Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza 3 Comments
En dos años el gobierno central no ha cumplido con la dotación a las policías
Alertó que la crisis económica ha intensificado aún más los secuestros, robos, hurto de alimentos y repuestos para vehículos
David Smolansky, Alcalde del municipio El Hatillo y dirigente nacional de Voluntad Popular, denunció el fracaso del Plan de Patrullaje Inteligente, anunciado por el gobierno nacional el 31 de enero de 2014 como parte de sus políticas para acabar con la inseguridad y pacificar a la sociedad venezolana.
“Han pasado dos años desde que se anunció el famoso Patrullaje Inteligente y el resultado solo ha sido más de 52 mil venezolanos asesinados. En dos años no se ha dotado a las policías como se prometió y solamente en el área metropolitana de Caracas, entre funcionarios policiales y soldados de las Fuerzas Armadas, 300 efectivos de seguridad han caído en manos del hampa organizada. También se prometió el teléfono 911 a nivel nacional para que los ciudadanos reportaran sus denuncias y dos años después el teléfono no funciona”, señaló el alcalde.
Agregó que hace dos años el gobierno central también prometió devolver las competencias en alumbrado público a las alcaldías y calificó de “irresponsable” que hasta el momento esto no se haya cumplido. “Hoy el mejor aliado de un delincuente es la oscuridad y, mientras tanto, la empresa estatal de electricidad Corpoelec tiene la mayoría de los postes de luz sin funcionar o funcionando de manera irregular. ¿Es acaso la oscuridad una política de Estado?”.
El dirigente de Voluntad Popular indicó que la creación de las Zonas de Paz es otro fracaso del ejecutivo nacional. “En estos dos años también se crearon las mal llamadas Zonas de Paz y en vez de ser territorios de tranquilidad y convivencia ciudadana, se convirtieron en lugares de refugio para bandas organizadas que hoy se encuentran protegidas para cometer cualquier tipo de delito con armas largas, granadas y carros blindados que ninguna policía local tiene”, aseguró.
Smolansky condenó nuevamente el papel del Poder Judicial para enfrentar el tema de la inseguridad. “La impunidad que imparte el Poder Judicial es el mejor aliado que han tenido los delincuentes durante 17 años y es hoy la causa principal de la violencia en Venezuela. Tenemos un Poder Judicial que imparte impunidad y no justicia frente a una crisis económica sin precedentes que ha intensificado aún más los secuestros, robos, hurto de alimentos y repuestos para vehículos”, sentenció.
Pese a esta situación, el alcalde aseguró que en El Hatillo no se va a dejar de trabajar por la seguridad. “Con recursos propios seguiremos dotando a las policías y seguiremos trabajando para disminuir los delitos”, indicó. Por tercer año consecutivo, la seguridad es la principal área de inversión de la Alcaldía de El Hatillo.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Delta Amacuro y dirigente de Primero Justicia, José Antonio España, manifestó su posición sobre la reventa y sobreventa de pasajes terrestres por el asueto de carnaval, alegando que “El bachaqueo llegó a los terminales y aeropuertos”.
Asimismo señaló que “los aeropuertos y sobre todo los terminales de Venezuela, incluso los ferrys, están abarrotados, pero de bachaqueros, de gente que está haciendo negocios aprovechándose de la necesidad del venezolano que quiere pasar sus vacaciones en el interior, otros que quieren visitar a su familia que tiene meses que no ve, y otros van a trasladarse de ciudad para cuidar a sus familiares enfermos”.
Según el parlamentario, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre sabe la existencia de bandas organizadas que se dedican a esta reventa y sobreventa de pasajes, “y siempre los dejan hacer de las suyas, no hacen nada para frenar esta mafia en los terminales del país”, argumentó España, quien además destacó que un boleto revendido puede llegar a valer 90% más del costo regular.
A su vez agregó que esta sobreventa de pasajes anteriormente se practicaba mucho en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, pero que este año se incrementó en el terminal de La Bandera “Muchas veces ha pasado esto en el aeropuerto de Maiquetía, donde se han dado su festín estos grupos, esta vez le tocó a La Bandera, una total penuria, aquí los venezolanos sufren y pasan roncha para poder conseguir pasaje, este terminal se ha convertido en el sitio donde los pasajeros están comiéndose un cable y pasando mucho más trabajo para poder llegar a su destino”, indicó.
Para culminar, el dirigente de la tolda amarilla destacó que “el bachaqueo no solo llegó a las colas de la escasez, a las colas para conseguir los productos de primera necesidad, el bachaqueo llegó a los terminales y a los aeropuertos del país, y este gobierno, específicamente el Ministerio de Transporte Terrestre, no hace nada para detener el bachaqueo”.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
La doctora Ángela Rocha sostiene los resultados de un escáner a un niño con microcefalia, en el Hospital Oswaldo Cruz, en Recife. Credit Mauricio Lima para The New York Times
RECIFE, Brasil — El aumento en los informes médicos de bebés que nacen con cabezas inusualmente pequeñas durante la epidemia del Zika en Brasil está encendiendo un feroz debate sobre las leyes de aborto del país, las cuales estipulan que es ilegal en la mayoría de las circunstancias.
