Las ONG Un Estado de Derecho y Monitor legislativo establecieron una serie de compromisos que deben abordar los diputados que serán electos el 6 de diciembre. La agenda se centra en hacer contrapeso al poder y resolver entuertos legislativos que han contribuido a la desmejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estos son los cinco aspectos que consideran fundamentales
1. Disolver el monopolio ineficiente de los servicios
En Chacao el suministro de agua potable no es continuo. Hay sectores del municipio capitalino donde solo se presta el servicio tres veces a la semana. “Durante el día no hay agua, solamente en la noche reestablecen el servicio. Tampoco los fines de semana se presta con regularidad”, dice María Eugenia Ginés, vecina de Bello Campo.
Con la aprobación de la Ley Orgánica para la Prestación y el Control de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial número 5568 de fecha 31 de diciembre de 2001, se despojó de esta competencia a los municipios. La centralización del servicio ha conllevado a trabas en su administración. El 31 de octubre de 2014, el Tribunal 19 del Área Metropolitana de Caracas admitió una demanda contra Hidrocapital, presentada por el alcalde Ramón Muchacho y el Concejo Municipal de Chacao, por fallas en la prestación del servicio; pero aún no han obtenido respuestas.
No es solo Chacao. En municipios como El Hatillo y Baruta también se presentan fallas derivadas de la centralización del servicio de agua, pues constantemente deben esperar que Hidrocapital repare las fallas.
Pero el agua no es el único servicio monopolizado por el Ejecutivo nacional. Los municipios tampoco cuentan con competencias en la administración de la energía eléctrica desde que fue aprobada la Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, publicada en Gaceta Oficial número 38736, el 31 de julio de 2007. Según el informe de Un Estado de Derecho, existen, al menos, tres artículos de esta normativa deberían derogarse para mejorar el suministro de luz en el país. Destaca el artículo 8 que señala: “El Estado, de acuerdo a la competencia que le establece la Constitución, por razones de seguridad, defensa, estrategia y soberanía nacional, se reserva las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, a través del operador y prestador del servicio; así como la actividad de despacho del sistema eléctrico”.
Con este artículo se establece el monopolio del Estado sobre la generación y suministro de energía eléctrica. “Los problemas de alumbrado eléctrico en calles y carreteras en todos los municipios del país, así como averías y fallas en los sistemas de transmisión podrían ser atendidos por las alcaldías con la urgencia y la celeridad que exija cada caso concreto”, agrega el informe.
2. Soltar las amarras de la seguridad ciudadana
La Policía de Baruta se mostró indefensa el pasado 27 de septiembre. Ese domingo, en la madrugada, seis agentes y cuatro civiles resultaron heridos por el impacto de dos granadas lanzadas por un grupo de delincuentes entre El Rosal y Las Mercedes. “Es una situación a la que están expuestos los cuerpos policiales municipales y estadales del país, al haber sido limitados a utilizar solo pistolas 9 milímetros y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios cuando se aprobó la resolución 17.350, publicada en Gaceta Oficial número 39627 de fecha 13 de febrero de 2011, emanada del Ministerio de la Defensa”, explica el abogado Luis Izquiel, experto en seguridad ciudadana.
Para la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la asociación Control Ciudadano, es obligación del nuevo parlamento devolver competencias a los municipios e incrementar el presupuesto a los cuerpos policiales autónomos: “La llave maestra para mejorar la seguridad ciudadana es la descentralización. Esto fortalecería su desempeño, al darle mayor autonomía y agilizar sus funciones”.
El artículo 332 de la Constitución establece que la función de los órganos de seguridad ciudadana es una competencia concurrente con los estados y municipios, sin embargo actualmente 235 municipios en Venezuela carecen de policía propia y tienen un déficit de 60.000 funcionarios. Según la especialista, hay normativas aprobadas por la Asamblea Nacional que restringieron la posibilidad a los cuerpos policiales municipales de ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía. Señala a la Ley Orgánica del Servicio Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana como una de las responsables de entorpecer el funcionamiento de los grupos de seguridad. “Esta norma solamente quitó competencias en materia policial a los municipios, al subordinarlos a las órdenes del Ejecutivo nacional”, indicó.
De acuerdo con un informe de Un Estado de Derecho, esta ley tuvo consecuencias graves en la operatividad de las policías municipales. “Tanto en materia organizativa como preventiva, los funcionarios que integran las policías municipales se han visto en la obligación de acatar normas y directrices impuestas por el Poder Nacional, bajo amenaza de sanción disciplinaria en caso de incumplimiento, dándose así el inconveniente supuesto de estar sometidos a dos superiores, el alcalde y el ministro (de Relaciones Interiores, Justicia y Paz) al momento de efectuar operativos, atender una emergencia, practicar arrestos o efectuar patrullajes, siendo al final el alcalde el que pierde toda autoridad ante la policía”, agrega el documento. Los artículos 1, 7, 17 y 42 de esa ley se convierten en amarras al establecer la sujeción al poder nacional de la responsabilidad en materia de policía.
