Dos semanas después de que el Estado venezolano fue severamente cuestionado en la evaluación periódica de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos, el gobierno anunció un Plan Nacional de Derechos Humanos. En las sesiones de Ginebra quedaron expuestas las más profundas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo que en los últimos 16 años ha habido 231.562 asesinatos en el país, lo cual lo hace el segundo más peligroso del mundo, con una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Sin embargo, el documento presentado, cuya consulta finaliza en 10 días, no hace ninguna mención a esa realidad.

 

El 14 de julio, al día siguiente del primer ensayo de las razzias militares y policiales denominadas Operación de Liberación y Protección del Pueblo, con un saldo inicial de 18 personas muertas en la Cota 905 de Caracas, el vicepresidente Jorge Arreaza encabezó el acto protocolar de lanzamiento del plan, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Acompañado de otros miembros del Ejecutivo, de las máximas autoridades de los poderes Judicial y Ciudadano, así como de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la senadora colombiana Piedad Córdoba, entre otros invitados extranjeros, Arreaza puntualizó que la propuesta gubernamental para articular las políticas públicas en materia de derechos humanos durante el período 2015-2019 estaba basada en “la Constitución Bolivariana de 1999, la ideología del Libertador Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y del Comandante Chávez”.

 

Desde el primer día surgió el riesgo de exclusión de los que no comparten el proyecto político oficialista, lo cual, en sí mismo, constituye una violación al principio de no discriminación consagrado en la carta magna y en los tratados internacionales. Sin embargo, el vicepresidente invitó a todos los sectores del país a leer y a hacer aportes al documento que, en su opinión, “presenta metas a cumplir de manera casi que inmediatamente”.

 

Parecía una invitación sincera a discutir sobre los mayores agobios de la población: el auge incontrolado de la criminalidad, la escasez de alimentos, la crisis del sistema de salud público y a encontrar soluciones de manera consensuada. En las sesiones de consulta, sin embargo, quedó en evidencia que el plan no será suficiente para dar respuesta a los problemas del venezolano.

 

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y principal artífice del plan, Larry Devoe, al ser consultado por una reportera de un medio público sobre la pertinencia de incorporar al debate la crisis humanitaria causada por la extensión de OLP a la frontera con Colombia y el consecuente desplazamiento forzoso de más de 16.000 colombianos, no ocultó su incomodidad y evadió los requerimientos periodísticos.

 

Devoe apareció en el gabinete ministerial, al regreso de presidente Nicolás Maduro de su gira por Asia y sería uno de los participantes del foro internacional con el que se pretende demostrar que el Estado venezolano no se ha excedido durante la intervención militar en la frontera con Colombia.

 

Aquella vez, sin embargo, Devoe insistió a la reportera en que la propuesta del gobierno no podía fundamentarse en situaciones coyunturales: “Este es un plan que ha sido preparado para avanzar estructuralmente en el fortalecimiento de los avances del país en materia de todos los derechos humanos”. Al fondo del escenario del auditorio Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, donde se han realizado varias jornadas de consulta del plan, una gran pancarta reiteraba la resistencia del gobierno a admitir que existen problemas: “Venezuela, un país garante de los derechos humanos”.

 

La violencia, la corrupción y la multiplicidad de delitos asociados al contrabando de extracción son problemas de vieja data. En palabras del presidente Nicolás Maduro: “La frontera se nos pudrió”. Y los métodos empleados en esta oportunidad para combatirlos también son viejos, pues las OLP constituyen la reedición de las redadas indiscriminadas que hacían los “pantaneros” de la extinta Policía Metropolitana en los barrios de Caracas durante la década de los noventa, o de los operativos Madrugonazo al Hampa (2009) y Madriguera (2013). Lo que para Devoe es un asunto coyuntural es un problema estructural de décadas.

 

Pablo Fernández, quien fue director de la ONG Red de Apoyo para la Justicia y la Paz (una de las pocas que suscriben el plan), y luego secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme, alertó, en febrero de 2011, sobre una especie de esquizofrenia de la política de Estado: “Por una parte, se promueve un nuevo modelo policial y hasta se crea una universidad para formar a los funcionarios con énfasis en el respeto de los derechos humanos; y por la otra, se reeditan las peores prácticas asociadas a las ideas de mano dura y plomo al hampa. Estos madrugonazos constituyen actos de violación de derechos humanos por donde los veas”.

 

Entre lo poco que refiere el Plan Nacional de Derechos Humanos sobre seguridad ciudadana destaca una reflexión sobre “el clasismo que históricamente ha caracterizado la actuación de los cuerpos de policía, y que se ha traducido en una doble victimización de los sectores populares, al ser las principales víctimas de los delitos más violentos, y también los principales destinatarios de las medidas de represión impulsadas para contener estos hecho”.

 

En la lógica de Devoe, en el debate sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos no entran los 23 planes de seguridad que ha ensayado el gobierno desde 1999. “El diagnóstico del país en materia de seguridad lo hizo en su momento la Gran Misión A toda Vida Venezuela, que está incorporada, a su vez, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Este no pretende definir en detalle la política del Estado en cada una de las áreas; este es un plan que debe, que toma para sí y que se complementa con todas las políticas que en nuestro país se vienen desarrollando y ejecutando. La política de seguridad del país no está en el Plan Nacional de Derechos Humanos, está en la Gran Misión A toda vida Venezuela”, insistió el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

 

Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, advierte que si el plan no tiene diagnósticos precisos, tampoco podrá tener objetivos, estrategias ni acciones apropiadas: “Un plan no se construye en el vacío, sino a partir de una realidad y unas necesidades concretas. Esas necesidades abarcan las que pueda observar el ente planificador y las que detecten los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es imprescindible identificar con claridad y honestidad las falencias para encontrar soluciones integrales a problemas generalmente complejos”.

 

Las posibilidades de que el plan no pase de ser una mera formalidad sin mayor efectividad son altas, en opinión del jurista. “Pero lo peor que puede ocurrir es que el gobierno insista en desarrollar la acción del Estado en materia de derechos humanos sobre la base de elucubraciones, como la guerra económica, para intentar justificar problemas tan graves como la escasez de alimentos. Un plan nacional de derechos humanos debe diseñarse a partir de un análisis de la realidad concreta y no de un discurso ideológico que no tiene nada que ver con lo que la gente está sufriendo”.

 

La elaboración y ejecución de un plan nacional de derechos humanos es una demanda reiterada de los activistas venezolanos. En 1997 las ONG de mayor trayectoria en el país formularon la “Agenda por la Vida”, integrada por 104 propuestas. Ese documento no encontró acogida en el gobierno de Rafael Caldera y se postergó indefinidamente desde el ascenso de Hugo Chávez al poder. El ingreso de Venezuela al Mercosur y a varias instancias de la ONU habría motivado el compromiso del gobierno a saldar la deuda.

