“Diosdado Cabello es un héroe de la patria (…) Este es un ataque contra el Parlamento, contra las instituciones, este es un ataque contra Venezuela”. De este modo la diputada oficialista Tania Díaz promovió en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional venezolana el “acuerdo de desagravio ante la despreciable campaña de infamias contra el camarada Diosdado Cabello por la derecha nacional e internacional”.
El acuerdo fue rápidamente aprobado por la mayoría simple que tiene el chavismo en el parlamento venezolano un día después de la publicación en el diario ‘Wall Street Journal’ de un extenso reportaje en el que funcionarios estadounidenses corroboran que Cabello (presidente de la Asamblea Nacional y considerando el segundo hombre fuerte de la revolución) y otros altos funcionarios venezolanos son investigados por supuestas vinculaciones con narcotráfico.
En el artículo, un funcionario del departamento de justicia estadounidense asegura a que las investigaciones ya cuentan con “suficientes evidencias para justificar que él (Cabello) es uno de los líderes, si no el líder principal del cartel”, hasta el punto que hasta podría ser detenido si sale de territorio venezolano.
Otros investigadores destacan en el documento que la participación de altos funcionarios del gobierno venezolano en estas actividades les permite afirmar que Venezuela se ha convertido en un importante centro de tráfico de drogas de la región.
La versión del diario estadounidense, que corrobora y amplía detalles sobre el tema que también ha sido publicado por el diario español ABC de nuevo fue redimensionada por el oficialismo como una afrenta contra toda Venezuela e incluso como un intento de “boicotear” a las incipientes conversaciones que sostienen Caracas y Washington para tratar de normalizar sus tirantes relaciones.
Cabello, que agradeció a sus compañeros parlamentarios el gesto de apoyarlo, aseguró que “no se rendirá jamás”. “Los que me acusan de narcotráfico que presenten una sola prueba, una solita (…) Jamás me metería en algo que cause daño a los jóvenes”, señaló.
Y aunque las informaciones publicadas explican que hay testigos declarando en su contra en Estados Unidos, Cabello destacó que mantendrá la demanda contra los diarios venezolanos ‘El Nacional’, ‘TalCual’ y el portal La Patilla por haber replicado la información de ABC en el país, aun cuando esa es una práctica periodística amparada por las leyes venezolanas.
A su juicio son 22 directivos de estos tres medios los que deben presentar las pruebas que lo incriminan y los tribunales venezolanos serían el escenario para dirimir esta controversia. Para nada se ha referido sobre iniciar procesos contra ABC o Wall Street Journal en jurisdicciones internacionales donde, a diferencia de Venezuela, su capacidad de influencia es prácticamente nula. Tampoco ha dicho que ejercerá su derecho a réplica ante esos diarios.
Además de ser percibido como el segundo hombre más poderoso de Venezuela políticamente hablando, Cabello ha sido señalado por tener supuestamente una red de testaferros que le ha permitido amasar una gran fortuna dentro y fuera de Venezuela aunque oficialmente no han sido presentadas acusaciones en su contra por malversación o corrupción.
Este poder económico lo habría cultivado desde sus años al frente de la Vicepresidencia de la República, donde fungía como el principal puente de comunicación entre el gobierno venezolano y el empresariado y la banca nacional. Su paso por la dirección del sistema nacional de aduanas y recolección de impuestos (posición que hoy ocupa su hermano, José David Cabello) así como haber sido ministro de Vivienda y Hábitat reforzaron su influencia en estos sectores.
Justicia revolucionaria
La falta de autonomía del poder judicial venezolano y su constante favorecimiento a las acciones y causas de la “revolución bolivariana” es tan evidente que ayer el ministro de Interior y Justicia, Gustavo Gonzalez López, anunció que los siete funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de Barack Obama (por su vinculación con casos de violación de Derechos Humanos) demandarán al dirigente opositor Henrique Capriles por haberlos llamado “enchufados” y “corruptos”.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS
