La oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la organización señaló que entre las personas que han sido deportadas y las que han dejado el país de manera voluntaria se sitúan en esta cantidad. En Cúcuta están alojados en 21 albergues 3.402 colombianos

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifró hoy en 1.467 los colombianos expulsados de Venezuela y en 18.619 los que han abandonado voluntariamente el país vecino por la crisis fronteriza desatada entre ambos países hace veinte días.

Los datos, incluidos en el último informe de la OCHA, comprenden hasta el lunes 7 de septiembre.

La OCHA subraya que mientras que en el departamento colombiano Norte de Santander no se han registrado nuevas expulsiones desde el 26 de agosto, «en otros departamentos la cifra sigue en aumento».

De los regresados voluntariamente, «aproximadamente 17.462» personas lo han hecho por el departamento Norte de Santander, en cuya capital, Cúcuta, se concentra la asistencia humanitaria desplegada por el Gobierno colombiano para atender a los afectados por la crisis con Venezuela.

En Cúcuta y el vecino municipio de Villa del Rosario están alojados en 21 «sitios de albergue» 3.402 colombianos llegados de Venezuela.

La crisis estalló el pasado 19 de agosto cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar parte de la frontera para, según dijo, reforzar la lucha contra el contrabando y presuntos paramilitares colombianos.

Dos días después declaró el estado de excepción en la franja fronteriza del estado Táchira, lo que dio lugar a la expulsión de más de un millar de colombianos y la salida voluntaria de otros miles ante el temor de correr la misma suerte.

La tensión entre ambos países se ha incrementado en las últimas horas con la decisión de Maduro de ampliar el cierre fronterizo en el estado venezolano de Zulia, donde también se aplicarán medidas de excepción.

EFE

Hasta hoy quienes hayan sido seleccionados para prestar el servicio electoral tienen chance de presentar su excepción al mismo, según el cronograma electoral de las parlamentarias aprobado por el Consejo Nacional Electoral.

El pasado 19 de marzo, el ente comicial escogió en sorteo a 406.198 electores que prestarán servicio por un año, según el artículo 134 de la Constitución y el 50 de Ley Orgánica del Poder Electoral (Lopre).

Las causales están establecidas en el artículo 113 de la Lopre y son: ser mayor de sesenta y cinco (65) años de edad; tener alguna discapacidad física, mental, de salud o legal, debidamente certificada; ser candidato, ejercer un cargo de dirección nacional o regional en un partido políticos o ser promotor de un grupo de electores; prestar servicio de emergencia en razón de su profesión u oficio y aquellos que en razón de la naturaleza de sus labores le impide asistir a desempeñar sus funciones el día de las votaciones.

Asimismo, el ente comicial aprobó el pasado 11 de junio incluir como causales el cuidado de hijos en período de lactancia o hijos que presenten alguna limitación física o mental y para aquellos que residen fuera de la jurisdicción donde fueron seleccionados.

El proceso se realiza a través de la página web del CNE. Quienes no presenten su excepción serán sancionados con multas equivalente de 15 U.T. (Bs 2.250) a 50 U.T. (Bs 7.500) o arresto proporcional.

Ayer se auditó el Registro Electoral que se usará para selección, el jueves 10, de 88.310 electores que complementarán a los miembros de mesas.

Por otra parte, ayer cerró el lapso para que las modificaciones y sustituciones de las postulaciones se reflejen en el tarjetón electoral, aunque las toldas tienen hasta el 6 de noviembre para realizar sustituciones y hasta el 26 del mismo mes para modificaciones.
Últimas Noticias.

El presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar, insistió al Gobierno nacional abrir una corredor comercial en la frontera con Colombia, pues hay insumos y materiales para las industrias a la espera de los procesos de nacionalización que se realizan en las aduanas.

Aguilar comentó en entrevista con Dhameliz Díaz en el programa Primera Voz, transmitido por El Carabobeño Radio, que así como hay un corredor humanitario, para que las personas puedan pasar a trabajar o estudiar de un lado al otro de la frontera, debería abrir el paso en los tres puntos (Libertador, Santander y Unión) de las mercancías que pertenecen a empresas venezolanas.

Son 150 gerentes aduanales que están a la espera de la apertura de los puntos fronterizos para comenzar los procesos de nacionalización.

Aguilar explicó que estos puntos fronterizos deben ser reabiertos bajo estricta vigilancia gubernamental.

El presidente de Fedecámaras llamó la atención sobre lo abandonada que está la frontera venezolana. Recordó que las autoridades centrales están a dos horas de avión y las regionales a dos horas de carretera, lo que hace necesario se cree una autoridad civil, que resida en la zona y conozca de primera mano. “La frontera está abandonada y desolada, no hay empleo y no llega la inversión”, denunció.

El Carabobeño.

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo hoy que Colombia sabotea los intentos de diálogo para resolver la disputa por el cierre de dos pasos fronterizos, ordenado por Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y la penetración paramilitar.

Como hizo en la víspera la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, Saab llegó a Ginebra con el fin de presentar en diversas instancias multilaterales su posición en relación a la crisis que enfrenta a Venezuela con el Estado vecino.

«Si hay temas que tratar y Venezuela pide sentarse para discutirlos, y del lado colombiano hay un condicionamiento, obviamente hay un sabotaje al diálogo… eso implica una falta de voluntad», declaró el defensor del Pueblo en una pausa de sus reuniones.

Justificó todas las acciones tomadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en vista de «la terrible situación» que imperaba en la frontera y que «ha desangrando nuestra economía, con un enorme tráfico de gasolina venezolana hacia Colombia y un bombardeo contra nuestra moneda».

