona fronteriza que se extiende desde la Sierra de Machiques hasta San Cristóbal. Hay mucha penetración en la zona de Catatumbo y El Cruce», denuncia en entrevista con La Verdad.

A la Defensoría del Pueblo en el Zulia le negaron la posibilidad de visitar a Belén Salas y Cristi Valentina Mavárez, militantes de Primero Justicia que se mantienen detenidas en la sede del Sebin en Maracaibo. Torrealba contó que a diferencia de otros casos de detenidos por manifestaciones, para entrevistarse con las jóvenes necesita la autorización del ministro Gustavo González López, ministro de Interior, Justicia y Paz. Hace una semana remitieron el oficio sin obtener respuesta.

– ¿Qué denuncias encontró en el Sur del Lago?

– La situación que nos afecta de emergencia económica es bastante preocupante. En el Sur del Lago notamos que hay reclamos de parte de la población en cuanto a la seguridad; el mismo problema que tenemos en Maracaibo en cuanto a la escasez de alimentos, y ciertas deficiencias en las áreas de los hospitales. Por ejemplo, en Santa Bárbara, el hospital no tiene especialistas, solo hay médicos generales. La sala de parto no funciona debidamente. En esa ocasión que estábamos de visita allá, ocurrió la pérdida de dos aires acondicionados nuevos que les acababa de enviar la Secretaría de Salud.

– ¿Cómo pérdida?

– Sí, desaparecieron del hospital, no saben cómo pasó. Dos aires de cinco toneladas cada uno, nuevos, habían llegado para ser instalados y desaparecieron. También en la educación se nota una carencia en cuanto a suministro de pupitres, principalmente en el municipio Francisco Javier Pulgar.

– ¿En qué condiciones están los ciudadanos para adquirir los alimentos?

– Tienen la misma situación que Maracaibo y otros municipios, tienen que hacer colas similares, por número de cédula, algunos supermercados les condicionan las ventas de los productos regulados para que compren otros artículos.

– ¿Y el combustible?

– Es bastante grave, sobre todo en la población de San Carlos (municipio Colón). Allí es preocupante ver cómo se mantienen colas inmensas y las personas prácticamente pasan días enteros para surtirse de gasolina. Allá hay una serie de acuerdo especial entre PDVSA, el Gobierno y las estaciones para darle cierta preferencia a los productores de la zona para que puedan adquirir el combustible para su maquinaria, pero hasta ellos tienen que hacer largas colas porque el suministro es escaso. No hay suministro continuo, no es regular, creo que son dos o tres veces por semana y en ocasiones hay colas hasta de dos o tres días.

– ¿Qué denuncia se hace más recurrente en esa zona?

– Ellos sienten como una especie de invasión silenciosa del vecino país, o sea que hay una penetración masiva en búsqueda del combustible para llevarlo al departamento del Norte de Santander (Colombia) de contrabando y la situación que se presenta con los alimentos también. Constantemente denuncian que la zona está penetrada por mucha guerrilla y paramilitarismo. Denuncian, incluso, ciertas complicidades de las autoridades nacionales, de permitir el «bachaqueo», la extracción de la gasolina.

– ¿Pero si la frontera está cerrada?

– Exacto, la frontera está cerrada pero el «bachaqueo» no para, sobre todo en esa zona fronteriza que se extiende desde la Sierra de Machiques hasta San Cristóbal. Hay mucha penetración en la zona de Catatumbo y El Cruce.

– ¿Qué puede hacer la Defensoría en esos casos?

– Esta es una situación en el país, que compete al Ministerio de la Defensa. Hicimos llegar un informe al doctor Tarek William Saab (defensor del Pueblo) para que él maneje esa situación tanto con el Ministerio de la Defensa como con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

– ¿Cuándo se envió?

– Se envió el 26 de abril. Sabemos que son puntos que él va a tratar desde Caracas por ser una situación de seguridad y defensa nacional.

– ¿Aquí en Maracaibo han conocido de los casos de detenidos por manifestación y actos de violencia?