Prominentes juristas en Brasilia, la capital, preparan un caso para acudir a la máxima corte de Brasil, con el argumento de que debería permitirse el aborto cuando se descubre que los fetos tienen cabezas anormalmente pequeñas, condición conocida como microcefalia y que, según investigadores brasileños, tiene un vínculo con el virus.
Un juez del centro de Brasil ha hecho el inusual anuncio de que permitirá que las mujeres se practiquen abortos legales en dichos casos, con lo que prepara el camino para una lucha sobre el tema en el laberíntico sistema legal del país.
Además, aquí en Recife, la ciudad brasileña donde más han aumentado los casos de bebés nacidos con microcefalia y daño cerebral, que frecuentemente conlleva, los activistas en favor del derecho al aborto aprovechan la crisis para contraatacar a los legisladores conservadores que quieren hacer aun más restrictivas las leyes brasileñas, que ya están entre las más duras de América Latina.
El nexo científico entre el zika y el daño cerebral en infantes aún no se ha demostrado; sin embargo, el aumento en los informes de microcefalia en la zonas de Brasil azotadas por el zika ha causado suficiente alarma para que la Organización Mundial de la Salud declarara el lunes pasado una emergencia internacional de salud pública. El organismo afirmó que sus “expertos coincidieron en que había fuertes sospechas de una relación causal entre la infección de zika durante el embarazo y la microcefalia”.
Algunos médicos brasileños ya han atendido a mujeres embarazadas que solicitan abortos debido al marcado aumento de casos de microcefalia. El médico Artur Timerman, especialista en enfermedades infecciosas en Sao Paulo, dijo que dos pacientes habían hablado con él en semanas recientes acerca de interrumpir sus embarazos porque habían dado positivo al virus del Zika
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“Vienen a mi oficina y preguntan: ‘¿Hay probabilidades de que mi bebé nazca con microcefalia?’”, dijo Timerman. “Necesitamos informarles que sí las hay. Ellas preguntan si las probabilidades son grandes o pequeñas, y yo les digo: ‘No lo sé’. Me preguntan qué haría yo en su lugar y les digo que esa es una decisión personal. Solo que la probabilidad es real”.
“Más adelante, ambas pacientes me informaron que habían abortado”.
El debate sobre si las mujeres deberían o no tener permitido el aborto en casos de microcefalia podría tener repercusiones a lo largo de la región. Se cree que el brote en el hemisferio occidental comenzó en Brasil, el país con más infecciones de zika hasta ahora. Sin embargo, la epidemia se ha extendido a más de 25 países y territorios en el continente americano, algunos de los cuales tienen leyes antiaborto tan restrictivas como las de Brasil, si no es que más.
La presión por relajar las restricciones trae a colación detalles complejos sobre la discusión del aborto. Los casos más severos de microcefalia pueden detectarse con ultrasonidos, habitualmente, hacia el final del segundo trimestre o, aproximadamente, 24 semanas. Aquellos que se oponen al aborto en Brasil argumentan que la interrupción del embarazo en etapas tan avanzadas intensifica una decisión de por sí desgarradora.
“Cuando se detecta la microcefalia, el menor ya está prácticamente formado y los padres están conscientes de ello”, dijo la doctora Lenise Garcia, profesora de Biología en la Universidad de Brasilia y presidenta de Brasil Sin Aborto, una organización en contra del relajamiento de leyes. “Practicarse un aborto crea una culpabilidad que permanecerá en la mujer por el resto de su vida”.
El juez Jesseir Coelho de Alcántara, quien ha afirmado que el aborto debería ser permitido en casos de microcefalia, reconoció la complejidad del tema.
“Sé que esto es muy difícil porque el tema es nuevo. Requiere una discusión a fondo y persiste una marcada influencia religiosa”, dijo Coelho de Alcántara, juez en el estado de Goiás. “Sin embargo, mi posición es que se debería permitir el aborto en caso de microcefalia”.
Aquellos que impulsan las modificaciones a las leyes sobre el aborto aducen un fallo emitido en 2012 por el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que permite la interrupción del embarazo cuando el feto tiene anencefalia, un serio defecto congénito en el que partes del cerebro o cráneo están ausentes. Casi todos los bebés con anencefalia mueren poco después del nacimiento, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, la microcefalia es mucho menos predecible. Incluso cuando se detecta antes del nacimiento, los médicos a menudo no pueden precisar cuáles serán los efectos, lo que hace aun más complicada la decisión sobre el aborto.
Los cálculos sobre el número de abortos ilegales en Brasil varían ampliamente. Académicos brasileños, que se basan en registros hospitalarios donde se indica que unas 150.000 mujeres buscan cada año atención médica por complicaciones derivadas de abortos ilegales, estiman que se practican casi 850.000 abortos ilegales en el país.
