Tras la nacionalización de sus participaciones en las asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco.
El ministerio de Petróleo y Minería informó que el pasado 23 de abril, la República Bolivariana de Venezuela presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), su último escrito en apoyo a la recusación del Juez Kenneth Keith, presidente del tribunal arbitral en el caso presentado por filiales de ConocoPhillips tras la nacionalización de sus participaciones en las asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco.
En el escrito también se apoya la recusación de Yves Fortier, el árbitro designado por ConocoPhillips, quien además de su conducta junto con el árbitro Keith continúa manteniendo relaciones profesionales con los abogados de la firma Norton Rose, la cual ha sido marcadamente adversa a la República, reseñó nota de prensa de ese despacho
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Esta recusación ha sido necesaria debido a las antedichas relaciones del árbitro Fortier, así como a la actitud hostil de los dos árbitros recusados en contra de la República, incluyendo su más reciente pretensión de negar su consentimiento a la renuncia, por motivos de salud, del distinguido jurista internacional, Profesor Georges Abi-Saab, designado por Venezuela como árbitro en este caso, y con ello castigar indebidamente a la República negándole su derecho a designar un árbitro sustituto.
Esta acción de los árbitros recusados se suma a su decisión injustificada, en la cual atribuyeron a la República mala fe en la negociación de la compensación por la nacionalización del 2007, a pesar de que ConocoPhillips nunca alegó esto y no obstante toda la evidencia irrefutable de lo contrario.
Asimismo, dichos árbitros se negaron a reconsiderar esta decisión indefendible, incluso después que la República presentó evidencia documental mostrando la falsedad de las declaraciones hechas por ConocoPhillips al Tribunal.
En sus dos votos salvados, el Profesor Abi-Saab expuso las acciones de los árbitros recusados, observando que “si realmente hubo mala fe, no puede atribuírsela a la demandada, sino a las demandantes, ya que indujeron a engaño a la mayoría a través de declaraciones falsas, con pleno conocimiento de su falsedad”, reza el documento.
El Profesor Abi-Saab concluyó: “en estas circunstancias, no creo que ningún Tribunal que se respete, y que tome con seriedad su función legal y moral de buscar la verdad y administrar justicia conforme a la ley, pueda ignorar dichas pruebas, taparse los ojos y continuar actuando sobre la base de conclusiones que se tornaron gravemente cuestionables, ignorando la existencia y la importancia de pruebas contundentes. Sería desconectarse mediante una clausura epistémica en un mundo subjetivo de fantasía de su propia creación; una realidad virtual con el fin de rechazar la realidad objetiva probable; una comedia legal de errores en el teatro del absurdo, por no decir parodia de la justicia, que hace burla no sólo del arbitraje del Ciadi, sino de la idea misma de la adjudicación.”
Fuente: Banca y Negocios