 

Debate corto y sesgado. Se supone que el Plan Nacional de Derechos Humanos es “una propuesta” que se nutrirá de los aportes de la consulta pública que comenzó el 15 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Hasta el 27 de agosto, aseguró Devoe, habían participado 30.000 personas, en asambleas realizadas en casi todo el país, así como a través de los cuestionarios que se distribuyen en plazas públicas y, de manera online en la página web del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

 

La jornada que reunió a las organizaciones de afrodescendientes, el 14 de agosto, comenzó con el Himno Nacional cantado por el difunto presidente Hugo Chávez, y la mayoría de los asistentes no tuvo ningún inconveniente en corearlo. Al comienzo de la actividad, el moderador del evento pidió que se concentraran en la nave central del auditorio de la Biblioteca Nacional: “Lo más adelante que puedan, porque vamos a una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión”. Seis personas, previamente escogidas por los organizadores tuvieron derecho de palabra y, entre otras cosas, solicitaron erradicar los estereotipos racistas en los medios de comunicación, incluir la etnicidad y el enfoque de género en todas las políticas públicas y crear un ministerio para los afrodescendientes, como lo tienen los pueblos y comunidades indígenas.

 

En el Teatro Bolívar, el 20 de agosto, se congregaron algunos representantes de medios de comunicación para debatir sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. El presidente de Conatel, William Castillo, dedicó la mayor parte de su intervención a denunciar el uso de la prensa para desprestigiar al gobierno y como instrumento de la violencia. La periodista Vanessa Davies, directora del Correo del Orinoco, fue una de las seis que tuvo acceso al micrófono. En tono autocrítico dijo que en algunos medios públicos se presenta a Venezuela como si fuera Disneylandia: “Tampoco es que estamos en el apocalipsis, pero no estamos haciendo periodismo como deberíamos y le deberíamos dar cabida a las violaciones de derechos humanos”.

 

Davies recibió aplausos, cosa que no ocurrió cuando la presidenta de la Cámara de Radiodifusión, Enza Carbone, puso en duda los logros en materia de democratización de los medios e instó al presidente de Conatel a certificar que el sector público controla la mayoría de las frecuencias y que hay 1.500 radioemisoras clandestinas. El murmullo que por poco llega al abucheo inundó la sala. La consulta con los comunicadores no demoró más de 3 horas y concluyó con canciones de Alí Primera.

 

La sesión en que se hizo la consulta a aproximadamente 150 organizaciones y movimientos sociales de todo el país dedicados a la promoción y defensa de derechos humanos fue distinta. Los asistentes se distribuyeron en 9 mesas de trabajo para discutir el contenido del plan, en lo cual se ocuparían todo el día.

 

En la mesa 1, Edgar Carrasco, pionero en la lucha por los derechos de las personas que viven con VIH, abrió fuegos: “El plan no incluye un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Venezuela que permita visibilizar los problemas y diseñar las acciones necesarias y eficaces para resolverlos. Además está determinado por la idea de democracia socialista, de modo que parece un plan político del PSUV, en vez de un plan que incluya a todos los sectores del país, sin sesgos ideológicos”.

 

A Carrasco lo secundó otro veterano luchador social, José Gregorio Delgado, de la Escuela de Vecinos de Venezuela: “La democracia no tiene apellidos y hay un sector de la población venezolana que no está de acuerdo con el tipo de socialismo que promueve el gobierno. Es un error supeditar la defensa de los derechos humanos a los intereses del gobierno de turno”.

 

Antonio González, ex integrante de Provea y ahora miembro de la Red Alternativa de Derechos Humanos de Venezuela Surdh, replicó: “El gobierno tiene derecho de orientar sus políticas públicas. La democracia socialista es un modelo de sociedad avalado electoralmente por las mayorías y no necesariamente excluyente”. Ciro Casique, de la Alianza Sexo-Género Diversa Revolucionaria, fue más allá y propuso que el Plan Nacional de Derechos Humanos se pensara y desarrollara desde la comuna en tanto modelo de participación ciudadana promovido por el oficialismo.

 

En el documento sometido a consulta se verifica la sujeción de la propuesta al Plan de la Patria, un plan de gobierno diseñado por Chávez. “Toda acción del Estado venezolano debe ser congruente y estar enmarcada dentro del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019. De allí que el Plan Nacional de Derechos Humanos no puede constituir una propuesta aislada que en nada contribuya a los Grandes Objetivos Históricos trazados para la nación en los años venideros. Por tal razón, cada uno de los ejes estructurantes de este plan, sus líneas estratégicas y acciones programáticas buscan generar las condiciones que permitan alcanzar los objetivos que en materia de derechos humanos contiene el Plan de la Patria”.

 

Las ONG dicen. La coalición de ONG de derechos humanos Foro por la Vida tiene observaciones de forma y de fondo a este plan. Consideran que el lapso de dos meses y medio establecido para llevar a cabo la consulta es insuficiente y que se debe garantizar la viabilidad técnica del plan, a cuyos efectos proponen solicitar la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Además, creen que la propuesta gubernamental requiere “un contexto propicio para su discusión y posterior implementación, que amerita decisiones impostergables como la apertura del diálogo político que incluya diferentes visiones, la revisión de la situación de los presos políticos, la derogación de la resolución 008610, el retiro de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de Venezuela y el cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales y cautelares que ha dictado el sistema interamericano”.

 

El procesamiento de los aportes al plan, a efectos de la consulta pública tenga sentido, es otra de las inquietudes. “En la secretaría del Consejo Nacional de Derechos Humanos, tenemos un equipo para sistematizar esos aportes. El equipo lo integra la secretaría, de la cual forman parte organizaciones de derechos humanos con trayectoria en nuestro país, e incluso reconocida y acreditada ante Naciones Unidas. Se están identificando los elementos comunes de todas las propuestas para incorporarlos al plan definitivo, que se someterá a consideración de nuestro presidente Nicolás Maduro, a efectos de su definitiva aprobación”, señala Devoe.

 

El plan también recogerá las inquietudes del ciudadano de a pie. Desde el mes pasado, en la plaza Bolívar de Caracas hay un toldo rojo donde debía estar funcionando un centro de acopio de propuestas de los ciudadanos para nutrir el Plan Nacional de Derechos Humanos. El día que las ONG tuvieron acceso al debate, Sacha Belisario, era la única presente en el toldo para dar explicaciones: “Yo pertenezco a la agrupación Identidad Caraqueña, del Gobierno del Distrito Capital, que está apoyando en la parte cultural. Estamos en las plazas Brión y Catia. Hoy no hicimos encuestas porque toda la gente se fue para el Poliedro a un encuentro de mujeres. Yo estoy sola para distribuir fotocopias del tríptico explicativo del plan y para asistir al músico que hoy tenemos para llamar la atención de la gente”. Un joven con guitarra, flanqueado por dos pendones que repetían que Venezuela es un país garante de los derechos humanos, cantaba el bolero “Lágrimas negras”. El evangélico que vociferaba diez metros más allá logró aglutinar más transeúntes que el músico.

