Desde su despacho en Caracas, el presidente de Fedecámaras, el zuliano Francisco Martínez, reiteró que “el sector empresarial no es el culpable, hoy por hoy, de la crisis”. “La gente que está en cola   lo sabe, estamos intentando lo mejor”.

Indicó que el 2016 será un año “complicado” y que el 2017 está también “comprometido”. Aseguró que el mecanismo cambiario nuevo, de dos bandas, “no ha ayudado en nada”.

—¿Cuál es el diagnóstico de Fedecámaras sobre la economía del país, qué expresa el sector empresarial?

—Nos preocupa enormemente la situación del país (…) Las empresas privadas  se han venido en un progresivo deterioro, de hecho hoy (el jueves) tenemos la noticia que uno de los grupos empresariales más importantes de Venezuela (Polar) está anunciando un cierre de su planta de cervecería (…)Vemos un 2016 complicado y está comprometido el 2017. El sector industrial está afectado; así como también el primario que sufre por el tema de los agroquímicos y las semillas. Las semillas de maíz blanco y amarillo han llegado en muy pocas toneladas para poder atender la demanda. Está por perderse el ciclo de siembra de invierno. El 2017 será un año dependiente de las importaciones. Por todos lados está la crisis. El sector comercial no puede importar, ni comprar bienes y servicios (…) No hay un sistema cambiario transparente y fluido que permita a los sectores productivos adquirir divisas para comprar materia prima y así levantar la producción y llenar los anaqueles.

 
—¿Y se han reunido con el Gobierno?

 
—No. Ningún grupo empresarial está teniendo algún  tipo de acceso al Gobierno para, por lo menos, abordar técnicamente y de forma estructural los problemas del país. Las pocas decisiones que se han tomado han sido tímidas, con una progresividad lenta que no le da contundencia y eficacia a la situación del país.

—¿Cuáles son esos temas que se han abordado con el Gobierno?

 
—Hemos hablado del respeto a la propiedad privada, eso no se cumple, además se ha sugerido un sistema económico estable. Hay que reconocer que hay gente responsable de algunas instituciones gremiales participando dentro del Consejo Económico Productivo como Tony Pestana, (de Fedenaga), José Ricardo Álvarez, por los cañicultores; Maza Tirado de la Asociación Bancaria, pero a pesar que hay gente seria del sector privado allí, ellos no han sido escuchados y creemos que es verdad.

 
—El bachaqueo crece, ¿cómo frenar la especulación?

 
—(…)Este mercado informal está haciendo de las suyas. Estamos viendo una fórmula de lactancia materna que cuesta quizás un poco más de Bs. 200 y la venden en Bs 12.000, eso es grave. La única manera de resolver esto es con producción nacional y si eso no sucede vamos a seguir teniendo unos mercados especulativos, corrompidos, que benefician a muy pocos y perjudican al resto del país. El Gobierno sabe bien que lo hace no está funcionando, debe tomar la ruta de la rectificación.

—Voceros del Gobierno han asegurado que se les han otorgado millones de dólares a los privados…
—No están otorgando divisas. Puede ser que se las estén dando a un pequeño grupo de empresas que  tratan de responder por todo lo que es la producción, la demanda de bienes y servicios.  Pero que no pueden atender a todo el país(…).

 
—¿Cómo están operando con el Dicom y el Dipro?

 
—Eso no ha ayudado en nada, es más, no han cambiado el sistema. Todavía tendrían que explicar algunas pérdidas  patrimoniales que está teniendo el BCV. Si el único que están transando y flotando en el Dicom es Pdvsa, de resto no hay otra empresa que conozcamos en Fedecámaras que lo esté haciendo, entonces sucede que Pdvsa le entrega los dólares  al BCV  en Bs. 346 que estuvo la tasa ayer (el miércoles) y Dicom se voltea a Dipro y los dólares los transa a 13 bolívares. Hay una pérdida patrimonial entre los 13 bolívares y los 346 (…).

—Fedecámaras se reunió con la Comisión de Finanzas de la AN para analizar el proyecto de Ley para la producción nacional. ¿Qué les pareció la propuesta?

