El Secretario General del partido Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón aseguró que mientras haya una distorsión económica tan seria como la que existe hoy, seguirá siendo atractivo el negocio del contrabando de Venezuela a Colombia. “Las políticas económicas desacertadas del gobierno del Maduro, nos ha llevado a esta situación precaria no solo en el eje fronterizo, sino en todo el país.

Recordó Rondón, durante entrevista en Vladimir a la 1:00  por Globovisión , que ya para el año 99 era un problema el no tener una legislación adecuada que regule toda la situación fronteriza. “En estos 15 años la Asamblea Nacional no se ha dedicado  a producir un texto que norme de forma definitiva y no espamódica y temporal la situación en el eje fronterizo. Venezuela tiene las fronteras más calientes de Latinoamérica. Esta conurbación Cúcuta San Cristóbal, que pasa por Ureña San Antonio. Allí hay una cantidad importante de colombianos y venezolanos que conviven en esa frontera caliente”.

Aseguró que el gobierno nuevamente ha utilizados las herramientas del poder para intentar lograra cohesión nacional en vista de su escasa popularidad. A su juicio no hay ninguna intención del gobierno de resolver los problemas que realmente están en las fronteras.

“Yo no creo que esto tenga una motivación real para erradicación la violencia y las circunstancias que se vive en las fronteras. Porque hace un par de semanas antes había intentado y ensayado con la frontera con Guyana, también con una actitud bélica y agresiva. Ahora con Colombia, cuando a todas luces es evidente que esa situación está allí y por tolerancia de ambos gobiernos, por indolencia de gente que tiene.

Destacó que el gobierno habla de paramilitares, bachaqueros, pero no habla de la narco guerrilla, que fue inclusive protegida por altas esferas del gobierno nacional.  Planteó que ante esta situación en las fronteras lo importante es que cese ese conflicto artificial y que se resuelvan los problemas de fondo”

“Las políticas económicas desacatadas son las que han ocasionado el contrabando en la frontera. No hay forma de que mientras haya una distorsión económica tan seria, no sea el negocio más productivo del mundo comprar cosas en Colombia y llevarlas a Colombia, si un litro de gasolina cuesta nueve céntimos que puede usted esperar”.

Agregó que  el bolívar no vale nada frente al peso colombiano lo que genera esta  distorsión por lo que indicó que es necesario nivelar  la moneda venezolana. “Yo no diría que la salida es mantener clausurada la frontera, la salida es nivelar desde el punto de vista económico ese intercambio, establecer reglas clara de juego, lo que hay es que establecer un fluido adecuado de productos y de bienes y servicios”.

CNE debe impedir confusión del electorado

Al referirse a la denuncia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre la ubicación de tarjetas similares a la de la alternativa democrática en la boleta electoral, para las elecciones parlamentarias a celebrase el próximo 6 de diciembre, manifestó que el  Consejo Nacional Electoral debió impedir y ordenar una ubicación distinta de las  tarjetas de la MUD y la de el Movimiento de Integridad Nacional (MinUnidad) que  están dispuestas en la misma esquina una al lado de la otra.

Nota de prensa.

Las funcionarias y los funcionarios públicos en ejercicio que hayan sido postulados como candidatas y candidatos para las elecciones a la Asamblea Nacional y que no opten a la reelección, podrán separarse temporalmente de sus cargos hasta el día antes de que inicie la campaña electoral, la cual se iniciará el viernes 13 de noviembre, siempre y cuando no estén dentro de lo previsto en el artículo 189 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo con los artículos 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y 128 del Reglamento General de esta ley, la separación temporal del cargo deberá estar vigente desde el día que inicie la campaña hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive. En el caso de quienes se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 189 de la Constitución, la separación del cargo deberá hacerse tres meses antes de la elección. Quienes estén optando por la reelección no tendrán que separarse del cargo, de acuerdo con el mismo artículo 57 de la Lopre.

Si por alguna causa la candidata o el candidato reasume el cargo en cualquier momento de la campaña electoral, la postulación se tendrá como no presentada.

Nota de prensa.

