Con la presencia de empresarios, representantes de gremios e interesados en general los economistas Asdrúbal Oliveros, Ángel García Banchs y el politólogo John Magdaleno disertaron sobre el entorno económico y político, el escenario para el 2016 y como lo deben enfrentar el sector empresarial en el contexto de Reto Empresarial 2015, actividad presentada por el grupo SAC y organizada por M&D Conference.

Las ponencias comenzaron con Ángel García Banchs, director de Econométrica.

 
En opinión de García Banchs ha sido un total error mantener el sistema de control de cambio y ya no se puede contener, se debe dar paso a la asignación de divisas en un mercado libre, con una Banco Central Venezuela subastando divisas y el mercado determinando el valor de cambio.

La legalización del mercado de divisas y la unificación cambiaria, conduciría al dólar ilegal a una disminución a un valor similar al de Simadi, para después lograr una sola tasa de cambio.

En ese proceso de cambios que debe asumir el gobierno para que en el 2016 no se viva una situación más crítica de la actual, señala que es necesario llamar a la banca para un proceso de consolidación; que los bancos pequeños se puedan unir a los grandes, pero que también se dé una redistribución de los depósitos oficiales que hasta ahora se han hecho de muy mala manera.

Levantar las tasas de interés activas probablemente 10 puntos indicará al mercado que podría venir un periodo de interés.

“Todo se puede lograr de forma ordenada y Venezuela cuenta con personal capacitado no sólo entre la oposición sino del oficialismo, el punto es querer dar esos cambios y tener presente que la crisis se les metió a la casas de los ciudadanos con la escasez”.

Para el economista, independientemente de los resultados de las elecciones parlamentarias el país tendrá que vivir cambios, porque los ciudadanos lo reclaman. La situación no da para que se siga sosteniendo el régimen de control de cambio. Lo que será determinante es saber en cuál trimestre se darán esos cambios.

El director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, sí considera que el escenario de 2016 va a estar impactado por lo que suceda en lo político, específicamente con las elecciones del 6 de diciembre y como pueden desencadenarse algunos acontecimientos.

“Si el resultado es el que están reflejando las encuestas y existe una confrontación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo será perjudicial para la economía, pero si por el contrario, a partir de las elecciones podría generarse un tipo de incentivo para lograr medidas comunes y sacar la economía adelante, se podría tener un escenario menos duro que el de hoy día”.

Aunque aclara que de mantenerse el control de cambio por parte del Gobierno nacional el escenario del 2016 sería peor que el de 2015, porque el margen de maniobra del Gobierno es más limitado, tiene menos capacidad de cerrar su brecha fiscal. “El año que viene el Gobierno tiene un déficit de caja de 15 mil millones de dólares y no se sabe cómo va a cerrar esa brecha”.

No cree que los ingresos por concepto de la exportación de petróleo sean más altos que los de este año.

A propósito de las últimas medidas que ha tomado el Gobierno como la Reforma a la Ley de Precios Justos para el economista lo único que dejará es que se exacerbe el problema de escasez, que es bastante grave y en algunos rubros supera el 60%, a su juicio con medidas punitivas no van a solventar la situación, por el contrario se resuelve estimulando la inversión, flexibilizando las políticas de control y entendiéndose con el sector privado.

estiman que la inflación cierre en 205% y el año que viene dependerá del escenario político electoral, si es conflictivo puede superar el 500%, si por el contrario se comienzan a tomar medidas puede ser que la inflación esté por el orden del 150%.

Fuente: El Impulso

En el marco de la celebración del Salón de Chocolate de París, la Fundación Nuestra Tierra presentó la conferencia titulada “Sentido y Chocolate de Venezuela”.

Leudys González, presidente de la institución, expresó que “Es posible elaborar un excelente chocolate, 100% orgánico, fino de aroma en base al cacao que se cosecha en Venezuela y es por ello que continuamos con nuestra misión de exponerlo al mundo”.

González destacó la labor que viene realizando el país en materia de siembra, resaltando el interés de rescatar la mano productora y mejorar las técnicas de recolección del producto, para así obtener mayor y mejor cacao. También enfatizó las actividades que impulsa la fundación, principalmente el programa de “Buenas prácticas agrícolas”, que se dedica a educar al productor sobre todo el proceso correcto, desde la siembra hasta la cosecha. Indicó que el trabajo que viene realizando junto a su equipo tiene  como propósito mostrar al mundo que en Venezuela no sólo se cosecha buen cacao, en sus diferentes variedades, sino que además es posible elaborar un excelente chocolate, 100% orgánico.

Agregó que entre la planificación de actividades que la Fundación Nuestra Tierra tiene para dar a conocer el cacao venezolano por el resto del mundo, se encuentra el Europain & Intersuc, encuentro también conocido como Salón Mundial de la Panadería Glaceada, Chocolatería y Confitería de París, que se llevará a cabo en febrero de 2016. En el evento los artesanos venezolanos, junto a la Fundación Nuestra Tierra, podrán colocar sus productos en vitrinas, conocer otras ofertas del mercado y conquistar nuevos clientes.

Fuente: El tiempo

Resulta tarea nada fácil comentar y/o analizar una ley tan compleja como esta en un solo artículo de opinión. Trataremos de ser lo más conciso posible. Recordemos que la primera de las tres leyes que sobre este tema se han decretado se publicó en Gaceta Oficial N° 39.715 del 18 de julio de 2011, la segunda se publicó en Gaceta Oficial N° 40.340 de  fecha 23 de enero de 2014, y la última se acaba de publicar en Gaceta Oficial N° 6.202 Extraordinaria el 8 de noviembre de 2015. En esta entrega intentaremos analizar las consideraciones que dieron lugar a esa ley  que ha regulado y transformado la conformación de precios en una economía tan imperfecta como la nuestra. En posteriores entregas comentaremos la recién publicada hace tres semanas.