Saab calificó de «ofensas» las afirmaciones de las autoridades colombianas en el sentido de que entre los más de 1.300 colombianos que residían en la zona fronteriza del estado de Táchira y que han sido deportados figuraban muchos refugiados.

«Nosotros hemos pedido que nos presenten nombres y apellidos porque lanzar estas descalificaciones es muy grave. Pero hasta el momento no hemos recibido ni un nombre o apellido, ni siquiera el de una persona», aseguró.

«Hasta este momento no hay un sólo caso documentado de algún refugiado colombiano deportado», insistió, para agregar que los deportados eran «inmigrantes ilegales».

El defensor prometió que su institución investigará cualquier caso que sea sustentado.

Durante la mañana, Saab se reunió con altos responsables del Comité Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), e intervino en una reunión de representantes del grupo de países de los No Alineados.

En otro momento de sus declaraciones, el defensor del Pueblo venezolano eludió comentar directamente la reclamación de Colombia para dar prioridad a la reunificación de familias con miembros deportados y a la devolución de las pertenencias de los afectados.

Saab insistió en que su institución aboga por el diálogo y que los presidentes de ambos países puedan reunirse para resolver todas sus divergencias.

«Siempre se habla de lo que dice Colombia, pero se oculta lo que dice Venezuela… da la impresión de que Colombia no quiere resolver ninguno de los temas fronterizos y más bien le da largas a esta situación», dijo.

Saab aseguró que hubo intentos previos de buscar soluciones a los problemas en la frontera -como parte del trabajo de equipos binacionales-, pero que parece que «no hay voluntad de Colombia de atender a las peticiones venezolanas».

EFE.

En lo que va de 2015, 37 menores de edad han perdido la vida de manera violenta en el estado Anzoátegui, según las estadísticas que maneja el diario El Tiempo.

La cifra representa 6,9% de los 531 homicidios que se han registrado en los 21 municipios de la entidad.

El primero fue el 9 de enero, cuando un adolescente de 15 años recibió un disparo de escopeta. El hecho se registró en el sector El Chaparral de Cerro de Piedra, municipio Bolívar.

Al parecer, todo ocurrió porque le ganó alzando pesas a un sujeto apodado “argenis cara de loco”, el cual, supuestamente, fue detenido después.

Otro de los casos fue la muerte de una pequeña de 4 años. Fue asesinada a golpes, presuntamente, por el amante de su madre, quien habría intentado ultrajarla en una pieza ubicada en la parte trasera de una casa en la calle El Progreso del sector Negro Primero, en Guanipa.

La autopsia reveló que la infante sufrió hematomas y desprendimiento del hígado. El hombre y la progenitora fueron capturados por la policía.

Presunto enfrentamiento 

10 de los menores ultimados, al parecer, fueron abatidos por funcionarios de los distintos cuerpos policiales del estado.

El 17 de enero, un chico de 17 años, quien presuntamente estaba señalado de homicidio, se enfrentó con efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en los límites de los municipios Simón Rodríguez y Miranda.

Un caso similar ocurrió el 16 de julio, cuando un joven de 16, supuestamente, se enfrentó a efectivos de la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo), en la calle El Taladro del barrio El Pensil, en Puerto La Cruz.

La segunda causa de muertes fue el ajuste de cuentas. Cinco menores fallecieron por rencillas con sus victimarios.

El homicidio más reciente en el estado fue el de un muchacho de 13 años, que fue baleado cuando intentó defender a una amiga de un presunto delincuente. Esto ocurrió en Guanipa.

El Tiempo.

Neida Josefina Cadena López (44), profesora de artes marciales en la Unidad Educativa Mano Amiga La Montaña, fue hallada sin vida en el interior de su casa, en el sector Los Lanos, en Turgua, municipio El Hatillo (Mir).

El hallazgo lo realizó un hermano, al ser consultado por vecinos porque la mujer no contestaba las llamadas telefónicas.

De la vivienda fue sustraída una moto Empire, modelo Arsen II, color negro, placa AA3U96W, un bolso con sus documentos personales y su teléfono celular.

El Cicpc investiga el crimen. Con este caso asciende a 104 las mujeres asesinadas en la Gran Caracas en lo que va de año.

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El Ministerio Público acusó a Petra Ramona Quiroz, por su presunta complicidad en el robo a la cantante de música llanera Elisa del Carmen Guerrero Brizuela (35), quien murió durante ese hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado 06 julio en la urbanización Villas de Santa María de Tinaquillo, estado Cojedes.

El fiscal 1º de esa jurisdicción, Manuel González Carrillo, acusó a la mujer por la comisión de delitos de robo agravado en grado de cómplice necesario y uso de adolescente para delinquir.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2º de Control de Cojedes, el fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de la mujer y que se le mantenga la medida privativa de libertad contra Quiroz, quien está recluida en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Tinaquillo.

Por este caso, en su oportunidad fue acusado un adolescente de 15 años, hijo de Quiroz, por los delitos de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado y agavillamiento.

El joven se encuentra recluido en el Centro de Internamiento José Damián Ramírez Labrador, en San Juan de Los Morros, municipio Roscio del estado Guárico.

De acuerdo con la investigación, en horas de la madrugada del pasado 6 de julio, el adolescente y otras personas ingresaron a la residencia de la cantante de música llanera para cometer un robo.

Minutos más tarde, en vista de que el joven fue descubierto por Guerrero Brizuela, le disparó en el pecho a la mujer, quien falleció posteriormente en un hospital de la localidad.

El 7 de julio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron al adolescente en otra vivienda de la urbanización Villas de Santa María, en Tinaquillo.

Vale destacar que Petra Quiroz trabajaba como empleada doméstica en la residencia de la cantante y ella le habría facilitado información a su hijo sobre los objetos de valor que se encontraban en la vivienda de la artista.

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