Cuando a Jesús Núñez se le acaba el sueldo todavía falta mucho para que llegue la próxima quincena. Entre el pago de la habitación que alquila en Caracas y el gasto que hace en comida prácticamente se le va todo el dinero que cobra. Con lo poco que le queda paga el pasaje y los intereses de la tarjeta de crédito, que cada vez debe usar con más frecuencia para poder cubrir sus gastos.
“En el último año mi sueldo se triplicó y aún así cada vez me alcanza menos para comprar. No me acuerdo de la última vez que comí en la calle ni de cuándo pude comprar ropa. Ahora siempre cocino en la casa y he tenido hasta que reducir
el consumo de carne para rendir el dinero”, asegura el licenciado de 28 años de edad.
Gladys Pérez, de 46 años de edad, quien desde hace 24 años se desempeña como docente, relata: “Gano 13.000 bolívares quincenales y prácticamente más de 80% lo gasto en comida”. Pese a que también cuenta con el ingreso de su esposo, aseguró que se le hace muy difícil pagar el condominio, los servicios, y la universidad y el pasaje de su hijo.
A una enfermera con 42 años de edad, que pidió no mencionar su nombre, también le toca ingeniárselas para estirar sus ingresos: “Tengo cuatro hijos, dos en bachillerato y dos en la universidad, y aunque uno de ellos trabaja ni aun así los reales alcanzan para comprar la comida que está cada vez más cara y tampoco se consigue. Además, todavía no me pagan el aumento del bono de alimentación que se aprobó en febrero, porque el Ministerio de Salud dice que no tiene recursos”.
Para el analista financiero y director de Econométrica, Henkel García, la realidad que los trabajadores venezolanos viven se explica de manera sencilla. Alega que han aumentado los sueldos, pero también ha caído el poder de compra como consecuencia del incremento de la inflación.
“El gobierno piensa que con decretos de aumentos va a ayudar al trabajador. Pero después de más de 30 aumentos salariales, entre la gestión del presidente Hugo Chávez y la de Nicolás Maduro, el poder adquisitivo está por debajo del de 1998; eso es muestra de que la política de aumento de salario no tiene impactos. El año pasado la caída interanual del poder de compra del salario integral fue de 30% y este año es de 40%”, advierte.
Y es que mientras los aumentos del salario mínimo aprobados el año pasado sumaron 97,34%, en el mismo período la inflación publicada por el Banco Central de Venezuela fue de 180,9%.
El alza se ha exacerbado este año, pese a que no hay data oficial de la inflación, la medición que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros señala que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 la canasta básica subió 46,4% hasta ubicarse en 203.943,95 bolívares, mientras que la alimentaria tuvo un repunte de 52,6% para quedar en 142.853,2 bolívares.
Ni siquiera el médico que más gana puede cubrir sus necesidades de alimentos y servicios. Un director de hospital, que tiene un sueldo base de 18.628 bolívares, debe trabajar al menos 8 meses para comprar la canasta alimentaria de un mes, y necesita reunir 11 salarios para cubrir la cesta básica.
El profesor universitario a dedicación exclusiva tampoco puede cubrir las canastas. Con un sueldo de 36.812 bolívares debe trabajar 4 meses para comprar los alimentos que requiere su familia mensulamente y solo si reúne 6 salarios puede pagar los gastos de ropa y servicios.
Nuevas peticiones. La caída del poder de compra ha hecho que cada vez sean más los trabajadores que se encuentran en condición de pobreza, agrega Servando Carbone, coordinador de la Izquierdista Unión Nacional de Trabajadores.
Asegura que el deterioro de las condiciones de vida es uno de los motivos que los lleva a marchar hoy, a partir de las 9:00 am, desde la plaza Brión de Chacaíto hasta Parque Cristal en Altamira. Dijo que más allá de pedir un alza salarial, exigen que se frene la inflación.
