Durante un foro realizado en la Universidad Central de Venezuela, los comunicadores sociales de la Alianza por la libertad de expresión, emitió un Comunicado dirigido al Estado venezolano en defensa del derecho a estar informados.
A través de este enlace, todos los venezolanos pueden firmar la petición al Estado venezolano para que ofrezca garantías para un periodismo libre e independiente, cese de hostigamientos, agresiones y censuras por parte de funcionarios, cuerpos de seguridad y directivas de medios.
La petición refleja los hechos y detalla las agresiones, detenciones y robos de cámaras fotográficas por grabar acciones represivas de los cuerpos de seguridad, convirtieron al año 2014 en el año con la mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en las últimas dos décadas. Un total de 579 violaciones denunciadas, que corresponden a 350 casos, ocurridos principalmente durante la cobertura periodística de las manifestaciones.
Son los funcionarios públicos quienes, muchas veces, descalifican, insultan y acosan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes o críticas. Los programas de medios estatales son monopolizados por el sector gubernamental en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia. Se abusa ilegítimamente de las transmisiones obligatorias de radio y tv (cadenas). En 2014, el Presidente de la República realizó 176 cadenas, con una duración total 185,25 horas, la media de estas transmisiones fue de 63 minutos.
La violencia del Estado también se observa en la recurrente criminalización de las ideas, informaciones y opiniones adelantando sanciones mediante “medidas cautelares” que desnaturalizan la posibilidad de la defensa. Entre 2013 y 2015 se realizaron 20 procesos judiciales, en los más recientes se aplicaron penas anticipadas de prohibición de salida del país, en un primer caso contra periodistas y directores del diario Tal Cual y en un segundo caso contra 22 directivos del sitio web La Patilla, El Nacional y reiteradamente contra periódico Tal Cual.
Ante el vacío informativo dejado por medios radioeléctricos amenazados por las sanciones ejercidas a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras restricciones, más personas buscan información en la Web y redes sociales. La política represiva incluyó el castigo a las expresiones en Twitter por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información incómoda al Gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles en redes sociales y correos electrónicos. Durante el año 2014, las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Internet aumentaron 55%.
Alianza por la Libertad de Expresión
Día del Periodista – 27 de junio
Venezuela reclama una comunicación libre y plural
Hechos
Agresiones, detenciones y robos de cámaras fotográficas por grabar acciones represivas de los cuerpos de seguridad, convirtieron al año 2014 en el año con la mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en las últimas dos décadas. Un total de 579 violaciones denunciadas, que corresponden a 350 casos, ocurridos principalmente durante la cobertura periodística de las manifestaciones.
Son los funcionarios públicos quienes, muchas veces, descalifican, insultan y acosan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes o críticas. Los programas de medios estatales son monopolizados por el sector gubernamental en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia. Se abusa ilegítimamente de las transmisiones obligatorias de radio y tv (cadenas). En 2014, el Presidente de la República realizó 176 cadenas, con una duración total 185,25 horas, la media de estas transmisiones fue de 63 minutos.
La violencia del Estado también se observa en la recurrente criminalización de las ideas, informaciones y opiniones adelantando sanciones mediante “medidas cautelares” que desnaturalizan la posibilidad de la defensa. Entre 2013 y 2015 se realizaron 20 procesos judiciales, en los más recientes se aplicaron penas anticipadas de prohibición de salida del país, en un primer caso contra periodistas y directores del diario Tal Cual y en un segundo caso contra 22 directivos del sitio web La Patilla, El Nacional y reiteradamente contra periódico Tal Cual.
Ante el vacío informativo dejado por medios radioeléctricos amenazados por las sanciones ejercidas a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras restricciones, más personas buscan información en la Web y redes sociales. La política represiva incluyó el castigo a las expresiones en Twitter por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información incómoda al Gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles en redes sociales y correos electrónicos. Durante el año 2014, las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Internet aumentaron 55%.
Desde 2013, al menos 28 medios están afectados severamente por la escasez de papel, 14 dejaron de circular de forma temporal o definitiva y 12 redujeron su paginación y tiraje o modificado sus formatos, como consecuencia de esta crisis. En la actualidad la falta de papel afecta al conjunto de los medios impresos nacionales. La creación del Complejo Editorial Maneiro, por parte del Estado, monopolizó la distribución y venta de papel, pero no soluciona el problema, lo agudiza.
