Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, publicó en Twitter que difirieron por sexta vez la audiencia del alcalde. La fecha está estipulada para el 21 de octubre.

 
Desde tempranas horas de la mañana de este martes el alcalde metropolitano se encontraba a la espera de su traslado a los tribunales. Su esposa Mitzy Capriles sostuvo en Twitter que se trata de otra excusa para mantener a Ledezma privado de libertad.

La audiencia preliminar del alcalde ha sido suspendida cinco veces más de lo que estipula el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual permite la realización de la audiencia preliminar sin presencia del imputado.

Mitzy: 6to diferimiento, otro abuso mas, otra excusa para mantener preso a @alcaldeledezma…con mas fuerza que nunca para seguir luchando

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) septiembre 22, 2015

El Nacional.

El motín que se registra en la Ciudad Penitenciaria de Coro desde el domingo en la mañana ha reportado hasta ahora cinco reclusos heridos que han sido ingresados al Hospital Alfredo Van Grieken, dos de ayer y tres hoy.

Irwin González, de 23 años, proveniente de Maracaibo; Jeferson Andrés Romero, larense, de 26 años, y Gufran Ramón Díaz, de 23 años y natural de Coro, fueron los ingresados al centro asistencial este lunes en la mañana, todos con heridas por arma de fuego.

Ayer fueron llevados los primeros dos, identificados como Alexis Revilla (20) y Carlos Sánchez (24).

Familiares de los internos, quienes han estado rodeando las instalaciones de la edificación carcelaria a la espera de información sobre la situación, denunciaron ante los medios de comunicación que los reclusos son víctimas de «tratos inhumanos» por parte del personal de la cárcel.

«Están sin agua, sin comida y maltratados brutalmente, peor que animales», dijo la madre de un encarcelado.

Ayer, Carlos Nieto, presidente de la ONG Una Ventana a la Libertad, informó a El Universal que los recluidos en la Ciudad Penitenciaria de Coro estaban en «huelga de sangre» por no contar con insumos para alimentarse, fallas en el suministro de agua potable y maltratos por parte de los custodios.

Hasta los momentos no ha habido pronunciamiento al respecto por parte de las autoridades gubernamentales.

El Universal.

Han pasado más de 30 horas desde que Alexander Ramírez lanzó a sus hijastros al río Guaire en represalia porque su pareja decidió terminar la relación. Uno de los pequeños, de ocho años fue rescatado, pero continúa la búsqueda de su hermanito menor de seis años que fue arrastrado por la corriente del caño.

Desde el domingo en la tarde, cerca de 100 hombres entre Bomberos del Distrito Capital, funcionarios de Protección Civil del municipio Sucre y paramédicos del Ministerio de Transporte Terrestre están desplegados por las riberas del río para rescatar al menor. A través del helicóptero de FM Center hicieron recorridos sin obtener resultados sobre el paradero del menor.

Según el relato de Yoryi Carvajal, director de Polichacao, organismo que practicó la detención de Ramírez, este sujeto, de mal aspecto, en días pasados sostuvo una discusión con su pareja, Auristela Jose fina Durán (27), madre de los pequeños, debido a que ella le puso fin a la relación sentimental que sostenían desde hace un tiempo. A pesar de ello, la mujer el domingo accedió a entregarle los pequeños al hombre para que los paseara en el Parque del Este.

A las 5:30p.m. el hombre llevó a los niños al elevado de Las Mercedes y ante la mirada atónita de un grupo de transeúntes, los lanzó al río. Un vecino en un acto heroíco se lanzó ayudó a salir del agua a uno de los pequeños, el de ocho años, quien como pudo se aferró a un objeto metálico para que la fuerza del río no se lo llevara.

Su hermano no corrió con la misma suerte. Pese a que otro vecino se lanzó para rescatarlo, no pudo. El caudal se lo llevó. El padrastro fue retenido por un grupo de vecinos que lo golpearon al ver lo ocurrido. El caso está a cargo de la fiscal 9 del Ministerio Público, Claudia Morcelle.

Las reacciones en repudio a este hecho no se hicieron esperar. Una vecina que fue testigo de lo ocurrido, manifestó que un delito de este tipo merece la pena máxima. «Estoy horrorizada, hay maneras de resolver conflictos de pareja sin llegar a estos extremos», dijo.

Una comisión de funcionarios de Polichacao que transitaba por Chacaíto, se percató de una situación irregular, a la altura del Centro Venezolano Americano y cuando llegó detuvieron al hombre que en los últimos días estaba residenciado en una pensión, ubicada en la avenida Baralt.