 

¿Emanciparse de quién?

 

El primer eje programático del Plan Nacional de Derechos Humanos se denomina “construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos”, lo cual se comprende un poco más con la lectura del cuarto eje, referido a la relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos desde una visión transformadora.

 

El gobierno propone la creación de instancias internacionales de protección de derechos humanos en Unasur, Celac, Alba y Mercosur, así como de nuevos instrumentos normativos. Se trata de la aspiración a un derecho internacional para América Latina, distinto y distante del sistema interamericano, como una consecuencia del progresivo deterioro de las relaciones entre el Estado venezolano y la Comisión y la Corte Interamericana a partir del ascenso del chavismo al poder, al extremo de que en septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

En el plan sometido a consulta pública hay una aparente contradicción: se pretende la reforma de Naciones Unidas, pero se reconoce la validez de sus recomendaciones (se hace mención expresa a las formuladas durante el Examen Periódico Universal, en 2012), al punto de que se refieren como una de las fuentes para elaborar la propuesta gubernamental.

 

Lo más concreto es que en la evaluación que se llevó a cabo en 2012, el Estado venezolano rechazó 38 recomendaciones que los Estados Parte de la ONU le hicieron durante el EPU, la mayoría relativas al respeto a la libertad de expresión y la independencia judicial. Además, han sido reiteradamente rechazadas las resoluciones de otras instancias de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (2014-2015), el Comité contra la Tortura (2014-2015), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2015) y el Comité de Derechos Humanos (2015). En todos los casos, la soberanía y la no intervención en los asuntos internos se repitieron como argumentos.

 

¿Y los presos políticos?

 

El plan tiene entre sus metas asegurar la estricta aplicación del principio de juicio, favoreciendo las medidas alternativas a la privación de libertad. En la práctica, el gobierno ha marchado sostenidamente en sentido contrario. Para muestra dos casos: el presidente Hugo Chávez pidió 30 años de cárcel para la jueza María Lourdes Afiuni, pocas horas después de su detención, y el presidente Nicolás Maduro exigió a la jueza Susana Barreiros que condenara a Leopoldo López el primer día del juicio en su contra.

 

En los registros del Foro Penal Venezolano aparecen 27 presos en el Sebin (entre ellos 6 tuiteros y el director de la Federación de Licorerías, Fray Roa, por difundir informaciones que molestaron al gobierno), 17 en cárceles militares, 20 en cárceles comunes (incluidos 5 imputados por abuchear a Marlenys Contreras, ministra de Turismo y esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello), y 5 en comandancias de policías.

 

¿Y la escasez de alimentos?

 

Los estudios de opinión que indican que la escasez de alimentos es una de las principales preocupaciones de los venezolanos se pueden verificar a diario en las colas que se hacen frente a los mercados.

 

No obstante, en el Plan Nacional de Derechos Humanos no se plantea esta problemática y se limita a destacar lo que el gobierno califica como logros. Es más una Memoria y Cuenta. El documento destaca que “se creó una red de abastecimiento de alimentos del Estado que ha permitido el aumento del número de comidas por día a la población venezolana, y en consecuencia, el incremento de la ingesta calórica diaria, la reducción de la desnutrición infantil, y la reducción del hambre. Actualmente, 94,6% de la población consume 3 comidas y más al día, el 5,2% come 2 comidas, y tan solo el 0,2% una comida al día”.

 

En la propuesta se hace otra promesa que contrasta con la realidad: “Continuar reforzando las políticas y programas dirigidos a incrementar la producción nacional de alimentos y el pleno abastecimiento, en el marco de conquista de la seguridad y soberanía alimentaria. Fortalecer las estrategias de promoción de patrones alimentarios sanos, balanceados y sustentados en alimentos autóctonos”.

 

Transformación de la justicia, del dicho al hecho

 

De acuerdo con el esbozo que hace el plan sobre el acceso a la justicia pareciera que las cosas en los tribunales no marchan tan mal. Pero los hechos revelan que las máximas autoridades del sistema de administración de justicia son los responsables de desvirtuar la principal garantía de independencia y autonomía del Poder Judicial: el ingreso y ascenso a la carrera judicial por concursos de oposición públicos y abiertos, como lo establece la Constitución.

 

En junio, por boca del magistrado suplente Luis Damiani, el Estado reconoció ante la ONU que 66% de los jueces venezolanos ejercen sus cargos con carácter provisorio, lo cual significa que no tienen estabilidad laboral y son más vulnerables a presiones.

 

Lo que no dijo Damiani es que la Comisión Judicial (una instancia sin fundamento constitucional) sigue designando jueces a dedo y tampoco que los puede destituir de un plumazo, porque sus colegas de la Sala Constitucional dejaron sin efecto las garantías del debido proceso establecidas en el Código de Ética del Juez.

 

En el plan también se propone “reforzar los mecanismos de coordinación y articulación entre los integrantes del sistema de justicia, previstos en la Ley del Sistema de Justicia”. Pero se omite una obviedad: esa ley es letra muerta porque desde 2009 está pendiente la creación de la Comisión Nacional de Justicia, precisamente la instancia articuladora.

 

La salud desintegrada

 

A pesar de que las deficiencias de infraestructura, insumos, medicinas y personal del sistema público de salud se han vuelto críticas, el plan solo contiene menciones aisladas sobre algunos aspectos de la problemática y hace énfasis en lo que se consideran avances: “Se ha incrementado la infraestructura para la atención, poniendo a disposición de la comunidad más de 6.172 consultorios populares, 584 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 584 Salas de Rehabilitación Integral, 35 Centros de Alta Tecnología. Esta infraestructura ha permitido ampliar la cobertura del derecho a la salud y la universalización de la red de atención primaria”.

 

Llama la atención la mención expresa de la necesidad de garantizar los derechos humanos en los establecimientos privados de salud, al tiempo que se omite la deuda legislativa para articular el sistema nacional de salud pública.

 

Algunas propuestas específicas implican trámites complejos y largos plazos. Por ejemplo, se propone dictar normas de rango sublegal para favorecer a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados. Pero los pacientes oncológicos del hospital J. M. de los Ríos no pueden esperar por el Tribunal Supremo de Justicia, que desde marzo de 2015 tiene una acción de protección en sus manos y pudiera resolver en forma definitiva las deficiencias de dotación de medicamentos e insumos, pero aún no responde.

 
La prensa silenciada

 

El plan se hace eco de la retórica del gobierno: “En el derecho a la libertad de expresión se han democratizado los medios de expresión y comunicación, así como el acceso al espacio radioeléctrico y a la información, garantizando a todos y todas el ejercicio de un derecho que históricamente fue monopolizado por los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, quienes además intentaron configurar el contenido y límite del derecho conforme a sus propios intereses de mercado”.