El presidente de la República, el gobernador del estado Táchira y el Defensor del Pueblo, conjuntamente con el alto mando militar, y no el Estado o el Gobierno venezolanos, como hasta ahora adelantan diversas instancias, serán acusados ante la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en la presunta comisión de la violación de los Derechos Humanos de las personas que fueron deportadas hacia Colombia, tras el cierre de la frontera en municipios colindantes de la referida entidad andina.

El anuncio lo hizo en rueda de prensa, sostenida en San Cristóbal, el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien dijo que un grupo de abogados prepara las denuncias que introducirán ante el organismo de La Haya, luego de la adopción del conocido Estado de Excepción que rige desde hace casi dos semanas.

“La Corte Penal investiga a funcionarios de alto rango que tienen responsabilidad directa. Ante la CPI no hay privilegios. Así que vamos a denunciar a Nicolás Maduro, a José Gregorio Vielma Mora, a la cúpula castrense y al propio Tarek William Saab. Este último por encubrimiento, pues incumple su obligación de defender los derechos humanos, comportándose como un militante del Psuv”, manifestó el declarante.

“Colombia elevará las pruebas a que hubiere lugar por su lado, y al final se tendrán que acumular, porque es un delito que se origina en Venezuela y se continua en la nación neogranadina. Procesalmente, debemos articular las pruebas de ambos países”, agregó el también historiador.

Márquez, quien ha ejercido en cinco períodos como parlamentario, refutó el pronunciamiento de Saab, quien calificó como una “barbaridad” el recurso que se pretende ejercer. “Estamos en presencia de dos tipos de figuras tipificadas por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. La CPI conoce cuatro grupos de delitos: genocidio, crímenes de guerra, agresión y, el caso que estamos ventilando, delitos de lesa humanidad. Dentro de los delitos de lesa humanidad se encuentran las deportaciones forzosas y también las persecuciones contra una población. Aquí se verifican ambas”, enfatizó, despejando, de paso, que el fuero del CPI no tenga la pertinente jurisdicción.

Quien le pega a su familia se arruina

El también exembajador de Venezuela en la India y profesor jubilado de la Universidad de los Andes rechazó los avales presentados por el Ejecutivo de Miraflores para establecer el decreto 1950. “Los argumentos del Gobierno Nacional de que el lugar conocido como ‘La Invasión’, en San Antonio del Táchira, era una base de grupos paramilitares es absolutamente falso. Allí ha operado y opera una base de comunas socialistas y unas Unidades de Batalla de Chávez. En ese sentido, la razón del oficialismo para hacer un desalojo forzoso y masivo de colombianos vinculados a venezolanos en la zona de frontera, carece de toda fundamentación”, indicó, manifestando que, por el contrario, se convierte en una prueba que tipifica los delitos de lesa humanidad aludidos.

Presentando ante los profesionales de la prensa diversas fotografías que certifican sus señalamientos, Márquez refutó la postura del mandatario regional de acusarlo, junto al exgobernador César Pérez Vivas, y al también diputado Abelardo Díaz,  de haber propiciado ocupaciones ilegales de tierras en el sector.

“Vielma Mora tiene un profundo desconocimiento del Táchira. Él ni si quiera es tachirense. Nosotros tenemos, más bien, notas de prensa emanadas de la Radio Nacional de Venezuela y del despacho del gobernador en las cuales se demuestra que él sabía de la existencia de esas zonas integradas por los consejos comunales Ezequiel Zamora – nucleada en una base de misiones juvenil -, Ernesto ‘Ché’ Guevara y ‘Mi Pequeña Barinas’, con registros de información fiscal debidamente inscritos ante el ministerio de Comunas. Ahora afirma que son paramilitares, pero él estuvo reunido con los encargados e hizo inspección de obras en el lugar, lo cual demuestra su profundo cinismo”, dijo.

Inclusive, el alto vocero opositor destacó que en los perímetros en cuestión se habían desarrollado, entre otros, trabajos de instalaciones eléctricas y sistemas de aguas servidas, financiadas por el Consejo Federal de Gobierno y por el Fondo Interterritorial.

