Las confesiones del fiscal del Ministerio Público Franklin Nieves sobre el juicio contra Leopoldo López cambiaron radicalmente la apelación que preparó la defensa, pues ahora incluirá un addendum (documento anexo que ya están redactando) y los abogados esperan que luego de discutida el dirigente reciba una sentencia absolutoria.

Juan Carlos Gutiérrez, defensor del dirigente, informó que el expediente del caso aún no ha sido remitido a la Corte de Apelaciones de Caracas, por lo que preparan el addendum: “Estamos en proceso de trascripción de todas las referencias del fiscal en ambos videos, más sus declaraciones al Wall Street Journal, para presentarlas en el recurso de apelación. Se incorpora como un hecho sobrevenido, del cual no teníamos conocimiento, y que debe ser tomado en cuenta por la Corte”.

Afirmó que insistirán en que el expediente sea enviado a la Corte de Apelaciones lo antes posible y confirmó que el Tribunal 28° de Juicio ha mantenido despacho, por lo que no habría excusas para la demora.

Dijo que las afirmaciones del fiscal, como admitir que el juicio fue político y que se violaron derechos fundamentales de López, pues se le negaron los testigos y las pruebas, demuestra lo que la defensa ha repetido constantemente: “Eso tiene que traducirse en una sentencia absolutoria. Si lo afirma el fiscal que armó y preparó el caso, no queda otra alternativa que se produzca la nulidad”.

Encarcelamiento. Otra afirmación polémica de Nieves fue haber confesado que los expertos que analizaron el discurso de López y sus mensajes de Twitter, Rosa Amelia Asuaje y Mariano Alí, no vincularon sus palabras con los hechos violentos del 12 de febrero de 2014. Además, el fiscal admitió que la detención de López se preparaba desde antes del 12 de febrero.

Gutiérrez opinó que esa confesión está en sintonía con lo que la defensa ha denunciado; a saber, que “el encarcelamiento se había preparado desde las altas esferas”.

Afirmó que el gobierno fabricó el escenario propicio para el expediente contra el dirigente: “Por razones del azar no pudieron detenerlo en Táchira, y entonces fabricaron lo del 12 de febrero. Fabricaron el expediente con la manipulación de la verdad, con prisión a inocentes y manipulación de pruebas. Se sabía que el 12 de febrero los cuerpos policiales iban a disparar. A Juan Montoya lo mata el integrante de un colectivo; a Bassil Da Costa, los cuerpos de seguridad. El origen de la violencia son esos asesinatos. El papel del Estado debió ser una conducta preventiva para evitar esa violencia, y no lo hizo. Si hubiesen instalado un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona, no se rompe un vidrio en la puerta de la Fiscalía. El ataque a la sede de la Fiscalía duró 45 minutos y nadie apareció para evitarlo. Ese ha sido y es el eje central de la defensa: todo fue una celada contra Leopoldo López”, añadió el abogado.

El Dato

 
Una vez que la Corte de Apelaciones reciba el expediente del caso de Leopoldo López, se inicia un lapso de cinco días para admitir el recurso y convocar a una audiencia que, advirtió el abogado Juan Carlos Gutiérrez, debe ser pública. En la audiencia tomarán la palabra los recurrentes, para presentar el recurso, y después será la contestación de la Fiscalía y la Procuraduría. “Luego pediremos el derecho de palabra para López”, añadió el defensor.

Fuente: El Nacional

El secretario general de la Mesa de la Unidad, Jesús “Chúo” Torrealba, lamentó que el venezolano se entere de las noticias no por medios nacionales sino por un canal como CNN, en el que estuvo el fiscal 41°, Franklin Nieves, y habló sobre el juicio del preso político Leopoldo López.

Así lo indicó desde una transmisión que ofreció por medio de su Periscope hoy en la mañana.

“Lamento la opacidad informativa que hay en el país, que increíble que el venezolano se entere delo que está sucediendo en el país por un canal internacional y no nacional (…) la mal llamada hegemonía comunicacional ha logrado esto. Hay una cantidad de compatriotas angustiados, estremecidos indignados por el contenido que dio el fiscal 41° nacional a Fernando del Rincón, en su programa de las noches Conclusiones, por CNN; ciertamente hay gente escandalizada”.

Opinó que la hegemonía comunicaciones tiene reducido a los venezolanos a la ignorancia.

 
“Todo lo que dijo Nieves, el fiscal con competencia nacional, es muy grueso, duro e impacta que. Claro que indigna, además eso se sabe desde el viernes a las 10 en la noche, cuando fue liberado un video en el portal La Patilla que se generó toda esta información. El sábado la MUD fijó opinión sobre este tema y cómo la información debe ser destacada por los medios convencionales, pero no ocurre y se enteran porque un canal extranjero saca una información, me duele como periodista y me da vergüenza”.

Recordó lo dicho por Nieves donde señala que su hija estudiaba en la misma escuela en la que veía clases la hija de López.

“Dijo cosas muy duras desde el punto de vista humano; su hija está en el mismo colegio donde está la hija de Leopoldo, y tenía que ver diariamente que estaba sin padre porque él había condenado sin pruebas o con pruebas falsas a su padre. También dijo que la sentencia de Leopoldo fue redactada nada más y nada menos que por el presidente de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello y no por un juez”.

Insistió en reiterar lo que publicó días atrás y que no fue difundido por medios nacionales, “Ante la podredumbre del régimen, el pueblo ratifica su decisión de cambio”.

Fuente: Noticiero Digital

Integrantes de la juventud de Vente Venezuela acudieron este miércoles a la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, para exigir a los cinco rectores que firmen un acuerdo, en el que se comprometan a respetar las garantías electorales que reconozcan la soberanía popular el próximo 6 de diciembre.

En un documento, Vente Joven insta a los rectores a que permitan y garanticen la observación internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que aseguren que será contado el 100% de los votos y que las mesas serán cerradas a las 4 pm.

Asimismo, los jóvenes exigen a las autoridades del órgano comicial que firmen un acuerdo en el que garanticen la utilización de tinta indeleble y auditable en las elecciones parlamentarias y que sancionen el uso de los recursos del Estado para hacer campaña a favor de los candidatos del oficialismo.

Para José Javier Martínez, coordinador nacional de Vente Joven, que Nicolás Maduro firmase el martes pasado el “acuerdo para respetar los resultados electorales” no es más que un “dantesco evento”, que busca “restaurar la cuestionada legitimidad y confianza en el ente comicial; que, según los más recientes estudios de opinión, ronda el 70%”.

“El régimen ha decidido amenazar al pueblo que está ávido de cambio. Detrás de la frase mentada por Maduro de ‘ganar como sea’ se esconden las más oscuras intenciones de querer nuevamente ultrajar la soberanía popular. Pero con lo que no cuenta el régimen socialista de Maduro es con que el pueblo hará respetar el resultado electoral sea como sea”, finalizan los jóvenes en el documento consignado.

Para leer el documento haga click aquí: Carta_Rectores_CNE

Nota de prensa.

Nicolás Maduro y José Gregorio Vielma Mora fueron acusados penalmente ante el Ministerio Público por crímenes de lesa humanidad, debido al estado de excepción y al consiguiente cierre de frontera que privan en el Táchira.

El señalamiento contra el presidente de la República y el gobernador de la entidad andina, incoada este miércoles ante la Fiscalía por el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, involucra también al alto mando militar.

“La denuncia es por abuso de poder, violación de tratados internacionales, crímenes de lesa humanidad y asociación para delinquir con motivo del cierre de la frontera y declaratoria del estado de excepción, en virtud que el primer mandatario carece de facultades para cerrar fronteras. Solo desde el punto de vista constitucional puede restringir garantías y reglamentar el ejercicio de los artículos constitucionales que hayan sido restringidos”, explicó el parlamentario opositor.

“Maduro dio una orden verbal de cerrar las fronteras, posteriormente, el 21 de agosto firmó un decreto de estado de excepción que fue publicado el día 24, y en el ese lapso procedieron a hacer desalojos, deportaciones y traslados forzosos”, enumeró, indicando que todo ello se encuentra tipificado como delito de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma.

El legislador informó, asimismo, que se destruyeron 237 viviendas, violando el debido proceso que establece la ley especial promulgada por el presidente Hugo Chávez sobre el desalojo forzoso de inmuebles. “Igualmente, se violó el debido proceso administrativo que contempla la Ley de Migración y Extranjería y se violó también el debido proceso constitucional”.

Instancias internacionales

Para el legislador, el hecho de que el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia hayan avalado las resoluciones no le confieren cariz regular, “porque, incluso en estado de excepción, no se puede suspender ni el debido proceso ni el estado de legalidad”.

“Sabemos que los poderes están secuestrados y, precisamente, por eso vamos a ir a la Corte Penal Internacional con un equipo de abogados en el Táchira y con otro equipo en Caracas, que coordina Rafael Veloz, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados”, anunció el antiguo embajador, enfatizando que cuentan con suficiente documentación como alegato ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.

Se conoció que la medida introducida involucra a los generales Wladimir Padrino López, titular de la Defensa; al comandante de la Zodi-Táchira, José Morantes Torres; al jefe de la Redi, Efraín Velásquez Lugo; y también a los ministros responsables de haber suscrito el estado de excepción.

“Nos reservamos el derecho a seguir ampliando estas denuncias porque es responsable desde el presidente de la República, que dio la orden de desalojo masivo y de cierre de la frontera, hasta el último soldado que la cumplió, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución”, dijo.

El legislador aseveró que la Carta Magna establece dos requisitos para decretar estado de excepción: primero, que se trate de hechos que conmuevan o comprometan la seguridad de la nación y eso no ocurrió en el Táchira. “Son delitos comunes lo que ellos invocan, como el contrabando, el paramilitarismo. Por otra parte, se requiere que sean hechos para los cuales resulten insuficientes las facultades presidenciales disponibles”, alegando que el jefe de Estado cuenta con la Ley Habilitante.

Mientras, la crisis empeora…

Subrayó que la grave situación económica en el Táchira ha derivado en una crisis humanitaria. “En San Antonio de Ureña, especialmente, hay 7640 empresas, tanto comercios como industrias, que están a punto de quebrar”, recordando que los procesos de integración colombo-venezolanos tienen muchos años. “Fueron el gran sueño de El Libertador Simón Bolívar”, acotó.

Márquez insistió en que ya cesaron las causas bajo las cuales el Ejecutivo de Miraflores decidió adoptar el estado de excepción. “El propio Vielma Mora declaró que habían disminuido en 99 %  los delitos fronterizos en Táchira; si invocan el problema de las casas de cambio, estas fueron cerradas; y el dólar alternativo, cuando se emitió el decreto de cierre de las fronteras, estaba en 675, ubicándose ahora en 830”.

“Esta es una estrategia eminentemente electoral con un ventajismo para el Gobierno y en detrimento de los sectores democráticos. El Ejecutivo fracasó rotundamente en su política económica y está recurriendo a las fronteras como un argumento para escurrir su responsabilidad frente a la crisis del país”, destacó el declarante.

Sobre la presencia del paramilitarismo y de grupos guerrilleros en la frontera – las FARC, los ‘helenos’ o disidentes de esos grupos -,  precisó que “es público y notorio que, incluso, Timochenko, el máximo comandante de la guerrilla, fue trasladado en un avión de Pdvsa a  La Habana, lo cual significa que el Gobierno está en ‘conchupancia’ con las  FARC”.

“El Gobierno tiene una ‘para-sicosis’: es decir, todo lo que ocurre en el país es paramilitarismo”, ironizó.

“Hay complicidad con los irregulares;  el Gobierno está vinculado al narcotráfico y a la guerrilla. El caso de Walid Makled, que señaló que habían 40 generales en su nómina; el propio gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, ha sido el enlace con  la guerrilla colombiana y eso no lo investigan”, prosiguió, citando casos relevantes.

“Este es un gobierno ‘narcocomplaciente’ que está eludiendo los verdaderos problemas que ocurren en la frontera y recurre al estado de excepción en la frontera cuando el estado de excepción es la excepción del Estado”, concluyó.

Nota de prensa.