 

“Como resultado de este proceso se han creado 1.225 medios alternativos y comunitarios, que coexisten con los comerciales y públicos; se han creado 244 emisoras en todo el país; se han otorgado 139 concesiones a emisoras en Frecuencia Modulada (FM), con lo que el número se elevó a 469 emisoras en todo el país; y se han creado 37 televisoras comunitarias”.

 

Ni remotamente se refiere el cierre de RCTV, en 2007, y de 34 emisoras en 2009, como tampoco que el riesgo de no renovación de concesiones pende sobre más de 300 canales de radio, según la Cámara de Radiodifusión. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena el restablecimiento de la concesión a RCTV sería otro de los asuntos “coyunturales” (como los denomina Larry Devoe) que quedarían fuera del debate. Al respecto cabe recordar que el Estado sólo ha acatado parcialmente dos sentencias (El Amparo y El Caracazo) del total de 17 condenatorias contra Venezuela dictadas por el máximo tribunal hemisférico.

 

Otros mecanismos indirectos de censura, como los obstáculos para adquirir papel periódico o el hostigamiento mediante procedimientos administrativos y judiciales tampoco figuran en la propuesta gubernamental.

 

El Nacional.

El esperado encuentro entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, este lunes en Quito, tiene características nada comunes. Incluso en otros momentos de tensión y crisis entre Bogotá y Caracas –que han sido recurrentes desde hace décadas– las reuniones se han celebrado en la frontera o en alguno de los dos países. Y aunque en otros episodios, como el de la corbeta Caldas en 1987, hubo llamados al diálogo de otros presidentes y del secretario general de la OEA, la presencia de dos mandatarios externos –Tabaré Vázquez de Uruguay y Rafael Correa de Ecuador– también es inédita.

 

Lo anterior dice mucho sobre las dimensiones que llegó a tener el momento crítico. En los últimos días el presidente Santos conservó el tono mesurado, pero incrementó las acciones dirigidas a mostrarle a la comunidad internacional su visión sobre lo que considera una “crisis humanitaria” en la frontera y, en consecuencia, sobre el hecho de que nada se logra con su cierre. Por su parte, Maduro anunció nuevos cierres y, casi a diario, continuó su retórica dirigida a presentar los problemas de Venezuela como fenómenos importados de Colombia. También se conocieron dos sobrevuelos de aeronaves venezolanas que violaron el espacio aéreo colombiano, lo cual –aunque se manejó con prudencia y en todo diplomático– en un momento tan crítico incrementó las preocupaciones.

 

Desde varios puntos, la comunidad internacional ha expresado su inquietud por el incremento de la tensión. La presidenta argentina, Cristina Kirchner, alcanzó a solicitar una reunión de presidentes de Unasur que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, apoyó con entusiasmo. Sin embargo, ese escenario tan cercano a Maduro no prosperó por falta de consenso, que es la regla de oro en ese organismo. Perú, Guyana, Uruguay, Paraguay, Chile y, obviamente, Colombia no apoyaron el encuentro. Por otro lado, el secretario de la OEA, Luis Almagro, visitó la frontera en el lado colombiano, lo mismo que la Comisión de Derechos Humanos de la misma entidad. Y los cancilleres de Brasil y Argentina ofrecieron sus buenos oficios para acercar a Santos y Maduro.

 

Al final, la fórmula que se impuso fue la de Ecuador y Uruguay. Una alternativa vista con mayor expectativa por Venezuela que por Colombia. Mientras Maduro la presenta como una demostración de que tenía razón en sus reiteradas peticiones de un encuentro en la cumbre, Colombia la ve con menor esperanza pero considera que, después de que se cumplieron las condiciones que había exigido Santos –que los niños puedan pasar al otro lado para atender el colegio; que los expulsados tuvieran acceso a sus enseres y que a los deportados se les respetara el debido proceso–, no podría negarse a una invitación a dialogar.

 

En general, las expectativas son moderadas. Después de los dos encuentros de las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, es claro que una apertura inmediata de la frontera ya dejó de ser un objetivo realista y de corto plazo. Desde entonces la tensión ha subido, en primer lugar, y ha quedado claro que las visiones de ambos países sobre los puntos que están sobre la mesa –el contrabando, la delincuencia y el paramilitarismo o bandas criminales– son tan distantes que requerirán de más trabajo y largas negociaciones. Mientras que Maduro considera que debe construirse, en sentido figurado, “una nueva frontera”, en el lado colombiano ya hay voces gremiales que abogan por estudiar una solución de fondo a la presencia de formas delincuenciales y fenómenos ilegales que llevan años allí.

 

Nada de eso va a resolverse en una sola reunión de trabajo. En el mejor de los casos, los presidentes se extenderán en largas intervenciones sobre su exigencia de que en el otro lado se asuman políticas efectivas contra los problemas que golpean a la zona fronteriza. Y eso servirá para detener el desborde de la diplomacia del micrófono de las últimas semanas. El retorno a un diálogo más profesional podría bajar la tensión o, al menos, detener la escalada de declaraciones agresivas. La frontera no va a abrirse muy pronto, pero eventualmente sí podrían volver a operar las vías diplomáticas. El auge de las bacrim y los paramilitares, el contrabando –sobre todo de gasolina en un momento de tormenta en el mercado petrolero– y el tránsito del narcotráfico podría ser el comienzo de un nuevo diálogo. Como se trata de asuntos relacionados con la seguridad, un paso siguiente podría involucrar a los ministros de Defensa. No es mucho más lo que puede ofrecer la cumbre de Quito.

 

Habrá que ver qué papel pueden jugar los otros dos mandatarios que estarán allí. La Cancillería ecuatoriana ha hecho énfasis en que no serán mediadores sino facilitadores. Eso quiere decir que propiciarán el entendimiento entre Santos y Maduro, pero esperarán que al final sean ellos los que lleguen a acuerdos sobre los temas de fondo.

 

Rafael Correa tiene un capital valioso para aportar. Es cercano a Venezuela: forma parte del Alba, votó con ese país en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y en algunos aspectos vivió en sus inicios un proceso similar al de la revolución bolivariana. Pero también tiene una buena comunicación con Colombia. Cuando Santos llegó al poder las relaciones estaban por el piso, y en los últimos cinco años se han reconstruido de una manera tranquila. El pleito en la Corte Internacional de Justicia por el efecto en territorio ecuatoriano de las fumigaciones aéreas de Colombia contra los cultivos ilícitos de drogas fue suspendido por un acuerdo. La cooperación en materia de seguridad se ha consolidado y hay diálogo entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Algunas de las reuniones exploratorias entre el gobierno Santos se han llevado a cabo en territorio ecuatoriano, y se da como un hecho que, si se abre una negociación formal, esta se llevará a cabo allí.

