Por primera vez, Amnistía Internacional asiste a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, debido a la extrema preocupación por el incremento en la frecuencia e intensidad de los señalamientos contra personas defensoras de derechos humanos por parte de altos representantes del Estado venezolano, haciendo uso de medios públicos y en especial de la televisora oficial.
En este contexto, algunos defensores han sido víctimas de una cadena de hechos violentos, no sólo verbales. Destacan los casos de Marino Alvarado –quien fue sometido y golpeado recientemente en su propia casa por hombres armados, junto a su hijo pequeño –; Horacio Giusti, de Foro Penal; Víctor Martínez –quien ha sufrido continuas amenazas y hostigamiento por denunciar a policías y cuyo hijo fue asesinado con disparos sin mediar palabra y sin que hasta ahora se haya hecho justicia al respecto –así como los de Carlos Lusverti –quien recibió disparos en dos ocasiones en menos de 15 meses –y Rodrigo Diamanti.
Amnistía Internacional viene observando que la campaña gubernamental de señalamientos no ha parado, incluso en casos de personas con medidas cautelares.
Se ha observado que estos ataques se producen cuando personas u ONG formulan opiniones críticas a acciones, planes o políticas gubernamentales; asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos; y, lo más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos, incluido cuando se relacionan con ONG de derechos humanos en otros países.
En julio de este año, en un comunicado conjunto sobre Venezuela, expertos de la ONU y CIDH habían ya realizado un llamado a las autoridades venezolanas a cesar inmediatamente los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, remarcando que deben ser capaces de llevar a cabo su trabajo «y cooperar libremente y con seguridad con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos sin temor a intimidación y represalias.»
Amnistía Internacional ha constatado también casos de limitación de acceso a medios de comunicación y ataques a defensores de derechos de grupos específicos como personas LGBTI, mujeres, ambiente, pueblos y comunidades indígenas, así como a líderes sindicales y periodistas. Debido a todo ello, Amnistía Internacional solicita a la CIDH:
1) Que siga manteniendo su preocupación y monitoreo sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Venezuela.
2) Considere la realización de un informe especial sobre la situación del derecho a defender derechos humanos en Venezuela. Así mismo considere solicitar al Relator Especial para la Libertad de Expresión un estudio especial sobre el impacto del discurso de hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
3) Requiera al Gobierno de Venezuela información sobre el estado y resultados de las investigaciones en los casos de acoso u hostigamiento y cualquier forma de violencia y violación a los derechos de las y los defensores de derechos humanos. De igual manera, 18 organizaciones de la sociedad civil venezolana acudieron ante la comisión para tratar diferentes asuntos de derechos humanos en Venezuela.
Marcos Gómez, representante de Amnistía Internacional ante la audiencia y director de Amnistía Internacional Venezuela, manifestó que «no se podrá lograr justicia para las graves violaciones de derechos humanos del pasado, si no se muestra valoración a la labor de su defensa. No se podrán detener las desviaciones de funcionarios que se vinculan a abusos de derechos humanos en el presente, si no se protege a los defensores de derechos humanos y a las víctimas”. Finalmente dijo: “Nuestra aspiración es que se restablezca la cooperación entre el Estado Venezolano y la CIDH a estos nobles fines».
NP
