Siete jóvenes resultaron heridos por impactos de perdigón durante una manifestación que realizaron los estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua «Federico Brito Figueroa» de La Victoria, en el estado Aragua, por los constantes robos que se vienen registrando en la institución, así como la delincuencia desatada en toda la ciudad.

Un grupo de universitarios se concentró en el antiguo peaje de La Victoria y por algunos minutos obstaculizaron el paso en la Autopista Regional del Centro. La acción fue dispersada por funcionarios de la Guardia Nacional y en medio de la situación

algunos jóvenes resultaron heridos con perdigones.

El detonante de esta manifestación, fue el atraco perpetrado en la sede  de  la universidad ubicada en la Zona Industrial Soco de La Victoria, que dejó a un estudiante  herido de bala y otra estudiante lesionada al ser arrollada por los delincuentes.

El hecho se registró la noche del jueves cuando el universitario Manuel Mejías, llegaba a bordo de su camioneta para acudir a clases y fue interceptado por una pareja de motorizado para quitarle el vehículo. El joven entregó el carro, sin embargo le dispararon por la espalda. Cuando los asaltantes escapaban arrollaron a otra estudiante que llegaba a la institución.

Karina Camargo, estudiante de informática expresó que son constantes los robos dentro de la institución educativa donde son víctimas alumnos, profesores y personal administrativo. Igualmente señaló que se han llevado equipos de la universidad.

Los estudiantes expresaron que están casados de la inseguridad que se registra en La Victoria. Señalaron que su protesta era pacífica y fueron agredidos por la GN.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió una condena a cuatro años de prisión contra David Natera Febres, presidente del diario venezolano Correo del Caroní, por los delitos de difamación e injuria tras la publicación de reportajes sobre corrupción en una empresa estatal. La SIP considera que el procesamiento del periodista es una “grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público”.

Este viernes el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar sentenció a David Natera a cuatro años de prisión, el pago de una multa y la prohibición de publicar notas relacionadas con el caso de corrupción en la empresa estatal dedicada a la extracción y procesamiento del mineral de hierro, CVG Ferrominera Orinoco, sobre el que el diario dio amplia cobertura informativa en el 2013.

Los representantes legales del presidente de Correo del Caroní tienen 10 días para apelar el fallo. El juez le prohibió la salida del país y le ordenó presentarse ante la Corte cada 30 días.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su solidaridad con el medio  por lo que consideró “un fallo que tiene la clara intención de disuadir el periodismo de profundidad y de denuncia tal como el realizado en este caso” y que demuestra el gran retroceso de Venezuela en materia de libertad de prensa, que todavía sigue enviando a periodistas a la cárcel.

Al contrario de la tendencia a la despenalización de los delitos de difamación en la región, una reforma al Código Penal en 2005 aumentó las sanciones de 30 meses a cuatro años de prisión. La difamación fue despenalizada en Argentina, Barbados, Bermuda, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá, Perú, Uruguay y de manera parcial en Chile y República Dominicana.

Paolillo, agregó que esta “grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público” contraviene los preceptos de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establecen que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles” y que debe “probarse que el comunicador tuvo intención de infligir daño” o que se “condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad”.

El caso contra Natera Febres tiene su origen en una demanda que interpuso el empresario Yamal Mustafá, uno de los funcionarios de la empresa estatal destituidos e imputados tras averiguaciones realizadas por el Ministerio Público sobre corrupción en la Ferrominera Orinoco, luego de los reportajes publicados en el diario. Mustafá, acusado por su presunta vinculación en irregularidades en el manejo de la dependencia estatal, fue sobreseído el año pasado.

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La desaparición de los 28 mineros que se dedicaban a la extracción informal de oro en Tumeremo, estado Bolívar, ha causado reacciones internacionales de diversas organizaciones y líderes.

Amnistía Internacional, como mediador de los derechos humanos en Venezuela, indicó que los familiares de los mineros y otros miembros de la comunidad pueden correr peligro.

Las autoridades siguen sin conocer el paradero de los trabajadores. Familiares creen que sus seres queridos fueron atacados por una banda que quería hacerse con el control de la mina de Atenas, donde se descubrió reciente mente un importante yacimiento de oro.

Desde el 5 de marzo, los habitantes del sector cortaron una carretera en Tumeremo como signo de protesta. El 10 de marzo, la localidad se militarizó y todas las manifestaciones se dispersaron.

La organización instó a los venezolanos a colaborar con el hallazgo de los desaparecidos a través de las siguientes acciones:

– Pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas efectivas a su disposición para determinar el paradero de los 28 mineros.

