Organizaciones independientes de la sociedad civil se pronunciaron suscribiendo un documento a propósito de la convocatoria realizada por el Gobierno para la consulta de la Propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos en la que reconocen positivamente la iniciativa de retomar la elaboración de un plan. Sin embargo señalan que una sola reunión, en la que no se garantiza la incorporación de críticas y aportes, no es un mecanismo de consulta apropiado para discutir un plan nacional de derechos humanos. Por lo tanto, destacan que la asistencia a esta reunión no debe utilizarse para convalidar sus contenidos.
También hicieron énfasis en que el Gobierno ha desplegado una campaña para difundir solamente las líneas generales del plan y algunos aspectos de interés para el Ejecutivo, por lo que la sociedad en general no tiene la posibilidad de conocer todos sus contenidos ni formarse un criterio para participar en su discusión. Además, esta campaña se ha limitado al Sistema Nacional de Medios Públicos y no garantiza su propagación entre los diversos sectores de la sociedad.
Por otra parte, aun cuando el documento circulado por el Gobierno expresa que se trata de una Propuesta en discusión, contiene más de 60 páginas con objetivos, ejes y acciones ya pre-formulados sin reconocimiento a los problemas que deben resolverse para garantizar la totalidad de los derechos que afectan a todos los venezolanos.
Los defensores de derechos humanos consideran que la construcción colectiva, objetiva y consensuada de un diagnóstico, paso por el cual debía iniciar el proceso de elaboración de esta Propuesta, no está recogida en el documento ni parece ser el motivo o la intención de la consulta.
La propuesta representa una visión que sigue preceptos ideológicos de las políticas de gobierno, excluyente y violatoria de la Constitución y de los estándares internacionales en derechos humanos, lo que representaría un precedente muy negativo en un plan de derechos humanos.
Con respecto a los objetivos, la Propuesta no desarrolla la metodología que se implementará para alcanzar cada uno de ellos, tampoco detalla los mecanismos e instituciones responsables que se encargarán de llevarlos a cabo ni señala los recursos presupuestarios con los que se contará para la ejecución del plan. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil hacen las siguientes recomendaciones:
El Plan debe facilitar al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones con los derechos humanos establecidas en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales, en su mayoría ratificados por Venezuela.
El Plan debe fundamentarse en los derechos humanos universales e incorporar de forma explícita los estándares internacionales para garantizarlos.
El Plan debe elaborarse a partir de un diagnóstico previo de forma participativa y con base en una consulta amplia sobre los problemas comunes que afectan los derechos humanos.
El Plan debe discutirse extensamente con la sociedad y con toda la diversidad de organizaciones presentes en su seno, siendo el resultado de un amplio consenso de sectores diversos.
El Plan debe hacer mención a los procesos de consulta con los pueblos originarios, haciendo explícito el mecanismo para garantizar su consentimiento previo, libre e informado de toda decisión que afecte sus derechos, y la (auto) demarcación de sus tierras.
El Plan debe abordar la totalidad de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y formular objetivos, políticas y acciones específicas hacia las minorías y grupos poblacionales vulnerables.
El Plan debe ser explícito en cuanto a la adopción de medidas para garantizar la independencia del poder judicial.
El Plan debe aplicar los estándares internacionales en materia de política criminal, legislativa y judicial que permita la descentralización del sistema penitenciario para resolver el problema estructural de hacinamiento y garantizar todos los derechos humanos a la población reclusa dentro de todos los tipos de recinto, incluyendo su reinserción social.
El Plan debe mencionar las garantías a la libertad de expresión y al trabajo en derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil, defensores y periodistas, sin represalias contra su integridad personal.
El Plan debe hacer referencia a que se garantizan el derecho a participar de todas las personas y organizaciones en las decisiones públicas y en la vida política, sin censura, coacción ni discriminación.
El Plan debe establecer medidas para garantizar el libre acceso a la información, la transparencia de la administración pública y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas.
El Plan debe utilizar el lenguaje y las tipologías de los derechos humanos presentes en la Constitución, así como en los tratados internacionales soberanamente ratificados por la República.
El Plan debe dejar claramente establecidas las políticas públicas y las normativas internas a desarrollar, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos más favorables, no siendo admisible ningún tipo de medida regresiva en esta materia.
El Plan debe identificar las instituciones públicas responsables de su implementación y las que velarán para que se cumpla, así como fijar las metas, los plazos y los presupuestos de las acciones que se llevarán a cabo.
La construcción del Plan debe contar, en todas las fases de su elaboración, igualmente con la asistencia técnica y el acompañamiento de las instituciones integrantes de los mecanismos regionales y universales de protección a los derechos humanos.
Suscriben el documento:
Acción Solidaria (Acsol), Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), Asamblea de Educación, Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil (SINERGIA), Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Centro de Animación Juvenil de Valera, Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-Ucab), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro Hispanoamericano para la Mujer (FREYA), Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre José María Olaso” de la UCV, Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH), Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA), Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos de Aragua, Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del estado Zulia (LUZ-URU-CODHEZ), Convite, Derechos Humanos y Y@, Escuela de Vecinos de Venezuela, Espacio Público, Federación de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Fuerza, Unión, Justicia, Paz y Solidaridad (FUNPAZ), Fundación Aguaclara, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP), Fundación Reflejos de Venezuela, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), Laboratorio de Paz, Movimiento Vino Tinto, Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Padres Organizados de Venezuela, Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Sociedad Hominis Iura (SOHI), Stop VIH, Red de Personas con VIH Positivo, Red LGBTI, Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), Transparencia Venezuela, Venezuela Diversa.
Nota de prensa
