“Más de mil personas fueron deportadas pero unas 7.500 decidieron voluntariamente abandonar el país, para evitar los excesos de los cuales han sido víctimas algunos de los ciudadanos inicialmente enviados de retorno a Colombia. Si las personas tienen algún tipo de temor en cómo va a ser el respectivo procedimiento, ellos mismos salen del territorio venezolano. Ese es un indicador de que hay algo que está ocurriendo, extraordinario, que no está siendo normal y que no es aceptable desde los parámetros internacionales y dentro de lo que debe ser la salvaguarda de los derechos humanos”.
El señalamiento sobre la situación que prevalece en la frontera binacional en referencia corresponde a Yosmar González, candidata de la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional por el circuito 3 del estado Táchira. Esa jurisdicción andina comprende diez municipios, dos de ellos – Panamericano y García de Hevia incluidos en la ampliación que el pasado viernes decidió el Presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el Estado de Excepción adoptado a través del decreto 1950.
“Muchas de esas personas que se habían asentado del lado venezolano eran desplazados de situaciones hostiles dentro de los campos colombianos. Ahora tuvieron que regresar sin una expectativa de vida, sin ninguna expectativa de radicación estable para ellos y para sus familias. Todo el mundo en las regiones fronterizas tiene su ascendencia familiar, tiene su vinculación familiar tanto del lado de Colombia como del lado venezolano. Es decir, se corre el riesgo de la separación de familias, así como también hay quienes, por la misma naturaleza y la dinámica económica de la zona limítrofe, han establecido sus puestos de trabajo en Venezuela y habitan en Colombia y viceversa”, manifiesta la también concejal.
“Estamos siendo una voz de alerta para que se respeten los derechos humanos de aquellas personas que por un momento tuvieron a Venezuela como su patria y de la noche a la mañana se vieron obligadas a abandonar el país”, agrega.
La facultad no da licencia para agredir
“Hoy en día lo que tenemos es el reclamo necesario para que en la aplicación de la restricción de derechos y garantías constitucionales por parte del Estado venezolano se respeten las garantías de todas aquellas personas que, de una u otra forma, han hecho su asentamiento en Venezuela”, afirmó González, quien admite la necesidad de adoptar iniciativas dirigidas a controlar el acaparamiento, la especulación y el contrabando, aunque sin que esa medida vaya en desmedro de la realidad social.
“Estas personas se están viendo severamente afectadas, lejos, entonces, de controlar la situación de desabastecimiento de productos, tal cual fue la primera información que se le ofreció al pueblo venezolano, para garantizarle los alimentos y acabar con el contrabando de combustible. Esa debió ser una política del Gobierno Nacional hace años: haber preservado la soberanía venezolana y no haber extendido la nacionalidad de la manera como se hizo, sin ningún tipo de responsabilidad, estimulando grandes migraciones hacia nuestro país”, expresa aludiendo a quienes generaron su fuente de trabajo, su piso y base familiar en el territorio nacional.
Igualmente, reseña González, el cierre de la frontera ha acarreado una crisis de tipo médico y educativo. “Hay personas, sobre todo niños, que se están viendo afectadas en su salud porque no pueden pasar a Cúcuta a recibir tratamientos, por ejemplo, para el cáncer o la insuficiencia renal, porque en los hospitales del estado Táchira no se encuentran, en estos momentos, los equipos y los insumos clínicos necesarios. Pero también hay infantes y jóvenes perjudicados porque cursaban estudios en Colombia, debido a la falta de cupo en las universidades venezolanas, y no han podido seguir recibiendo enseñanza en primaria, bachillerato y superior”.
El experimento tachirense
La vocera de Primero Justicia indica, además, que, allende la facultad constitucional de emitir un decreto de Estado de Excepción – recordando las causas requeridas por calamidad pública, conmoción interior o exterior -, realmente, no se pensó siquiera en el pueblo tachirense al ejercer la disposición.
“Lamentablemente, nunca hemos visto en el estado Táchira una política del Ejecutivo de Miraflores que beneficie a sus ciudadanos: por el contrario, aquí fue donde primero se aplicó el control de gasolina, aquí fue donde primero se aplicó el control para la venta de alimentos por terminal de número de cédula, por ejemplo. El Táchira ha sido una de las entidades más segregadas o excluidas de las políticas sociales por parte del Gobierno. Y, entonces, la única vez que se acuerdan de la región es para implementar una medida tan extrema como lo es la declaración del Estado de Excepción”, dijo.
