Mientras mostraba las altas calificaciones que obtuvo su hijo en el curso de Auxiliar en Criminalística, Carmen Vásquez, relataba con rabia cómo mataron a su muchacho. Un joven que trabajaba para costearse sus estudios porque quería ser policía y así contribuir a disminuir los índices de violencia.

Al hijo de Vásquez, Kleider Steven Villarroel (20), lo mataron frente a su casa, a pocos metros de la estación Ruiz Pineda del Metro de Caracas. Allí hace tres semanas había instalado un puesto de venta de cigarrillos. Con el dinero que obtenía de la venta del producto pagaba un curso de Auxiliar en Criminalística en el Instituto Técnico Latinoaméricano XXI. Quería prepararse para ser detective, luchar directamente contra la delincuencia «porque sabía que vivía en una sociedad violenta, donde los valores y principios se han perdido», dijo la madre.

El viernes a las 6:00 p.m. mientras Villarroel atendía su puesto pasaron dos motorizados y dispararon. Testigos dicen que escucharon no menos de ocho tiros. Los transeúntes corrieron a refugiarse y él en su intento de buscar resguardo fue alcanzado por un proyectil en la espalda. En el tiroteo una persona que salía de la estación resultó herida. Cuando cesaron las detonaciones los vecinos reconocieron al muchacho y lo llevaron al hospital Pérez Carreño. Su agonía duró unos minutos más hasta que falleció.

«Él se esforzaba por ser el mejor del curso. Mira sus notas, en todos los exámenes del curso sacó 20. Le faltaba pocos meses para finalizarlo y al egresar iba a estudiar la licenciatura. Pero ese sueño, quedó en eso, un sueño».

Ultimada joven en Petare

A las 4:00 a.m. una adolescente de 17 años se reunió a compartir con unos amigos en el sector La Ceiba de Barrio Unión de Petare. Permanecieron largo tiempo conversando y tomando. De pronto se escucharon unos disparos. El grupo se dispersó y una vez que la ráfaga de tiros cesó, la joven quedó tendida. Visiblemente no tenía herida por arma de fuego, pero sí tenía una cuchillada en el pecho.

Técnicos del Cicpc la llevaron a la morgue de Bello Monte. Allí el patólogo determinará si también tuvo heridas por arma de fuego.

En otro hecho ocurrido en la avenida Las Acacias de Sabana Grande mataron a Wilmer García (25). Le robaron su celular, dinero y un reloj. Trabajaba en un taller de latonería y pintura en Sarría.

Ente viernes y la tarde y el domingo en la mañana fueron llevados 44 muertos a la morgue de Bello Monte.

El Universal.

En la celda 4 de la Coordinación Policial 1 de Polimiranda, ubicada en Los Teques, 11 presos comparten un espacio de 3×3 metros. Cuando acuerdan dormir, 5 son los privilegiados para acostarse sobre deterioradas esterillas, mientras que los otros 6 esperan su turno de pie. El detenido más antiguo, un joven de 21 años de edad, que está allí desde hace un año y medio por el delito de hurto de vehículo, contó que la única distracción que tienen es jugar cartas.

Las 7 celdas de esta coordinación, ubicadas en un pasillo angosto, tienen capacidad para albergar a 30 detenidos, pero en la actualidad hay 61 personas a la espera de ser trasladadas a las cárceles. Esa área, maloliente por el sudor y orine de los detenidos, muestra una crisis que se extiende a otras 5 coordinaciones de la policía del estado Miranda: En 6 de las 7 dependencias hay 206 detenidos, pese a que tienen capacidad solo para 140 personas, según el director de Polimiranda, comisario general Elisio Guzmán. La situación se replica en los calabozos de 5 instituciones municipales y 7 del Cicpc, ubicados en la Gran Caracas: allí pernoctan 699 personas.

El hacinamiento en los calabozos policiales, que son centros de detención preventiva concebidos para el albergue por un lapso de 48 horas mientras se desarrolla la audiencia de presentación, ha generado protestas de detenidos que exigen traslados a los penales. El lunes 24 de agosto se registró un motín en el calabozo de Polichacao, del que se fugaron tres hombres, según el subdirector, comisionado Rubel Vásquez. “Se llamó a orden público para controlar la situación y uno de los hombres fue recapturado en el techo de la sede policial. Ese día se consiguieron armas de fabricación casera, teléfonos móviles y cargadores”, precisó.

El abogado penalista Jesús Ollarves recordó que los detenidos no deben permanecer más de dos días en calabozos policiales, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, tiempo en el cual el juez de control debe definir cuál será el destino del detenido.

“A lo sumo en dos días el juez de control, previa solicitud de Fiscalía, debe informar a qué centro penitenciario será trasladado. Si eso no se concreta, falla el proceso pues en estos retenes la lógica de rehabilitación del preso no funciona”.

