Este martes, la esposa del Alcalde Metropolitano de Caracas, Mitzy Capriles, consignó ante la oficina de Naciones Unidas en Caracas un documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos donde  pide establecer un mecanismo de diálogo con el Gobierno venezolano para que cumpla la Resolución de dicho organismo que exige la libertad de  Antonio Ledezma y de otros presos políticos.

Acompañada por los abogados de la defensa, la Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández, el ex Embajador Milos Alcalay y el diputado Richard Blanco, Capriles de Ledezma catalogó de contradictoria la visita que realizará el presidente Nicolás Maduro el próximo jueves a la sede del Consejo de DDHH en Ginebra, al tiempo que solicitó que, su intervención en el seno de este organismo, no sea un monólogo.

«El Gobierno del señor Maduro no acata las Resoluciones emanadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero ha solicitado ser recibido en Ginebra el día 12 de noviembre. Como esposa de Antonio Ledezma, no me opongo a la solicitud de Maduro, pues todas las personas tienen derecho a la defensa, así que si el Presidente de Venezuela siente la necesidad de defenderse a sí mismo y a su Gobierno, no vamos a pedir nosotros que se le coarte tal derecho. Sin embargo, estimamos que su comparecencia no debiera convertirse en un monólogo”, expresó.

No obstante, Capriles de Ledezma  exigió al Gobierno Nacional responder las dudas del pueblo venezolano y aseguró que “si no lo hace de manera espontánea, que los integrantes del Consejo de DDHH se lo exijan”.

“¿Por qué su Gobierno ha practicado más de 300 detenciones arbitrarias, que llegan a 3 mil tomando en cuenta aquellas personas que están aún bajo régimen de presentación? ¿Por qué su Gobierno se niega a hablar con las víctimas de tales violaciones? Y ¿Por qué si está tan interesado en hacerse oír por dicho Consejo de DDHH, no ha permitido que una delegación de este organismo dialogue con las autoridades de Venezuela?”, como lo solicitó el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria, al detectar un “patrón sistemático de detenciones arbitrarias en Venezuela”, dijo Mitzy de Ledezma.

Por su parte, el abogado de la defensa, Omar Estacio, pidió a Maduro recibir a las misiones de Naciones Unidas, como lo recibirán a él en Ginebra.

«En virtud del principio de reciprocidad, le exigimos al Gobierno de Venezuela que así como se recibe al Jefe de Estado en Ginebra, se reciban en Caracas las misiones del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria que han propuesto al gobierno, no una ocupación con Cascos Azules al país, sino entablar un diálogo constructivo de modo que cesen estas conductas sistemáticas con más de 300 detenciones arbitrarias constatadas por Naciones Unidas”, señaló Estacio.

Es necesario recordar que el pasado 3 de septiembre el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria, adscrito al Consejo de DDHH de la ONU emitió una Resolución en la que destacan que:

* La detención del Alcalde Antonio Ledezma es arbitraria conforme a los métodos que ha establecido este  grupo.

* El Alcalde debe ser liberado de forma inmediata y que debe observársele una reparación justa, integral, adecuada conforme a lo dispuesto en el  artículo 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

* En la República de Venezuela existe un patrón sistemático de detenciones arbitrarias que debe ser proscrito

* El Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los venezolanos y de quienes viven bajo su jurisdicción a no ser arbitrariamente privados de su libertad.

«Fueron más de 22.000 personas», recalcó el presidente de Colombia en un consejo de ministros en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Consideró «muy positivo» el balance de la atención a sus compatriotas expulsados y retornados de Venezuela. El sábado se cerró en Cúcuta «el último de los albergues creados».

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró hoy «satisfactorio» y «muy positivo» el balance de la atención a sus compatriotas expulsados y retornados de Venezuela tras el cierre de la frontera común, y cifró en 22.000 las personas que llegaron procedentes del vecino país.

Santos confirmó que el sábado se cerró en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander y por donde fue clausurado el pasado 19 de agosto el paso hacia el estado Táchira, «el último de los albergues creados» para atender a los «compatriotas que fueron deportados o que se vinieron de Venezuela», destacó la agencia Efe.

«Y fueron más de 22.000 personas», añadió el gobernante, que hoy encabezó un consejo de ministros en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Indicó que su Gobierno destinó 20.000 millones de pesos (unos 6,8 millones de dólares) en atender a más de 6.000 personas que se instalaron en albergues temporales en Cúcuta.

«Ahí se ofrecieron alojamiento, alimentación, salud, no hubo problema ninguno en ese proceso», resaltó Santos.

Agradeció la labor de todos

Indicó que el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) «fue muy positivo y muy satisfactorio» y agradeció la labor de todos los que «ayudaron para afrontar este problema», que, aseguró, hoy están «cerrando con total éxito».

Santos mencionó, entre otros logros, el traslado de casi 3.000 familias y sus enseres a sus lugares de origen y la entrega de subsidios de arrendamiento para otras 4.800 familias, entre otros.

Aseguró que la activación del corredor humanitario para la educación «permitió el regreso a clases de casi 1.500 niños y niñas que afortunadamente no perdieron colegio».