—Nos parece interesante el llamado de la AN que nos convocó a nosotros, a los sindicatos, trabajadores e instituciones relacionadas con la protección a los consumidores. La ley para aumentar la producción nacional, hasta el primer proyecto que ellos introdujeron, tiene algunas deficiencias, aunque se pueden rescatar muchas cosas, poniéndoles las sugerencias del sector empresarial, las del lado de los consumidores y  trabajadores.

 
—¿Qué aspectos deben ajustarse en esta propuesta de ley?

—Creemos que debe haber un abordaje de la coyuntura actual, eso es lo principal. Tanto la AN como los sectores productivos que pudiéramos intervenir en el diseño de esta ley convenimos que debe ser así. El modelo actual tiene completamente contraído al aparato productivo y necesitamos algo que permita  destrancar esa tubería o abrirle un poco el espacio para que los procesos fluyan, sin perder el horizonte que es atender a mediano y largo plazo las soluciones estructuralmente que tienen que ver con el aparato productivo.

 
Hemos dicho que mientras que no haya un marco legal que fortalezca a las instituciones, a la actividad empresarial y proteja los intereses de los trabajadores y los consumidores, las cosas no van a cambiar. El gran reto va ser convencer al Gobierno de que hay otras maneras de aumentar la producción para ver unos mejores niveles de abastecimiento.

—El Gobierno culpa al sector privado de una guerra económica. ¿Usted qué opina?

—La gente que está en cola  sabe que el sector privado, hoy por hoy, no es el culpable de esta crisis. Estamos intentando lo mejor. El hecho, es verdad, que existan algunos delincuentes, porque no se les puede llamar empresarios, que están especulando con la necesidad del pueblo, pero no es el sector empresarial formal.

 
—A qué estarían dispuestos los empresarios para resolver la crisis. ¿Hasta el Vaticano está abogando por un diálogo?

—A todo. Nuestro compromiso es con Venezuela, no con ningún gobierno o partido. Tenemos nuestros intereses en el país y le hemos apostado a Venezuela. Hemos invertido y tenemos esperanzas positivas. Hay que cambiar en el modelo económico actual, no funciona (…) El interior del país está sufriendo, desde hace tres años, de unos altos niveles de escasez y desabastecimiento, además del racionamiento eléctrico. El Gobierno trata de mantener a Caracas más protegida, pero las regiones como el Zulia, Táchira, entre otras, han sido las más afectadas.

Panorama

Un nuevo juego cerrado entre el Psuv y la MUD promete presentarse en la Asamblea Nacional con la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional en dos meses. Tiempo en el que aspiran sondear a todos los sectores involucrados con el fin de reactivar la economía del país. Al consultar a ambas bancadas se contradicen en su percepción sobre el origen de la crisis económica.

El diputado Omar Barboza, quien dirige la subcomisión encargada de elaborar el informe que irá a la segunda discusión, señala que hay consenso nacional sobre la aprobación de una ley de producción que instale las bases para que crezca la producción de bienes y servicios nacionales. Mientras que desde el Psuv lo rechazan por considerar que la crisis económica viene de la misma oposición y de la distribución que juega sobre la estabilidad del país.

Barboza opina que  la distribución no es el origen del problema como lo han asegurado los voceros del Gobierno. “Creemos que el problema no es de distribución, sino que es de producción y que la verdadera ley anti cola que debemos aprobar y el Gobierno apoyar es ésta, porque lo único que puede acabar con las colas es que produzcamos más y para eso hace falta reglas claras que faciliten este proceso”.

Uno de los aspectos que Barboza considera importante incluir en la norma es que el certificado de producción no se deba renovar anualmente sino que pueda permanecer por varios años a menos que haya alguna modificación, también estima la designación de un consejo asesor con participación del Gobierno, Poder Legislativo, consumidores y productores que regule cuáles son los productos, las cantidades y en qué se debe importar para lograr un equilibrio.

Barboza, electo por Zulia, rechaza los argumentos del oficialismo quienes aseveran que se trata de “una ley privatizadora”. “Nos interesa que la empresa pública y la privada sean productivas, lo que no queremos es tener empresas públicas donde se gaste mucho dinero y no produzcan, queremos ver cómo hacemos para que tantas empresas que tiene el Estado se conviertan en eso y no que sean un barril sin fondo en gastos”.

