El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de Uruguay y las asociaciones de farmacias del país alcanzaron un “acuerdo de entendimiento” sobre las “condiciones de funcionamiento” de la venta de marihuana en sus establecimientos, prevista para mediados de año, informaron hoy fuentes oficiales.

El acuerdo provee “un marco de adhesión para las farmacias que voluntariamente se adscriban al mismo” para despachar esta sustancia, además de “aspectos de la operativa de dispensación del producto de manera segura”, explicó el Ircca a través de un comunicado.

Este acuerdo es un primer adelanto antes de pasar a una segunda etapa en la que se concretarán aspectos como la gestión de pedidos y de entregas desde las unidades de producción a los puntos de venta, el control de la dispensación y las condiciones de calidad y de almacenamiento, según la información difundida.

Fuentes de la Junta Nacional de Drogas (JND) consultadas por Efe manifestaron que se llevaba tiempo trabajando en este acuerdo y que la segunda instancia de trabajo está próxima a definirse.

Las asociaciones de farmacias que existen en el país y con las que se alcanzó el acuerdo son tres: Centro de Farmacias del Uruguay, Asociación de Farmacias del Interior, y Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines.

La ley que despenaliza la producción y compraventa de marihuana fue impulsada por el Gobierno de José Mujica (2010-2015) y aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 como forma de acabar con el negocio del narcotráfico y convirtió al Uruguay en pionero en este enfoque de la lucha antidrogas.

El país suramericano ya ha licitado a dos empresas para la producción de cannabis recreativo y, según las previsiones del Gobierno, entre finales del primer semestre de 2016 y comienzos del segundo comenzará la venta legal de producción nacional de esta sustancia en las farmacias.

Para poder adquirir marihuana de forma legal -que se venderá a un precio cercano a 1,2 dólares el gramo- tanto el establecimiento como el usuario deberán figurar en un registro nacional.

UR

Ambas menores de edad están ahora enfrentando cargos de asociación delictuosa vinculada a terrorismo

Dos muchachas sospechosas de planear un ataque contra una sala de conciertos parisina fueron arrestadas y presentadas ante un juez antiterrorismo, dijeron fiscales el viernes en París.

La fiscalía de París confirmó a The Associated Press a través de un mensaje que las adolescentes de 15 y 17 años fueron arrestadas el miércoles por agentes de contraterrorismo como parte de una investigación de conspiración criminal vinculada a una cruzada terrorista que fue iniciada un día antes.

El canal de televisión BFMTV reportó primero la noticia.

Ambas menores de edad están ahora enfrentando cargos de asociación delictuosa vinculada a terrorismo, señalaron fiscales.

No se proporcionaron detalles sobre el lugar de residencia de las jóvenes, sus identidades o sobre dónde fueron arrestadas.

Fiscales dijeron que investigaciones iniciales indican que el proyecto de las adolescentes al parecer aún estaba en etapa de diseño y no se encontraron armas o explosivos. Los fiscales solicitaron que la muchacha de menor edad sea colocada bajo custodia temporal y que la otra sea puesta bajo control judicial.

Los arrestos ocurrieron casi cuatro meses después de los ataques letales contra la sala de conciertos Bataclán y otros sitios en París. Un total de 130 personas fueron asesinadas en la capital francesa en un ataque terrorista coordinado realizado el 13 de noviembre. Justo 10 meses antes, los ataques de extremistas islámicos contra una publicación satírica y un supermercado kosher habían puesto al país en alerta máxima.

En los dos últimos años, un gran porcentaje de personas reclutadas para el grupo Estado Islámico en Siria e Irak provenientes de Francia han sido muchachas.

Fuente: UR

El texto está suscrito por Cristina Fernández, José Mujica, Ricardo Lagos, Ernesto Samper, Manuel Zelaya, entre otros

El Instituto Lula, que actúa como portavoz del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por las autoridades del país, divulgó hoy un documento de apoyo al exmandatario suscrito por varios expresidentes latinoamericanos y otros líderes políticos.

“Lula no se considera ni está por encima de la ley. Pero tampoco puede ser objeto de ataques injustificados en contra de su integridad personal”, apuntó la institución en un comunicado.

El texto está suscrito por los exmandatarios Cristina Fernández y Eduardo Duhalde (Argentina), Ricardo Lagos (Chile), Carlos Mesa (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Mauricio Funes (El Salvador), Manuel Zelaya (Honduras), Martín Torrijos (Panamá), Nicanor Duarte y Fernando Lugo (Paraguay), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Mujica (Uruguay).

También suscribieron el documento el expresidente del Gobierno español Felipe González, el ex primer ministro italiano Massimo D’Alema (Italia) y el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza.

El instituto mostró su preocupación ante “el intento de algunos sectores de destruir la imagen de este gran brasileño”, que, en ningún caso, “se considera por encima de las leyes”, pero que tampoco debe ser objeto de “ataques injustificados contra su integridad personal”.

“Lula llevó adelante un ambicioso programa de cambio social en Brasil, que sacó de la pobreza y de la miseria a millones de hombres y mujeres”, destacó el Instituto Lula, que además se mostró convencido de que la “verdad prevalecerá”.

La Fiscalía de Sao Paulo solicitó esta semana la detención preventiva del expresidente brasileño por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.

La Fiscalía acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.

La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.

UR