“Operación Manuel Rosales vas preso”. Así denominó el presidente Hugo Chávez, en un acto público que se llevó a cabo el 25 de octubre 2008, la persecución penal que inmediatamente se emprendió contra el fundador de Un Nuevo Tiempo, para ese momento alcalde de Maracaibo.
“Este es peor que Don Vito Corleone. Tiene más de once fincas y una casita de millón y medio de dólares, y las que tiene que nadie sabe, y las cuentas en el exterior. Yo les voy a decir algo que es todavía más contundente de lo que he dicho. Yo estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales”, expresó en ese entonces el fallecido jefe del Estado. Sobre la base de estos señalamientos, que han sido elevados a la consideración de los tribunales venezolanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado defensor Jesús Ollarves afirma: “Rosales es el primer preso político reconocido como tal por el gobierno”.
Ollarves considera que las irregularidades observadas en el proceso penal contra Rosales permiten verificar el uso de la Fiscalía y de los tribunales para aniquilar políticamente a los críticos del gobierno y, en ese sentido, es clave que el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Suprema de Justicia Eladio Aponte haya confesado públicamente que él se encargó de urdir el fraude procesal contra Rosales. Además, José Luis Pirela, que fungió como denunciante, también admitió que fue coaccionado por Aponte para perjudicar al dirigente opositor, que está preso en la sede del Sebin en el Helicoide desde que regresó a Venezuela, el 15 de octubre.
“En la etapa de investigación la Fiscalía se negó a recibir las pruebas que desvirtuaban la imputación por enriquecimiento ilícito. Desde que el caso estuvo en la Contraloría General de la República se consignó la declaración y pago de impuesto sobre la renta de los 147.389,97 bolívares correspondientes a una supuesta inconsistencia en su declaración jurada de patrimonio”, aseguró el abogado.
El defensor confía que el juez 19 de Control, Jesús Pérez Farías, corrija los vicios en la audiencia preliminar convocada para el 10 de diciembre.
Según Ollarves, Rosales no pretende ocupar cargos públicos (de hecho, sobre él pesan dos inhabilitaciones políticas) y que regresó al país para consolidar el triunfo de la oposición el 6 de diciembre.
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