– Tenemos un protocolo que hemos activado debido a las circunstancias, se realizó durante las guarimbas de 2014 y ahora con las manifestaciones a raíz de la aplicación del Plan de Administración de Carga de Corpoelec. Se presentaron situaciones violentas e indeseables. Se trató de manipular diciendo que los saqueos se originaron porque la gente tenía hambre y quedó evidenciado que se registraron saqueos en sitios que no tienen nada que ver con alimentación, como la sede del Saime en Sabaneta o la estación del Metro, el saqueo en una tienda de ropa y electrodomésticos del centro comercial Ciudad Chinita. Son situaciones que sorprendieron al Gobierno regional porque si bien se esperaban protestas, se esperaban dentro del marco constitucional, pacíficas, por el tiempo extenso de la carencia de electricidad, pero no se esperaba una reacción de ese tipo, violenta. Nosotros acudimos a hacer las inspecciones de rigor, hubo aproximadamente unos 130 detenidos, a todos los entrevistamos y fueron presentados debidamente en los tribunales. La mayoría de los casos fueron actuaciones en flagrancia.

– Dice que entrevistaron a todos los detenidos, ¿tiene conocimiento del caso de Belén Salas y Cristi Valentina Mavárez?

– Ellas fueron detenidas y presentadas al juez octavo de control, fueron cinco personas y quedaron privadas de libertad las dos jóvenes y un muchacho de apellido Chirinos por resolución 363. Atendimos la denuncia y el caso incluso lo tuvo el doctor Tarek William Saab, porque su abogada se comunicó con él quien me llamó el sábado 7 de mayo a las 11.30 de la noche para que le informara ese caso. Inmediatamente nos activamos y conversamos con los responsables del circuito penal del Zulia y nos confirmó de las detenciones. Estamos pendientes, se les visitó pero el comisario Cedeño, jefe del Sebin, nos requirió que teníamos que solicitar autorización en Caracas con el ministro (Gustavo González López) para la entrevista, así se hizo y hasta el momento esa entrevista no ha sido autorizada. Ellas esperan la audiencia de presentación. Hasta ahora no hemos podido hablar con ellas.

– ¿Cuál es su mensaje a la ciudadanía?

– El ciudadano puede esperar de esta Defensoría el mayor respaldo posible en la defensa de sus derechos humanos, es nuestra misión apoyar y defender si se comete alguna irregularidad. Constantemente tenemos equipos haciendo monitoreo porque hay una situación crítica en el área alimentaria. Nos preocupa la situación de las colas en todos los supermercados, en las farmacias, atendemos todas las denuncias que se presentan en ese sentido. Creemos que hay que tener paciencia, todo va a ir progresivamente mejorando y hay que tener confianza. El Gobierno nacional tiene la responsabilidad y nosotros estamos para exigirle que solvente esta situación de crisis. Pensamos que el pueblo tiene que tener la mayor confianza posible en que esa situación va a mejorar.

La Razón

Decenas de venezolanos se manifestaron hoy en Doral, ciudad aledaña a Miami (EE.UU.), para expresar su rechazo a los allegados al partido de Gobierno de Venezuela que se han trasladado al sur de Florida, en donde “viven en la impunidad”.

“Ha aumentado la presencia de funcionarios y empresarios afiliados al régimen de Nicolás Maduro y muchos de ellos hacen negocios aquí en Miami”, declaró a Efe José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), organizadores de la protesta.

Unas 70 personas, según Colina, participaron en la concentración que se celebró en las inmediaciones del restaurante El Arepazo, icónico punto de encuentro de la comunidad venezolana local y en donde muchos manifestantes portaron máscaras en el rostro para simbolizar “el mal olor de los chavistas y enchufados (como opositores denominan a los que se han lucrado por tener vínculos con el Gobierno)”.

Los venezolanos se dirigieron a compatriotas suyos como la jueza Belkis Cedeño o el fiscal Franklin Nieves, quienes forman parte de un grupo de cerca de 300 allegados al partido oficialista en Venezuela que residen y gestionan empresas en el sur de Florida, tal como afirmó el titular de VEPPEX.

