El terminal aéreo Juan Vicente Gómez cerró sus puertas en 2012 y desde agosto de 2015 se convirtió en un recinto militar que atiende las solicitudes de paso por la frontera colombo-venezolana de habitantes tanto del municipio Bolívar como Pedro María Ureña
De entrada todo es incertidumbre. Las puertas del Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira no se abren automáticamente; te las abre un hombre de uniforme verde que hace la pregunta de rigor: “¿Y usted qué?».
El aeropuerto más antiguo de los tres que hay en el estado Táchira cesó sus actividades en 2012 y desde agosto de 2015 se convirtió en un recinto militar que atiende las inquietudes de los habitantes tanto del municipio Bolívar como Pedro María Ureña. En este terminal aéreo, inaugurado en 1928, hoy se tramitan todas las autorizaciones para cruzar la frontera colombo-venezolana, pero no despega ni un solo avión comercial.
“No puede pasar”, es la bienvenida que dan los uniformados a quienes intentan dirigirse al ala oeste de la edificación. En ese lado, según un cartel que se encuentra justo al frente de la entrada, están las oficinas de la Bolivariana de Aeropuertos (BAER), el Saime y el Seniat, pero los visitantes no saben realmente qué se esconde al final del recorrido porque reciben la misma respuesta. “Yo no sé nada. Tiene que esperar allí a que lo llamen”, repite un militar alto que cuelga en su cuello un arma larga, no dirige la mirada a su interlocutor y ordena sentarse.
Poco a poco van llegando los casos para llenar las filas de asientos de espera: una pareja que viajará a Colombia, una señora que desea hacer una denuncia, un hombre que necesita que le sellen el pasaporte y una mujer que quiere estar en Cúcuta antes de las 7:00 pm para comprar algunas cosas. Todos aguardan en la zona donde anteriormente los pasajeros hacían cola para chequearse antes de su vuelo; actualmente solo quedan los estantes de atención al cliente despoblados y a las órdenes de los guardias o miembros del Ejército que vigilan cada movimiento en el lugar.
“No, no, aquí no”, expulsa un uniformado a un joven que busca un enchufe para cargar su celular en el ala este del aeropuerto. Lo que pudo haber sido una oficina administrativa en su momento se ha convertido en el cuarto de descanso de los militares en esa área. Dos literas y algunos colchones se pueden ver por la puerta que permanece abierta y al frente de un mural con una imagen de una pizca andina bien resuelta, plato típico de la región.
Pero a quienes les da hambre en el aeropuerto solo tienen dos opciones: unos comercios de chucherías y bebidas que venden prácticamente lo mismo. Uno está al lado del otro, próximo a la oficina de la Guardia Nacional Bolivariana, que adorna su entrada con un cuadro del presidente Nicolás Maduro. Del resto de los locales solo se mantienen abiertos una oficina de la aerolínea Rutaca, la Tasa Aeroportuaria y un Banco Bicentenario con su respectivo cajero. En el pasado esos espacios fueron ocupados por marcas como Conviasa, Venezolana, Aserca y Laser.
Las personas que esperan ser llamadas solo contemplan la salida constante de militares de la denominada sala situacional, área restringida donde permanece el hombre más solicitado: el general Carlos Martínez, quien es la autoridad máxima en el lugar desde el cierre de la frontera colombo-venezolana. Cuando el gobierno nacional anunció esta medida en agosto de 2015, el miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue designado jefe de la Zona de seguridad 1, un territorio que integra los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Junín y Rafael Urdaneta.
Un hombre del equipo de seguridad pasa frente a la decena de personas expectantes y rompe el incómodo silencio. “Paciencia”, sostiene con una sonrisa en su rostro. Una recomendación que no cayó muy bien a la anciana que quería hablar con el general para denunciar el presunto acoso que sufre en su casa por parte de supuestos paramilitares. “Tengo desde las 8:00 am aquí. ¿Cómo le parece?”, expone ella antes de ser llamada a la oficina de Martínez.
Ese es el objetivo de quienes llegan al lugar buscando soluciones. Pero ni una cita flash con el general Martínez puede dar respuesta a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de más de seis meses de cierre fronterizo en San Antonio y Ureña. «Nada, que no pueden registrarmelo», expresó la madre de un joven universitario que lleva 15 días en Cúcuta y no le permiten regresar a Venezuela porque venció su permiso para transitar por los puentes internacionales. La señora guardó sus documentos en la cartera, soltó algunas lágrimas y salió del aeropuerto.
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