 

Y hay, también –como con Venezuela– problemas generados por la diferencia de regímenes en los dos países en materia cambiaria: mientras la economía ecuatoriana está dolarizada, en Colombia hay un mercado libre. Correa ha acudido a medidas previstas en los pactos bilaterales y multilaterales: ha impuesto salvaguardias y ha aumentado impuestos a las importaciones de productos que se beneficiarían con la devaluación del peso. Estas políticas han sido implementadas sin estridencias ni retórica confrontacional. El resultado es un vínculo bilateral construido desde cero, pero efectivo. Un ejemplo de lo que ahora tendrán que intentar Colombia y Venezuela.

 

En cuanto a Tabaré Vázquez, su figura genera respeto. Pertenece a la izquierda, pero votó por Colombia en la OEA. Su rotación en el cargo con Pepe Mujica ha fortalecido la credibilidad del país en el ámbito regional. La elección del excanciller Luis Almagro como secretario de la OEA refleja esa realidad. Además de haber visitado la frontera, la semana pasada Almagro le envió una carta a Elías Jaua, hombre fuerte del chavismo, que fue considerada por la oposición venezolana como una crítica al régimen. Le dice que “las revoluciones tienen que mantener los derechos que existían antes” y que “siempre hay que velar por las minorías”. Por su parte, el expresidente Mujica, la semana pasada, se refirió al problema de la frontera colombo-venezolana y dijo que “con unas diferencias tan enormes en los precios de los combustibles a lado y lado, ni el Ejército de la OTAN podría detener el contrabando” en ambos sentidos. Ni Mujica, ni Almagro representan al gobierno de Tabaré Vázquez, pero sin duda se identifican con la misma forma de pensar.

 

Los protagonistas de la cumbre de Quito, sin embargo, no son Correa y Vázquez, sino Santos y Maduro. Y aunque de inmediato no lograrán mucho más que poner en blanco y negro sus diferencias –en privado y no en público–, a la larga son los que tendrán que encontrar salidas. Pocos esperan que esto ocurra antes de las elecciones venezolanas del 6 de diciembre, porque en la difícil campaña que enfrenta el chavismo, el discurso sobre la frontera es una de las pocas cartas que puede presentar.

 

Semana.com

Cuando cae la noche y solo los militares están en los puntos de control en La Guajira, se escucha el pasar de camiones. Qué llevan, por qué hay movilización si hay estado de excepción, se preguntan los habitantes. En una reunión de los voceros de consejos comunales del territorio wayuu, los diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) Magdelys Valbuena, José Luis Acosta, Lisandro Márquez y Dorelis Echeto, recibieron la descarga de denuncias de los indígenas. Tomaron nota y se comprometieron a llevar el mensaje al gobernador Francisco Arias Cárdenas.

 

Fermín Montiel, representante de Suma Wayuu, despertó los reclamos de los vecinos del pueblo indígena. “Una vez que se decretó el estado de excepción, comenzamos a llenarnos de esperanza de que se generarían algunos cambios y controles en el tema del contrabando, pero hay veces que pareciera que el contrabando está activo. A partir de las altas horas de la noche comienzan a pasar los camiones con los cargamentos”.

 

La comunidad presente en el encuentro no refutó el señalamiento. Los voceros, callados, asentían con movimientos de cabeza y cruzaban los brazos. Mientras que frente a ellos los parlamentarios oficialistas apuntaban cada detalle destacado. Nadie interrumpía a Montiel, quien soltó: “A veces en el puente (sobre el río Limón) los dejan pasar, pero sí hay control para los ciudadanos que habitan en el municipio. En el caso de los transportistas, se les saca la gasolina. Eso no es lo justo”. Cuestionó “por qué si hay un control riguroso sobre el río, por qué tienen que sacarle el combustible a los automóviles”.

 

Desde el cierre de frontera por la Guajira, el 7 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reforzó los puntos de control para evitar el paso de contrabando de extracción. Se restringió el libre tránsito para frenar a las flotas de camiones que se movilizaban cargando alimentos, gasolina, y bienes de primera necesidad.

 

Los consejos comunales dudan de los resultados del cierre. “Nosotros decimos ‘está activo el contrabando’ porque en el día temprano hay presencia de altos funcionarios, los ministros, el gobernador, alcaldes; y a altas horas de la noche, cuando todo el mundo se retira, eso comienza a activarse”, recalcó Montiel, quien pidió revisión del control para que dé “un saldo positivo en la medidas que se están dando”.

 

No vaciló en señalar que “tiene que estar en complicidad con quienes están en los puntos de control de la Fuerza Armada”. Criticó que a pesar deque “todo” está acordonado y tomado por los castrenses, “pasan y están pasando por ahí” los camiones que luego van a abastecer las caletas.

 

Magdelys Valbuena, presidenta del CLEZ, resaltó que elevarán las quejas a las autoridades. Aunque en sus manos no está solucionar de inmediato las denuncias, aseguró que están comprometidos en ayudar al pueblo wayuu a superar las consecuencias que deja el contrabando.

 

Decomiso en la semana

 

Esta semana en la Guajira decomisaron 33 mil 400 litros de combustible.

 

Por las trochas se retuvieron dos toneladas de plátanos que iban a Colombia, precisó una fuente militar y luego confirmó el legislador Eduardo Labrador.

 

Hacia Jesús María Semprún, donde se decretó estado de excepción el 15 de septiembre, se localizaron escondidas 22 toneladas de arroz.

 

Estado excepción en Zulia

 

Zona 3: municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla.

 

Zona 4: Municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada.

 

Zona 5: Municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón.

 

La Verdad.

Un nuevo episodio de los desacuerdos entre la Alcaldía de Caroní y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ha comenzado con la demolición que, el viernes, hiciera la casa matriz a unas estructuras en la franja 280, ubicada a lo largo de la avenida Guayana, entre la redoma de Bauxilum hasta el aeropuerto Carlos Manuel Piar.

 

El espacio, que ha sido utilizado para establecer locales de comida y hasta un concesionario, fue “saneado” el jueves por funcionarios de la CVG pasando por encima de la municipalidad y de, incluso, la protesta de los concejales que otorgaron los permisos de construcción.

 

“Esto no puede seguir pasando. Justo Noguera es el peor presidente que ha pasado por la CVG desde la cuarta república”, aseveró el edil Aquiles Campos, fúrico, en un programa de radio comunitario.

 

La concejala Giovany Medina calificó la medida como ilegal ante el canal de noticias Globovisión, “si Regulación Urbana no viene aquí y les da una autorización a las personas de desalojo o de demolición, esto es absolutamente ilegal, no puede venir CVG acá, bajo esas circunstancias, bajo ese poder, no”, dijo.

 

Ante esto, los promotores del proyecto Franja Turística y Recreacional calle Neverí han salido al paso en defensa de la CVG.

 

El vocero Wilfredo Perozo y uno de los promotores que data de hace 15 años, junto a unas decenas de vecinos, denunció que el lugar se ha utilizado para construcciones que no están previstas en la ordenanza y que, incluso, varios terrenos estaban siendo cercados sin constancia del proyecto que está próximo a desarrollarse.