Hasta las 4:30pm. de este martes todavía las comisiones de bomberos y de efectivos de PC de Sucre rastreaban las riberas del Guaire. A la altura de Macaracuay y del barrio La Línea del municipio Sucre, se realizaron inspecciones.

El Universal.

Caso RCTV

El desacato a la sentencia de la CIDH pudiese traducirse en sanciones políticas para Venezuela

Prensa Unidad Venezuela (Caracas, 22 de septiembre de 2015).- “Este es un asunto que forma parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela y sería en todo caso el ministerio de Relaciones Exteriores el que pudiese decir si van a acatar o no”.

Asi lo afirmó el abogado y experto en Derecho Internacional, Dr. Héctor Faúndez, al ser consultado sobre la postura del Estado venezolano de desconocer la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual falló el pasado 7 de septiembre condenando al Estado venezolano y ordenándole restablecer la frecuencia a Radio Caracas Televisión (RCTV).

“Lo que llama la atención es que aquí quien ha dicho que no se va acatar sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y no la Cancillería; demostrando una vez más su absoluta disposición a complacer a un gobierno que se ha caracterizado por violar sistemáticamente los Derechos Humanos. El TSJ no está para emitir pronunciamientos políticos, está para decidir las controversias que se le sometan”, aseveró el especialista.

Estado forajido

De acuerdo a lo expuesto por el Dr. Faúndez, esta no sería la primera vez que el Estado desatiende el cumplimiento de las sentencias del CIDH: “No hay una sola sentencia bajo este régimen que se haya cumplido por el Gobierno. Eso lo convierte en un estado forajido, en un estado delincuente y tendrá que ser sometido a consideración por parte de la comunidad internacional”.

“Al estar en presencia de estados forajidos o estados que no respetan el derecho internacional, y de estados que no acatan las sentencias de tribunales internacionales, puede significar que la CIDH informe a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) parea que sea ésta quien tome las medidas pertinentes; en este particular serían las sanciones políticas que la asamblea considere apropiadas en el caso de un estado que está desoyendo los mandatos dispuestos por la CIDH”, aclaró Faúndez.

Para el internacionalista las repercusiones negativas pudiesen extenderse ante la zozobra que generaría a la comunidad internacional la posibilidad de suscribir acuerdos, con un estado que desconoce las instancias internacionales a los efectos de celebrar nuevos contratos, tratados o compromisos con el estado con estos antecedentes: “En la reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA, con motivo de la crisis con Colombia, quedó demostrado que el Estado venezolano no controla la asamblea. Es importante destacar que la propuesta de colombiana obtuvo mayoría, Venezuela quedo aislada, los únicos países que votaron a favor de Venezuela son los clásicos beneficiarios de Pertrocaribe y algunos países del ALBA y es interesante resaltar que países como Argentina y como Brasil no votaron junto con Venezuela”.

Sobre el veredicto que condena al estado venezolano, el jurista manifestó: “Por primera vez en una sentencia de la CIDH se hace referencia explícita a la Carta Democrática Interamericana y de manera muy destacada. Señalando la circunstancia de que aquí no se trata solamente de haber violado la libertad de expresión, si no que al mismo tiempo ésta -la libertad de expresión-, es un componente fundamental, es uno de los pilares de una sociedad democrática; y que por lo tanto esto constituye también una violación al citado documento”.

“Se destaca esto tanto en la sentencia como en uno de los votos racionados, el del juez Eduardo Vio Grossi, quien prácticamente destina todo su racionamiento a referirse a este punto: a que la carta no ha sido acatada por uno de los estados integrantes de la OEA  y que ese instrumento jurídico tiene que tener un efecto útil, y debe ser acatado por todos los miembros”, precisó.

La sentencia es inapelable

El Dr. Héctor Faúndez aclara que no está dispuesto ni por la corte, ni por la sentencia un lapso pre determinado para la ejecución de la misma. Abogó por la espera de un lapso razonable para los efectos de que Venezuela dé cumplimiento al dictamen de la corte: “La sentencia es definitiva e inapelable, tanto para sus beneficiarios quienes recurrieron al sistema interamericano en busca de justicia, como para el Estado. Tengo la certeza que más temprano que tarde devendrá un Gobierno que restablezca la democracia en Venezuela y los venezolanos recuperaremos el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos y sin ninguna duda la sentencia será ejecutada”.

Nota de Prensa