¡EL GOBIERNO QUIERE CREAR UN CAOS QUE EVITE LA CONSTITUCIONALIDAD Y JUSTIFIQUE UNA EXCEPCIONALIDAD COMO RESULTADO DE SU INCAPACIDAD PARA PROVEER ALIMENTOS Y MEDICINAS!

Incoar una acción contra la decisión soberana expresada el 6D es sencillamente intentar un fraude procesal electoral con ayuda de una magistratura severamente cuestionada por ilegítima, parcializada y dependiente del gobierno….En tal sentido se manifestó el exparlamentario y profesor de Derecho Constitucional de la UCV Doctor Nelson Chitty La Roche al comentar la impugnación de 23 Diputaciones que intentaron agentes del oficialismo el día de hoy agregando una solicitud cautelar de impedir su juramentación e instalación hasta tanto se diriman las impugnaciones.

Chitty La Roche agrego; “Es visible la maniobra que pretenden hacer para enervar el trámite constitucional pendiente para el 5E y ello, luego de actuaciones desprovistas de asiento legal como el fulano parlamento comunal y peor aún la designación en curso de magistrados que ni siquiera tienen su periodo vencido y algunos fueron presionados para que solicitaran una jubilación anticipada o renunciaron también por cuanto se les exigió por sujetos que no llenan los extremos constitucionales y legales forjando en medio de ilegalidades diversas una designación inficionada de ilegitimidad e ilegalidad.”

Acusó Chitty La Roche al gobierno de promover situaciones que comprometerían la regularidad constitucional y comprometerían la buena marcha institucional, ¿pero por qué? Para crear un caos que provoque una interrupción del hilo constitucional y decretar la excepcionalidad que les permita gobernar de facto y no de iure. Chitty denunció seguidamente lo que llamo la emergencia alimenticia y medicinal que trata de esconder el gobierno ante la cuasi absoluta desaparición de alimentos siendo que el inventario está en su más bajo nivel en la historia del país. Chitty La Roche concluyo; “No habrá que comer ni medicinas indispensables y estaremos en el primer trimestre del 2016 en una crisis humanitaria como países africanos”.

Cpnformado.com

La Sala Constitucional respondió una solicitud de interpretación que el diputado Diosdado Cabello interpuso el pasado 16 de diciembre.

Los actuales parlamentarios están en pleno ejercicio de sus potestades según sentencia 1.758 del TSJ

Caracas.- Hasta la medianoche del 4 de enero próximo la actual Asamblea Nacional podrá celebrar sesiones extraordinarias para seguir legislando, aprobando fondos para los distintos organismos públicos, designando funcionarios y cualquiera otra de las funciones que la Constitución le confiere, pues «está en pleno ejercicio de sus potestades».

Así lo dictaminó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia 1.758, dictada en la tarde de hoy y en la cual respondió un recurso de interpretación del artículo 220 de la Carta Magna que el saliente presidente del Parlamento, diputado Diosdado Cabello (PSUV-Monagas), interpuso el pasado 16 de diciembre y con el cual buscaba aclarar si podía convocar plenarias extraordinarias y si en las mismas los actuales legisladores podían ejercer todas sus competencias, pese a que su período no sólo está por fenecer sino a que sus sucesores ya fueron escogidos.

En el fallo redactado por los siete miembros de la intérprete del texto fundamental no solo aseveró que la actual AN «no se encuentra impedida constitucionalmente para convocar sesiones extraordinarias» sino que además le dio luz verde para abordar durante esas reuniones cualquier materia que la mayoría de sus integrantes desee abordar, por considerar que los actuales parlamentarios están «en pleno ejercicio de sus potestades» y que el hecho de que estén de salida en modo algunos supone que sus facultades «estén mermadas».

La semana pasada Cabello advirtió: «Nosotros somos Parlamento hasta que ellos se instalen, yo tenía el concepto que era hasta el 4 (de enero) a las 12 (de la medianoche). Pero si a ellos no les da la gana de instalarse el 5 (de enero), nosotros seguimos».