El  pasado 12 de abril inició la consulta pública con la asistencia de Fedecámaras, Conindustria,  Consecomercio, Fedeagro y Fedenaga, gremios que propusieron a los legisladores incluir el desmontaje de los controles de precios y cambio, así como la modificación del marco tributario.

“Es importante que el Estado pueda intervenir única y exclusivamente no para controlar la producción de bienes y servicios, sino para regular distorsiones y para promover la producción de bienes y servicios en el país (…) Es la única manera que tenemos para que el país en algún momento vuelva a tener los anaqueles llenos y para que volvamos a tener empleos estables con un salario digno”, indicó Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.

Mientras que a juicio del diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Finanzas, la esencia real es un proceso de privatización de las empresas nacionales, “todo orientado a apoderarse de medios de producción públicos”.

Señala que la oposición quiere generar un proceso de expropiación de empresas e infraestructuras que el Estado venezolano que “le ha entregado al pueblo organizado y que se han venido constituyendo como empresas de producción social su finalidad es entregar esto al sector privado”.

Sobre la baja producción de empresas como Fama de América, Lobo, afirma que “la derecha no dirá cuál es su objetivo, plantean la creación de una comisión que se abroga facultades que tiene el Ejecutivo”.

En tanto, el diputado Julio Borges, jefe de fracción de la MUD, rechazó este argumento de la bancada de Gobierno ante su negativa a la aprobación de la norma, asegurando que el Gobierno maneja actualmente “el 70% de la producción del café y no se consigue café en Venezuela sino se trae de afuera, maneja la mitad de la producción de harina de maíz y lo único que se consigue es la privada, maneja el 65% de la producción de azúcar y también lo estamos importando, igual con los granos, 55% es manejado por el Estado y también se están importando; el Gobierno tiene cerca de 300 empresas de alimentos y la mayoría no funcionan, lo que ha sido reconocido por el propio presidente Maduro”.

“Queremos que el país se apropie de esa ley de producción nacional como el modelo, el sistema económico en el que se privilegie lo hecho en Venezuela, la activación de la agricultura en Venezuela, la posibilidad de tener creación de empleo y marcas venezolanas y dejar de ser un país que todo lo compra afuera y que es dependiente de la producción de otros países”, comentó a PANORAMA.

Ante la posibilidad de aprobar el proyecto con la venia de ambas bancadas, tomando en cuenta que fortalecer la producción nacional, importar materia prima y no bienes terminados, son objetivos que tienen en común ambos bloques, Borges señala que “el Gobierno tiene un discurso de cambio económico supuestamente, pero lo que hace es seguir repitiendo los errores que nos han llevado a lo que tenemos hoy (…) el oficialismo es quien ha destruido la producción nacional son su sistema económico, ha expropiado más de 6.000 empresas, ha expropiado cerca de cuatro millones de hectáreas de tierras cultivables, hoy más que nunca somos más dependientes de lo que se compra afuera, no hay dólares».

Sus defensores aseguran que la consulta será “amplia” y que además de recibir el aporte de los gremios, cámaras de comercio, producción, industriales, mercados, escucharán a los trabajadores, consumidores y universidades.

El martes continuará en Caracas la consulta pública con el sondeo a pequeños y medianos empresarios, Anauco, Fefarven y la UCV.

Panorama

Informes de la Fuerza Armada Bolivariana revelan una baja en las actividades de las principales procesadoras de crudo del país, localizadas en Amuay y Cardón  

Aunque la capacidad nominal del Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón, es de 955.000 barriles diarios de petróleo (MBD), un informe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmiente a Pdvsa. La producción promedio del CRP es de 205.000 MBD, según el reporte operativo diario N.º 110-16 PC-Redio, que la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental remitió a la oficina del Ministerio de la Defensa y al Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb).

El informe fue elaborado, concretamente, por la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón sobre la relación de producción petrolera del complejo Paraguaná, donde están ubicadas dos de las seis refinerías con que cuenta Pdvsa en el territorio nacional. En el ámbito internacional, la industria petrolera posee 18 industrias procesadoras.