Colina advirtió que “Miami no es una ciudad santuario para los ‘boliburgueses’”, en alusión a la alta clase política y empresarial con vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro, y precisó que la concentración no era “una cacería de brujas, sino una cruzada moral por la dignidad”.

“Mientras el pueblo venezolano no tiene medicinas ni artículos de primera necesidad, muchos de los responsables de la actual crisis que sufre el país han comprado bienes y medios de comunicación en Estados Unidos”, criticó Colina.

En ese sentido, el grupo de exiliados venezolanos rechazó la “doble moral del régimen” de Nicolás Maduro, que se oponen a Estados Unidos pero “sus contratistas viven y se traen capital a este país”, tal como explicó el presidente de VEPPEX.

La concentración e desarrolló el mismo día que en Venezuela se vivieron marchas organizadas por partidarios y opositores al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro, quien el viernes decretó un estado de excepción y emergencia económica.

La Patilla

La consulta constitucional, democrática y soberana para que los venezolanos expresen, este mismo año, su deseo de que concluya el mandato presidencial de Nicolás Maduro, se ha consolidado como un clamor nacional: así lo corroboraron, este sábado, miles de ciudadanos, junto con la dirigencia política opositora, con motivo de la “Gran Concentración de la Unidad Democrática por el Referendo Revocatorio”.

Bajo la consigna de “Solo un Pueblo Unido Vence al CNE y sus Obstáculos”, el evento realizado en Caracas, tal como estaba previsto, al final de la avenida Casanova, en jurisdicción del municipio Libertador, exhibió una nueva y contundente prueba de la movilización cívica de las mayorías, para exigir, de manera firme y pacífica, que se concrete tan legítima aspiración contemplada en la Carta Magna. En el devenir de la jornada se anunció, igualmente, que el próximo miércoles habrá una marcha hacia la sede principal del CNE, en el centro capitalino.

“Estamos defendiendo la voluntad de un millón 850 mil personas que dijeron queremos revocatorio, queremos solución pacífica; el pueblo salió a la calle y no regresará hasta tener referendo revocatorio”, manifestó Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Unidad Democrática.

El máximo vocero de la plataforma partidista fue enfático al señalar que los plazos para el mecanismo continúan estando vigentes, planteados para poder realizarlo antes de que finalice el 2016. “Esto sigue estando dentro de lo posible: la única manera de garantizar eso es que los órganos del sufragio cumplan con su deber, de acuerdo con su propia normativa, si el Consejo Nacional Electoral observa el reglamento comicial y la ley respectiva, acatando el principio de celeridad, para que, tengamos referendo revocatorio este año”, indicando que en el presente momento del país se registraba “una huida hacia delante de un sector del oficialismo”.

“Ellos van tratar como sea, ¡como sea!, de que cualquier proceso electoral, cualquier hecho que solicite una manifestación de voluntad de la gente – que sea para revocar a Maduro, que sea para escoger a nuestros gobernadores, por cierto, lo cual también debe ser este mismo año -, ellos van a intentar eludirlo, porque en cualquier sitio y en cualquier evento se van a llevar una derrota abrumadora, más grande que la asestada el pasado 6 de diciembre”, estimó, a su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

El titular del ente unicameral aprovechó la oportunidad para reiterar que la Asamblea Nacional no acataría decisión alguna que viole la Constitución de la República, y refutó lo que se augura como una inminente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la directiva parlamentaria.

“A nosotros nos eligió el pueblo y solo el pueblo nos puede revocar”, enfatizó, pidiendo a los venezolanos que defiendan el “único poder autónomo que resta”.

Mientras, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, afirmó que lo único que se pide en esta fase del proceso es que se permita validar las huellas. “¿Por qué le tienen tanto temor a que la gente vaya y coloque su huella, a que se respete el reglamento. Ahora, todas las actividades que desarrollemos deben llevarse a cabo en Venezuela entera, hasta en el último rincón”, destacó, al solicitar que la protesta no se “caraqueñice”.