“Es decir, nosotros hemos sido como tachirenses, como pueblo venezolano, tomados como conejillos de indias por parte del Gobierno Nacional para los experimentos sociales, políticos y económicos que haya querido hacer”, enfatiza la aspirante a obtener una curul por la alianza partidista en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
La representante opositora subraya que, además de los perjuicios por lo que ha acarreado la deportación de ciudadanos colombianos, se han generado efectos nocivos en contra del desenvolvimiento de la economía regional. “Ya hay consecuencias del cierre de la frontera en ciudades como San Cristóbal, en el municipio Cárdenas – la ciudad de Táriba -, donde las ventas han decrecido notoriamente, la situación que han denunciado los comerciantes en San Cristóbal es que se registra un descenso increíble en sus actividades hacia todo lo que es la línea fronteriza que abarca el Táchira”.
“Por ello, nosotros hacemos un llamado muy responsable a que las autoridades nacionales establezcan mesas de diálogo y otros mecanismos de participación de las fuerzas vivas en la frontera. No es solamente tomar acciones desde el punto de vista gubernamental, es también entender y saber la realidad social, política y económica que tenemos en una entidad fronteriza como es el Táchira”.
Mirar un mejor futuro observando errores pasados
Yosmar González destaca que en San Cristóbal se siguen observando colas, quizás no tanto para la gasolina pero sí para el abastecimiento de alimentos. “No se consigue arroz, no se consigue azúcar, no se consigue leche. Las colas dentro de los supermercados siguen siendo inmensas. En realidad, la situación de desabastecimiento en el estado Táchira, pese a que ya llevamos diez días con la frontera cerrada, continúa siendo un tema de preocupación que no ha podido resolver la política del Gobierno venezolano”.
La dirigente acota que Venezuela, de haber fomentado la producción, pudo haber tomar en el pasado mejor partido de su situación de diferencial cambiario en la frontera. “Pero, en contrario, lo que se hizo dentro de Venezuela fue que no se estimuló la producción, se amenazó a la empresa privada, no hubo políticas de incentivo para que el hombre del campo, el hombre de la empresa, la industria primaria pudiesen haber tenido un mejor marco de acción y de expansión de sus operaciones comerciales”, agregando que todo ello incidió en el descalabro económico.
“Cuando el diferencial nos beneficiaba a todos los venezolanos, Colombia tenía una producción espectacularmente amplia que daba para abastecer al pueblo colombiano, pero que también el pueblo venezolano iba y se abastecía. Y nunca a ningún venezolano lo retuvieron en la aduana del Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), para quitarles los alimentos y acusarlos de bachaqueros”, asevera, complementando que todos están pagando las consecuencias de una pésima gestión de gobierno que pretende ocultar su impericia con órdenes extremas que no redundarán en beneficios para el pueblo venezolano.
Sobre el incremento en 3 mil hombres del contingente castrense dedicado a vigilar el Estado de Excepción en Táchira, la postulada al órgano unicameral corrobora que es muy notoria la presencia de funcionarios militares en las áreas de la zona norte de la entidad. “El fin de semana estuve allí de gira y observé que hay alcabalas en todas las carreteras que van a las distintas poblaciones de esa zona. La ciudad de San Cristóbal simplemente se ve custodiada por efectivos de las policías nacional, regional y municipal”.
Finalmente, enfatiza que como parlamentarios, lo primero que debe hacer la nueva fracción de la Unidad Democrática, la cual se augura será mayoritaria, es revisar el funcionamiento de los Poderes Públicos en Venezuela. “El resguardo de las instituciones públicas que tienen que ejercer sus facultades como titulares de los Poderes Públicos apegadas a la Constitución y las leyes. En segundo lugar, revisar el marco legal que tiene que aplicarse en los estados fronterizos tales como leyes de la soberanía, sobre los límites geográficos, la propiedad privada, leyes que tengan que ver con el ejercicio de la nacionalidad, con la Ley Orgánica de Identificación”.
“Pero más allá de todo ello, tenemos que ir hacia una reconciliación nacional. No podemos seguir viéndonos como dos grandes grupos, o como una mayoría que avanza sobre una minoría. Ese discurso de segregación y de exclusión tiene que quedar atrás. Debemos reconciliar a la familia venezolana porque tenemos que reconstruir al país. Todos hacemos falta para reconstruir la Patria y no tenemos para ello que cambiar las instituciones ni inventar una VI República. Porque, igualmente, hoy la familia chavista, que está siendo también afectada, siente rechazo por las políticas de este Gobierno que lamentablemente perdió su rumbo social, político y económico”, concluye Yosmar González, candidata a la Asamblea Nacional por la plataforma opositora.
Nota de prensa