La directora de la Fundación para el Debido Proceso, abogada Jacqueline Sandoval, considera que la crisis de hacinamiento que hay en los centros penitenciarios se ha trasladado a los calabozos policiales. “El gobierno tiene una deuda sobre todo con Caracas, que es donde se genera el mayor número de detenidos y la capital ya no cuenta con un centro de reclusión luego de la clausura de La Planta. Por un lado el tribunal asigna el centro de reclusión, pero las policías deben esperar que el Ministerio de Servicio Penitenciario les otorgue los cupos de traslados”, dijo. Reclamó al ministerio que tome cartas en el asunto: “Se necesitan más penales y que se den las medidas alternativas de la pena a tiempo”.

El preso más antiguo en los calabozos de Polimiranda, con medida privativa de libertad por el delito de secuestro, está allí desde junio de 2013: “No es posible que estén convirtiendo a las policías en lugares para el restablecimiento de pena. Hay un hacinamiento crónico que se agudiza con el tiempo. Cada vez tengo que mandar unidades de orden público para tener control de los presos que se alzan”, manifestó el director de ese cuerpo policial.

Una carga más

Además de sortear el hacinamiento, en las sedes policiales deben enfrentar la falta de recursos no presupuestados para cancelar los kits de traslados de los reos. Una responsabilidad que les adjudicó el Ministerio de Servicio Penitenciario desde mayo de este año.

“Ahora debemos asumir el gastos de los kits de traslados. Recientemente tuve que pedir un crédito adicional a la gobernación para cancelar los implementos”, precisó el comisario Guzmán. Explicó que los kits de traslados deben incluir colchonetas, uniformes, zapatos, toallas, jabones de baño, pasta dental, cepillo de dientes, desodorantes y dos juegos de sábanas por cada recluso, lo que supera el valor de los 30.000 bolívares.

Representantes de las policías municipales consultados confirmaron que también han tenido que pedir recursos adicionales a las alcaldías y colaboraciones a vecinos e instituciones privadas para cancelar esos kits. Hasta el 26 de agosto en Polichacao ya habían cancelado 23 equipos.

El Nacional.

Se puede apreciar en distintos lugares donde la existencia de colas para comprar productos de primera necesidad es frecuente, dígase (casi) a diario, una cantidad anormal de basura, así como el daño del ornato del establecimiento y sus alrededores, junto con los negocios cercanos, quienes sufren los efectos colaterales de comportamientos incontrolables.

En otras ocasiones se puede presenciar gente pernoctando sobre cartones y colchonetas improvisadas cerca del local donde efectuarán la compra, algunos hasta se preparan y cuelgan hamacas entre los árboles para pasar la noche con mayor comodidad. Luego de la compra, se puede ver a gente que duerme junto con sus adquisiciones y pertenencias.

Los niños pequeños y hasta bebés en sus coches no se salvan de las condiciones a las que son sometidos junto con su familia, como lo son el calor inclemente y la lluvia, que los adultos presentes intentan combatir con cartones de gran tamaño forrados en plásticos de bolsa negra.

En la Plaza del Hierro, frente al Abasto Bicentenario del Centro Comercial Zulia, ubicado en Alta Vista, hay ocasiones en las que se pueden contar hasta casi cien personas que comen, duermen, descansan, hablan y conviven en el área con el objetivo de pasar la noche en el lugar o esperar a sus acompañantes quienes se encuentran haciendo cola.

Estado de necesidad

“Yo tengo tres noches durmiendo en la plaza, lo cual es un peligro, pero, ¿quién nos va a garantizar sino nosotros que vamos a poder comprar al día siguiente en el Bicentenario?”, espetó Malvis Muñoz, una de las usuarias del comercio estatal.

“Nosotros estamos luchando todos los días contra el desabastecimiento. Esto siempre es un bochinche (el hecho de hacer la cola para poder comprar en el supermercado). Necesitamos paz y orden, aquí es necesario un punto de control con guardias nacionales, para que ellos aseguren que si la cola comienza desde las 5:00 de la mañana, uno al llegar a esa hora no se encuentre ya con una cola de cien personas por delante”, comentaron Carolina Terán y Yobana Márquez, quienes aseguraron tenían al menos una noche pernoctando en la mencionada plaza.

Las mujeres explicaron que si se llega el mismo día en la madrugada al local es seguro que no podrá comprar algo ese día, ya que hay personas formadas desde la noche anterior y hacen listas para organizarse. “Atienden a 900 personas cada día, pero en realidad solo dejan pasar a 150. Las mujeres que no logran comprar nada muchas veces salen llorando de la impotencia”, comentaron.

Los negocios

Alberto García, dueño de la Panadería Santa María del paseo Caroní, en Puerto Ordaz, cuenta cómo la presencia de “bachaqueros” y demás personas que hacen cola en Delicateses La Fuente -expendio de víveres estatizado en 2010 y que se encuentra justo al lado- ha afectado el normal desarrollo de su negocio.

