A casi 30 días de que el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera en el estado Táchira, miles de expulsados colombianos, millones de dólares perdidos y una tensa relación bilateral es el panorama que exponen los especialistas sobre la situación de ambos países
El pasado 19 de agosto, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre por 72 horas de la frontera con Colombia en el estado Táchira, luego de que tres funcionarios del Ejército venezolano y un civil resultaron heridos por un ataque de presuntos paramilitares colombianos en San Antonio.
A la medida anunciada por el Ejecutivo le siguió la declaración del estado de excepción en la región, que hoy día se mantiene no solo en 10 municipios del estado Táchira sino que se ha extendido a 10 municipalidades en Zulia y otras tres en Apure.
La decisión del gobierno nacional ha sido catalogada de “necesaria” para poner fin al paramilitarismo, el contrabando y el desabastecimiento que existe en la zona y en parte del país.
En consecuencia más de 20.000 ciudadanos colombianos han huido del territorio venezolano por temor a la expulsión y 1.482 han sido deportados, según la Organización para las Naciones Unidas (ONU).
Este sábado 19 de septiembre se cumple un mes de la medida que mantiene cerrado el paso en la frontera Ureña-Cúcuta y la tensión entre ambos países. A casi 30 días del cierre, pocos han sido los resultados positivos que se han obtenido para el pueblo venezolano. Así han asegurado varios especialistas a El Nacional.
Dinero que todos pierden
Más de 400.000 dólares en pérdidas diarias calculó a días de las órdenes del cierre y del estado de excepción el gobernador del departamento colombiano del Norte de Santander, Edgar Díaz. Para la fecha, casi tres millones de dólares son las pérdidas que Fedecámaras Táchira calcula desde el 19 de agosto.
El presidente de esa federación regional, Daniel Aguilar, explicó que ha disminuido el tráfico de gasolina a Colombia porque no hay tantos vehículos cruzando la frontera.
Sobre el mismo tema, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, aseguró que un total de 20 millones de bolívares al mes se ahorra Venezuela al evitar la fuga de 1.300.000 litros diarios de gasolina.
Sin embargo, para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, lo que se logra con prohibir el tránsito por la frontera es “encarecer el contrabando” porque aunque los contrabandistas pueden parar por un momento, estos buscarán alternativas para traficar los productos. “Si una gandola de gasolina cuesta 7 dólares en San Antonio del Táchira y 25.000 dólares en Cúcuta, tú puedes cerrar lo que te dé la gana pero esa gasolina va a pasar”, sentenció.
La escasez de productos y las colas en los establecimientos comerciales todavía se mantienen en los municipios tachirenses, así confirmó la corresponsal de El Nacional en el estado Táchira, Eleonora Delgado.
El contrabando, el desabastecimiento o el dólar paralelo que se emite desde la frontera son solo “consecuencias de los modelos de control e intervencionismos que se tienen en materia de precios y control cambiario”, explicó León.
Para el también economista, el cierre de la frontera tiene más fines políticos que económicos porque el presidente Maduro está mezclando problemas puntuales de la frontera con problemas nacionales que tienen otra razón de ser. “El desabastecimiento en Caracas tiene muy poco que ver con el contrabando de extracción de la frontera”, explicó.
Aguilar, por su parte, responsabiliza a ambos gobiernos por la extracción ilícita de productos. “Si por los puentes de Libertador y Unión pasó el contrabando es por la permisividad de los funcionarios que estaban allí”, denunció.
Responsabilidades compartidas
El cierre de la frontera colombo-venezolana ha asomado los intereses de ambos estados sobre el territorio que comparten. El gobierno de Maduro exigió cambios en la política interna de Colombia para favorecer la economía nacional, mientras que el de Juan Manuel Santos demandó respeto a los derechos humanos de los colombianos expulsados.
Bajo estas condiciones, ambos mandatarios acordaron este lunes 21 de septiembre una primera reunión en Quito. El encuentro contará con la presencia del mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, y con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quienes asumen simultáneamente las directivas pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), respectivamente.
La internacionalista Elsa Cardozo considera que el mayor reto para Colombia y Venezuela es acordar medidas prácticas para solucionar los problemas fronterizos en medio de la situación económica venezolana.
“Resolver los problemas del contrabando y otros hecho ilícitos es una tarea difícil principalmente para el gobierno venezolano, ya que muchos de ellos derivan de una situación económica adversa que incentiva los delitos”, explicó.
Para la especialista en derecho internacional Milagros Betancourt, Venezuela es la más perjudicada ante una eventual prolongación del cierre fronterizo porque tiene “un problema de dependencia de alimentos” no solo de Colombia sino de otros países de América del Sur.
La experta espera que en la reunión de ambos presidentes reine la sensatez, aunque sus discursos han evidenciado claras diferencias en cuanto al modelo económico y político.
Betancourt indicó que a un mes de la crisis entre ambas naciones, Colombia ha logrado su cometido: “darle visibilidad internacional al problema de la frontera”, pese a no lograr llevar la discusión a una reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos (OEA).Por su parte, “a Venezuela le ha tocado estar a la defensiva para explicar por qué hizo lo que hizo”, aseveró.
El internacionalista Héctor Quintero Montiel considera que la situación de la frontera no tendrá buen término si el gobierno venezolano no renuncia a exigencias como la derogación de la resolución 08 sobre las tasas de cambio, que permite en Colombia el libre intercambio comercial por la frontera.
Quintero Montiel aseguró que durante este tiempo se ha demostrado dos cosas: que el país se ha convertido en una sociedad sumisa al poder militar y que no hay necesidad de cerrar la frontera si se pretende solucionar problemas internos.
El Nacional
