El arresto domiciliario es considerado una manera de inhabilitar comunicacionalmente un liderazgo, que pierde fuerza fuera de la cárcel
Aunque hay todavía 65 encarcelados por razones políticas en Venezuela, decenas de jóvenes que están bajo régimen de presentación y otros tantos -como Daniel Ceballos- que viven en arresto domiciliario, los presos políticos en el país se resumen en un solo nombre: Leopoldo López.
Después de que el exalcalde de San Cristóbal recibiera el pasado martes la medida cautelar de arresto domiciliario que emitió el Tribunal 15° de Juicio por petición de la Fiscalía y la defensa, López, fundador de Voluntad Popular y encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014, se erigió como el preso político emblemático del Gobierno de Nicolás Maduro. O por lo menos, así lo considera el politólogo Edgar Gutiérrez, quien piensa que «Maduro mantiene en prisión a alguien que es más popular que él».
Para Carlos Raúl Hernández, director de Barómetro Político, la decisión de otorgarle este beneficio a Ceballos es una estrategia del Gobierno para distraer a los ciudadanos y que estos desvíen su atención de la crisis económica que atraviesa el país. A su juicio, López recibirá una medida similar a la de su compañero de tolda, pero cuando se acerquen más las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
«Debería proceder una medida similar sobre López, por lo menos, mientras que dure el juicio en su contra y teniendo en cuenta de que él nunca fue prófugo de la justicia ni intentó escapar», opina José Vicente Haro, constitucionalista.
María Isabel Puerta, profesora universitaria, acepta que López es el preso político con más renombre, pero recuerda que «hay otros como los policías metropolitanos, de los que la gente parece haberse olvidado».
Cree que el problema ha sido centrar la lucha en los últimos presos políticos y no en la situación estructural: «Un país con un estado de derecho exiguo, que no solamente mete en la cárcel a políticos, sino que no respeta los derechos políticos y civiles. Al reducir el foco de lucha exclusivamente a tres presos políticos, se deja por fuera el tema central: el autoritarismo».
¿Preso o inhabilitado?
Pese a dormir desde el pasado martes con su familia en un apartamento del Este de Caracas, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, está preso. En casa, sí, pero preso y con sus libertades coartadas. José Vicente Haro señala que la decisión del Gobierno de sacar al exalcalde de la cárcel puede ser una estrategia política para bajar su perfil y reducir el liderazgo que tanto él como su esposa Patricia Gutiérrez tienen en Táchira.
«Generalmente, cuando una persona recibe el beneficio de lo que coloquialmente se conoce como casa por cárcel, esa persona no tiene la misma repercusión mediática. Dependiendo de cómo él y su esposa manejen el asunto, desde el punto de vista político y jurídico, podrían entrar en una etapa de opacidad como ha sucedido con otros casos de presos con arresto domiciliario, como Antonio Ledezma, Iván Simonovis, y los civiles Andrés León, Marcelo Crovato e Ignacio Porras».
La opinión pública parece percibir la casa por cárcel como algo más leve pese a que esta medida cautelar no sea una boleta de excarcelación. Por eso los analistas piensan que a Ceballos le depara el mismo porvenir que a Ledezma, quien ha sido silenciado de manera sistemática desde que salió por problemas de salud de la cárcel y fue trasladado a su casa en Caracas, donde vive custodiado.
«Es posible que el cálculo del Gobierno sea que con la pobreza en los números de su gestión, esto pueda mejorar su imagen», agrega Puerta, quien coincide con Haro en que esta medida puede tener ribetes electorales, en la búsqueda desesperada del Ejecutivo por mejorar los números en las encuestas.
Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, no considera, sin embargo, que la medida tenga que ver «con una situación política de liberar presión al sistema o una situación en la cual el Gobierno sabe que con esto va mejorar algunos índices electorales». A su entender, alguna situación importante con la salud del exalcalde, quien participó durante 20 días en una huelga de hambre, debió privar para que la Fiscalía diera su brazo a torcer y lo dejara dormir en casa, junto a sus tres hijos y su esposa.
Leopoldo Márquez / Maracaibo /lmarquez@laverdad.com
