“¿Qué acuerdo de respeto a los resultados electorales va a firmar alguien que está diciendo que va a ganar como sea?”
Con tal interrogante, Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, abordó la prevista adherencia del presidente, Nicolás Maduro, al convenio de acatamiento que presentó el PSUV al Consejo Nacional Electoral, sobre el desenlace de los comicios legislativos del 6 de diciembre, aunque sin haberlo debatido con su contraparte.
“Nosotros presentamos ante el CNE, ante el partido de gobierno y ante el ocupante de Miraflores, un anteproyecto de acuerdo y lo hicimos públicamente; un proyecto de acuerdo con puntos muy claros sobre el tema de la observación internacional, sobre el ventajismo y sobre el uso indiscriminado de los recursos públicos para la campaña oficialista”, manifestó el también jefe del comando de campaña Venezuela Unida, en rueda de prensa sostenida este lunes en Caracas.
“Nosotros no creemos en la diplomacia secreta, nosotros no creemos en los negocios palaciegos ni en los convenios de pasillo”, agregó ante los periodistas el máximo portavoz de la alianza política.
El titular de la plataforma opositora recordó que para que exista un acuerdo debe producirse una evaluación previa de lo planteado. “Mal podrían ellos, el partido de gobierno, el señor Maduro y su agente electoral, la señora Tibisay Lucena, pretender que nosotros fuéramos a firmar acríticamente un documento que nadie conocía”.
“Entonces, repetimos, hemos hecho una propuesta seria ante el país, ante el mundo para explicitar en qué términos la oposición venezolana cree necesario realizar un acuerdo o resolución que proteja la respetabilidad de los resultados electorales, pero no hemos tenido respuesta aún”, indicó Torrealba, aseverando que cualquier gestión del jefe de Estado ante la cúpula del sufragio sería un “acto de propaganda”.
¡Gobierno peleón!
El comunicador popular enfatizó que Venezuela está dando mal de que hablar por la forma ineficiente como maneja las relaciones internacionales. “Ya hemos puesto la cómica frente a Guyana, ante Colombia y hoy ponemos la cómica en el caso de la observación internacional”.
“Reiteradamente hemos planteado la necesidad de que la observación internacional estuviera apegada a los protocolos y estándares como proceso. El gobierno dijo que la única observación internacional que iba a aceptar era la de Unasur. Pues, ahora se descubre, gracias a un comunicado del Tribunal Electoral Superior de Brasil, que no solamente iba a aceptar a Unasur, sino a una Unasur hecha a su medida”, expresó en referencia a la decisión de dicho órgano de no asistir a los comicios parlamentarios venezolanos tras el veto al catedrático Nelson Jobim como jefe de esa misión.
Apuntó que lo que se coloca de relieve es el profundo aislamiento del “diosdadomadurismo” a escala internacional. “Es decir, ya perdieron la OEA, ya se pelearon con el camarada Luis Almagro y ahora se pelean con Brasil”.
“El gobierno no está peleando con Obama, con el Imperio, no está peleando con Rajoy, no está peleando con los marcianos: el gobierno está siendo interpelado por destacados voceros de la izquierda latinoamericana”, acotó.
Torrealba corroboró que en la cita a las urnas para la nueva conformación del ente unicameral habrá observación internacional y también nacional. “Aquí va a haber una observación nacional robusta e, igualmente, centenares de invitados internacionales que va a traer la Unidad Democrática. Esos invitados internacionales van a tener un perfil determinado, riguroso, y en su inmensa mayoría van a ser parlamentarios, diplomáticos o antiguos diplomáticos, gente que no va a ser amedrentada por un encapuchado o por un colectivo”, prometió.
Lo que dijo Nieves afecta a todos los venezolanos
En torno al pronunciamiento del fiscal Franklin Nieves sobre el juicio que condenó a casi catorce años de cárcel a Leopoldo López, Torrealba precisó que afectaba no solo al dirigente de Voluntad Popular sino a todos los venezolanos.
“Es imposible ver las declaraciones de Nieves sin hacer referencia a sus antecedentes, concretamente, a las declaraciones, por ejemplo, del magistrado Eladio Aponte Aponte y del magistrado Luis Velásquez Alvaray. En una de las primeras declaraciones de Velásquez Alvaray, él señalaba la peligrosa situación en torno a un delincuente llamado Johnny Bolívar, en el año 2012. Nadie le hizo caso. En el 2014 apareció Johnny Bolívar asesinando a Adriana Urquiola”, recordó.
“Esto no afecta solo no a la clase política, a los actores políticos, afecta a todo el país, porque estamos hablando es de la podredumbre de las instituciones que, más o menos, debieran prestar un servicio fundamental, que es el acceso a la justicia, garantizándonos, además, a todos igualdad ante la ley”.
Alertó que en un país con un sistema de administración de justicia medianamente autónomo, si quien presenta las pruebas dice que son falsas el juicio queda viciado de toda nulidad y en consecuencia habría que poner en libertad al presunto acusado. “Además, el fiscal Franklin Nieves señala que recibió presiones, que recibió instrucciones de sus superiores, es decir, estaríamos en presencia de un presunto concierto para delinquir. Pero, en Venezuela el sistema de justicia funciona como un garrote para perseguir la disidencia y no para castigar a los criminales”, se lamentó.
Solidaridad con comerciantes
El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática se refirió, por otra parte, al arranque de la “operación de vigilancia y persecución” contra los comerciantes por los denominados precios justos. “Primero, nuestra solidaridad con los trabajadores de los mercados a cielo abierto que de manera inmisericorde han sido perseguidos, al menos, en Caracas, por Jorge Rodríguez. Nuestro planteamiento sobre ese asunto es que hay que activar la operación ‘agarre’: donde llegue la distribución de alimentos o de mercancía de línea blanca, cada quien tiene que ‘agarrar’ porque eso no es comprado con dinero del gobierno sino con dinero del pueblo y luego, por supuesto, castigarlo con el voto”.
“Estos comerciantes tienen la heroicidad de mantener abiertos sus emprendimientos, a pesar de 17 años de agresiones. Alertamos que está iniciándose, asimismo, una operación de matraca descomunal: cuando el gobierno anuncia que va a hacer inspecciones y fiscalizaciones, que va a imponer multas leoninas, confiscatorias, no dice, además, que eso va a ser hecho a través de su activismo de base, es decir que ni siquiera son autoridades con competencia sino las fulanas Ubch; es decir, lo que está en ciernes es una agresión a la gente de trabajo”, advirtió, aclarando que perjudicaba, sobre todo, a quienes no tenían el músculo financiero como para evitar resultar quebrados.
Finalmente, entre otros tópicos, reiteró la denuncia sobre el represamiento de miles de toneladas de comida en puertos y almacenes del país – “esos alimentos no se ven en los aparadores, no se ven en los anaqueles, no están en la mesa de los venezolanos, sobre todo de los más pobres” – y rechazó la más reciente implantación de las medidas de estado de excepción, en este caso, en el estado Amazonas, como una estrategia que no tiene nada que ver con la crisis económica.
“Es simplemente la maniobra de un gobierno que ha encontrado como último salvavidas la desmovilización del país. Curioso, porque el proyecto oficialista nació hablando de empoderar y de movilizar al pueblo y ahora hace todo lo contrario”, concluyó.
Nota de prensa