Fuente: EU

Juan Francisco Alonso

Los ex magistrados Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor denunciaron este martes ante el Ministerio Público al presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, por Rebelión Civil.

Según dicta el escrito designado, los dos juristas señalan que los mencionados ciudadanos buscan «impedir que se cumpla con la institucionalidad e integridad de los poderes públicos, en concreto de la Asamblea Nacional, amenazando impedir su instalación el 5 de enero, arrebatándole sus competencias constitucionales y sustituyéndola inconstitucional y subversivamente por un espurio Parlamento Comunal Autónomo, no elegido mediante el sufragio en la forma prevista en la Constitución ni en la ley electoral».

En este sentido consideran que desde el inicio de la campaña electoral el mandatario nacional ha llamado a sus partidarios para acciones al margen de la Constitución, solicitándoles entre otras acciones que se preparen para la «batalla», anunciando «que saldrá a la calle» y «que si ganaban habría un baño de sangre», por lo que hicieron referencia a pruebas de videos y audios.

Además fundamentan que en el Artículo 143, ordinal 1 del Código Penal dicta que “Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años (…) Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando».

Por ello, solicitan ante la Fiscalía General de la República que se inicie la correspondiente investigación que puede conducir a antejuicio de mérito contra los ciudadanos Maduro y Cabello; así como la garantía judicial de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, protegiéndose así el derecho de los ciudadanos que la eligieron.

Nota de Prensa

Jesús «Chúo» Torrealba junto a demás líderes de la unidad denunció que el TSJ abrió sus puertas únicamente para recibir un recurso de impugnación contra 22 diputados opositores

Jesús «Chúo» Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, señaló que el gobierno intenta dar un «golpe de estado judicial», esto después que en la mañana de hoy el Tribunal Supremo de Justicia recibiera  un recurso de impugnación contra 22 diputados de la Unidad.

Torrealba destacó en una rueda de prensa convocada este jueves que la página web del TSJ reseñó que no habría despacho hasta el 11 de enero pero denunció que hoy se abrieron las puertas de la Sala Electoral para admitir el recurso fichado con el número de expediente 2015-000139.

Detalló que es un «Recurso contencioso electoral ordinario pero acompañado por una cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados».

Torrealba calificó la acción como una «medida francamente suicida».

«Con esta actitud están perdiendo lo poquito que les quedaba de legitimidad. Somos una mayoría nacional y esa mayoría tratará de imponerse más temprano que tarde», indicó.

El secretario ejecutivo de la alianza opositora aseguró que una «contraorden» impidió conocer la identidad de los 22 diputados impugnados.

También informó que han enviado comunicaciones a la Unasur, la OEA y otros organismos internacionales para que estén en «estado de alerta».

A través de un comunicado, el diario regional informa que las notas que no se puedan publicar en la edición impresa, se podrán leer en su web

El diario La Nacion de San Cristóbal, anunció que a partir de este martes reducirá su circulación a un solo cuerpo debido a la escasez de papel. El rotativo, que redujo sus publicaciones de cuatro cuerpos a dos y ahora a uno, advierte que aplicará la medida “las veces que sea necesario”.

“Ante la poca existencia de papel se hace necesario mantener nuestro inventario para continuar circulando como lo hemos hecho desde 47 años  en toda la geografía tachirense”,advierte el comunicado.

Los editores del impreso regional agradecieron a los consecuentes lectores por entender la decisión tomada, al tiempo que ratificaron su compromiso por mantener  la información en las diferentes secciones.

“Las notas que no se puedan publicar en la edición impresa puede encontrarlas a través de nuestra plataforma en Internet”, señala el comunicado de diario La Nación.

Fuente: EN

Los juristas que han puesto en evidencia la violación de la Constitución Nacional por parte del Gobierno al pretender remover y asignar sustitutos a 13 magistrados del TSJ, sostienen que lo ilegal no solemente es el proceso que se ha seguido para postularlo sino la decisión de hacerlo, porque no se ha cumplido el período de 12 años.