El CRP consta de dos refinerías: Amuay y Cardón. La primera tiene una capacidad nominal de producción de 645.000 MBD, y Cardón, de 310.000 MDB. El pasado 19 de abril, Amuay  produjo 102.000 MBD, y 103.000 MBD la segunda. Si bien se trató de un día nacional, Declaratoria de la Independencia, es decir, no laborable en la Administración Pública, en Pdvsa trabaja una guardia, explicaron fuentes militares consultadas, por lo que no debería bajar la producción promedio. En este caso, solo se procesó 21,4% de la capacidad nominal del complejo petrolero de Paraguaná, de acuerdo con el informe militar.

El comando zonal 41 de la GNB en Carabobo reportó al Ceofanb el inventario de combustible en la planta distribuidora Yagua. En el informe del 20 de abril indica que hay 2.630 MB de diesel para 14 días; gasolina de 91 octano, 72.305 MB, que cubrirían el mercado por 3 días, y 167.385 MB de 95 para 7 días. El inventario de la planta representaría 33,06%, señala el componente militar.

EN

El Banco Mundial (BM) otorgó el viernes un préstamo por 150 millones de dólares a Ecuador para acelerar la ayuda a los afectados por el terremoto de hace seis días.

El organismo multilateral dijo en un comunicado haber ofrecido al gobierno ecuatoriano la posibilidad de restructurar otros créditos para aumentar la cantidad de recursos disponibles para hacer frente a esta emergencia.

Ecuador planea atraer 600 millones de dólares en líneas de crédito del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales de crédito.

La cantidad de muertos asciende a, por lo menos, 587 víctimas a la noche del jueves y 155 desaparecidos.

UR

Corpoelec y Pdvsa  convinieron las obras de generación eléctrica que fueron financiadas con fondos propios e internacionales, señala un informe confidencial

Entre 2008 y 2015 el gobierno contrató la instalación de 16.354 megavatios, lo que representó  una inversión de 32,8 millardos de dólares, según un estudio académico confidencial. Sin embargo, de ese total el Ejecutivo, hasta el año pasado, solo incorporó al sistema eléctrico nacional 3.044 megavatios, aseguraron fuentes sindicales del sector eléctrico.

“Varias instituciones como la Corporación Eléctrica Nacional y Petróleos de Venezuela contrataron obras de generación eléctrica financiadas con fondos internacionales (Fondo Chino, Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo) y recursos propios”, agrega el documento al que tuvo acceso El Nacional.

El estudio precisa el número de megavatios térmicos contratados por el Ejecutivo, según la tecnología empleada para esos proyectos: 5.054,50 megavatios de generación de ciclo abierto, 6.850 megavatios de ciclo combinado y 600 megavatios térmicos a vapor, con montos de inversión de 6,9 millardos, 1,3 millardos y 1,4 millardos de dólares, respectivamente.

Los megavatios a vapor corresponden a la unidad 6 de Planta Centro, en Carabobo, recientemente concluida y cuyo inicio de sincronización fue anunciado el miércoles por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

El informe señala que hubo una inversión de 9,2 millardos de dólares para la central hidroeléctrica de Tocoma, aledaña a la de Guri en el río Carona, en Bolívar, actualmente en construcción por lo que a la fecha no ha aportado ningún megavatio al sistema eléctrico nacional.

Acota también que se contrataron 1.000 y 175,60 megavatios para varias plantas de generación distribuida, cada una con capacidad entre uno y tres megavatios; y molinos de energía eólica con montos de 970 millones y 361,24 millones de dólares, respectivamente.

Las empresas contratistas principales extranjeras de los proyectos son Gamesa, Elecnor, Duro Felguera y TSK, todas de España; Impsa, de Argentina; China Machinery Engineering Corporation, Sinohydro y el consorcio CAMC, Engineering Co y CAMCE, de China.

También se incluyen Energing, de Colombia; Alston Power, de Francia; Ferrostaal, de Países Bajos; Odebrecht, de Brasil, y Waller Marine, de Estados Unidos, así como el Convenio Alba-Cuba y la cubana Alba Energía Solar.

Las contratistas venezolanas mencionadas en el estudio son G.T.M.E, Inserven, Mantesa, Pacific RIM, Pro Energy Services, Profit Corporation, Derwick Associates y Wellintong Turbines LLC-Surandem. En la lista de las compañías solo aparecen, en los puestos 25 y 26, las contratantes Corpoelec y Pdvsa.