“Son más de 1200 casas consolidadas instaladas hace años; logramos documentar más de veinte misiones socialistas que operan en el sitio”, agregó el historiador.

“En uno de los módulos aparece el logotipo ‘Maduro es Pueblo’, denotando la presencia del oficialismo; en otro ‘Misión Barrio Adentro’. Vielma Mora no lo puede negar, salvo que tenga amnesia. En algunas casas había hasta propaganda electoral, lo cual significa que cuando fueron a buscar los votos no eran partidarios de demoler esas viviendas”.

Continuando con su exposición, el demandante acotó que también hubo constancia de banderas y estandartes de la Misión Ribas en algunos de los inmuebles hoy derruidos. “Si alguien permite que coloquen en su casa una bandera de esas es porque está ideológicamente vinculado al Gobierno. Es más, hasta encontramos un proyecto de lencería denominado ‘El Porvenir’, dirigido por gente muy humilde y financiado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, completando que algunos de los residentes, por ejemplo, en ‘Mi Pequeña Barinas’ estaban tan organizados que hasta tenían uniforme: un chaleco con la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez Frías en la parte delantera.

La excepción ha sido una decepción

Insistió en los desmanes que se han cometido con el Estado de excepción en rigor. “Ha permitido muchos abusos: destrucciones masivas de viviendas sin cumplir con el debido proceso, retenciones ilegales de turistas que estaban en el país a quienes no les permitieron salir, deportaciones forzosas, persecuciones arbitrarias. Además de todo el trabajo de destrucción de viviendas, anteriormente habían destruido puentes en las cuencas altas del río Táchira por lo cual se configura un ataque sistemático contra la población”, apuntó, mencionando que ni las edificaciones de carácter religioso, principalmente – templos de la fe cristiana protestante -, se habían salvado de la ‘razzia’.

Sobre el caso de venezolanos que no han podido reingresar a nuestro territorio acusados de bachaqueo, el legislador expresó que se trata de un claro abuso de poder. “El propio Estado de Excepción, el propio decreto, señala que se restringe el paso y que, simplemente, se tiene que notificar o el cambio de residencia o la salida o el ingreso al país. Todo funcionario que está abusando del poder tiene responsabilidad civil, penal y administrativa, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, y no puede alegar órdenes superiores. Esos venezolanos están extrañados, desterrados, lo cual es prohibido por la Carta Magna”, subrayó.

Finalmente, lamentó la conducta del embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, indicando que resultaba inaudito que un hombre con formación socialcristiana y humanista justificara estos atropellos. “Es reprochable su conducta. Yo tenía un profundo afecto y respeto intelectual, profesional y académico por Chaderton, pero me he dado cuenta de que él, por defender un cargo, por defender un plato de lentejas, ha traicionado los ideales que le enseño Arístides Calvani”, sentenció.

El diputado a la Asamblea Nacional Walter Márquez finalizó su comparecencia ante los representantes de los medios de comunicación, formulando una interrogante: “¿Cómo es posible que mientras el presidente Juan Manuel Santos se acerca a Cúcuta, Nicolás Maduro se aleja, viajando a Vietnam y a China? Eso es un acto irresponsable”.

“¿O será que tiene temor Maduro de que si viene al Táchira lo deporten porque no está clara su nacionalidad?”, se preguntó en un dilema al cual no pocos son ajenos

Nota de prensa.

Noticias Caracol conoció la petición formal que hizo el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, a la Corte Penal Internacional para que investigue y capture al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Ministerio Público documentó lo que, según esa entidad, constituye una política de persecución y ataques sistemáticos contra 12 mil colombianos que han sido deportados forzosamente desde el vecino país. Esta cifra, dice, se basa en informes de la ONU.

Para la Procuraduría esto es un crimen de lesa humanidad, una «política de limpieza». Por eso pide a la fiscal ante la Corte Penal Internacional que procese a Maduro, a la canciller Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea venezolana, Diosdado Cabello; al gobernador de Táchira, José Vielma Mora, así como a dos generales de la Guardia venezolana.

Esta solicitud fue enviada directamente por el procurador a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional.

Noticias Caracol.