Señalan también que la actual Asamblea Nacional no puede asignar autoridades del TSJ, porque la única manera de hacerlo es teniendo una mayoría calificada (112), pero solo cuenta con 101. diputados

 
El abogado Joel Rodríguez sostiene que se trata de una decisión política porque, según él, la bancada del gobierno sabe que la próxima asamblea escogerá a magistrados independientes, que responderán a una parcialidad política. “Lo primero que debemos tener claro es que el período de estos magistrados termina a finales del año 2016. Por eso han presionado a 13 diputados para que renuncien, a fin de lograr de manera ilegal un TSJ a medida del Gobierno. Es una burla a la constitución”.

Considera las aspiraciones del oficialismo un atentado contra las instituciones venezolanas. “Esta Asamblea perdió toda legitimidad cuando el 6 de diciembre los venezolanos eligieron a 112 diputados de la oposición. Lo sensato es que cumplan con un trámite administrativo para que la instancia no se paralice y dejar que la nueva nombre a los magistrados; de lo contrario es una clara violación constitucional”.

Refiere que ningún jurista que se aprecie a si mismo debería aceptar ese nombramiento porque se trata del más grande fraude a la Constitución venezolana. “Entre los los postulado figura Elvis Amoroso, violando la Constitución que establece que un magistrado debe renunciar a las parcialidades políticas”.

Revocatorio

 
Rodríguez comenta que de producirse el nombramiento, la Asamblea entrante podría derogarlos en una primera discusión de la sesión parlamentaria porque existen múltiples argumentos para hacerlo debido las numerosas violaciones a la Carta Margna.

“Luego de juramentar la Asamblea el siguiente paso sería revocar estas asignaciones porque no se está consultando a la sociedad civil, ni se le está presentando una selección previa, violando el artículo 19 del reglamento de postulaciones y el 264 de la Constitución”.

Instó a la sociedad a prestar la atención que merece el asunto. “Esto es de vital importancia porque el TSJ tiene el control judicicial, nombra jueces por tiempos determinados y no definidos, vulnerando la autonomía de los mismos, tiene el control constitucional de las leyes, potestad para realizarle un antejuicio de mérito al presidente de la república , magistrados, diputados, aprobar la nulidad de una ley. Es necesario estar muy alerta con este tema”.

 
Manuel Virgüez, de Funpaz, explicó que la actual Asamblea Nacional no puede nombrar a los magistrados del TSJ porque solo cuenta con 101 diputados, de hacerlo estaría violando el artículo 265 de la constitución que establece que es la mayoría calificada con 111 diputados la que puede hacerlo. “Existen tres tipos de mayoría, la simple que es con 84 diputados, la mayoría calificada de 100 diputados y la calificada de 111 diputados que es la única que puede remover y nombrar magistrados al TSJ, aquí tenemos una violación más”.

Violaciones según Colegio de Abogados y Funpaz

 
Constitución Nacional

 
Artículo 255:

 
El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concurso de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces y juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces y juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o removidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.

Artículo 263:

Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento.

Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.

Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencias jurídicas durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.

Artículo 264:

Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulación Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oirá la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual efectuará la selección definitiva.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.

Artículo 265:

Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.

Artículo 47:

En caso de falta absoluta de un magistrado o magistrada, la Asamblea Nacional procederá a la designación por un nuevo período de doce años, según el procedimiento que preceptúa esta Ley. Mientras se hace la designación, la falta absoluta será suplida, temporalmente, por el o la suplente correspondiente

Además viola el artículo 19 del Reglamento interno del Comite de Postulaciones del Judiciales.

