La economía venezolana ha experimentado en 2015 su etapa más aciaga de los últimos diecisiete años.

Las principales variables macroeconómicas han sufrido un comportamiento negativo que han conducido a nuestro hermoso país a vivir una grave situación económica caracterizada por la inflación más elevada del mundo, una caída de la producción muy superior a cualquier país de América Latina y unos niveles de escasez y desabastecimiento sin parangón en nuestra historia republicana.

 
Si a  eso le agregamos la aplicación de un modelo socialista que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado aplicar y rechazado en en nuestro, no debería sorprender el resultado de las elecciones del seis de diciembre. De hecho muchas empresas encuestadoras habían pronosticado este resultado desde hace varias semanas.

Ahora bien, desde el punto de vista económico, ¿cuál podría ser el mensaje que enviaron la inmensa cantidad de electores que claman por un cambio? Recordemos que entre los principales flagelos que en este sentido azotan a los venezolanos tenemos el tema de la escasez de alimentos y medicinas, la altísima inflación, la disminución del poder adquisitivo como consecuencia de la anterior, los bajísimos niveles de producción nacional, la precariedad de los salarios, la especulación, el bachaqueo, los casi inexistentes niveles de ahorro, las cuatro tasas de cambio existentes, el no otorgamiento de divisas y otras más, que constituyen el núcleo de esa intención de cambio por el cual los venezolanos acudimos masivamente a ejercer nuestro derecho constitucional. Por lo tanto a la nueva  Asamblea Nacional le han transferido una altísima y nada fácil tarea de, digámoslo así, enrumbar nuestra precaria economía.

Antes de señalar cuáles pudieran ser tales encomiendas, permítanme hacer unas consideraciones previas: Los graves desequilibrios macroeconómicos que desde hace varios años afectan al país no se van a resolver ni a corto plazo ni por obra y gracia de la Asamblea Nacional solamente. El importantísimo papel de ella es legislar y controlar a los demás poderes, pero el órgano que ejerce las políticas públicas y toma las decisiones de política económica es el Ejecutivo Nacional. No obstante, cuando se trata de aprobar leyes de cualquier índole, incluso las económicas, pasa por el filtro de la Asamblea. Y es a estas a las cuales me voy a referir.

El artículo 112 constitucional proclama y protege la libre empresa, la iniciativa privada y la propiedad individual de toda clase de bienes y el artículo 115 garantiza el derecho a la propiedad. El enunciado de estos dos artículos establecidos en nuestra Carta Magna colide con la instauración del modelo económico socialista que por cierto no aparece reflejado en ninguno de los 350 artículos de la Constitución. Este debería ser, en materia económica, el primer gran debate que debería plantearse la nueva Asamblea Nacional. Otro de los temas que debería discutirse, sin orden de importancia, sería una nueva reforma  a la Ley del Banco Central de Venezuela con un doble propósito: primero, exigirle al instituto emisor la publicación de las estadísticas económicas que este año no ha publicado. El país no soporta más oscurantismo banco centralista

Segundo, devolverle la autonomía al Banco Central que la mismísima Constitución le consagró en sus artículos 318 y 320, para que de esa manera suspenda el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de la constante, continua y perversa emisión de dinero inorgánico que tanto daño le ha generado a nuestra economía.

Asimismo, la nueva Asamblea debería debatir la actual crisis de gobernabilidad, desde el punto de vista económico, que se ha generado luego de la caída sustantiva del precio del petróleo, que prácticamente ha dejado al Ejecutivo Nacional sin reales posibilidades de financiamiento ni obtención de nuevos préstamos para mantener el mismo nivel del presupuesto de gastos para 2016. En  este sentido debería exigirle al Gobierno un plan anti-crisis y de estabilidad macroeconómica que hasta este momento no ha presentado.

La nueva Asamblea Nacional debería exhortar al Ejecutivo un replanteamiento integral de todas las decisiones de la política económica que ha aplicado o de lo contrario continuaran las distorsiones macroeconómicas, la escasez, el desabastecimiento, la elevada inflación, el déficit fiscal  y los altos niveles de endeudamiento, entre otras nefastas consecuencias.

La nueva Asamblea Nacional debería modificar la ley que rige a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a fin de que ésta suspenda el financiamiento de tantas áreas distintas a su función medular, como lo es la exploración ,explotación, refinación y distribución de hidrocarburos y sus derivados. Igualmente, debería revisar el convenio con los países del Caribe, a objeto de recuperar tanto el dinero que no se les ha cobrado como el otorgamiento generoso de petróleo que tanta falta nos está haciendo.

Finalmente, pero no menos importante, hay un grupo de leyes que más temprano que tarde deberían ser revisadas y reformadas, tales como la ley de Trabajo, la ley pe Precios, la ley del Banco Central de Venezuela, la ley de la Pequeña y Mediana Industria, La Ley del Inces, La ley de Compras Gubernamentales, y otras más que afectan el desenvolvimiento económico del país.

En suma, la Nueva Asamblea debería constituirse en la gran tribuna donde se discutan los graves problemas económicos que afectan a nuestro país.

