Hoy, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional, la realidad enfrenta a los venezolanos con una economía en bancarrota: los niveles de inflación más altos de la historia contemporánea, la escasez más profunda que se haya visto en el último siglo, una caída de la actividad económica que dificulta a los emprendedores ser productivos y un descenso en la calidad de vida que se evidencia en la poca capacidad de compra que tiene ese trabajador que paradójicamente camina sobre las reservas petroleras más grandes del planeta.
Con pronósticos negativos para 2016 y un precio del petróleo que no parece recuperarse hasta pasado el año 2020, Petróleos de Venezuela enfrenta dificultades para poder aumentar la producción y así cubrir el hueco fiscal que tienen las cuentas de la nación.
La semana pasada se pudo conocer de manera extraoficial que el Índice Nacional de Precios de noviembre, que mide el Banco Central de Venezuela, cerró en 17,8%, lo que significa que entre enero y noviembre la inflación fue de 219,4%.
Los pronósticos de las firmas nacionales e internacionales son poco alentadores. Bank of America Merrill Lynch calcula que la caída del consumo llevará a que el índice de precios se sitúe en 68% en 2016, debido al descenso en el consumo que, según Barclays Capital, se calcula en 4,3% el año próximo. La estadounidense JP Morgan prevé una inflación, en promedio, cercana a 175%.
La firma Ecoanalítica asegura que de permanecer la economía bajo las premisas de política económica del status quo; es decir, sin cambios como hasta ahora, los precios pueden llegar, en promedio, a un alza de 296,5%.
Considera que en caso de que se origine una transición con el chavismo al frente, los precios aumentarían hasta 830%. Sin embargo, si el gobierno decidiera tomar medidas la inflación cerraría el año en 360,2%. Para la firma el escenario más positivo es si se origina una transición con la oposición al frente. No obstante, esto no impediría que los precios aumenten hasta 152%, en promedio.
Con escenarios en los que la economía parece no reaccionar y los indicadores de escasez no mejorarán en el corto y mediano plazo, la pregunta es la siguiente: ¿Qué puede hacerse? Al respecto, un grupo de economistas de distintas generaciones y con diferentes formaciones académicas nos da su opinión sobre cómo enderezar la economía venezolana a partir de la nueva integración de fuerzas política dentro de la Asamblea Nacional
Frenar la crisis
“Estamos a las puertas de una crisis de gobernabilidad económica que si no se conjura a tiempo degenerará en una grave crisis social y de ingobernabilidad política. Hay que comenzar por sincerar el precio de la gasolina, unificar el régimen cambiario y por implantar una regla fiscal para que el Parlamento no reciba presupuestos con un déficit mayor a 5%”, afirma el economista Víctor Álvarez.
Asegura que hay un grupo de 10 normas que deben ser reformadas como la Ley del Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley del Banco Central de Venezuela para que se sustituya el Fonden por un Fondo de Estabilización Macroeconómica. Agrega que debe cambiarse la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la Ley de la Pequeña y Mediana Industria, y la Ley de Compras Gubernamentales “para sustituir los millardos de dólares que anualmente el gobierno destina a importar lo que perfectamente se puede producir en el país”.
En su opinión también debe cambiarse la Ley de Repatriación de Capitales y la Ley del INCE.
Controlar gasto
“Lo primero es que hay que sincerar el presupuesto para que el nivel gasto público sea más transparente y esté bajo la lupa de la Asamblea Nacional y no concentrado en entidades extra presupuestarias. El ‘bochinche’ fiscal en Venezuela se ha dado en el gasto que no controla la Asamblea porque esta fuera del presupuesto. El Parlamento debe ponerle coto a esto. Debe también obligar a Pdvsa a concentrarse en su actividad medular, que es la petrolera. Todo gasto distinto al relacionado con esa actividad que quiera realizar el Estado lo tiene que hacer a través del gobierno central o por medio de los gobiernos regionales”, indica el economista Ricardo Penfold.
Destaca que se debe discutir una ley de endeudamiento público que incluya a las empresas públicas y entidades financieras del Estado. Señala que las transferencias a los gobiernos regionales tienen que ser más transparentes. “Actualmente están estructuradas para que estén casi totalmente a discreción del Ejecutivo”, dijo. Propone hacer una unificación cambiaria.