Si bien las leyes brasileñas sobre el aborto son menos estrictas que las de otros países latinoamericanos (en El Salvador, por ejemplo, el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia), los procedimientos ilegales no son tratados a la ligera.
Una mujer brasileña fue esposada a una cama de hospital y arrestada luego de que buscara atención médica por un aborto fallido. Un juez de la ciudad de Campo Grande sentenció a otras mujeres que se habían sometido a abortos ilegales; la sentencia consistía en hacer servicio comunitario en centros de cuidado infantil, con el argumento de que eso les enseñaría a amar a los niños. Se autorizó a una niña de 9 años, que dijo haber sido violada por su padrastro, para que se sometiera a un aborto en Recife, pero solo después de una acalorada batalla nacional en la que los funcionarios superaron las objeciones de los líderes religiosos.
Débora Diniz, antropóloga e investigadora en Anis —un grupo a favor del derecho al aborto que prepara una demanda para legalizarlo en casos de microcefalia—, equiparó la crisis del zika con la larga lucha para permitir el aborto en casos de anencefalia, que duró cerca de una década.
“Tenemos una epidemia, una emergencia, y la salud pública no está cuidando apropiadamente los derechos de la mujer”, dijo. “Nuestros derechos constitucionales están en riesgo. El derecho al cuidado de la salud y el derecho a la dignidad humana”.
Los dirigentes religiosos juran que resistirán cualquier esfuerzo por modificar las leyes.
“Nada justifica un aborto”, dijo el reverendo Luciano Brito, portavoz de la Arquidiócesis Católica de Olinda y Recife, ante reporteros. “Solo porque un feto tiene microcefalia no cambiaremos nuestra postura”.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
Un grupo de migrantes centroamericanos sobre las vías del tren cerca de Los Corazones, en el sur de México, a inicios de noviembre. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
La camioneta de la policía apareció de repente, apenas un destello de metal y cristal. Los migrantes corrieron a toda velocidad, tropezando con las grietas del pavimento mientras una anciana que barría la entrada de su casa los animaba a apresurarse.
Los diez hombres doblaron la esquina y se escondieron detrás de unos árboles. Era el cuarto día de su trayecto desde Centroamérica y ya empezaban a entender la nueva realidad de la frontera sur: la presión de Estados Unidos es cada vez más fuerte y la respuesta de las autoridades mexicanas es ser cada vez más estrictas.
Los minutos pasaron. Los hombres se dispersaron y se agacharon para recuperar el aliento. Junto a la hilera de árboles, un hombre en sandalias y camisa se les acercó. Les dijo que no se preocuparan, que él conocía el camino hacia el norte.
Pequeño y de ojos amarillentos, el hombre tenía experiencia en el arte de traficar personas. Podía detectar patrullas, parar autos para que lo llevaran e incluso navegar por los caminos ocultos entre la maleza. Podían confiar en él, prometió. Solo quería ayudar.
Al principio, los migrantes apenas le respondían. Pero entre más hablaba, más difícil se volvía ignorarlo. ¿Qué otra opción tenían? Las alternativas se redujeron a ir con él o ir solos, de regreso a las calles desconocidas inundadas de autoridades mexicanas.
Esas son las opciones de un migrante: evaluar los riesgos de avanzar o considerar la posibilidad de regresar a casa. Los seis hondureños y cuatro guatemaltecos aceptaron a regañadientes.
“Hay dos clases de historias en este viaje”, dijo uno de los hombres, echándose la mochila al hombro mientras el grupo se preparaba para partir. Rafael Lesveri Pérez, un guatemalteco de 38 años, es un veterano del trayecto después de haberlo recorrido tres veces. “Hay verdades y hay mentiras. Solo el tiempo puede decir cuál es cuál”.
Los migrantes esperan la señal del coyote para cruzar un camino. Credit Daniel Berehulak para The New York Times Una red que se extiende
Los próximos dos días fueron un microcosmos del trayecto hacia el norte para los migrantes centroamericanos, un viaje que se ha hecho cada vez más peligroso después del aumento de las medidas de seguridad por parte del gobierno mexicano.
Huyendo de la incesante violencia provocada por las pandillas y de la falta de oportunidades, un inusitado número de centroamericanos tomó rumbo hacia Estados Unidos en la primavera de 2014. Ese año se detuvo a 68.631 niños —casi el doble que el año anterior— en la frontera estadounidense tras haber preferido enfrentarse a los riesgos del recorrido de más de 1600 kilómetros que a los peligros que enfrentaban en casa.