Fuente: El Impulso

Hay que hacer algo. La situación se torna insostenible. Todos estamos convencidos, doctos y legos, de que el país requiere un cambio de rumbo, con la excepción del gobierno central, que sigue empecinado en no reconocer el desastre causado por sus políticas económicas desquiciadas.  Ya en 2012 era evidente la crisis y la necesidad de medidas. Serias dificultades con un barril a 103 dólares y un endeudamiento de 30 mil millones de dólares, era signo inequívoco de que iba por mal camino. Hoy son diversos los problemas, todos interrelacionados, conocidos -soportados, parece ser el término correcto- que agobia a los venezolanos y que, de no aplicarse correctivos, pudieran colocarnos al borde del  colapso.

La academia venezolana desde hace tres años viene advirtiendo la peligrosa desembocadura del manejo irresponsable de las finanzas, la fuga de capitales, la indisciplina fiscal y la destrucción del aparato productivo nacional, impulsada  desde Miraflores. La academia anticipó lo que iba a pasar, vislumbró el deterioro la situación económica atendiendo a razones ideológicas, más que al interés  de la nación y sus habitantes. En documentos de dominio público planteó un conjunto de medidas y soluciones, todas desestimadas por las autoridades económicas, pues, según se esgrimió, “pronto se derrotará la guerra económica, con leyes habilitantes  al Presidente”.

Hoy sabemos los resultados catastróficos. Curiosamente, el exministro de Planificación, Jorge Giordani y un grupo de disidentes del partido oficial, junto a destacados economistas que se reclaman seguidores del proceso, entre ellos Felipe Pérez Martí y Víctor Álvarez, también exmiembros del gabinete ejecutivo, coinciden en líneas generales, con lo señalado por la academia y por voceros de la oposición política venezolana. En el estado Lara el destacado profesor Gerardo Álvarez, ha expresado la orientación general del cambio necesario, y algunas medidas relevantes. Está demás decir que el recetario se encuentra en la misma Constitución Bolivariana, respaldado por el sentido común de cualquier administrador.

El punto de partida es el respeto a la propiedad privada. Tanto para empresarios como para los beneficiarios de la Misión Vivienda. Que cese el temor a ser expropiado. Conviene ir adelantando un programa de estabilización económica para detener la inflación y cuadrar las cuentas. El siguiente paso, una vez ganada cierta confianza en los agentes económicos, corresponde emprender un plan de recuperación económica, que defina el salario mínimo vital, el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio de la gasolina. Pero nada puede hacerse sin el concurso del Ejecutivo y sin comprender que se agotó el modelo, que Venezuela avanza hacia una economía post-petrolera, más bien post-rentista, en el sentido que el petróleo no proveerá los dólares que necesita para salir del atolladero. Esto corresponde a la esfera macro-económica y toca a los especialistas el diseño en detalle. Pero hay asuntos apremiantes, que hay que atender, que referimos a continuación.

Hay que enfrentar tres problemas esenciales, urgentes: escasez, desabastecimiento y pérdida del poder adquisitivo del salario. Ello pasa por entender que la riqueza de una nación proviene del trabajo, adoptar medidas para contener la inflación y concertarnos para llenar los estantes. No es tarea fácil. La nueva Asamblea Nacional pudiera ayudar al legislar en torno a detener ya, de inmediato, la emisión de dinero inorgánico para apaciguar la inflación. Para aumentar el abastecimiento debe estimular el compre venezolano y darse prisa en implantar la llamada “ley candado”, para que no siga regalándose petróleo a los países amigos (cerca de 550.000 barriles diarios). Por esta vía se obtendrían divisas necesarias para  apalancar las importaciones y reanimar el aparato productivo.

Muchas cosas hay que hacer, todas requieren concertación y acuerdo entre trabajadores, empresarios, Ejecutivo, legisladores y tiempo para su implementación. Sin embargo, cualquiera sea el rumbo que se elija, para superar la crisis. –o al menos intentar superarla a corto plazo- se requiere cumplir con dos requisitos previos, sencillos, elementales.

El primero se refiere a modificar radicalmente la relación gobierno-empresarios. Mientras el gobierno considere que no hay inversionistas sino explotadores y parásitos, cierra toda posibilidad de recuperación económica. Si trata como enemigo al que produce estamos mal, lo único que haremos es hundirnos más en la recesión y adelantar la probable hambruna que nos espera de no torcer el rumbo a tiempo.

El segundo es categórico, definitivo, respetar el sabio dictado de “zapatero a su zapato”. Cada quien a lo suyo. Hay que acabar con la práctica de pilotos de aviación que son ministros de sanidad, gente sin preparación que se pone al frente de actividades que desconoce. Mientras no haya especialistas en el gabinete económico, difícilmente atinaremos. Es hora de que el gobierno, que se jacta de tener muchas y muy buenas universidades, llame a los que saben. Que deje de confundir innovación revolucionaria con improvisación irresponsable.

Juan José Pérez Sánchez

Fuente: El Impulso