“Ustedes saben que cuando murió Chávez en 30 días tuvimos elecciones, porque querían aprovechar el momento de dolor de mucha gente. Se lo decimos a la comunidad internacional: aquí no hay ninguna razón para que este año no haya revocatorio. Salvo que ellos quieran trancar la vía democrática. Si ustedes trancan la vía democrática (dirigiéndose a las autoridades nacionales), nosotros no sabemos lo que pueda pasar en este país, donde en cualquier momento la bomba puede estallar”, advirtió.

El también dirigente de Primero Justicia precisó que el revocatorio no se daría solo: “el revocatorio se va a dar si cada uno de nosotros hace su tarea y se organiza en su barrio, en su urbanización, en su centro de trabajo y se moviliza. Que les quede claro a las señoras del CNE que el referendo no es el próximo año, es este año”, urgió.

El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, coincidió con Capriles Radonski, en que da tiempo para efectuar la consulta en este 2016. “El año pasado hicieron una elección a la Asamblea Nacional en cinco meses; esta se puede hacer perfectamente en poco tiempo. Y para ello seguiremos en la calle”, acotó.

Al hacer mención de los decretos dictados durante la víspera, tildó de “groseras” las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó de “aliado de Maduro”, luego de que el exmandatario colombiano asomara la posibilidad de que en Venezuela hubiera una fuerza extranjera militar.

Juan Requesens, también miembro de la bancada del cambio en la instancia legislativa, garantizó que el pueblo se mantendrá en la vía pública para demandar que se lleve a cabo el referendo.

“Hemos puesto en marcha una política constitucional que es el revocatorio. Todos los movimientos sociales estamos abocados a la salida de Nicolás Maduro. Llámenlo como quieran – estado de excepción, estado de represión -: el único estado que hay en el país es el de la crisis, el del desabastecimiento, el de la inseguridad”, reclamó.

“El gobierno no ha entendido que la lucha democrática es respetándonos todos; los golpistas no están aquí los golpistas están allá. Nosotros buscamos una opción constitucional que es el referendo y no pisaremos el peine de la violencia pues creemos en la manifestación pacífica y en la calle tenemos que mantenerla conversando con el vecino, con el transeúnte”, fueron las palabras del antiguo gobernador zuliano, Pablo Pérez.

RR alimenta la esperanza del pueblo

“El revocatorio es la salida democrática a la crisis”.

La sencilla frase, que encarna, al mismo tiempo, un profundo sentimiento, fue la más común empleada por quienes acudieron, masivamente, a la “Gran Concentración de la Unidad Democrática por el Referendo Revocatorio”.

“Aquí estamos, enseñándole a las familias venezolanas, cómo debe exigirse el derecho al referendo, contra un presidente que nos está matando de hambre. No es cuestión de decretos inoperantes: el que no funciona es el gobierno”, estimó la señora Aminta Blanco, mientras caceroleaba con una gran olla.

Para Belkis Palacios, “no se justifica que ahoga vengan a ignorar la voluntad popular. Nosotros firmamos y firmaremos cuantas veces sea necesario. Venezuela no puede seguir sin comida, sin medicinas, sin futuro para los niños”.

“Con el revocatorio luchamos por un Ejecutivo que dialogue, que respete la opinión de todos, que sepa gobernar y que le busque remedio a los problemas; y no un régimen terco que aplica políticas que conducen a la miseria. Este gobierno, conformado por fanáticos, nos mantiene en un estado primitivo”, fue la consideración de Janeth Sayago.

“Con el revocatorio estamos defendiendo nuestro derecho a los alimentos, a los fármacos, a que el país supere el caos”, argumentó el joven Irwin Moreno.

En tanto que Siria García Bello, una representante de la tercera edad, exigió una nación próspera. “No podemos seguir comiendo una sola vez al día, pues hoy tan solo alcanza para el almuerzo. Queremos el referendo revocatorio para que el país arranque, para que se acabe el vandalismo, la crisis económica, el robo, el bachaqueo, y que dejen de ‘pisarnos’ como pueblo”, espetó, enumerando algunos de los muchos padecimientos que afligen a Venezuela.

Nota de prensa/La Patilla