Para contener el flujo migratorio, el gobierno de Estados Unidos prometió apoyo financiero para mejorar las vidas de los migrantes en sus países de origen. En diciembre se aprobó un paquete de 750 millones de dólares para Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pero el gobierno del Presidente Obama también tomó otras medidas: presionó al gobierno mexicano para que fuera más estricto en sus propias fronteras y para que, en esencia, creara una red para atrapar a los migrantes a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
La campaña del gobierno mexicano, el Plan Frontera Sur, sirve como primera línea de defensa para los estadounidenses. En el último año, las deportaciones en México se han disparado y los arrestos anuales de migrantes centroamericanos en este país se han duplicado, de 78.000 en 2013, cuando empezó el plan, a más de 170.000 el año pasado.
Aun con todos esos esfuerzos, la campaña del gobierno mexicano no ha podido detener el flujo de migrantes; pero sí ha convertido a este viaje en una travesía aún más peligrosa.
La vigilancia más estricta de las autoridades ha obligado a los migrantes a abandonar sus medios de transporte preferidos –autobuses y trenes– para tomar rutas más riesgosas a pie, a través de tramos apartados en el campo mexicano plagados de pandillas, residentes frustrados y policías corruptos.
La hora de la cena en un refugio en Arriaga, Chiapas. El mapa a la izquierda muestra las rutas hacia Estados Unidos. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
Funcionarios y defensores de derechos humanos en los estados sureños de Chiapas, Tabasco y Oaxaca reportan un aumento de la violencia en contra de los migrantes, y no solo por parte de criminales. La Comisión de Derechos Humanos del país informó que en el primer año de aplicación del plan, las denuncias de los migrantes en contra de las autoridades aumentaron en un 40 por ciento.
La presencia constante de los migrantes también ha probado la paciencia de muchos mexicanos. Al viajar a pie se demoran más en las comunidades que antes solo recorrían en tren, lo cual ha provocado resentimiento y miedo entre los pobladores, poco acostumbrados a extraños. Los casos de violencia se han vuelto más comunes y algunas comunidades han firmado peticiones en las que exigen la eliminación de los refugios para migrantes.
Durante dos días a principios de noviembre, los 10 migrantes en Arriaga, Chiapas, atravesaron más de 64 kilómetros entre bosques tupidos, cultivos blanqueados por el sol y autopistas patrulladas por las autoridades; algunos de sus zapatos quedarían hechos pedazos. Un recorrido de media hora en automóvil se convirtió en una caminata de más de 20 horas. Pasaron una noche en vela en un porche de concreto, listos para enfrentarse al ataque de los residentes hostiles de un poblado. Uno de ellos se enfermaría gravemente, lo que les obligaría a dividirse y a vivir con la incertidumbre de no saber si terminarían el trayecto.
Solo dos de ellos llegarían a Estados Unidos.
Casi nada de lo que el coyote les prometió sucedería.
Los migrantes se esconden en los arbustos. Credit Daniel Berehulak para The New York Times En manos de un traficante
El viaje por México solía ser más sencillo. Muchos migrantes se montaban en la Bestia, el tren de carga que por mucho tiempo fue parte integral del viaje a Estados Unidos. Pero desde que las autoridades aumentaron la vigilancia en el sur, el recorrido en tren disminuyó drásticamente.
Esa vigilancia casi terminó el viaje de los 10 hombres antes de que comenzara. En la mañana de su partida, alguien les había advertido que se alejaran de un área cercana a las vías del tren. Los agentes de inmigración pasarían por ahí. Minutos después, la camioneta de la policía apareció, lo cual los obligó a ponerse en las manos del traficante.
Paso a paso les describió el recorrido, una combinación de viaje en auto y a pie en el que atravesarían 160 kilómetros en dos días. El costo: solo 15 dólares por persona.
Un coyote (a la extrema derecha) se acercó a los migrantes después de que lograron escapar de las autoridades en Arriaga, a principios de noviembre. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
La provincia se regía por ley marcial en los 80, cuando el ejército peruano libraba una campaña brutal contra Sendero Luminoso. Credit Tomas Munita para The New York Times
En los años ochenta, Hugo Bustíos trabajaba como fotoperiodista en Ayacucho, una provincia peruana que entonces se regía por ley marcial. En esa época el ejército libraba una campaña brutal de contrainsurgencia para abatir a Sendero Luminoso. El trabajo de Bustíos como reportero lo convirtió en un testigo incómodo de las atrocidades cometidas por ambos bandos, y recibió numerosas amenazas de muerte.
Ayacucho en 2012. La provincia se regía por ley marcial en los 80, cuando el ejército peruano libraba una campaña brutal contra Sendero Luminoso. Credit Tomas Munita para The New York Times
Más de 50 periodistas han sido asesinados en Perú desde que el país recuperó la democracia en 1980; muy pocos casos han sido llevados ante la justicia. Sin embargo, el asesinato de Hugo Bustíos no fue olvidado. El caso fue tomado primero por el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York y posteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los avances en la investigación estaban paralizados pero, finalmente, más de un cuarto de siglo después de su muerte, se está llevando a cabo un juicio. Y eso no es lo más extraordinario: el acusado en el juicio podría ser el próximo presidente de Perú.