 

Perozo negó que haya habido una destrucción de locales y afectaciones “al pueblo” como aseguraron los ediles e invitaron a la CVG a seguir trabajando para el desarrollo de la franja.

 

Fue apenas en noviembre de 2011 cuando más de 30 consejos comunales lograron la zonificación que ahora, denuncian, ha sido cambiada pasando por encima del “poder popular”.

 

Los vecinos, que desde entonces esperaban por la CVG, celebran que la corporación haya tomado en cuenta su proyecto.

 

Correo del Caroní.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, realizó este sábado un recorrido casa por casa por el sector Las Casitas de la parroquia Guatire, en el municipio Zamora, desde donde aseguró que lo que viene para Venezuela es cambio. “Por donde usted se meta la gente quiere cambio. La situación económica que enfrenta el país es muy difícil, por eso juntos tenemos que demostrar la fuerza que tenemos y cambiar el rumbo de nuestra Venezuela. Esta situación nos tiene que dar más razones para hacer del 6 de diciembre el día del cambio en Venezuela”.

 

Acompañado por la candidata a diputada a la Asamblea Nacional por el circuito 4 de Miranda, Adriana D’Elia, Capriles resaltó la importancia de hacer las visitas casas por casa, de meterse en los barrios, de escuchar las necesidades e inquietudes del pueblo venezolano. “La marcha en Chacao es una actividad que suma voluntades, pero estos recorridos también lo hacen. Nosotros lo de la oposición no podemos seguir en el mismo sitio, hablándonos a nosotros mismos. Tenemos que entender que el cambio hay que conquistarlo donde nunca antes habíamos tenido apoyo. Hay que ir a las comunidades a tocar las puertas, a sumar al que piensa distinto, al que está descontento. Hay que visitar comunidades como estas, donde en el último proceso electoral perdimos 60 a 40. Comunidades donde el gobierno era fuerte”.

 

Durante la visita, el mandatario regional destacó la importancia de salir a votar el 6 de diciembre por diputados comprometidos con el progreso de nuestro pueblo. “En Venezuela necesitamos hombres y mujeres comprometidos con una distribución justa de los recursos y que además luchen por derrotar la corrupción. Tenemos que unirnos como pueblo, porque solo unidos podemos avanzar y conseguir lo que queremos. Solo unidos podemos salir de esta situación de crisis a la que nos llevaron”.

 

Correo del Caroní.

Conjuga la devoción del andino por acceder al poder, con la maestría adeca para armar piezas y maquinarias que lo preserven. Lince pasado de peso, es capaz de alterar y poner a favor de su causa los azares más adversos. Edgar Zambrano, vicepresidente de AD. Aspira a repetir como diputado a la Asamblea Nacional. Confiesa que es el escenario que más le agrada.

 

-¿Por qué usted era una suerte de pieza inamovible entre los precandidatos de la MUD? A cualquiera podían mover, remover o desaparecer en la maqueta, menos a usted.

 

-Nadie es inamovible. Esta no es una feria de egos, ni de individualidades. Aquí no hay elegidos, ni semidioses. Creo haberme ganado no por derecho de sangre, sino con laboriosidad de horario puntual, la posición que ostento dentro de la Unidad.

 

-¿Qué tipo de corona tiene usted?
-En democracia no hay príncipes herederos. Recuerda que en el proceso de 2010, igualmente, sobre la base del trabajo del período anterior, se propuso mi nombre para encabezar la plancha. Nosotros optamos por el circuito número 3 y cedimos, en legítimo derecho, a favor del hoy alcalde, Alfredo Ramos. Me he cuidado de rendir cuentas. En el trabajo está nuestra fortaleza, no en el reclamo arrogante de privilegios.

 

-¿Se considera un político con carisma?

 

-Soy, en esencia, un político de oficio, un operador al servicio de mi partido, Acción Democrática. Trabajo las 24 horas del día para la política. Esa es mi pasión, esa es mi vida, respiro política. Si hoy tuviera que escoger un oficio, definir un destino, un estilo de vida, reincidiría con gusto en la política.

 

-Usted no es un tipo popular, ¿o sí?

 

-Prefiero el reconocimiento al aplauso, el sentimiento al oropel; no soy dado a los fogonazos de la pantallería, es verdad. Eso me permite ser más auténtico, más dueño de mis actos. Soy, eso sí, un hombre sensible, discreto. Me gusta servir, ser útil. Vengo de abajo, de una familia muy humilde, y no olvido mis raíces, los afanes y agonías de la gente de donde yo vengo.

 

-Sus adversarios dicen que usted es hábil para el arreglo, para la componenda.

 

-Si algún arte tengo es el de ser tesonero, en mis propósitos y luchas. Privilegio la conciliación, antes que las posiciones juradas, propias del orgullo.

 

-Usted pareciera uno de los últimos exponentes del pragmatismo adeco.

 

-Acción Democrática no se está desintegrando. En lo que a mí respecta, practico la observación, no el cálculo. Cuando estoy errado, lo admito sin tapujos. Me cuesta hablar en primera persona. Prefiero ser un simple artífice de la armonía, y de las salidas razonables, que un elegante patiquín de la intriga.

 

-¿Tiene a alguien en mente cuando dice eso último?

 

-A nadie en particular. La mezquindad es una imagen difusa.

 

-¿Por qué son tan contadas sus intervenciones en el parlamento?

 

-La eficiencia de un diputado no se mide sólo por el número y elocuencia de discursos.

 

-¿Se mide por sus oportunos silencios?

 

-Es que mucha parte del trabajo, quizá el más pesado, no se ve, no se hace para las cámaras. Por ejemplo, la defensa, que no tiene horario, de los presos políticos, los exiliados, los perseguidos. Además, existen distintas tareas que la Mesa de la Unidad Democrática endosa a sus parlamentarios.

 

-¿Son misiones secretas?

 

-No. He sido cinco años jefe de la fracción de mi partido y coordinador alterno, junto a los jefes de fracción de las bancadas formadas por Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, los independientes y Copei. Nos toca coordinar la dinámica de los parlamentarios, sus intervenciones, la estrategia a seguir ante cada planteamiento de la bancada oficialista. Asimismo, está el trabajo en las comisiones especiales, en los foros internacionales y en el propio hemiciclo. Fui vocero de la Mesa cuando se pretendía solicitar el desaforo de Julio Borges, a petición del propio Julio. Fui vocero, por sugerencia de la dirección de los partidos, cuando se discutió las sanciones de Obama. En Ginebra y Hanoi denuncié la criminalización de la actividad parlamentaria, y de la disidencia.

 

-¿No elude así el acto de fijar posición frente a hechos delicados?

 

-En absoluto. Hemos dado a conocer públicamente nuestro criterio frente a distintos temas espinosos, de interés nacional, sin importar su impacto mediático o político.

 

¿Hay fósiles en AD?

