Como era previsible, el largo y velludo brazo jurídico de un régimen cada vez más difícil de adjetivar sin echar mano a sinónimos de dictadura ha demostrado nuevamente que el derecho le importa un comino y que está más interesado en la venganza, el castigo y la pena que en el espíritu de las leyes.

Así lo revela el tribunal supremo de justicia  –sabemos que es costumbre dignificar su nombre con letras capitulares, pero la conducta de sus magistrados no recomienda mayúsculas– con su impetuoso pronunciamiento respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Radio Caracas Televisión, en el cual lo declara “inejecutable”.

El pronunciamiento que, según los malpensados, tenía supuestamente meses engavetado y con algunos espacios en blanco para ser rellenados al momento de conocerse el parecer de una instancia internacional a la que, por falta de equidad y abundancia de parcialidad de los jueces vernáculos, acuden quienes, víctimas de kafkianos procesos, buscan una compensación moral o simbólica si se quiere, que les permita saberse parte del mundo civilizado.

Alegar que la CIDH “no tiene competencia para pronunciarse acerca de la renovación de la concesión de explotación del espectro radioeléctrico de la persona jurídica RCTV” es desconocer que, a pesar de que Venezuela se separó de esa Corte para evitar precisamente el tener que subsanar las falencias de un Poder Judicial mediatizado por los mandones, no pone término a las obligaciones suscritas con ese u otros entes similares, pues ello supondría una flagrante violación de la Constitución.

Esa alcabala forense en que se ha convertido la Sala Constitucional para diseccionar la carta magna y aplacar la  iracundia de Chávez, primero, y las rabietas de Maduro después, saben o deben saber que ella, en su artículo 23, estipula que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Sin embargo, para curarse en salud, la estafeta de soluciones listas para llevar, en su resolución, introduce un galimatías a fin de aplicar la ley del embudo e insinuar que las empresas no tienen derechos humanos.

Ahí está el quid de su presta decisión de cargarse no ya las prerrogativas que correspondan a la estación, sino a las de la ciudadanía a la que se le cercenó la facultad de informarse y entretenerse sin cartabones ideológicos, cuando el omnipotente comandante eterno sentenció a muerte al canal pionero de la televisión comercial venezolana.

El desacato oficial, basado en una interpretación falaz del dictamen de la CIDH, recuerda los oídos sordos del dictador Franco ante la petición de clemencia para los condenados al garrote vil.

Editorial de El Nacional