El General Daniel Urresti, conocido en la época del asesinato de Bustíos con el seudónimo de Capitán Arturo, fue jefe de inteligencia en la base del ejército en Huanta, Ayacucho. Urresti fue acusado el año pasado de haber ordenado el asesinato del periodista. De ser declarado culpable, enfrenta una sentencia de 25 años en prisión.
Al mismo tiempo, el General Urresti ha sido elegido para ser el candidato presidencial del partido gobernante del país, el Partido Nacionalista del Perú, en las elecciones generales programadas para el 10 de abril.
Por si eso no fuera lo suficientemente extraño, la compañera de fórmula del General Urresti es Susana Villarán, una reconocida activista de derechos humanos. Entre 2002 y 2005, fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma organización que ayudó a llevar el caso de Urresti ante la justicia.
Estos compañeros tan dispares son menos extraordinarios de lo que se podría pensar: los partidos son débiles en Perú y los políticos no reparan en cambiar de bando. Pero incluso para estándares peruanos, la candidatura de Villarán es descaradamente oportunista. La viuda de Bustíos, Margarita Patiño, ha acusado a Villarán de una traición que “insulta, veja e indigna a los familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
Conocí bien a Hugo Bustíos. Trabajamos juntos a mediados de los ochenta en Huanta.
Poco después de que mi colega fuera asesinado, me nombraron directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York, y en 1990, junto con Human Rights Watch y el Center for Justice and International Law, hicimos que el caso de Bustíos fuera remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997 la comisión exigió al gobierno peruano dar inicio a una investigación imparcial para que los responsables fueran sometidos a juicio.
El caso siguió estancado porque el gobierno del Presidente Alberto Fujimori había promulgado una ley de amnistía que le otorgaba inmunidad al personal militar implicado en abusos de derechos humanos durante el estado de emergencia. No fue sino hasta 2001, cuando se nombró una comisión de la verdad, que el gobierno peruano por fin aceptó investigar 165 casos, incluyendo el asesinato de Bustíos. En 2007 un tribunal sentenció a dos funcionarios por el delito, pero en 2009 uno de los dos sentenciados implicó al General Urresti en el asesinato.
El General Urresti niega la acusación e insiste que el caso tiene motivos políticos, ya que intenta bloquear sus ambiciones presidenciales. Por su parte, Villarán declaró que, a pesar de haber tenido dudas en el pasado, está convencida de la inocencia de su compañero de fórmula.
La primera vez que vi al general en persona fue en diciembre pasado, cuando testifiqué en su juicio, pero ha sido una figura controvertida en Perú desde hace algún tiempo. En 2014 fue nombrado ministro del interior por el Presidente Ollanta Humala —quien fue oficial del ejército durante la “guerra sucia”— a pesar de que Urresti ya tenía una investigación abierta por el asesinato de Bustíos. Solo duró ocho meses en ese puesto, ya que tras recibir críticas por brutalidad policial durante las protestas del año pasado fue obligado a renunciar. Sin embargo, el estilo combativo del General Urresti en sus apariciones televisivas lo han convertido en una figura popular.
Por una coincidencia perversa, se espera que el tribunal dicte sentencia en el caso Urresti al mismo tiempo que los peruanos voten en la primera vuelta en abril. Y es así como los electores tienen no solo un candidato presidencial que alterna apariciones en televisión con comparecencias ante los tribunales, sino además están expuestos a la posibilidad de que un presidente electo gobierne desde prisión.
No tiene muchas probabilidades de ganar, pero ese podría no ser el principal objetivo de su candidatura. Al ungir al General Urresti como su sucesor político, Humala pareció exculpar a un presunto responsable sujeto a una grave acusación. Los jueces de Perú no son conocidos por su independencia ni integridad; el respaldo presidencial puede sin duda ser visto como un intento de interferir en el curso de la justicia, y en efecto podría comprometer la imparcialidad del juicio.
El esfuerzo por instalar a un aliado tan polémico en la presidencia puede ser un quid pro quo del presidente saliente. La primera dama, Nadine Heredia, está sometida a una investigación por presunto lavado de fondos de campaña y transferir millones de dólares a cuentas bancarias secretas en el extranjero (El presidente tiene inmunidad que solo puede ser levantada por voto mayoritario en el Congreso una vez que deje el cargo). Humala dejará la presidencia con índices de aprobación terriblemente bajos; su patrocinio a la candidatura de Urresti podría ser visto como un último intento desesperado por apuntalar su situación política.
No hace falta decir que aquellos que aspiran a un cargo público deberían estar libres de toda sospecha de conductas delictivas. Evidentemente este no es el caso de Urresti. Su candidatura socava la ya frágil democracia peruana.
