Indignados brasileños se congregaban este miércoles por la noche en Brasilia y Sao Paulo, luego de la divulgación de una embarazosa conversación telefónica entre la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor y flamante ministro Luis Inácio Lula da Silva.
En la conversación, grabada por la mañana por la policía judicial, Rousseff le anuncia a Lula que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete, para que pueda “usarlo en caso de necesidad” .
Lula, amenazado de arresto por presunta ocultación de patrimonio en el marco del escándalo Petrobras, fue nombrado jefe del gabinete de Rousseff, quien negó que la iniciativa apuntara a acordar fueros especiales al exmandatario, para sustraerlo a la esfera de la justicia ordinaria.
La grabación fue divulgada por el juez federal Sergio Moro, a cargo de la investigación sobre el expresidente (2003-2010) .
La difusión de la charla provocó una reacción airada de diputados opositores, que pedían la “renuncia” de Rousseff, que enfrenta por su parte un juicio de destitución en el Congreso por presunto maquillaje de las cuentas públicas.
Unas dos mil personas se congregaron espontáneamente frente a la sede de la Presidencia en Brasilia, para fustigar a Rousseff y expresar su apoyo al juez Moro.
“¡Brasil no aguanta más! Fuera Dilma. Vean todo lo que se le hace al pueblo brasileño, estamos furiosos. Necesitamos dignidad, necesitamos gente que sea responsable y saque el país de esta situación”, dijo Sonia Inacio, una desempleada de 46 años, frente al Palacio de Planalto.
“¡Es una locura Dilma! Revierte esa decisión, salva al pueblo brasileño”, expresó por su parte Cesar Achkar, de 52 años.
Otra concentración espontánea se llevaba a cabo al caer la noche en Sao Paulo. En ciertos barrios se oían bocinazos y cacerolazos.
Unas tres millones de personas reclamaron el domingo último en todo el país la dimisión de Rousseff, en manifestación de una magnitud histórica.
Supremo rechaza
El Tribunal Supremo de Brasil rechazó el miércoles las apelaciones que la Cámara de Diputados presentó contra una decisión que estableció la forma en que debe tramitarse un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
El trámite comenzó en diciembre pasado, pero un día después fue suspendido por la corte por “errores de procedimiento” en el proceso, que podrá ser retomado luego de la decisión del miércoles del Supremo, adoptada con nueve votos a favor y dos en contra.
Vea abajo la GALERÍA de las nuevas protestas en Brasil.
Entre los errores detectados, el tribunal citó que los integrantes de una comisión especial de diputados que analizará si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff habían sido elegidos en forma secreta, cuando debía haber sido abierta.
El tribunal también objetó que la elección de esa comisión se había dado mediante la presentación de dos listas de candidatos, cuando los posibles integrantes deben ser seleccionados por los jefes de los grupos de los partidos representados en la cámara y aprobados por el pleno.
La Mesa Directora de la Cámara de Diputados había apelado esos dos puntos, pero la corte rechazó hoy los alegatos recibidos de ese órgano legislativo, que ahora podrá retomar el proceso, siempre y cuando se atenga al trámite establecido por el tribunal.
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Ese trámite comienza con la elección de la comisión especial, que podrá tener entre 17 y 66 integrantes, que analizará el mérito de las acusaciones presentadas por la oposición contra Rousseff, fundamentadas en supuestas irregularidades detectadas en los balances que el Gobierno presentó en el 2014 y el 2015.
En un plazo de 10 días, esa comisión deberá presentar un parecer favorable o no al proceso de destitución y entonces se abrirá un período de veinte días para que Rousseff entregue su defensa.
El informe será votado luego por el pleno de lo Cámara baja y, en caso de que dos tercios de los 513 diputados se inclinen por proseguir el proceso, el caso llegará al Senado, que decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En caso de que el Senado decida enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días
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Fuente: PL
