La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de su Comisión de Justicia y Paz, se pronunció para rechazar los hechos ocurridos en la población de Tumeremo y la desaparición de 28 mineros.
En un comunicado, la CEV exigió que se haga una investigación exhaustiva en este caso.
A continuación el comunicado:
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana alza su voz al reclamo de verdad y justicia, respecto del dolorosísimo hecho de Tumeremo.
Desde el 4 de marzo, familiares y habitantes de la población de Tumeremo, Edo Bolívar, han denunciado la desaparición de aproximadamente veintiocho (28) personas dedicadas a la actividad minera. Este lamentable hecho ha sido denunciado también por el Obispo de Ciudad Guayana, Mons. Mariano Parra Sandoval, quien como Pastor de esa Iglesia local, escucho los relatos de los familiares de las víctimas y les acompañó en sus preocupaciones.
La ola de crímenes y violencia llena todos los rincones del país, sin que se vea solución efectiva ante este fenómeno. No existe actividad humana y económica que no haya sido tocada por la violencia; como ciudadanos vivimos permanentemente en la zozobra e incertidumbre ante un ambiente enrarecido, y atendiendo los derechos que nos ampara. Queremos llamar la atención para que no sea un hecho más sin solución en la historia de Venezuela. Por lo que:
Denunciamos:
1. La falta de respuesta inmediata. La situación de los desaparecidos y el sufrimiento de sus padres, madres y familiares; merecen acciones eficaces y respeto.
2. La conducta mostrada por parte de los funcionarios del estado, como desviar la denuncia al señalar a las personas desaparecidas como presuntamente involucradas en actividades delictivas.
3. La actuación tendiente de los organismos del estado a reprimir y censurar las denuncias y protestas suscitadas por la desaparición de este grupo de personas; ante lo cual se debe recordar que rigen las garantías a la libertad de manifestación pacífica y a la libertad de información y expresión.
Exhortamos:
1. A las autoridades del estado a investigar exhaustivamente y de forma inmediata, oportuna e imparcial, los hechos hasta sus últimas consecuencias, para que se conozca con certeza lo que ha sucedido con los desaparecidos y se sancione con todo el peso de la ley a los culpables, dando cumplimiento a las obligaciones previstas en la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas.
2. A las fuerzas políticas abstenerse de formular declaraciones que estigmaticen o inculpen a las víctimas y a sus familiares, por cuanto la obligación de garantizar la vida y la integridad física de las personas no tiene eximentes basadas en la presunta participación de las víctimas en actividades ilegales.
3. A los organismos competentes a garantizar la debida protección a todos los familiares y posibles testigos de los hechos.
4. A las autoridades competentes a actuar con responsabilidad, apegados a la ley y a los acuerdos en materia de derechos humanos, suscritos por el país, con miras a caminar por la justicia y el bien común.
5. A los distintos órganos del Poder Público Nacional, a crear una comisión de la verdad, que aclarezca con total imparcialidad los hechos acaecidos.
6. A los ciudadanos y feligreses para que acompañen el monitoreo de esta denuncia, hasta que se logre el esclarecimiento de lo ocurrido y el pueblo tenga una respuesta satisfactoria en la verdad.
La Iglesia reitera su cercanía y solidaridad con los padres, madres, familiares y compañeros de los 28 mineros desaparecidos, y pide a Dios que les de fortaleza para continuar en la lucha, con miras a que pronto quede esclarecido el paradero de sus seres queridos.
Que María Santísima de la Paz proteja a nuestro pueblo de las asechanzas desbordadas del mal en nuestra patria.
Con la bendición.
En Caracas, a los 11 días del mes de Marzo 2016
+ Mons. Roberto Luckert León
Comisión de Justicia y Paz de la CEV
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV
Globovision