Y lo que resulta peor: la candidatura del General Urresti interfiere groseramente con la administración de justicia. Esto subvierte la larga batalla del Perú por confrontar su oscuro pasado de crímenes contra la humanidad.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
Hillary Clinton durante el debate celebrado el jueves pasado junto a su contrincante demócrata, Bernie Sanders, en la Universidad de New Hampshire. Credit Todd Heisler/The New York Times
Los resultados de los caucus, o asambleas electorales, de Iowa calentaron los motores de la elección presidencial en Estados Unidos. Del lado republicano, Ted Cruz se impuso con 27,6 por ciento del voto y ocho delegados; mientras que Donald Trump consiguió 24,3 por ciento y siete delegados, y Marco Rubio obtuvo 23,1 por ciento y también siete delegados.
Los demócratas tuvieron una competencia muy reñida en la que Hillary Clinton resultó vencedora con un 49,9 por ciento (23 delegados), mientras que Bernie Sanders logró conquistar un 49,6 por ciento (21 delegados).
Una primaria de votación abierta
Los resultados en Iowa son un abrebocas de lo que sucede pocos días después en New Hampshire. Con una población de apenas 1.326.813, este estado, al igual que Iowa, es parte del selecto grupo que marca la pauta en la elección a pesar de su pequeño tamaño. El electorado de New Hampshire tiene la particularidad de que, en su mayoría, es blanco y perteneciente a la clase trabajadora (conocidos como blue collar workers). En esta ocasión la cita que convoca a los electores demócratas y republicanos será el 9 de febrero.
Ese día el Partido Republicano elegirá a 23 delegados y todos los aspirantes querrán gozar de la suerte con la que contaron John McCain y Mitt Romney en el pasado, quienes ganaron en New Hampshire y luego se convirtieron en los abanderados de su partido.
Donald Trump, a la izquierda, en un evento en Milford, New Hampshire. CreditDamon Winter/The New York Times
El sistema de votación abierta en esta primaria, en la que republicanos, demócratas e independientes pueden participar en las elecciones de cualquiera de los partidos, es un terreno favorable para Donald J. Trump, según los expertos. Pero Marco Rubio ha surgido como un fuerte contendor luego del apoyo que recibió en Iowa. Pese a que muchas encuestas proyectaban que solo tendría un 15 por ciento de intención de voto, terminó con un 23,1 por ciento, que lo ubica muy cerca de Trump. Muchos republicanos esperan que la candidatura de Jeb Bush despegue en New Hampshire, donde ha concentrado todos sus esfuerzos.
32 delegados en juego para los demócratas
Los votantes de New Hampshire han apoyado a candidatos de estados vecinos en el pasado. Aparte de Vermont, no hay un estado más favorable para el Senador Bernie Sanders, ya que los votantes independientes, con los que tiene una ventaja considerable, pueden participar.
El reto de Ted Cruz en New Hampshire es fortalecer sus bases más allá de los votantes más conservadores. Credit Stephen Crowley/The New York Times
Pero Bill y Hillary Clinton tienen una relación profunda con New Hampshire, donde sus esperanzas presidenciales ya se han fortalecido en dos oportunidades. En caso de que Hillary vuelva a obtener un resultado cerrado, se plantearían graves dudas sobre su capacidad para competir por la nominación.
La época dorada
Los mejores años de la influencia electoral de New Hampshire fueron entre 1952 a 1988. En ese periodo, todos los presidentes que resultaron elegidos ganaron las primarias de New Hampshire. Parte de la leyenda es el caso de John F. Kennedy, quien derrotó a todos los candidatos demócratas en 1960, la primera sorpresa en su exitosa carrera política. Asimismo, en 1980, Ronald Reagan obtuvo una gran victoria tras haber sido derrotado en Iowa. Bill Clinton, en 1992, quedó en segundo lugar y desde ahí empezó el camino hacia la victoria presidencial.
Gil Troy, profesor de Historia en la Universidad McGill, escribió en un artículo publicado en el Times en 2012 que convertir a New Hampshire en un fetiche es un gran negocio para los partidos y medios de comunicación, pero también es mala política. “Se exagera la importancia y los efectos de estas pequeñas victorias en una nación con más de 300 millones de habitantes. Podemos hacerlo mejor. Después de todo, se trata de elegir a los candidatos para el trabajo más importante del mundo”, escribió.
Sin embargo, toda la atención mediática volverá a centrarse en las primarias de este estado, cuyos resultados suelen marcar la pauta en las candidaturas presidenciales.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
El que otrora fuera patrimonio histórico de la nación inaugurado por el general Antonio Guzmán Blanco en 1876, el Cementerio General del Sur muestra actualmente su peor cara, Los caraqueños que lo visitan revelan que el campo santo sufre una inseguridad desatada, tumbas profanadas, urnas oxidadas y toneladas de basura la cuales sirven de escenario para el descanso eterno de millones de fallecidos. Ante esta realidad responsabilizaron al alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, quien entre sus competencias esta la administración del lugar.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que el solo entrar al Cementerio General del Sur ya es un peligro de ser atracado o incluso perder la vida, ya que no hay presencia policial y los antisociales hacen de la suyas sin el mayor reparo. “Además de las personas robadas se puede observar más de 500 tumbas abiertas, ataúdes regados y huesos sacados por maleantes para su tráfico y venta. Los cráneos los utilizan para rituales, revisan los ataúdes para ver si tienen cosas de valor y los dejan abiertos y regados por todo el lugar”, dijo.