Fuente: El Impulso

Javier Vargas

Lilian Tintori (centre L), wife of jailed Venezuelan opposition leader Leopoldo Lopez, celebrates next to candidates of the Venezuelan coalition of opposition parties (MUD) during a news conference on the election in Caracas early December 7, 2015. Venezuela’s opposition won control of the legislature from the ruling Socialists for the first time in 16 years on Sunday, giving them a long-sought platform to challenge President Nicolas Maduro. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

 
Es cierto que a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le costó hacerse oír en la población venezolana. Pero después de 17 años de caídas y tropiezos, su mensaje de “cambio” atrajo a un electorado azotado por la crisis económica, el cual se expresó el pasado 6 de diciembre con contundencia, propinándole a la revoluciónbolivariana la peor derrota desde su instauración en 1999, reseñó La VerdadSiete millones 707 mil 422 (56,2 %) venezolanos le dieron su voto de confianza a la alternativa democrática, que por primera vez es mayoría y dominará el Poder Legislativo, dejando al oficialismo al borde de la cornisa. Ante ese escenario, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es: ¿cuáles son los restos de la MUD en 2016?

Por muy simple que parezca, Luis Vicente León, director de Datanálisis, asegura que lo más importante para la coalición de partidos que adversan a Nicolás Maduro es “mantener la unidad” pese a las grandes presiones que van a haber internamente. “Es obvio que hay diferentes opiniones entre la población opositora y entre las organizaciones. El problema es que la única manera de poder generar presiones significativas es entendiendo que tu adversario (el Gobierno nacional) tiene diferencias mayores contigo que las que puede tener tus aliados, que no tienen que pensar como tú”.

John Magdaleno, politólogo, coincide con León en que será fundamental “mantener la cohesión y articulación estratégica en medio de un año turbulento, que en virtud de su complejidad puede desafiar la coordinación interna de la coalición”. En un artículo publicado en Prodavinci, afirma que las reacciones que han generado las declaraciones de algunos diputados recién electos sugieren la necesidad de mayor coordinación estratégica y comunicacional.

Las reglas del juego

Para evitar un conflicto interno, Luis Vicente León está convencido de que la Mesa tiene que establecer las reglas mediante las cuales se van a poner de acuerdo los diferentes actores de la coalición. “La democracia no es para lograr consensos sino para dirimir el disenso y eso es clave. Eso significa que hay reglas de juego y que hay que respetarlas”.

Magdaleno cree, incluso, que se debe iniciar “un proceso de transformación de la Unidad”, de modo que pase de ser una coalición esencialmente electoral a un centro de dirección política. “La pregunta que a estos efectos podría orientar los debates internos es: ¿cómo asegurar un mínimo de cohesión, respetando el derecho de cada partido de fijar su lineamiento estratégico?”.

Tal como lo ha demostrado en la etapa postelectoral, el Gobierno intentará bloquear la acción de la Unidad en la Asamblea Nacional. Por eso Magdaleno sugiere que hay que “encarar maduramente los debates internos que se han postergado con motivo de las elecciones parlamentarias. Entre ellos, el debate sobre la estrategia para promover un cambio político por vías constitucionales (mecanismos, recursos, tiempos, etcétera)”.

Sobre ese tema, León cree que el proceso conducirá a la dirigencia a un referendo revocatorio. “Hubiera preferido una canalización de energías para las elecciones regionales, pero creo que va a ser muy difícil evitar que la oposición camine para un consulta en 2016. Al final lo importante es que lo hagan juntos”.

Tareas pendientes

John Magdaleno, politólogo, planteó en una artículo publicado en Prodavinci las tareas pendientes de la MUD:

– Mantener como centro de la agenda parlamentaria la resolución o salida de la crisis económica, la protección de los sectores más vulnerables (sobre todo en el marco de un eventual programa de ajuste macroeconómico) y la reinstitucionalización del país, esto es, el rescate del Estado de Derecho y de las garantías democráticas.

– Anticiparse frente a la posible actuación del resto de los poderes públicos (destinada a bloquear o intentar neutralizar el poder del parlamento).

– Implementar una estrategia que neutralice o haga frente a los intentos del gobierno de avanzar en la dirección del Estado Comunal.

Fuente: La Verdad

Leopoldo Màrquez