Carbone afirma que el crecimiento de la pobreza en la masa laboral está reflejado en el estudio de la Unión Regional de Trabajadores de Sucre perteneciente a la Únete, que revela que 5 millones de trabajadores entraron en la pobreza entre 2014 y 2015 al no poder subsistir con su salario.
José Antonio García, portavoz de la URT Sucre, explicó que el estudio consistió en la elaboración de fichas técnicas comparativas con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
De acuerdo con los datos de la organización sindical, más 1,5 millones de trabajadores de la administración pública, dos millones de obreros y otros miles de trabajadores universitarios, incluidos los profesores, además de los docentes del magisterio venezolano y miles de nuevos desempleados habrían sumado durante los últimos 2 años los 5 millones de nuevos pobres. Aun así hay trabajadores que respaldan la gestión del presidente Nicolás Maduro que también marcharán hoy.
Marco Tulio Díaz, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, informó que realizarán una movilización en la avenida Libertador con destino a la plaza O’Leary.
Las deudas de Maduro
Contratos engavetados. El sector público tiene pendiente la negociación y/o firma de 600 convenciones colectivas sectoriales de la administración pública centralizada y descentralizada. “Muchos de esos contratos están vencidos desde hace tiempo, como el de las cementeras del Estado que llevan sin discutir siete años”, señaló el dirigente sindical Orlando Chirino.
Chirino denunció que el gobierno firma contratos colectivos “incompletos y con beneficios socioeconómicos desfavorables bajo la promesa de que permitirán a los sindicatos celebrar elecciones como ocurrió en Sidor”.
Otra irregularidad que mencionó es que el Ministerio del Trabajo no homologa los contratos suscritos, como el petrolero y el marco del sector público, lo cual se presta para que el gobierno incumpla los acuerdos.
Sigue la tercerización. Pese a que la Ley Orgánica del Trabajo, vigente desde mayo de 2012, prohíbe a los empleadores del sector público y privado la contratación de personal fuera de la nómina fija, la figura de la tercerización todavía persiste en los organismos públicos, y en empresas del Estado y privadas. “Actualmente hay 1,3 millones de tercerizados, el mismo número contabilizado en 2013 cuando los patronos debieron avanzar en el proceso de absorber ese personal e incorporarlo a las nóminas”, informó José Antonio García, representante de la Unión Nacional de Trabajadores-Sucre.
Señaló que la asimilación del personal tercerizado se dio parcialmente en Sidor, y en la industria eléctrica y petrolera, pero por razones de ahorro en costos, sobre todo a partir de la contracción del aparato productivo.
Pasivos laborales. El gobierno incumple la obligación de depositar trimestralmente los 15 días de salario de sus trabajadores correspondientes a sus prestaciones sociales en el fideicomiso de los organismos. “Los pasivos laborales por ese concepto alcanzan 100 millardos de bolívares”, precisó el sindicalista Servando Carbone.
El dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público explicó que los organismos del Estado tampoco pagan los intereses acumulados cada 3 meses por los días de salario antes mencionados. Aclaró que los 30 días por antigüedad sí son depositados por el Ejecutivo.
Agregó que hay trabajadores que han cumplido los años de servicio para jubilarse, pero no se les da el beneficio porque los organismos no tienen el dinero para pagar la liquidación.
Pensionados en espera. El presidente Nicolás Maduro prometió en febrero de 2014 que daría a los pensionados del Seguro Social los bonos de alimentación y salud. Sin embargo, el gobierno objetó la Ley de Ticket de Alimentos y Medicinas, aprobada por la Asamblea Nacional.
“Más de 3 millones de pensionados están pendientes de esa ley que significa una ayuda para estas personas a las que la pensión no les alcanza para cubrir los gastos de comida y medicinas”, dijo Edgar Silva, coordinador del Comité de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Insistió en que los pensionados tienen derecho al ingreso adicional del equivalente a 67 unidades tributarias por alimentación, además del suministro gratuito, constante y seguro de las medicinas por parte del Estado.
EN