Rojas relató que desde hace muchos años no se le hace manteniendo al campo santo, detallando como la basura se acumula por toneladas percibiéndose olores nauseabundos que podrían generar problemas de salubridad en la zona. “Los camiones del aseo brillan por su ausencia y la maleza hace casi invisibles las tumbas, es importante recordar que aquí están enterrados los personajes más ilustres de la Caracas del siglo XIX y principios del XX como Joaquín Crespo o Isaías Medina Angarita. Se está desperdiciando un potencial turístico e histórico enorme”.
El luchador social responsabilizó a la Alcaldía de Libertador por esta grave situación, exigiendo que le dé la cara a los caraqueños que tienen parientes enterrados aquí y deben arriesgar la vida para rendirles los honores póstumos. “En las próximas semanas llevaremos pruebas a la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional para que Jorge Rodríguez sea interpelado y explique el porqué de la situación tan deplorable en la que se encuentra el Cementerio General del Sur, aquí hay hechos de corrupción que saltan a la vista”, expresó.
“Las tumbas son profanadas a plena luz del día”
Por su parte Wilter Ochoa, vocero de 100% Santa Mónica, explicó que en diferentes calles del campo santo se observa cualquier cantidad de tumbas abiertas y a sus lados los ataúdes, incluso muchos de estos son violados a plena luz del día bajo la mirada cómplice de las autoridades. “Según información de los trabajadores los antisociales entran al cementerio sobre todo en horas de la tarde noche, aprovechando la oscuridad y ausencia de vigilancia, pero algunos se aventuran a violar los sepulcros en el día”,
Denunció que los fines de semana venden bebidas alcohólicas dentro de la necrópolis de forma ilícita, asimismo se realizan ritos esotéricos donde usan los huesos extraídos de las tumbas para brujería y asesinan animales a la vista de todos. “Este cementerio es el reflejo del país, desidia, buhoneros, venta de licores y droga, quintales de basura e inseguridad a millón”, sentenció.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Milagros Paz, exigió al Gobernador Luis Acuña y a la gerencia de Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) trabajar a la brevedad para solventar las severas fallas en el suministro de agua potable en el municipio Bolívar y atender a más de veinte comunidades que están “en sequía”.
Señaló que la falta del vital líquido ocurre por la “negligencia” del primer mandatario nacional y de la estatal de aguas, al no realizar las labores para reparar bombas en las estaciones de bombeo de Tarabacoa en Bolívar y Punta Baja en Cumaná, sitios que surten del preciado líquido a los poblados de Bolívar, en los que habitan más de 30 mil personas.
“No les reparan las bombas en las estaciones de bombeo, no terminan la construcción de un acueducto y para colmo les restringen el suministro de agua por cisternas a solo cada ocho días. Gobernador Acuña, en el municipio Bolívar viven seres humanos, no camellos, no sea indolente” manifestó Paz.
La parlamentaria destacó que hay comunidades en las que el agua por cisternas llega hasta con quince días de retraso, para suministrar no más de mil litros de agua por sector y que eso ha originado una ola de protestas y cierre de vialidad, producto del malestar de los habitantes de esta jurisdicción, quienes no pueden solventar sus necesidades básicas por falta de agua. “En Punta Baja se robaron las bombas y el cableado, engañan a los habitantes del municipio diciéndoles que van a solventar y cuando vemos, Punta Baja está desasistida, no hay ni un vigilante que garantice que no se robarán los equipos que hay allí” aseguró.
La diputada y coordinadora de Primero Justicia en Sucre exigió a la gerencia de Hidrocaribe y a la Gobernación, dotar de las bombas requeridas en las estaciones de bombeo, sobre todo en Tarabacoa en la que solo funcionan dos y el resto están averiadas. Señaló que, a la par de las reparaciones, debe haber un envío constante de camiones cisternas para que las comunidades cuenten con agua.
“No es solo por la falta de caudal en el río, sino que no les ha interesado a los entes regionales solventar la situación con inversión. Esta crisis no es solo en el municipio Bolívar, tampoco solventan la falta de agua en zonas como Santa Fe, Arapo y Arapito en el municipio Sucre y cada vez son mayores las fallas en el suministro en Cumaná, es una vergüenza que tanto Gobernación como Hidrocaribe tengan en sequía a la población”.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza 1 Comment
Los centros comerciales están a la espera de los anuncios oficiales sobre su planteamiento de trabajar seguido de 12 m a 7 pm, luego de que Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, les anunció que desde el miércoles deberán generar su propia electricidad de 1 pm a 3 pm y de 7 pm hasta 9 pm, debido a que la generación hidroeléctrica estaba siendo afectada por el fenómeno El Niño.