 

-¿En AD los cargos de dirección son eternos? ¿Cuándo ratificó la militancia a Ramos Allup y a usted?

 

-Acción Democrática, de acuerdo a sus estatutos, y en concordancia con el último proceso electoral realizado, debe renovar autoridades en toda su estructura, desde las parroquias hasta el Comité Ejecutivo Seccional, en el año 2016.

 

-¿Algún adeco puede competir con usted, sin morir en el intento?

 

-Todos los actores políticos de mi partido tienen perfecto derecho a aspirar a todos y cada uno de los cargos. Existe un trabajo de activismo y conducción que es evaluado de manera permanente por la militancia, y reconocido por nuestros asociados y adversarios políticos.

 

-¿Asociados?

 

-Los partidos de la Mesa, la pluralidad, la diversidad política, y el propio partido de Gobierno.

 

-¿El PSUV los evalúa a ustedes?

 

-Así como nosotros los evaluamos y medimos a ellos. En los últimos años, como política de la dirección nacional, AD se ha descentralizado y vive un proceso de empoderamiento de nuevos liderazgos. Los cuadros juveniles encuentran en AD una plataforma histórica para hacer carrera política.

 

-¿No han devenido los partidos en meras franquicias?

 

-Con defectos y virtudes, los partidos son patrimonio de la democracia venezolana. Fueron maltratados por la antipolítica, tras el advenimiento de Hugo Chávez. Se flageló al liderazgo de los partidos llamados tradicionales, se los demonizó a través de una campaña feroz, sirviéndole en bandeja de plata a Hugo Chávez su ascenso al poder. AD, que está cumpliendo 74 años, tiene un legado de ejecución de obra pública que no se puede borrar de un plumazo. Por lo demás, AD es el vientre que ha permitido el nacimiento de nuevas fuerzas políticas. En cada uno de los partidos actuales hay figuras que militaron o estuvieron en la casa de Rómulo Betancourt. Los partidos son el instrumento más eficiente para la réplica constitucional de las sociedades organizadas, para ordenar y canalizar el reclamo social.

 

«No éramos rivales”

 

-Eduardo Gómez Sigala dice que él fue excluido de la lista opositora al parlamento, pese a que en 2010 sacó 3.000 votos más que usted. Le reprocha no haberse medido con él en primarias.

 

-Gómez comete un grave error y una bizarra desconsideración contra todos los partidos, independientes, comandos de campaña, electores, activistas y militantes que lo acompañaron a lo largo y ancho del pasado proceso, y defendieron sus votos en las mesas. Los sufragios que sumó pertenecen al abanico multicolor que conforma la Unidad. Es mentira que se tratara de una competencia entre actores de la oposición. No íbamos en plan de rivales, con propuestas encontradas. Sólo Gómez, en su ego incurable, lo asumió o entendió así.

 

-Gómez Sigala tiene el respaldo de seis tarjetas.

 

-Es que hoy Gómez se refugia en partidos asociados clandestinamente al Gobierno. Aun así dice que es más opositor que los demás. Qué majadería. Si él está más allá del bien y del mal, ¿por qué no se inscribió por iniciativa propia? Gómez luce desatinado, fuera de foco. Si en 2010 él hubiese competido contra la Mesa, hoy no sería diputado. Pero entonces no tuvo ningún reparo en ser candidato por consenso, y hoy traiciona a la MUD, al universo opositor. En todo proceso quien divide a la mayoría, beneficia a un tercero.

 

-Hay una polémica con la tarjeta de MIN Unidad, colocada por el CNE para confundir, al lado de la que corresponde a la MUD, en el tarjetón. Gómez Sigala dice que ese partido, que se separó de la MUD, lo inscribió sin solicitarle su aprobación.

 

-La soberbia y la falsedad son malas consejeras y acaban sobredimensionando posturas y ambiciones. Para inscribir a un candidato es indispensable su firma de aceptación. Por eso es que en una oportunidad no se pudo inscribir a Eduardo Lapi, por estar exiliado en Perú. Si la firma de Gómez fue forjada, eso constituye delito.

 

–Gómez Sigala alega que él rechazó esa postulación, por escrito, ante el CNE.

 

-Si le forjaron su firma, entonces Gómez está obligado a acudir al Ministerio Público y denunciar a los directivos de ese partido felón. Si no lo hace estaría avalando esa postulación que dice rechazar e incurriría en una oferta engañosa hacia los electores, a la espera de que le arrimen unos votos impropios. La política es cosa seria, de carne y hueso, no un juego en el que la vanidad determina quién es imprescindible y para ello cualquier atajo vale.

 

-¿Es cierto que las ausencias de Gómez Sigala se deben a las faltas de su suplente?

 

-Falso. Según el Reglamento Interior y de Debates se trata de una responsabilidad personalísima. No se endosa al principal la ausencia del suplente, ni al suplente la ausencia del principal. El propio Gómez revela que sus faltas están relacionadas con viajes al exterior financiados con su propio peculio, lo cual prueba que no era una misión de cámara; y si no era misión de cámara, su ausencia no es justificada.

 

-Usted también acumula ausencias.

 

-Mi desincorporación está relacionada con mi asistencia al Parlamento del Mercosur, a la Unión Interparlamentaria Mundial, a las sesiones de la Internacional Socialista, a las gestiones en defensa de presos políticos y exiliados, de los diputados sometidos a persecución judicial, de estudiantes acusados por los hechos de febrero de 2014, así como de las causas que se siguen a ex gobernadores y ex alcaldes. En todo caso, mi récord de asistencia es uno de los mejores.

 

-Usted no estaba presente en la sesión del 24 de marzo de este año, cuando la Asamblea rechazó las sanciones de Obama. Andrés Avelino Álvarez, su suplente, levantó la mano.

 

-Es un hecho comunicacional que yo me encontraba en el hemiciclo, en mi curul. El diputado suplente, quien se plegó al Gobierno, estaba en la fila posterior, levantó su mano y así fue reseñado por el presidente de la cámara, lo que constituye un acto írrito.

 

-Se llegó a especular que fue algo preparado entre usted y su suplente.

 

-Es que era un voto inocuo. Esa alzada de mano no tenía ninguna validez. Los votos del PSUV eran suficientes para aprobar el acuerdo.

 

-Su suplente también firmó, el 28 de diciembre de 2014, Día de los Inocentes, la lista de nuevos magistrados del TSJ. ¿Tampoco tuvo usted nada qué ver?

 

-El partido lo aclaró suficientemente. Ningún miembro de la bancada votó a favor de la propuesta del PSUV. Yo jamás me ausenté del recinto durante la sesión. El voto del suplente fue, además de inválido, innecesario, simbólico, bajo su absoluta responsabilidad.

 

El elogio de Diosdado Cabello

 

-En un foro de El Universal, el 19 de octubre de 2014, Diosdado Cabello dijo que la oposición no tiene palabra y que «de los viejos políticos, Edgar Zambrano es la excepción”. Sólo lo mencionó a usted. ¿Por qué ese extraño halago de alguien tan despiadado con la oposición?

