Jesús Ollarves Irazábal, abogado defensor de Manuel Rosales, calificó la reciente inhabilitación hecha al dirigente como una nueva fase de la persecución ilegítima y fraudulenta del gobierno venezolano que busca impedir que el fundador del partido Un Nuevo Tiempo regrese al país para que sea postulado por su organización como diputado a la Asamblea Nacional.
“Este régimen ha convertido la inhabilitación política en un mecanismo fraudulento para apartar a sus adversarios políticos o potenciales competidores y les conculca su derecho a la defensa y su derecho constitucional a la participación política”.
Para la defensa del dirigente es tan evidente que la medida contra Manuel Rosales es una decisión política, que la Contraloría General de la República no cuida ni el más mínimo de los formalismos y pasa por alto detalles tan evidentes como que en 2009 el propio Ministerio Público reconoció ante el TSJ que a Manuel Rosales se le violó su derecho al debido proceso, señalando “que la Contraloría no puede darle instrucciones a la Fiscalía, y que no se dio la oportunidad a Rosales de promover pruebas”.
“El Contralor tampoco parece acordarse de las escandalosas declaraciones que dio el triste y célebre magistrado, Eladio Ramón Aponte Aponte, quien aseguró que recibía órdenes de la magistrada Luisa Estela Morales y de Clodosvaldo Russián para montarle, bajo cualquier circunstancia, un procedimiento amañado a Manuel Rosales y así sacarlo del juego político”.
Al respecto, Ollarves le señaló al Contralor que puede leer esa “vergonzosa confesión” en un documento debidamente notariado, legalizado y apostillado que se encuentra en Costa Rica desde el año 2012.
El abogado del presidente fundador de UNT también se refirió “a la jugarreta que le montó el gobierno” a Rosales cuando lo mandó a solicitar por la Interpol, para resaltar que el mismo organismo concluyó en un informe difundido el 20 de agosto de 2012, que las acusaciones contra el ex gobernador y ex alcalde del estado Zulia “tenían un marcado carácter predominantemente político, y por consecuencia no entraban en el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Constitución de Interpol”.
Jesús Ollarves señaló que el procedimiento es “tan artificioso y nefasto” que no especifica dónde han notificado a Rosales y cuál es el número de expediente.
“Si ese acto verdaderamente existe nos parece una absoluta irresponsabilidad de la Contraloría General de la República que le hayan dado publicidad a espaldas de una persona que tiene derecho a defenderse y que debe tener la oportunidad de presentar pruebas de descargo, lo juzgaron a sus espaldas”.
No obstante, explicó que “a pesar de todo el ventajismo, de la falta de independencia, autonomía e imparcialidad que han demostrado recurrentemente tanto el TSJ y el Ministerio Público. Lo primero que vamos a hacer es tratar de averiguar en qué momento el Contralor publicó ese acto administrativo y cuáles son las motivaciones”.
Consultado acerca del retorno de Manuel Rosales, su abogado subrayó que esa decisión es enteramente personal, pero que estará amparada por el consejo de todo su equipo legal y con todos los recursos y medios que proporcionan el ordenamiento jurídico venezolano.
Jesús Ollarves también aclaró que el dirigente puede postularse como diputado a la Asamblea Nacional, tal como lo ha solicitado su partido.
“Como estamos en presencia de un acto ilícito por usurpación de funciones y una sanción que es completamente ilegal, no hay impedimento de que Rosales sea postulado como diputado. En un estado de derecho, donde se respete los estándares de democracia y los derechos humanos él perfectamente podría regresar para reclamar su curul y enfrentar en libertad un proceso del cual el magistrado Eladio Aponte Aponte confesó como se había montado”.
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