Un grupo de 27 «activistas con corbata» reveló la trampa de la automotriz y generó una crisis en la economía alemana. Expertos en internet y redes sociales, son «actores insoslayables en las denuncias» contra empresas

Las ONG, hasta hace poco entidades testimoniales, se convirtieron en actores de peso en la vigilancia de derechos sociales y normas ambientales de las multinacionales, como acaba de comprobarlo en carne propia Volkswagen.

El caso que dejó en la lona al gigante automovilístico alemán, con una plantilla mundial de 590.000 operarios y un volumen de negocios de 200.000 millones de euros, fue sacado a la luz por el International Council on Clean Transportation (ICCT), una organización no gubernamental (ONG) con sede en Estados Unidos que cuenta apenas con 27 colaboradores, según su sitio internet.

El ICCT e investigadores de la Universidad de Virginia Occidental revelaron que Volkswagen había instalado un software de manipulación de resultados de los controles de contaminación de vehículos diesel.

La firma reconoció, luego, haber colocado ese dispositivo fraudulento en once millones de vehículos. El caso ya forzó la renuncia del presidente de VW, hundió sus acciones bursátiles y le valió un aluvión de demandas judiciales que podrían costarle decenas de miles de millones de dólares.

«Las ONG se han convertido en actores insoslayables en las denuncias» de malas prácticas empresariales, afirmó Yann Louvel, de la red asociativa BankTrack, que vigila los procedimientos del sector bancario. VW se suma así a otros mastodontes del mercado que cayeron en las redes de las investigaciones de las ONG.

El logo de ICCT
 

BMW clama inocencia tras su caída en bolsa: «Nosotros cumplimos todas las normas»En agosto pasado, varios bancos renunciaron a financiar un megaproyecto minero en Australia tras una campaña de defensa de la gran barrera de coral.

El gigante francés de la construcción Vinci se halla enfrascado en una batalla judicial abierta por la asociación Sherpa, por las condiciones laborales impuestas en las obras del Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar.

La misma asociación presentó una denuncia contra el grupo de gran distribución Auchan, por el derrumbe en 2013 del edificio Rana Plaza cerca de Daca, en Bangladesh, que costó la vida a 1.138 obreros textiles. Desde entonces, numerosas ONG no han cesado de acentuar la presión para que diversas marcas, como la italiana Benetton, que hacían fabricar sus productos en ese edificio, contribuyan a un fondo de indemnización.

Multinacionales del sector de la alimentación también tuvieron que ceder ante ONG de protección de la selva tropical y revisar sus contratos de aprovisionamiento de aceite de palma.

Y el gigante estadounidense de la informática Apple, acusada de cerrar los ojos sobre las condiciones deplorables de trabajo en las fábricas de sus proveedores, acabó por aceptar la inspección de una ONG en las instalaciones de su subcontratista chino Foxconn.

Las investigaciones de las ONG también alertaron a autoridades nacionales sobre las tretas de compañías como Starbucks o Google para eludir impuestos.

El CEO de Volkswagen, Martin Winterkorn, renunció por el escándalo

AFP

Activistas con corbata
«Las ONG se han profesionalizado y fortalecido», explicó Nicolas Vercken, de la ONG Oxfam. Y agregó: «Hace diez años, cuando pedíamos una cita [en el Ministerio francés de Exteriores], creían que veníamos a pedir dinero por una catástrofe humanitaria. Pero hoy en día nos reciben por nuestra pericia o porque nos perciben como una amenaza potencial», incluso sobre asuntos sumamente técnicos como los gravámenes a las operaciones bursátiles.

El caso Volkswagen ilustra a la perfección esa profesionalización del activismo. La trampa fue descubierta por una ONG integrada principalmente por encorbatados ex cuadros de la industria automotriz cargados de títulos universitarios.

La asociación Sherpa monta sus expedientes legales con sus equipos abogados y juristas, capaces de sofisticadas «acrobacias legales» para llevar al banquillo a poderosas multinacionales o de lograr avances en la legislación, explicó su directora, Laetitia Liebert.

Sherpa, al igual que las demás ONG, sabe además jugar a fondo la carta de las redes sociales, «una fuerza que puede servir de palanca y también de protección durante los juicios contra grandes empresas», agregó.

Para Yann Louvel (de BankTrack), el escándalo Volkswagen «confirma el papel preponderante de las ONG», perotambién «muestra un vacío y hace que uno se pregunte cómo pudieron los reguladores tradicionales no darse cuenta de lo que ocurría». «Es algo preocupante, dada la escasez de medios de las ONG», apuntó.

«Nunca tendremos la capacidad de estar detrás de cada empresa, detrás de cada uno de sus contratos», coincidió Nicolas Vercken, de Oxfam.

Fuente: Agencia

Álvaro Uribe ha sido, desde el primer día, el principal detractor de los diálogos de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las FARC en La Habana, desde el 4 de septiembre de 2012.

Por eso, cuando el actual mandatario se mostró este miércoles apretando la mano del jefe de la guerrilla,Timoléon Jiménez Timochenko, y prometió la firma definitiva de la paz a más tardar el 23 de marzo de 2016, la voz más esperada era la de Uribe.

El senador por el Centro Democrático reunió a su tropa en Bogotá y, flanqueado por los dirigentes Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, leyó un comunicado en el que planteó sus principales cuestionamientos al pacto.

«Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla responsable de atrocidades es mal ejemplo, promotor de nuevas violencias», afirmó el ex presidente (2002 y 2010). A continuación, el texto completo:

 
Preocupaciones iniciales sobre el acuerdo entre Gobierno y FARC:

1. No Cárcel:

El Gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales.

Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero NO CÁRCEL.

Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a LA NO REPETICIÓN DE LA VIOLENCIA.

2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo:

El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales.

Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel.

3. Igualación de la sociedad civil con el terrorismo:

El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista.

Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel.

4. El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político:

El Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General han aceptado por anticipado que el secuestro y el narco terrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político. Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba a El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle del Cauca. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable.

5. El Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades.

6. El Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera.

7. La indignante presencia de jerarcas de la tiranía de Venezuela que posan de acompañantes del proceso:

Rechazamos la presencia de la dictadura de Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas y hoy anunció más cierres de frontera.

8. Las facultades ilimitadas al Gobierno, ley habilitante al mejor estilo chavista, y la suplantación de la Constitución para complacer al terrorismo, constituirán una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo.

9. El Centro Democrático sigue en el compromiso de interpretar a millones de colombianos que quieren una paz estable, esto es, con justicia de verdad, que quieren una refrendación reflexiva, con las reglas vigentes, y no un plebiscito dictatorial, a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de estado que se trama contra la democracia, para lo cual se aprovecha, con oportunismo sin igual, la época electoral, como sucedió en las elecciones de 2014.

Infobae