El próximo 15 de febrero se celebrará la primera ronda de compras públicas, producto del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, propuesto por el Gobierno Nacional. Sin embargo, aún existen múltiples incertidumbres acerca del contenido del programa y si elementos de este podrían ser parte de una solución ante la problemática económica actual.

Sobre este respecto fueron consultados Maxim Ross, economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alberto Gámez, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en la región, y Luis Marín, director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Lara, quienes coinciden en señalar que este sistema es más de lo mismo y no solventará la coyuntura económica.

 
Ross señaló que la propuesta es contraria a lo que ha señalado el gobierno, que en reiteradas declaraciones ha indicado que con este programa se optimizaría el uso de divisas y estimularía la producción nacional.

Expresó que “toda ofensiva en materia de compras públicas, con la excusa de que se será más eficiente, no es negativa, pero se genera un problema al crear normas que intentan evitar la corrupción, pero muy por el contrario la alimentan… Las únicas normas que existen para lograrlo son la licitación, competencia y transparencia abierta”.

Acotó que si el referido sistema cuenta con estas características, disminuirá notablemente la tasa de corrupción. Sin embargo, si se mantiene un sistema, cuyas licitaciones “son asignadas a dedo”, la corrupción se mantendrá. Se preguntó si acaso existe un modo para conocer a quiénes les compra y vende PDVSA o cualquier instancia del gobierno.

Calificó este programa de compras públicas como “puro cuento, habladuría y retórica, en un momento en el que el gobierno tiene una debilidad política tremenda”.

Por su parte, Alberto Gámez indicó que “si las empresas de maletín estarán en ese sistema, no se logrará nada distinto, porque todo está basado en la discrecionalidad de los funcionarios…. De hecho se ve que no será abierto a todos los empresarios, al no invitar a ningún representante de Fedecámaras, ni sus cámaras de base”.

Señaló que si este sistema tiene como propósito apoyar la pequeña y mediana industria, sin incidir la parte política, “bienvenido sea”.

Se desconoce el problema real

 
Luis Marín advirtió que sin duda el Sistema Centralizado de Compras Públicas puede ayudar a la pequeña y mediana industria. Sin embargo, el verdadero problema de este sector no es de mercado (venta) sino de producción.

-Si no tenemos materia prima, insumos, ni las condiciones para producir, no tendremos qué vender… Si no se entiende en esencia el problema, no se puede acordar una verdadera solución.

Para Marín un sistema centralizado de compras públicas no es la solución a la problemática productiva de Venezuela. Muy por el contrario, la solución a problemas de este tipo es la búsqueda de mecanismos que permitan que pequeña, mediana y gran industria puedan adquirir su materia prima, oportunamente y en los volúmenes que la requieran, bien sea nacional o importada. Dentro de esta última alternativa deberían también estabilizarse la adquisición de divisas para los productores.

Sostuvo que mientras no se resuelvan los problemas de producción, más allá de las iniciativas de concertación, no se obtendrán mayores logros, ya que no hay la producción suficiente para atender la demanda.

Marín apuntó que empresarios privados tampoco han recibido informes o mayores detalles de este planteamiento. Sin embargo, señaló que lo que han podido deducir de información ofrecida por representantes del gobierno es que “se trata de concentrar las compras del Estado, para comprar directamente a la industria”.

Sin fundamento económico

 
Ross subrayó que la propuesta no tiene contenido económico.

-Es lo mismo que han dicho en los últimos 17 años… Quién ha dicho que hay que centralizar las compras públicas si ya lo están, todo está centralizado en el Estado.

Enfatizó que en Venezuela no existe un sistema abierto donde las gobernaciones y alcandías puedan someter a la competencia los servicios, obras y sus actividades. Por lo contrario, existe una centralización que recae en el gobierno nacional.

Negó que con este programa se pudiese pasar del rentismo petrolero a la economía productiva, como se ha referido desde el gobierno. “Nada de esto puede servir, cuando se tiene un sistema que atenta contra la propiedad privada y la declara culpable de la guerra económica”.

Se preguntó como los empresarios privados podrían acudir a este sistema, si no existe seguridad jurídico.

El representante de los industriales en Lara insistió en que aún no se ha comprendido “de fondo, el verdadero problema de la industria nacional” y aunque dicho planteamiento represente una importante iniciativa, tampoco resolverá el actual problema productivo.

-Si convocan a la pequeña y mediana industria, más que por iniciativa del presidente, podría deberse a su actual ministro, Miguel Pérez Abad, fiel representante de este sector.

Acotó que la propuesta del gobierno no es negativa. Sin embargo, primero se debería estudiar el sistema productivo para responder a la demanda. “Si este problema no se comprende, no habrá mercancía, ni para el Estado ni para el privado” sentenció Marín, quien recordó que según cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), en 2015 el sector trabajó en un promedio inferior al 50% de su capacidad instalada.

En contra del privado

 
Sobre los señalamiento del presidente Nicolás Maduro, en contra del sector privado, al referir que con este sistema se evitara que sigan enriqueciéndose con las divisas públicas, Ross manifestó, que esto es “culpa de la normativa gubernamental” y la asignación “a dedo” de las licitaciones.

-Que se aprovechen algunos privados de las compras públicas no es un problema de los privados, sino de la normativa que organiza el gobierno para estas… Cuando todo está fundamentado en un sistema opaco, no transparente, cuando las licitaciones públicas son relativamente escondidas, se provoca la corrupción.

Manifestó que si el mismo gobierno crea las condiciones para ello, privados, públicos, personas naturales, extranjeros y todo quien tenga la oportunidad y el deseo se aprovecharán de esas ventajas.

-Pareciera que crean estos mecanismos para luego acusar al privado.

Acotó que las declaraciones del gobierno cuentan “siempre con un componente político” que termina por acusar al resto de las personas por sus problemas, pero este es originado por ellos mismo.

Para ejemplificar este argumento, sostuvo que en materia cambiaria existe un dólar no oficial, al cual acuden las personas, porque el sistema creado por el gobierno es promotor de la corrupción, ya que permite que los productos sean comprados de manera “barata” y se vendan en otros mercado a precios superiores.

Más control

Alberto Gámez, señaló que este sistema “pretende regularizar la empresa privada” en quienes, además, el gobierno no cree. “Quieren encaminarnos sobre una única guía o riel y si no queremos entrar en él, no tendremos más oportunidades. Ellos lo que quieren es que no trabajemos con el dólar paralelo, sino con el que ellos impongan, aunque ellos sean los únicos con acceso al dólar 6,30, lo que es inconcebible”.

Asimismo, señaló que esperan mayores detalles de este sistema, que consideran es negativo para los empresarios y ciudadanos, este último grupo del cual ellos también forman parte.

Fuente: El Impulso

Rosmir Sivira