Durante acto de clausura

– Representantes suscribieron una Resolución para pedir diálogo político en Venezuela

Mitzy Capriles de Ledezma aseguró que dicha Resolución tuvo muy buena receptividad entre todos los presentes y agradeció las muestras de solidaridad y apoyo para con Venezuela y con los presos políticos del país, en especial con el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma

El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe aprobó este sábado, una Resolución a favor del diálogo en Venezuela, durante la clausura de un encuentro que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.

En el texto de la Resolución, los miembros del Comité de la I.S. expresaron su profunda preocupación por la crisis política e institucional venezolana, producto de la actitud del Gobierno de Nicolás Maduro, que, según dice el escrito, viene impulsando un conflicto de poderes mediante la utilización del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de las decisiones autónomas del Poder Legislativo venezolano, luego de haber ganado por amplia mayoría en los comicios del 6D.

En un segundo punto se lee que: “El Comité recuerda que es un principio fundamental de la I.S. que en ningún Estado puede haber presos políticos, y menos en democracia, y en ese sentido, expresa su satisfacción por la reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía y Reconciliación. La I.S. insta al Presidente Nicolás Maduro y a las demás instituciones venezolanas a reconocer las decisiones soberanas de la Asamblea y no trabar de modo alguno la entrada en vigencia de la Ley, la que permitirá liberar a los líderes políticos, hoy presos».

La Resolución concluye con el exhorto que le hace la Internacional Socialista al gobierno bolivariano de Venezuela para que concentre sus esfuerzos en resolver urgentemente los graves problemas y padecimientos por los que atraviesa actualmente el pueblo venezolano como consecuencia de la crisis hospitalaria y de servicios, así como del desabastecimiento alimentario y medicinal “que amenazan con conducir al país a una crisis humanitaria de gran envergadura y consecuencias para las futuras generaciones de venezolanos. En tal sentido, la I.S. formula un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a entablar un diálogo, que la Asamblea Nacional, convocó por unanimidad, único camino para la reconciliación y la consecución de soluciones a los graves problemas políticos, económicos y sociales que vive hoy en día el país”.

 
Mitzy Capriles, esposa del Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, uno de los presos políticos que lleva detenido más de un año injustificadamente,  estuvo presente en el evento como invitada especial, junto al Diputado Richard Blanco, al presidente de la IS, Yorgos Papandreu; al secretario general de la IS, Luis Ayala; al presidente editor del Diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, y al director del portal La Patilla, Alberto Federico Ravell, entre otros.

Aseguró Capriles de Ledezma que dicha Resolución tuvo muy buena receptividad entre todos los presentes.

“Me siento muy complacida por las muestras de apoyo y solidaridad para con Venezuela, especialmente por el deseo unánime de todos los países que conforman la Internacional Socialista, por que cese la persuasión hacia quienes piensan diferente al régimen y sean liberados prontamente los presos políticos, en especial mi esposo a quien se le mantiene en cautiverio sin justificación alguna. También, agradezco profundamente el rechazo por las constantes violaciones de los Derechos Humanos a los venezolanos”, expresó.

El TSJ declaró inconstitucional la reforma de la Ley del Banco Central, señalando que el parlamento incurrió en desviación de poder y el objetivo es tomar el control del ente
Pedro Pablo Carreño

Caracas.- Tal como se esperaba, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la noche del 31 de marzo una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad de la Ley la Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), que fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 3 de marzo.

En la sentencia, cuyo magistrado ponente fue Calixto Ortega, se señala que la alta corte realizó un estudio comparado de las constituciones de países que consagran sus bancos centrales como instituciones públicas y autónomas, y llegó a la conclusión de que en la mayoría de los casos la designación de sus autoridades corresponde al Poder Ejecutivo. Asimismo, acusa al parlamento de querer desestabilizar la economía.

La AN buscaba derogar los cambios previos realizados por el Presidente en diciembre de 2015 -vía Habilitante- que eliminaban la obligatoriedad de la AN de nombrar a dos de los seis directores del organismo emisor, así como la facultad de refrendar la elección del presidente y el resto de la directiva. Además de volver a tener la potestad de designar a dos directores, la AN intentaba prohibir a quienes ocupen los cargos, desarrollar labores de activismo político.

El fallo del TSJ fue rechazado tanto por el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, como por el segundo vicepresidente Simón Calzadilla. Ramos Allup calificó a la alta corte como un “bufete judicial violador sistemático de Constitución”. “Antes de declarar nulidad de la Reforma Parcial de Ley del BCV aprobada por la AN, un bufete judicial del régimen se reunió en sede TSJ con Nelson Merentes”, escribió Ramos Allup en su cuenta de Twitter.

Mientras, Calzadilla señaló que no existe ni un solo artículo de la Constitución con el que se pueda argumentar el fallo de la alta corte. “La decisión del TSJ, al desconocer Reforma de Ley BCV, ratifica que los magistrados están al margen de la Constitución”.

Desviación de poder

Tras la aprobación de la ley en el parlamento, el texto fue enviado el 9 de marzo al Presidente Nicolás Maduro para su firma y publicación en Gaceta Oficial (tenía hasta el 19 de marzo). Sin embargo, Maduro guardó silencio, pero envió una comunicación con fecha del 17 de marzo para que el TSJ se pronunciara respecto a la constitucionalidad de la norma. Ante la omisión presidencial, la directiva de la AN promulgó la ley el pasado lunes.

La Sala declaró que la ley sancionada por la AN contraviene lo establecido en el cardinal octavo de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, por cuanto la reforma pretende atribuirle al Parlamento Nacional competencias para designar, ratificar y remover al Presidente y demás directores del BCV al margen de los preceptos constitucionales.

También estableció que con la pretendida reforma, la Asamblea Nacional “incurrió en desviación de poder, al perseguir fines distintos de los constitucionalmente permitidos, por cuanto se develó que el objetivo buscado es tomar el control administrativo del Instituto Emisor, con lo cual se atenta en contra de la autonomía del BCV y, en consecuencia, contra la estabilidad de la economía nacional”. “Dicha circunstancia resulta más gravosa cuando se pretende hacer nugatoria las atribuciones del Ejecutivo Nacional en el contexto de una emergencia económica válidamente decretada”, reza una nota del TSJ.

Esta sentencia no tiene una fundamentación. Es un disparate jurídico y financiero. Esta sentencia está legalizando la falta de información. La AN busca que el BCV publique las cifras de inflación”.

 
José Guerra / Diputado de la MUD

Sin posibilidad

 
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, indicó que la sentencia que declara inconstitucional la reforma a la Ley del BCV, es una muestra de que todos “los avances propuestos por la AN no van a ser posibles mientras el señor Maduro esté en Miraflores”, Pidió a la Unidad que trabaje en la misma dirección para cambiar este gobierno.

Enjuiciados

 
Para el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, sólo “cuan do el Gobierno cese” los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia “serán enjuiciados y presos”. Agregó que el Gobierno de Maduro ya no tiene respaldo popular, “pero le sobran sentencias del hampa enguarimbada”.