“Cuando hay bachaqueros cerca usan la parte frontal del negocio para dormir o sentarse, además de que orinan o botan los pañales sucios. Si se quedan desde la noche anterior para comprar, duermen en el negocio, y la cuestión empeora si llega a llover”, narró García.

El empresario explicó que su clientela ha reducido a raíz de esto, ya que mucha gente se abstiene de ir al comercio por miedo a los bachaqueros. “También ha ocurrido que defecan y orinan entre los carros estacionados frente a la panadería, que normalmente son de los clientes”, relató.

Decididos a pernoctar

“El Bicentenario es el único que tenemos la seguridad que nos va a proveer los productos a precios justos. Yo soy madre y hago el sacrificio de estar aquí. En mi casa en este momento no hay nada, y como hoy no pude comprar, me toca salir a conseguir comida cara con los bachaqueros”, explicó Muñoz.

Márquez declaró que los efectivos de la Guardia Nacional no dejan tomar fotos ni grabar videos, y narró un episodio en el que una mujer, quien con el celular en la mano trataba de conseguir señal, hizo que un efectivo confundiera la acción con un intento de tomar fotos o grabar videos; acto seguido, el castrense procedió a arrebatarle el aparato y exigir que borrara “lo que había hecho”, la fémina, confundida, le dice que no tiene nada, y el segundo se aleja sin antes proferirle una amenaza de que para la próxima le rompería el aparato.

“La gente está decidida a quedarse a dormir en la plaza, ya que si no lo hacen no tienen puesto. Hay veces que las personas están en cola desde las 4:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y aun así no logran comprar nada. Los viejos y discapacitados también pasan todo el día haciendo cola. Debido a la necesidad que se ve, hay personas que se aprovechan y venden el lugar en la fila o los números que les otorgan”, expuso Alexandra González, quien se encontraba en la Plaza del Hierro la mañana de este domingo, luego de haber pernoctado en el espacio público. Mañana será otro día.

Fuente: Correo del Caroní

Irina Sposito Girón

Moradores de la zona rural de El Cambur, sector boscoso de San Rafael de El Chama, municipio Libertador del estado Mérida, este jueves en la tarde, hicieron el hallazgo de los restos de cuatro personas, sin identificar: una en fase esquelética, otra en estado de descomposición y dos más descuartizadas, a unos 200 metros de la vía principal.

Luego de salir de su asombro ante el dantesco escenario, los campesinos dieron parte a las autoridades, trasladándose hasta el lugar una comisión multidisciplinaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la subdelegación Mérida, de Medicatura Forense y de Protección Civil, a fin de corroborar la información y proceder a las diligencias de rigor.

Al inspeccionar  el área y el estado de los cuatro cuerpos o restos humanos, presumieron los investigadores que  se trata de una zona que estaba siendo usada por asesinos, como lugar de liberación de cadáveres.

De  allí que uno de ellos ya estaba esquelético; otro se estaba descomponiendo de manera apresurada,  mientras que varias  partes y huesos dispersos, correspondientes a dos cuerpos, les hacen presumir que fueron desmembrados.

Hasta este domingo no se había logrado determinar ni la edad, sexo o causa de muerte de cada uno de ellos, aunque por algunas ropas colectadas en lugar y vestimenta que aún tenía uno de ellos, hacen pensar que todos eran hombres.

Como parte de las acciones emprendidas por el Cicpc, la División Contra Homicidios comenzó las labores para determinar si existe alguna correspondencia entre los cuerpos hallados y algunas personas que hayan desaparecido durante los últimos meses en la entidad  merideña o estados vecinos.

Los restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Ejido, en Mesa Seca, donde con mayor amplitud los médicos forenses y antropológicos podrán trabajar en ellos y establecer, entre otras cosas, inicialmente sus identidades.

Un tiro en la cabeza

En cuanto al cadáver en avanzado estado de descomposición, hallado el viernes en la noche   en el sector Terrazas de Santa Margarita, frente al lote 54 de la aldea Llano Jorge, municipio Bolívar, se pudo conocer que tras la autopsia que se le practicó este domingo, la causa de muerte pudo ser un balazo en la cabeza.

La apreciación forense podría ser preliminar, toda vez que pese a determinar que el cráneo  yace fracturado y con el aparente orificio de salida de un proyectil en la parte posterior, no cuenta con varias piezas o huesos de la parte frontal que confirmen esta tesis.

En cuanto a la data de muerte, se dijo que podría ser menor a los dos meses, ya que algunos de sus órganos internos aún no se habían deteriorado por completo.

Se confirmó que no había sido descuartizado, pero sí faltan algunos huesos. En cuanto al sexo de la víctima, se trataba de un hombre; no se pudo precisar su edad,  por lo que será un médico antropólogo quien dilucide esta y otras interrogantes.

Vestía pantalón azul, tal vez de gabardina, y una franela azul; estaba desprovisto de medias  y calzado.

La Nación.