Los procesos de compra-venta de medios de comunicación incluyeron cambios de la línea editorial, que en todos los casos beneficiaron a la gestión gubernamental, reduciendo los espacios para la opinión y la información crítica, haciéndola cada vez menos plural. Estos cambios en la propiedad redundó en presiones de variada naturaleza en contra de los periodistas y trabajadores en general de esos medios y, en casi todos los casos, la imposición de censuras que invisibilizan hechos y voceros de interés colectivo.
La suspensión arbitraria del servicio de internet en situaciones de conflictividad social, tal como sucedió en abril de 2013 en San Cristóbal, estado Táchira, y la amenaza hacia los medios por transmitir hechos de violencia, que llevó al silencio informativo el 12 de febrero de 2014, colocaron a la sociedad en un estado de indefensión y opacidad informativa. El día 13 de febrero de 2014, se ordenó la censura inmediata del canal de noticias NT24, que se difundía a través de 2 servicios de televisión por suscripción y ulteriormente se bloquearon más de 15 sitios web que distribuían sus programas e informaciones.
Consecuencias
Esta situación afecta a las personas y a la sociedad. Son los venezolanos quienes sufren las consecuencias de estar desinformados. La autocensura está cada vez más presente en el ejercicio periodístico como consecuencia de los hostigamientos, las restricciones de acceso a las fuentes de información, la violencia y la política pública concertada para restringir ilegítimamente las libertades públicas.
La violencia institucional, por omisión y por acción deliberada del Estado, afecta directamente el ejercicio profesional del periodismo y con ello se golpea la calidad democrática de la sociedad. Las restricciones a la libertad reducen el debate para el diagnóstico y construcción de soluciones para los graves problemas que aquejan a los venezolanos.
Cada situación que un reportero no alcanza a cubrir, sea por acceso restringido, agresión de funcionarios o terceros, el robo de su equipo de trabajo, o censura; representa una información que no es publicada, que no llega a los ciudadanos.
Sin información, somos vulnerables. En este contexto el trabajo de los periodistas es cada vez más necesario, por ello valoramos sus esfuerzos por informar con rigor y apego a los estándares del oficio. La sociedad venezolana debe defender el derecho de todos a una comunicación plural. Sin periodismo libre no hay democracia.
Nuestro reclamo:
Garantías para un periodismo libre e independiente, lo que supone el cese de hostigamientos, agresiones y censuras por parte de funcionarios, cuerpos de seguridad y directivas de medios.
Desarrollar una política de protección para el trabajo de los periodistas, con amplias facilidades para acceder a la información pública, el respeto de las normas profesionales y que la difusión de sus trabajos no tengan consecuencias ulteriores.
La reivindicación de un genuino carácter público para los medios administrados por el Estado, es decir, que se constituyan como un servicio universal no-gubernamental y regido por una autoridad independiente, al servicio de todos los sectores de la sociedad y no solo de los intereses gubernamentales.
Que sean atendidas, en el corto plazo, todas las solicitudes de papel prensa hechas al Complejo Editorial Maneiro por los diarios de circulación nacional y regional. En el mediano plazo que se restituyan otros mecanismos que permitan una diversidad de proveedores o la compra directa de papel y otros productos.
Que se restituyan otras modalidades de acceso a los insumos para el desarrollo de los medios de comunicación, ya que ello constituye un mecanismo de censura indirecta que castiga a líneas editoriales críticas procurando el cese de estos medios o su venta a grupos afines a las élites gubernamentales.
Adhesiones
· Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
· Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)
· Coalición Proacceso
· Colegio Nacional de Periodistas
· Comité para una Radio y Televisión de Servicio Público (RTSP)
· Espacio Público
· Expresión Libre
· Ininco – Universidad Central de Venezuela (UCV)
· Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
· Miguel Ángel Latouche – Escuela de Comunicación Social UCV
· Postgrado en comunicación social de la UCAB – (Marcelino Bisbal)
· Ser Comunicación y asociados
· Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
· Tiziana Polesel – Escuela de comunicación social de la UCAB
· Transparencia Venezuela
· Un Mundo Sin Mordaza