Eliminar controles
“Hay que liberar inmediatamente las fuerzas productivas al asegurar los derechos de propiedad que eliminen las expropiaciones y los controles innecesarios. Esto reanimaría inmediatamente al sector privado que trabaja actualmente a menos de 25% de su capacidad instalada. Hay que desmontar el irracional control de cambio. Se debe devolver la independencia al Banco Central de Venezuela y evitar la creación de dinero inorgánico para financiar el gasto público deficitario y ordenarlo según criterios técnicos, el voluminoso y dispendioso gasto improductivo”, expresa Héctor Silva Michelena, economista y profesor universitario.
Agregó que hay que eliminar los controles de precios y las fiscalizaciones represivas, así como modificar radicalmente la Ley de Sundee, e interpelar a los directivos de Pdvsa para conocer a ciencia cierta cómo utilizan los dólares recibidos de las exportaciones.
Silva Michelena destaca que se hace necesaria una unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para disminuir la inflación y generar expectativas favorables a la inversión.
Divulgar cifras
“En materia económica no hablo de resultados instantáneos, pero es mucho lo que puede hacerse en la formulación de leyes que estimulen la inversión privada y una apropiada rendición de cuentas. Pueden tomarse acciones que garantice la rendición de cuentas a través de las interpelaciones y la divulgación de contratos que los ciudadanos hoy desconocen. Podría presionarse para difundir toda la información estadística que se ha mantenido a oscuras de la ciudadanía. Incluye la gestión fiscal, la encuesta de hogares, la actividad de los sectores de la economía, los costos de todos los bienes y servicios que permiten al aparato productivo planificar, el detalle de los contratos de Bandes y China, y los activos del país (su calidad, composición, y ubicación). Todo ello es un importante freno a los intereses depredadores de la renta nacional”, indica la economista y analista financiera Tamara Herrera.
Considera importante lo que puede lograrse a favor del equilibrio comunicacional que brinde a los ciudadanos el derecho de estar informados de manera veraz y preserve la justicia a la población.
Rendir cuentas
“La nueva AN debe centrar sus esfuerzos en tres áreas fundamentales: la primera es la interpelación de los ministros y la rendición de cuentas, destacando la evaluación de las medidas económicas tomadas y las acciones qué se van a tomar para revertir la situación de crisis. La segunda es que debe darse un mayor control sobre la ejecución presupuestaria. Se deben precisar las fuentes de tales ingresos y ejercer mayor control sobre los recursos extraordinarios. La tercera es exigir transparencia y prontitud en la publicación de las estadísticas oficiales y dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, además de ser necesario para la evaluación de las políticas públicas”, afirma el economista Asdrúbal Oliveros, quien considera que el Parlamento debería iniciar una discusión entre gobierno, empresarios, gremios, sindicatos, entre otros, para hacer una evaluación de las leyes que más afectan la actividad económica y propiciar su modificación. Entre las más urgentes destacan la Ley del Trabajo, Ley de Costos y Precios Justos, Ley de Inversiones y de ISLR.
Más transparencia. “Yo no soy muy optimista sobre las posibilidades de cambiar el rumbo económico sin un cambio en el liderazgo político. El resultado de la elección cambia las relaciones de poder en Venezuela. Si la oposición prueba ser una mayoría clara, puede estar abriendo las puertas a una transición política y así, con una eventual nueva administración, podríamos tener reformas económicas que reduzcan las distorsiones. La Asamblea tiene funciones de fiscalización y contraloría que pueden obligar al Ejecutivo a rendir cuentas y tener un manejo más transparente de los recursos, así podríamos tener una idea un poco más clara, por ejemplo, de la situación de las finanzas públicas, la actividad económica e inflación. Se podrían presionar para tener una mayor disciplina fiscal y así contener la monetización que genera la inflación”, manifiesta el economista Alejandro Arreaza.
Para el experto, las decisiones de política económica son competencia del Ejecutivo y no del Legislativo: “No es la Asamblea a la que le corresponde hacer una reforma del sistema cambiario o justar el precio de la gasolina”.
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