El presidente editor de El Nacional presentó un informe en Washington en el que denuncia una «irreparable» violación de sus derechos humanos, así como la vulneración de la libertad de expresión de los periodistas
El presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Otero, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el «acoso» del gobierno de Nicolás Maduro, que le denunció por publicar informaciones que vinculan a altos cargos del Estado con el narcotráfico.
Otero, cabeza del diario que fundó su familia, presentó ante la CIDH, con sede en Washington, un informe en el que denuncia una «irreparable» violación de sus derechos humanos, así como la vulneración de la libertad de expresión de los periodistas, según explicó a Efe.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó a EFE haber recibido la petición y explicó que Otero se reunió con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Edison Lanza, y con el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
«Los graves hechos denunciados configuran una evidente amenaza de daño irreparable a dichos derechos humanos, en el caso concreto, de Miguel Henrique Otero como presidente y editor de El Nacional», alerta el informe presentado, al que tuvo acceso Efe.
El periodista conoció en Miami (EE UU) que la Justicia Venezolana había aceptado una demanda por difamación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y había dictado medidas cautelares contra él y otros 21 informadores para prohibirles salir del país caribeño.
La demanda de Cabello, hecha hace un mes, está motivada por la reproducción de una información publicada el pasado 27 de enero por el diario español ABC, que indica que Cabello, número dos del chavismo, estaría siendo investigado por una fiscalía de Nueva York por sus supuestos lazos con el Cartel de los Soles.
Desde que conoció la demanda, Otero no ha vuelto a Venezuela y ha emprendido una campaña para «lograr la solidaridad internacional».
Dicha campaña hoy le ha llevado al Congreso Mundial de Medios Informativos, organizado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por su acrónimo en inglés) y que se celebra en Washington del 1 al 3 de junio.
En su informe, Otero alerta de que los procedimientos administrativos y penales abiertos contra su periódico y contra los diarios Tal Cual y La Patilla buscan «inhibir» a los periodistas para que dejen de publicar informaciones que puedan ser «incómodas» para el Gobierno y sus representantes.
«Las agresiones y amenazas por parte de procuradores del Gobierno venezolano, así como de la acción judicial y las medidas restrictivas acordadas en contra de medios de comunicación, busca amedrentar a quienes trabajamos en ellos a fin de llevarlos a la autocensura», denunció Otero en el documento entregado a la CIDH.
Al periodista le preocupa especialmente, según explicó a EFE, la posición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, que respaldó esta semana a Cabello, tildando las informaciones publicadas en medios internacionales sobre supuestos vínculos con el narcotráfico de «agresiones conspirativas».
«El Supremo ha dado la razón a Cabello y no solo ha dicho que es inocente, sino que meterse con él es ofender a la patria. Tememos que las medidas cautelares se conviertan en sentencia y que, finalmente, lo que se nos abra sea un juicio de traición a la patria con penas de cárcel», advirtió.
El pasado domingo, Cabello anunció que demandará al diario español ABC y al estadounidense The Wall Street Journal por difundir informaciones que lo señalan, «sin presentar pruebas», por supuestos vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Mientras Otero sigue en EE UU, dentro de Venezuela el chavismo ha cerrado filas para defender a Cabello con declaraciones de solidaridad de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y Maduro, que han hecho propios los ataques contra Cabello.
Precisamente, las muestras de apoyo se han incrementado desde que el pasado 18 de mayo el diario The Wall Street Journal publicó que la Justicia estadounidense lleva años investigando a Cabello y altos funcionarios venezolanos por blanqueo de dinero y narcotráfico.
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