El 19 de agosto pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre del paso entre Norte de Santander y Táchira, el de mayor movimiento entre ambos países, como parte de las acciones para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

La medida se extendió posteriormente a los pasos que comunican a los departamentos colombianos de La Guajira y Arauca con los estados de Zulia y Apure, respectivamente.

EL UNIVERSAL

EL vicepresidente de la República, Jorge Arreaza sostuvo una reunión con el Comando de Precios Justos en la que dio un balance sobre la aplicación de las regulaciones que están contempladas en la segunda reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Durante un contacto por el canal del Estado, Arreaza explicó las acciones que están estipuladas como delitos en esta nueva reforma, la cual fue publicada en Gaceta este lunes, así como las penalizaciones que tendrán los infractores de esta ley.

 
El también líder del Comando de Precios Justos afirmó que en esta norma se estandarizan nuevos delitos y se estipulan más sanciones contra lo que “atente contra el patrimonio público”, una de ellas será la incautación de bienes del infractor.

Explicó que aquellas transgresiones que tengan que ver con el mal uso de las divisas del país o con la colocación de productos a sobreprecio, a pesar de haber si adquiridos con divisas preferenciales,serán sancionados con la confiscación.

“Quien cometa infracciones con las divisas del pueblo será penado con la confiscación”, aseguró e indicó que las personas que revendan “nuestros productos a precio justo con sobreprecio puesto por la Sundde, también será sometido a la confiscación de sus bienes”.

Asimismo, señaló que el acaparamiento y la especulación serán penalizados con 8 ó 10 años de cárcel o con sanciones accesorias y explicó que la venta de bienes a un precio superior al establecido por la Sundde o “haberlos mantenido a la espera para venderlos a un precio superior” también son catalogados como violaciones a la ley.

Durante el contacto, el Vicepresidente hizo referencia a las multas pecunarias indicando que ya no solo se limitarán a la cancelación de unidades tributarias, sino que el infractor también podría enfrentar el pago del 20% al 40% del ingreso neto de su empresa.

“Ya no es cumplir con una providencia, es cumplir con la Ley”, sentenció.

Inspecciones del Comando Nacional de Precios Justos

Por otra parte, Jorge Arreaza habló sobre las inspecciones realizadas por el Comando Nacional de Precios Justos, manifestando que en ellas encontraron “problemas de especulación, de sobreprecio, de boicot, de acaparamiento” en algunos establecimientos a los que se les fue impuesto su sanción respectiva.

Del mismo modo, anunció que con el apoyo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (Cicpc) fueron detenidas 15 personas por los delitos de venta y especulación de productos básicos a través de Internet,procedimientos en los contaron con la utilización de “las mejores tecnologías que tenemos. Nada más en este momento hay cinco procedimientos en marcha sobre especulación en Internet”.

Señaló que en esta semana se han realizado 4.057 mercados comunales, los cuales -según afirmó-han “neutralizado” el “bachaqueo” en las redes públicas.

Tres sargentos de la GNB fueron heridos con esquirlas de granadas el domingo en la madrugada, en el sector Maitana de la Autopista Regional del Centro, en ruta a Caracas.

Los lesionados son los sargentos primero Eduardo Carrizo, Moisés Rodríguez y José Barrera, adscritos al comando del kilómetro 28 de esa vía.

Los militares advirtieron la presencia de un Fiat Palio, vino tinto, placas AB012MP, que les pareció sospechoso y les dieron la voz de alto a los conductores que lanzaron una granada y se dieron a la fuga, pero el auto fue recuperado posteriormente en un tramo de la autopista, el cual está sometido a experticias para activar los rastros dactilares de los ocupantes, además determinarán la identidad del dueño del auto o si este figura entre las denuncias de carros robados.

El primer ataque en el cual los autores usaron granadas ocurrió en la avenida Rómulo Gallegos, frente al CDI Los Dos Caminos cuando un grupo delictivo intentó plagiar a dos hermanos. Fueron 20 minutos de tiroteo que resistieron los oficiales de Polisucre.

A finales de septiembre, luego de la muerte de un hombre apodado Mini Joe, los grupos delictivos comenzaron ataques a cuerpos policiales con granadas.

Los Dos Caminos. Una comisión de Transporte de Polisucre detuvo ayer en la mañana a Cristian Raúl Rosales Torres, de 20 años de edad, que vive en Altagracia de Orituco, en la primera transversal con avenida Sucre de Los Dos Caminos luego de que el hombre robó a usuarios de una camioneta de pasajeros que cubre la ruta Sebucán-Santa Eduvigis.

Rosales Torres amenazó a los pasajeros con detonar una granada que llevaba dentro de un bolso. Había subido a esa unidad en la avenida Sucre de Catia, dijo William Contreras, director encargado de Polisucre.

En lo que bajó del vehículo lo hicieron otros pasajeros que denunciaron el hecho ante Polisucre, organismo que le hizo un seguimiento para detenerlo. Al verse rodeado botó el morral que al ser revisado por funcionarios del Sebin determinaron que era una granada aturdidora, tipo Stum, sin marca ni modelo y además llevaba dos celulares robados a los usuarios.

Fuente: EN