En un recorrido realizado por el equipo de Últimas Noticias en cinco centros comerciales (Multiplaza Victoria, El Recreo, Sambil, Millennium Mall y Líder), se pudo conocerse que el Millennium repartió un comunicado entre los establecimientos comerciales. “Como medida temporal, a partir de este miércoles 10 de febrero y mientras obtengamos información sobre los planteamientos hechos al Mppee, Millenium Mall funcionará en horario de 3:00 pm a 7:00 pm”, se lee en el documento al que tuvo acceso ÚN.
Por su parte, el CC Líder informó: “La apertura comercial al público será a partir de las tres de la tarde hasta las siete de la noche”. En el caso del estacionamiento, funcionará desde las 3 pm hasta las 6:30 pm “y se procederá al cierre hasta el otro día. El vehículo que no salga a las 6:45 pm permanecerá en las instalaciones hasta el día siguiente”.
En el Multiplaza Victoria, El Recreo y Sambil mantendrán los horarios, pero en las horas de interrupción del servicio eléctrico restringirán el acceso peatonal y vehicular a sus instalaciones.
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) explicó que la propuesta de brindar un horario seguido de 12 m a 7 pm, además de darles comodidad a los usuarios y consumidores, “aportaría cinco horas diarias de ahorro energético, lo que se traduce en 2.600 MW/h”.
Cavececo también refirió que están a la espera de una respuesta del Ministerio de Energía Eléctrica sobre su participación en el plan de ahorro. “El objetivo es participar en el Plan de Ahorro de Energía afectando lo menos posible la calidad de vida de los venezolanos”, afirmó la organización.
Motta Domínguez dijo en días pasados a través de su cuenta de Twitter: “Algunos dueños de centros comerciales quieren manipular creando una falsa matriz de opinión para no cumplir con la ley, dicen que van a quebrar porque les van a cortar la luz… ¡No! No es así… Se les va a suministrar el servicio de acuerdo a lo que dice la ley”.
Corpoelec también emitió un comunicado donde les recordaban “a los representantes de los centros comerciales que la obligación de instalar autogeneración se estableció en la Resolución 76 del 10 de junio de 2011, según la cual las plantas debían ser instaladas antes del 31 de diciembre de ese año”. El ente también aseveró que el horario en el cual esos establecimientos deben generar su propia energía “corresponde a los mayores picos de la demanda eléctrica, que es cuando se necesita el aporte de generación de los entes privados, a fin de mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”.
Posted on: febrero 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments
La Ley fue aprobada vía Ley Habilitante el 30 de diciembre del año 2015
En la nación hay 3 mil grandes contribuyentes, dijo el presidente Maduro
La Ley a las Grandes Transacciones Financieras, publicada en la Gaceta Extraordinaria No 6210, establece una alícuota de 0,75% para las transacciones bancarias de personas jurídicas y naturales
Sin embargo no establece el monto a partir del cual se comienza a pagar el tributo, pero todos los sujetos obligados que incurran en los hechos imponibles deben pagarlo.
Se indica que el pago de la alícuota no es deducible para el Impuesto Sobre la Renta (Islr), por considerar que son de naturaleza distinta.
La medida, que entró en vigencia a partir del 1º de febrero de 2016, destaca que las personas naturales deberán cancelar el impuesto solo cuando califiquen como «pasivo especial». Recae únicamente sobre las transacciones financieras efectuadas por las personas jurídicas y aquellas personas naturales calificadas como sujetos pasivos especiales por el Servicio Integrado de Administración Tributaria (Seniat)», se lee en la Gaceta.
Lo anteriormente expuesto significa que las transacciones bancarias que haga una persona natural generarán un tributo cuando sea una transferencia o cheque hacia una empresa o banco.
Mientras que las transacciones entre personas naturales y entre las cuentas de una misma persona no generan impuestos, con excepción de una cuenta en la que haya más de un titular, que sí tendrá que pagar la alícuota.
Se incluye la adquisición de cheques de gerencia en efectivo, así como la cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable, a partir del segundo endoso.
Las Instituciones del Sector Bancario son agentes de percepción del Impuesto
Esta Ley, dirigida a los altos contribuyentes, fue aprobada el 30 de diciembre de 2015 por el presidente Nicolás Maduro. Se consideró que permitirá obtener liquidez para mantener los planes sociales.
Se señala que el decreto busca dirigir este impuesto a las transacciones financieras grandes, efectuadas por los grandes contribuyentes, y el gran capital.
Se indicó que en la nación existen 3.000 grandes contribuyentes que manejan «una masa de capital gigantesca y que inclusive en esta etapa de guerra económica -propiciada por sectores de la derecha- han incrementado su capital entre 300 y 400%», mediante la especulación en la comercialización de sus bienes y productos.
Maduro dijo que «se cobrará el 0,75% de cada transacción de estos altos contribuyentes y, esto nos dará líquidez para mantener todo lo que hay que mantener e incrementar todo lo que se deba incrementar».
Los migrantes se esconden en los arbustos. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