– Instando a que las autoridades garanticen la protección de quienes sobrevivieron al presunto ataque y de los familiares de las personas de cuya desaparición se ha informado.

– Solicitando a la fiscal general a llevar a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre lo sucedido, y a llevar a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional publicó los siguientes datos para hacer los llamamientos pertinentes antes del 21 de abril de 2016:

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz:
Dirección: Av. Urdaneta, edificio Interior y Justicia.
Fax: +58 212 506 1558
Correo-e: mijcudecon@gmail.com

Ministerio Público:
Dirección: Edificio sede principal, esquinas de Misericordia a Pele El Ojo, Av. México.
Fax: +58 212 578 3239
Correo-e: ministeriopublico@mp.gob.ve

Defensoría del Pueblo:
Dirección: Av. Urdaneta – frente a El Universal, Centro Financiero Latino, piso 27.
Fax: +58 212 507 7025
Correo-e: contacto@defensoria.gob.ve

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Biaggio Pilieri, vicepresidente de la comisión de medios de la Asamblea Nacional, informó este viernes que el caso de la detención de director delCorreo del Caroní, David Natera, será estudiado el próximo miércoles.

Destacó que el gobierno “utiliza brazos alternos cuando algo le incomoda (…) Aquí está un brazo de la justicia haciendo un acto de injusticia a un medio privado”, señaló durante una entrevista con Vanessa Davies en Unión Radio.

Pilieri expresó su solidaridad con los trabajadores del diario y aseguró que los acompañarán en todo el proceso para ser “sus voces”.

También se refirió al caso de El Carabobeño, el cual le quedan pocos días para quedarse sin papel y dejar de circular. “A El Carabobeño le queda poco papel, planchas de impresión y tintas y va a dejar de circular por primera vez en muchos años, son más de 8 décadas, 80 años”, dijo.

El parlamentario fustigó el hecho de que el diario oficialista Ciudad Caracas circula todos los días, siendo repartido de manera gratuita, sin recibir dinero por publicidad. Insinuando, ante ello, que el diario es subsidiado con los fondos del Estado.

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El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó este viernes que las investigaciones sobre los hechos punibles ocurridos el pasado sábado en zonas mineras aledañas a Tumeremo, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, han logrado la identificación de los autores materiales, quienes son buscados por las autoridades.

Durante una entrevista concedida al programa televisivo Punto Crítico, que transmite Venezolana de Televisión, Saab indicó que las investigaciones permitieron corroborar que efectivamente ocurrieron en el lugar hechos punibles y que hasta el momento se han identificado cerca de 15 posibles víctimas, así como al jefe de una banda de alta peligrosidad que opera en la zona.

El autor material, indicó, es un ciudadano extranjero que «pudo haber estado en otros países promoviendo acciones al margen de la ley»; también, se identificó al lugarteniente que operaba para el grupo delictivo.

Gracias a las entrevistas con familiares y testigos presenciales, así como los elementos de carácter material que se han recolectado en el lugar de los hechos se está logrando el cierre del primer ciclo de la investigación, para pasar a futuras etapas que lleven al esclarecimiento total de los hechos y a la detención de los responsables, comentó el Defensor del Pueblo, reseñó AVN.

Enfatizó que el Estado venezolano y todas las instituciones están comprometidos con el esclarecimiento de los hechos; por ello, se creó una Comisión Interinstitucional de alto nivel integrada por el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Defensoría del Pueblo, que ha realizado las investigaciones pertinentes y ha acompañado a los familiares de los ciudadanos desaparecidos.

EU

El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, manifestó que su condena de 4 años por difamación e injuria es un “atropello” contra la libertad de expresión, porque “el Gobierno siempre trata de que no se conozca su realidad”.

“El Correo del Caroní no cede en sus principios de libertad de expresión. Es el pueblo el que tiene derecho a expresarse y a ser informado”, dijo Natera en entrevista con Sheina y Gustavo por Unión Radio.

Explicó que el diario que dirige no personificó, en ningún momento, el acto de corrupción, sino que “hay personas que formaron parte de hechos de corrupción que fueron señalados por la Fiscalía General de la República, y otros funcionarios; ahora está este contratista, que estaba preso y es quien nos había demandado por el hecho, y tiene mucho poder económico”.

Natera Febres aseguró que existen demandas de índole civil que contemplan “cuestiones pecuniarias” a fin de cerrar el Correo del Caroní.

Unión Radio