El estudio agrega que la central Manuel Piar-Tocoma (obra ejecutada por Odebrecht) representa 13% del total de la inversión, mientras que el resto de las otras contratistas principales “están por debajo de 10% de participación en lo referente a capacidad contratada”.

El costo del kilovatio que se instalaría en las plantas térmicas está entre 800 y 1.100 dólares, para el ciclo abierto, y entre 1.100 y 1.800 dólares, el ciclo combinado. En el caso de la hidroeléctrica Tocoma el megavatio es de 4 millones de dólares.

“La capacidad contratada es significativa, asumiendo que la demanda pico del país ronde los 18.000 megavatios”, refiere el estudio.

Otra de las conclusiones, según la información consultada, es que en muchas de las plantas reportadas se incluyen significativas inversiones en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, obras hidráulicas, civiles, de pavimentación y construcción de poliductos.

“Los indicadores internacionales asumen que todos los servicios y requerimientos de una planta de generación están disponibles”, aclara el documento en su conclusión final.

Una baja contribución. “La incorporación de los 3.044 megavatios nuevos, de los que se desconoce si todos están disponibles, es una baja contribución a los requerimientos de generación térmica del sistema para cubrir la energía faltante de Guri y que ha llevado al Ejecutivo al racionamiento eléctrico”, dijeron las fuentes sindicales.

Indicaron que los 7.000 megavatios disponibles, anunciados por Motta Domínguez el miércoles pasado, evidencian la vulnerabilidad del sistema eléctrico para satisfacer la demanda de 15.500 MW, cifra que también dio a conocer el funcionario, ante la actual crisis eléctrica profundizada por la menor producción de energía en el embalse.

“En esos 7.000 megavatios Motta incluyó los generados por las plantas más antiguas como Tacoa o Ramón Laguna y los provenientes de los proyectos, cuya construcción ordenó acelerar el gobierno de Hugo Chávez durante la crisis eléctrica de 2009-2010, también ocasionada por la caída de Guri con El Niño”, precisaron las fuentes sindicales.

Las Cifras

1.800 y 800 dólares por MW son los costos unitarios internacionales para las centrales térmicas de ciclo combinado y abierto

2.674 megavatios es la generación contratada para  la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma

El Dato

Con la contracción de la actividad en el sector industrial, el consumo pico de electricidad se ubica actualmente en 12.000 megavatios,  por lo que con una capacidad térmica disponible equivalente el país hubiera pasado sin racionamiento por la caída del embalse de Guri, informó una fuente sindical del sector. Señaló que la capacidad instalada efectiva de generación térmica e hidráulica durante la emergencia eléctrica de 2010 alcanzaba 10.000 megavatios para atender un consumo de 17.000 megavatios. “Las autoridades le deben una explicación al país”, expresó.

EN

La firma de servicios petroleros Halliburton Co dijo el viernes que decidió comenzar a recortar sus operaciones en Venezuela, dos semanas después que Schlumberger Ltd, otra compañía del sector, anunció una medida similar tras obtener pagos insuficientes en la nación petrolera.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha tenido dificultades para saldar las facturas que tiene pendientes por pagar a compañías que le prestan servicios, justo cuando ha visto mermar sus ingresos por el desplome de los precios del petróleo y enfrenta pesados compromisos de deuda financiera a finales de este año.

«Durante el trimestre hemos tomado la decisión de comenzar a recortar las actividades en Venezuela», dijo Halliburton en el reporte trimestral de resultados financieros.

 
Un portavoz de la empresa dijo a Reuters que no hay más información disponible sobre este anuncio.

Schlumberger, la principal empresa de servicios petroleros en el mundo, había informado este mes que reduciría operaciones en Venezuela, como resultado de pagos insuficientes recibidos en los últimos trimestres y la falta de avances en la creación de nuevos mecanismos para abordar las cuentas por cobrar.

Pdvsa no respondió inmediatamente una solicitud de Reuters de mayor información sobre la decisión que han tomado dos de sus prestadores de servicios petroleros.

GV