 

-Eso de viejo tomémoslo como un tácito reconocimiento a la madurez política con que hemos interactuado con el propio Diosdado, como presidente del Poder Legislativo y vicepresidente del partido de Gobierno.

 

-¿Se entienden ustedes?

 

-Hemos alcanzado acuerdos necesarios, en medio de los conflictos, con la observancia de los jefes de fracción de nuestra plataforma parlamentaria. Esos acuerdos han sido honrados a cabalidad. En política la palabra tiene un valor supremo, es un código de honor a través del cual es posible ganarse el respeto del más acérrimo adversario. Eso nos ha permitido incluso ser intermediarios de los propios parlamentarios del partido de Gobierno. Entiéndelo, José Ángel, yo no estoy en la política para hacer enemigos.

 

Encuentros con el Papa

 

-Usted ha sostenido dos encuentros con el Papa. ¿Cómo lo ha visto, qué le ha dicho?

 

-Observo que el Papa Francisco siente el gran peso de sus responsabilidades. La Iglesia ha sido una referencia vital en las gestiones que en el mundo se adelantan a favor de quienes sufren por infortunios, desigualdades, injusticias. He percibido su angustia, la comprensión que se desprende de su bondad. De la mano de la Iglesia y sus pastores, al calor de las proclamas del Santo Padre, las acciones del ex secretario de Estado del Vaticano, cardenal Dominique Mamberti, como las de quien ejerciera la Nunciatura Apostólica en Venezuela, hoy secretario de Estado, Pietro Parolin; del cardenal Jorge Urosa Savino y monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal, se han conjugado hechos que conocen tanto prisioneros como exiliados, y sus afligidas familias. Ha sido activa, aunque callada, misericordiosa, la intermediación de los purpurados de la Iglesia con actores del Gobierno, en representación de allegados de quienes sufren la persecución política, protegiendo el derecho a la vida, a la dignidad, los derechos humanos fundamentales. El otorgamiento de una serie de medidas humanitarias, la liberación de prisioneros, forma parte del haber de esas gestiones de incalculable valor, que hemos acompañado junto a los parlamentarios Biagio Pilieri, Hernán Alemán, José Sánchez «Mazuco”, Richard Blanco, Rodolfo Rodríguez, Oscar Romero.

 

-A propósito, ¿cuál es la situación de Carlos Ortega?

 

-Carlos Ortega, uno de los venezolanos más emblemáticos en el exilio, vive una circunstancia lastimosa en suelo peruano. La lejanía de sus seres queridos, de los afectos más inmediatos, el prolongado desarraigo, aunado a una difícil condición económica, constituyen un hecho que merece la reflexión de los venezolanos e impulsa con mayor ahínco nuestra decisión de trabajar las 24 horas del día para obtener la mayoría parlamentaria y, con los votos del pueblo y la Ley de Amnistía Nacional, traerlos de regreso. No sólo a Carlos, a Manuel Rosales, Oscar Pérez, Rafael Poleo y tantos venezolanos que añoran su patria y lo darían todo por estar aquí.

 

-¿Usted cree que el país ha sido lo suficientemente solidario con ellos?

 

-Debemos hacer más. En febrero de 2002 iniciamos una tarea que busca evitar un olvido que golpea a quienes expusieron sus vidas en la lucha por una mejor Venezuela. Van 188 oficios entregados cada semana a Hugo Chávez en vida y posteriormente a Nicolás Maduro, pidiéndoles audiencia formal para tratar las formas de resolución de cada uno de los casos de prisioneros y exiliados. Es una manera de mantener en la opinión pública el recordatorio permanente de las calamidades, vejaciones y humillaciones que padecen quienes están en la cárcel, o en el destierro, sólo por pensar distinto al Gobierno. En la última comunicación, consignada esta semana en Miraflores, le exigimos a Maduro la averiguación pertinente de los atropellos denunciados por la familia de Leopoldo López, y por él mismo, tras ser sentenciado y sometido a tratos crueles e indignos que violan de manera flagrante los códigos y la ética del tratamiento que debe darse a un preso político. Hasta los prisioneros de guerra merecen un trato respetuoso de la condición humana.

 

-¿No fue ingenuo Leopoldo López al entregarse a sus carceleros?

 

-Su sacrificio es admirable y no se perderá. Leopoldo López es un político joven, formado en la academia, con carisma e inteligencia. Hoy sufre una injusta detención, sentenciado sin elementos de convicción, sin causa probatoria. Leopoldo es un preso político que debemos liberar el seis de diciembre. La manito que lleva la tarjeta de la MUD es la que lo despojará de sus cadenas. Por eso hoy más que nunca es urgente la unidad de propósitos.

 

El Impuslo.

 

Con los decretos de estados de excepción, aprobados por el gobierno nacional en las últimas semanas, que incluye suspensión de garantías constitucionales y cierre de la frontera con Colombia en 23 municipios del país, específicamente en los estados Apure, Táchira y Zulia, en total serían un millón 133 mil 410 venezolanos los que acudirían a sufragar en condiciones irregulares en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

 

Así lo manifestó el coordinador del Centro Popular de Formación Ciudadana, Cipriano Heredia, quien advirtió que la medida gubernamental tendría una connotación electoral y la finalidad de influir en los resultados de la votación para renovar la Asamblea Nacional, por lo que no descartó que los Estados de Excepción se extiendan hasta el estado Bolívar y el resto del país.

 

«Exigimos al Gobierno que levante el Estado de Excepción en este momento en que empiece oficialmente la campaña porque en estas condiciones no se puede hacer campaña y esto busca influir en los resultados.

 

Treinta y ocho candidaturas se verían influenciadas si esto se extiende a Bolívar; tenemos que prepararnos para lo que aquí se está cocinando, denunciar esto con su nombre y apellido y no quedarnos para organizar votos sino para confrontar esta situación irregular” advirtió.

 

El también dirigente político, explicó que, aunque no se suspenda la elección, la campaña proselitista y el acto de sufragio se realizaría con garantías suspendidas como la de libre tránsito, reunión, manifestación, que serían esenciales para hacer este tipo de actividades políticas.

 

«Esas son las garantías que permiten a un grupo acciones como el repartir volantes, caravanas, manifestar, protestar y a un candidato hacer mitin. Esas garantías están suspendidas en ya 23 municipios” dijo.

 

Asimismo, Heredia apuntó que las restricciones estarían destinadas a los candidatos y comandos de campaña oposicionistas pues los aspirantes a diputados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) actuaría con libertades y respaldados por los organismos de seguridad.

 

«Esto no es un proceso normal, no es una elección democrática, porque mientras a la oposición sí le aplicarán restricciones al Psuv tendrá permitido hacer mitin, caravanas, asambleas e incluso apoyados por el ejército” concluyó.

 

El Impulso.