El diputado de la Asamblea Nacional propuso eliminar las facilidades de pago que se le ofrece a Petrocaribe para asignar esos recursos al Fonden 

Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional, consideró que es necesario vender el petróleo asignado a Petrocaribe al precio del mercado y exhortó al gobierno a eliminar las facilidades de pago que se le ofrecen a la organización.

En una entrevista a Venevisión, el diputado expresó que el aumento de la gasolina generaría más bolívares para el gobierno pero que no solventaría el problema de fondo con respecto al tema de divisas.

“Si vamos a seguir hablando de no seguir regalando la gasolina a los venezolanos también hay que hablar de no seguir regalando el petróleo venezolano”, dijo el parlamentario.

Marquina propuso que el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) se sustente de los ingresos que se obtengan de Petrocaribe. “Lo que proponemos es que se venda el petróleo a Petrocaribe al precio del mercado, cóbrelo en efectivo y de inmediato. No se puede seguir dando créditos a 25 años al 1 %”.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, recalcó que ninguno de los 16 países que conforman Petrocaribe sustenta una crisis económica y social como la que vive Venezuela.

Marquina informó que la AN planteará la creación de un fondo especial con control parlamentario que permita otorgar las divisas necesarias para importar alimentos y medicinas.

“Que también ese fondo sirva para invertir  en la producción agrícola venezolana. Que podamos ver un repunte en la producción venezolana de hasta un 30 %”, finalizó.

Fuente:el-nacional.com

La lista tomó en cuenta solo urbes con 300.000 o más habitantes y destacó que del medio centenar de ciudades incluidas 41 pertenecen a América Latina

Caracas, la capital venezolana, sufrió el año pasado 119,87 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes y fue la ciudad más violenta del mundo, seguida de la hondureña San Pedro Sula, según un informe divulgado en México por una organización no gubernamental.

La lista, elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, tomó en cuenta solo urbes con 300.000 o más habitantes y destacó que del medio centenar de ciudades incluidas 41 pertenecen a América Latina.

Entre lo más significativo del reporte está que San Pedro Sula dejó de ser la ciudad más violenta por primera vez en cuatro años al registrar 111,03 homicidios por 100.000 habitantes; le siguen la capital salvadoreña San Salvador (108,54), la mexicana Acapulco (104,73) y la venezolana Maturín (86,45).

En 2015, sufrió 119,87 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes

Los elaboradores del ránking, que se realiza desde 2008, destacaron que, respecto al año precedente, salieron de la lista ocho ciudades, entre ellas las mexicanas Chihuahua, Cuernavaca, Juárez, Nuevo Laredo y Torreón, así como las colombianas Medellín y Cúcuta y la brasileña Belo Horizonte.

De ellas, la organización no gubernamental destaca que las salidas más relevantes fueron las de Juárez y Medellín; la primera fue la más violenta del mundo de 2008 a 2010 y la otra fue la de más homicidios durante más de una década del siglo XX.

Las disminuciones más significativas en la incidencia de homicidios dolosos, explica el informe, fueron las de las ciudades colombianas y mexicanas, y la mayor alza se produjo en San Salvador, ciudad que en 2014 una tasa de 61,21 homicidios por cada 100.000 habitantes y subió en un año a 108,54.

De las 50 ciudades del ránking, 21 se ubican en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México, 4 en Sudáfrica, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 2 en Honduras y una en El Salvador, Guatemala y Jamaica.
Aunque Brasil presenta un mayor número de ciudades que Venezuela, el nivel de violencia es mayor en el segundo país. En Brasil la tasa promedio fue de 46,31 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Venezuela fue de 74,65, lo que ubica a este último país como el de mayor violencia urbana en el mundo.

EFE

Oposición denuncia «secretismo» del Gobierno en cifras epidemiológicas

La plenaria de la Asamblea Nacional debatirá hoy, en sesión vespertina, «sobre la problemática del acceso a las medicinas y crisis del sistema de salud», como segundo punto. En los últimos días, Francisco Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, ha catalogado el problema como una «crisis humanitaria».