En primer lugar, debemos señalar que el título de esta ley incorpora el término “justos”, el cual podría interpretarse de varias maneras, a saber: primera, la determinación de costos y precios de bienes y servicios en el país han sido “injustos” hasta la promulgación de esta ley? Segunda, a partir de este momento, tanto los costos como los precios serán “justos”?. Tercera, esta ley determinara, a partir del 2011, la fijación del sistema de precios, sustituyendo los mecanismos naturales del mercado por las decisiones administrativas del Estado, en su afán de querer controlar todo. Como decía Vladimir Ilich Lenin: “Tanto estado como fuese necesario y tanto mercado como fuese posible” y cuarta, en el artículo 31 ordinal 20 de la primera Ley publicada en el 2011, se señala que “los costos y precios justos determinados por La Superintendencia Nacional de Costos y Precios…. se reputan correctos….”, correspondiéndole al interesado demostrar lo contrario. Es importante señalar que en el último decreto publicado el 08 de noviembre del año en curso, este artículo se sustituye por uno nuevo, el articulo 26, el cual señala que “los precios determinados  y fijados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos…serán de obligatorio cumplimiento y se reputaran validos salvo que el acto que los hubiere determinado fuere impugnado y tal impugnación fuera declarada con lugar”. Como dirían los abogados, se invierte la carga de la prueba.

 
Estas preliminares consideraciones nos conducen a algunas dudas razonables de carácter doctrinario: ¿quién debería fijar los precios en nuestra economía: el mercado, el estado o ambos? En otras palabras: ¿economía capitalista o economía socialista? ¿Cuál de las dos está prevista en nuestra Constitución?, ¿si el mercado fija precios, estos son considerados injustos?, ¿si los fija el Estado entonces sí son justos?; y finalmente ¿qué es un precio justo?

Por vía de ejemplo: ¿son justos los precios que el gobierno solicita para fijar una banda entre 70 y 80 dólares el barril de petróleo?

En segundo lugar, la exposición de motivos de la primera versión o el verdadero origen de esta ley presenta  de manera inédita un conjunto de considerandos que lejos de ser premisas jurídicas, económicas o sociales, se transforman en señalamientos y cuestionamientos al sistema productivo venezolano que intenta desacreditarlo y ponerlo en tela de juicio y responsabilizando de casi todos los males que afectan a nuestra precaria economía. Así por ejemplo, consideran quienes redactaron esta ley que la misma se justifica por “los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía” y que “las asimetrías de los agentes en la dinámica económica han derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores. “

Así mismo exponen que “la generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados…” A la luz de las anteriores consideraciones, nos surgen un conjunto de interrogantes: ¿El poder monopólico al cual se refiere la ley es el del sector privado o el del sector público? Si bien  reconocemos que las prácticas monopólicas son contrarias a las leyes  de la economía y sancionadas por nuestra Constitución, existe en nuestro país un monopolio estatal en la producción de muchos bienes y servicios que se han exacerbado en los últimos dos años.

La gran pregunta que deberíamos hacernos es si el monopolio estatal garantiza un precio justo de la inmensa cantidad de productos que ofrece el gobierno. Es necesario recordar  acá que los  precios a los cuales vende el estado no guardan ningún tipo  de relación con la estructura de costos a la cual se producen tales bienes y servicios, ejemplo de ello son el petróleo, la gasolina, el hierro, el aluminio, la electricidad y el agua entre muchos otros. De hecho, el estado subsidia absolutamente todos los bienes que ofrece a través de sus ahora grandes cadenas de distribución y ventas y lo hacen con el único fin de que esos productos puedan ser adquiridos por la población de más bajos ingresos.

Esto no es nuevo, se ha hecho en nuestro país desde finales de la década de los cincuenta. Es entonces importante entender que los precios a los cuales vende el estado sean muy inferiores a los que ofrece el sector privado. ¿Es esto competencia desleal?:de ninguna manera. . Se aprovecha el estado de esta ventajosa situación para desacreditar al sector productivo?, utiliza el estado estos subsidios con fines Políticos: Por supuesto que sí.  Y finalmente pero no menos importante: ¿Sabe la población de más bajos ingresos que está adquiriendo productos altamente subsidiados por el estado?

Para finalizar pudiéramos señalar que una de las principales preocupaciones en materia económica de cualquier gobierno es el combate a ese impuesto perverso denominado inflación. Casi todos los países que han logrado controlar este flagelo lo han hecho a través de decisiones , aunque muchas veces fuertes, de política monetaria astringente (absorción del exceso de liquidez), disciplina en materia fiscal (que resulta harto difícil a gobiernos populistas) y sinceracion en materia cambiaria (altamente condicionado en años electorales) y sobre todo, incentivando y promoviendo la producción nacional a fin de permitir una mayor oferta de bienes en el mercado. Lejos de ello, el gobierno nacional ha optado por ejercer una mayor política de controles, tal como la Ley de  Costos y Precios Justos, en la errónea concepción que estableciendo más controles será más expedito regular los precios en la economía. Lamentablemente, los hechos han demostrado lo contrario.

Fuente: El Impulso