El embajador de Venezuela en la OEA catalogó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de «parcialidad»
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de “parcialidad” por cuestionar la condena a cuatro años de prisión por difamación de David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní.
«No cabe duda que esta conducta reprochable es parte de la campaña política-mediática nacional e internacional para desacreditar al Estado venezolano y a su gobierno en materia de libertad de expresión», consideró en una nota el embajador.
La CIDH emitió el lunes un comunicado en el que expresaba su «preocupación» por la condena de Natera Febres y volvía a pedir a Venezuela que garantice la libertad de expresión.
Ese mismo día, el relator para la libertad de expresión de la comisión, Edison Lanza, compartía en la red social Twitter el enlace al comunicado con el comentario «Venezuela debe apegarse a estándares de libertad de expresión por condena penal a Correo del Caroní».
Este gesto disgustó a Álvarez, que hoy lo rechazó «categóricamente» al considerar que con él el relator «hace gala de pérdida de independencia o ausencia de imparcialidad en relación con el Estado venezolano».
«Lanza cuestiona de manera irresponsable y tendenciosa una decisión de un poder público venezolano sin observar las normas y procedimientos establecidos, como por ejemplo solicitar previamente información al Estado venezolano, antes de oficializar en un comunicado de prensa de la CIDH su ‘preocupación’ personal», sostuvo el embajador.
«Es claramente intencional el uso de la tribuna de la CIDH para pretender calificar al Estado venezolano en función de un caso judicial de una empresa de comunicación», añadió.
Natera Febres fue condenado el pasado viernes en un proceso judicial iniciado por Yamal Mustafá, empresario y funcionario de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, principal procesadora de hierro en el sur de Venezuela, a raíz de una serie de reportajes que divulgó el medio sobre casos de corrupción en esa empresa.
Mustafá, propietario del también diario regional «Primicia», cumplió dos años de prisión por su vinculación en irregularidades en la empresa estatal y fue sobreseído el año pasado.
El argumento de la comisión es que hace más de una década estableció que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios es «desproporcionada» y vulnera el derecho a la libertad de expresión.
La CIDH, con sede en Washington, llamó así a Venezuela a «apegarse a los más estrictos estándares internacionales» en materia de libertad de expresión, de manera que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer su profesión «sin intervenciones indebidas» y a la sociedad en su conjunto a estar informada.
El Nacional