Sobre la crisis del sistema de salud, la diputada por Aragua, Dinorah Figuera (PJ-MUD) adelantó que la oposición rechaza «el secretismo» que el Gobierno mantiene sobre los datos epidemiológicos.
 

También el diputado de Vargas, José Manuel Olivares (UNT-MUD), recalcó ayer que la crisis de salud se agrava por el desabastecimiento de agua, lo que propicia la escabiosis y la reproducción del zancudo que propaga el virus zika.

Olivares también denunció el aumento de tuberculosis y malaria, entre otras enfermedades que estaban controladas.

Declarar la crisis humanitaria
Por su parte, el diputado Carlos Valero (UNT-MUD), apuntó sobre la escasez de medicamentos, que en Venezuela deberían existir «45 millones de medicamentos en la red y sólo hay 7 millones».

Valero se hizo acompañar ayer, en su rueda de prensa, por el presidente de la Federación Farmacéutica, y en este marco anunció la disposición de UNT de plantear en la plenaria del Parlamento que se declare «la crisis humanitaria» en el área.

Ceballos informó en esa declaración que la Federación Farmacéutica cifra en 4 mil millones de dólares la deuda que el Gobierno mantiene con el sector, lo que arroja un índice de escasez del 80%.

«Las cifras actuales de escasez de medicamentos son las de un país en guerra», dijo Valero, secretario nacional de Activismo de UNT.

Adelantó que plantearán que la Asamblea Nacional constituya una comisión especial que se aboque a precisar las necesidades urgentes en materia de medicamentos.
 

Fuente:eluniversal.com

Los decanos de la UCAB y la UCV participarán mañana en la reunión con los diputados que elaboran el informe sobre irregularidades 

La comisión especial que analiza la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia determinará si los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales incurrieron en irregularidades que acarreen responsabilidad penal, civil o administrativa. Así lo informó la diputada María Gabriela Hernández (MUD), quien adelantó que la lista de presuntos ilícitos es bastante larga.

En todo caso corresponderá a los organismos jurisdiccionales determinar si los integrantes del comité de postulaciones, que encabezó Elvis Amoroso (PSUV), cometieron algún delito en el proceso que concluyó con la juramentación de 13 nuevos magistrados del TSJ el 23 de diciembre de 2015.

La comisión especial acogió la recomendación del Bloque Constitucional que la semana pasada acudió a la instancia parlamentaria y sugirió a los legisladores evaluar el trabajo de los anteriores diputados de la Asamblea.

Los miembros del Bloque Constitucional, una organización creada en diciembre pasado e integrada por ex magistrados y juristas, están convencidos de que se violaron las disposiciones constitucionales.

“El proceso de postulaciones se abrió cuando aún no había vacantes y se extendió hasta que los magistrados decidieron renunciar”, señaló la diputada Hernández. Afirmó que la lista de los aspirantes debió ser pública y no ocurrió de esa forma, y que el lapso de impugnaciones tampoco se cumplió al igual que la entrega de la lista de postulados al Poder Moral para su respectiva depuración.

Hasta el momento se desconoce el baremo utilizado por el comité que designó a los nuevos representantes del Poder Judicial.

El diputado de la bancada opositora, Stalin González, informó que hoy, en sesión plenaria, la Asamblea Nacional designará formalmente a la comisión especial para estudiar y analizar la elección de magistrados principales y suplentes del TSJ.

Dicha comisión especial se reunirá mañana y recibirá a los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello.

Se espera que para ese día puedan contar con todos los currículos de los magistrados designados. Hasta ayer solo disponían de dos hojas de vida y se mantenían a la espera de que el TSJ remitiera los otros 11.

Se calcula que en un lapso no mayor de 15 días la comisión especial presente el informe final a la plenaria del Parlamento, a efectos de la correspondiente discusión y votación.

Fuente:el-nacional.com