La seguridad ciudadana también es uno de los compromisos que la ONG Monitor Legislativo exige al nuevo parlamento. Entre las propuestas a los diputados está elevar a 10% el porcentaje dentro del presupuesto nacional para el control y prevención del delito, que en la actualidad está en 1%. El grupo de ONG señala otros tres textos legales que se deben someter a revisión: el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar los beneficios procesales y disminuir el retardo procesal y disminuir el número de tipificaciones delictivas y disminuir las penas en delitos no violentos para focalizarlo a los delitos violentos que afectan directamente a los individuos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo para que cese de ser utilizada como instrumento sancionador de la disidencia política.
3. Luchar contra la corrupción, la opacidad y la impunidad
La plataforma de ONG que integra Monitor Legislativo fijó una serie de compromisos para los nuevos parlamentarios orientados a una de las funciones vitales de la instancia legislativa: el control del poder. Entre las reformas que plantean están la de la Ley Contra la Corrupción para incluir exigencias de las Convenciones contra la Corrupción, entre ellos: delitos y sanciones contra nepotismo; obligatoriedad de publicación de declaración de patrimonio y de intereses y sanciones por incumplimiento. La plataforma también señala la necesidad de que se aprueben los proyectos de ley de Acceso a la Información Pública, basado en la ley modelo de OEA; de Rendición de Cuentas y de Protección de Denunciantes.
La ONG Espacio Público, que forma parte de la coalición, también señala una serie de reformas legales pertinentes para fortalecer la libertad de expresión: La Ley Resorte (Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones deben ajustarse a criterios cónsonos con la libertad de expresión y debe garantizarse la autonomía e independencia de Conatel como ente rector. Además, del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar se deben eliminar los delitos que penalizan las ofensas a los funcionarios públicos y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación para reducir las zonas de seguridad en las cuales se prohíbe la realización de manifestaciones públicas y adecuarla a los criterios de libertad de expresión y libertad de reunión pacífica.
Otros tres asuntos requieren de leyes nuevas: la prohibición del uso de armas de fuego y gases tóxicos en el control de manifestaciones públicas, la regulación de los medios públicos, y la regulación de las transmisiones oficiales en radio y televisión.
4. Autocontrol dentro de la Asamblea Nacional
La Asamblea saliente comenzó su período con un reglamento hecho a la medida de la circunstancia política, en la que la oposición logró obtener una buena tajada de las curules. Las reglas actuales dentro del Parlamento someten a un cuerpo de debate a la discrecionalidad del presidente. Monitor Legislativo señala que es necesario reformar el Reglamento de Interior y Debates para, entre otras cosas, eliminar la dependencia de la discrecionalidad del presidente de la AN del acceso al apoyo técnico al que tienen derecho los diputados de todas las tendencias políticas; eliminar la actual prerrogativa de quien ejerza la mayoría en la AN de designar y reservarse para sí las Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones permanentes; eliminar la potestad del presidente de la AN de condicionar el derecho de palabra de los diputados; incorporar un procedimiento para la revisión y revocatoria de actos parlamentarios, con mayorías ajustadas a la Constitución; establecer límites materiales y temporales a la aprobación y otorgamiento de la Ley Habilitante al presidente de la República, y revisar y revocar donde proceda las designaciones inconstitucionales de noviembre de 2014 de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral, y efectuar nuevas designaciones.
5. Apuntalar los dudosos cimientos de la Misión Vivienda
Con la aprobación de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional de la Ley Habilitante a finales de 2010 se facultó al presidente Hugo Chávez para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley, en función de atender la emergencia habitacional ocasionada por las lluvias. Hoy, muchas de las obras producto de esos decretos son cuestionadas por expertos. Ciudad Caribia, en el estado Vargas, y las edificaciones de la avenida Libertador, en Caracas, son algunos ejemplos. Estos complejos fueron construidos sin el consentimiento del Colegio Ingenieros de Venezuela por violar la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Ley Orgánica del Ambiente, normas sanitarias y los códigos de construcción, control e inspección de la calidad de las obras y las ordenanzas municipales. “El balance de este programa habitacional es muy dramático. La mayoría de las acciones están contra los criterios universales de modernización y gestión de la vivienda. La idea es que se construyeran viviendas de calidad, que no violaran las ordenanzas municipales de zonificación”, indica el arquitecto Leopoldo Provenzali.
El informe de Un Estado de Derecho señala que las leyes municipales (denominadas “ordenanzas”) fueron violadas por el Poder Nacional mediante Decretos-Ley que regulan la ocupación de terrenos con fines de vivienda, de la política pública “Gran Misión Vivienda” y de decretos de “expropiación”. Este documento agrega que el Ejecutivo nacional, mediante la legislación vigente en esta materia, ha planteado un “falso dilema entre la construcción de soluciones habitacionales para personas sin vivienda propia y el respeto a la legalidad municipal urbanística y la protección de los derechos a la vida, integridad y acceso a servicios públicos de calidad de las personas, que corresponde a la próxima Asamblea Nacional resolver y superar”. Para el abogado Armando Rodríguez es prácticamente irreversible el daño hecho por la violación de las ordenanzas municipales. “La posibilidad que tiene la próxima Asamblea Nacional es abrir investigaciones acerca de la violación de las normativas de construcción de viviendas”, explicó.
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