Primero fue el Mensalão, durante la presidencia de Lula da Silva. La red ilegal por la que diputados opositores recibían un «sueldo paralelo» a cambio de acompañar los proyectos del Poder Ejecutivo fue desenmascarada en 2005.
Diez años después, a poco de que Dilma Rousseff asumiera su segundo mandato, es el escándalo de Petrobras el que conmueve al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Una gigantesca trama de corrupción que incluye el pago de sobornos a los contratistas de la petrolera, y el posterior desvío de fondos para financiar a los partidos políticos y a sus dirigentes.
La justicia brasileña está siendo implacable. Altísimos funcionarios y dirigentes del PT fueron y están siendo investigados por ambos casos, y muchos terminaron en prisión.
Por el Mensalão fueron condenados, entre otros, José Dirceu, jefe de gabinete y hombre fuerte del primer gobierno de Lula; José Genoíno, ex presidente del PT; y Delubio Soares, ex tesorero del partido. A pesar de lo cerca que pegaron las balas, el mandatario no fue investigado por el caso.
Algo similar viene ocurriendo con Petrobras. «El procurador de la República hizo una lista de los personajes que serían investigados, y Dilma y Lula no fueron incluidos. Entonces, a no ser que haya una nueva denuncia, todavía no hay un proceso de investigación abierto en su contra», explica Nuno Coimbra Mesquita, doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, en diálogo con Infobae.
Entre los indagados están los jefes de las dos cámaras legislativas, otros 32 parlamentarios y cuatro ex ministros de Rousseff. La Presidente quedó al margen, incluso a pesar de haber sido titular del directorio de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando ocurrieron la mayor parte de los sucesos.
Responsabilidades políticas y judiciales
«Aunque todavía no se puede probar que sabían del esquema de corrupción, la responsabilidad de Lula y Dilma es muy grande por el proceso de ocupación de la estructura de Petrobras que facilitaron», dice Coimbra.
El escándalo de corrupción en la petrolera no se podría comprender sin considerar la estrategia de construcción de poder que eligió Lula y que continuó su sucesora. Como el PT no tiene la mayoría suficiente para controlar el Parlamento, necesita hacer acuerdos con otros partidos, menores. Esas alianzas no se conforman por la comunión de ideales, sino por el reparto de cargos en el Estado.
«Lo que sucedió con los gobiernos de Lula y Dilma es que esa división de espacios dentro de la estructura estatal se extendió de los ministerios hacia las empresas públicas, como Petrobras. Entonces, muchos de los directorios de estas compañías fueron espacios cedidos a los partidos aliados. Eso es algo serio», dice Coimbra.
«Cuando un presidente cede un ministerio -continúa- se puede pensar que el beneficiado tiene un proyecto propio para la salud o la educación, lo cual es legítimo. Pero en el caso de las empresas estatales no hay justificación para distribuir cargos con una lógica partidista en lugar de seguir un criterio de competencia. Lo que pasó en Petrobras es que esos cargos fueron utilizados como una forma de conseguir financiamiento personal para los políticos y para sus partidos».
Petrobras no sería un caso aislado, sino el más extremo de una forma generalizada de administrar el Estado. Esto agravaría aún más la responsabilidad de los presidentes.
«La propia comisión parlamentaria de Petrobras ha encaminado un requerimiento para convocar a Lula para que hable en relación a la corrupción en Petrobras, porque alcanzó una dimensión inimaginable. Se apropiaron de la empresa y la llevaron del vigésimo lugar al 400 a nivel mundial», afirma José Matias Pereira, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de administración pública de la Universidad de Brasilia, consultado por Infobae.
«Los esfuerzos que se están haciendo en el campo del Ministerio Público y del Poder Judicial muestran unacorrupción institucionalizada durante los gobierno de Lula y de Dilma. Hay muchos indicios de que no es algo restringido a Petrobras, sino que también está en otros órganos estatales», agrega.
¿Qué mantiene a salvo a Lula y a Dilma?
«No sé si es algo fácil de responder, pero mi impresión es que en casos como éste, para los presidentes, que están en lo más alto de la jerarquía del Estado, es fácil acreditar que ellos no sabían de las particularidades de los esquemas de corrupción», afirma Coimbra.
El interrogante es si efectivamente los mandatarios están tan arriba que es muy difícil probar su participación en redes que operan por debajo, o si la justicia mantiene una posición implícita de no tocar a los presidentes.
«No creo que la estructura judicial no los esté investigando por una omisión intencional. Pienso que si hubiera algo más concreto en su contra los investigarían», dice Coimbra.
Según Pereira, el PT y sus aliados hicieron todo lo posible por impedir que se avance. Pero no lo consiguieron. «La dinámica que alcanzaron las investigaciones ya no se puede detener. Es uno de los aspectos positivos. Y la sociedad está muy atenta. Ese es el problema que afrontan Da Silva y Rousseff, porque tiene poca transparencia lo que hicieron».
Además la pesquisa judicial recién está comenzando, así que nadie puede quedarse completamente tranquilo. Al menos por un tiempo.
«Los indicadores muestran que la situación de Lula y de Dilma no es buena -sostiene Pereira. Hay una serie de cuestiones que señalan hacia decisiones tomadas desde el centro de poder. Los funcionarios y los propios empresarios que están presos apuntan en esa dirección. Entonces, creo que en la medida que las investigaciones avancen es posible que ambos tengan que dar mejores explicaciones».
«En sus memorias, el ex presidente uruguayo, José Mujica, contó que Lula le había dicho que era imposible gobernar Brasil sin corrupción. Es una cosa que agrega más inquietud en los debates y más manifestaciones políticas. Hay indicios de que Lula intervino en estos casos, pero todavía falta un camino para que se pueda probar su responsabilidad judicial», agrega.
La amenaza de impeachment contra Rousseff
La causa Petrobras se vuelve cada vez más grande y no se sabe hasta dónde llegará la investigación. En ese contexto, algunos diputados opositores empezaron a impulsar la realización de un impeachment (juicio político) contra Rousseff, por su responsabilidad política en el caso.
«Estos procesos tienen dos dimensiones -dice Coimbra-, una jurídica y otra política. Desde el punto de vista jurídicono aprecio ningún hecho específico y claro que indique que la Presidente tuvo una participación más específica en los hechos de corrupción. Del lado político, tiene que pasar algo muy grave que justifique su salida».
Brasil tiene un antecedente de juicio político, que terminó con la renuncia en 1992 de Fernando Collor de Mello, el primer presidente desde la restauración democrática.
«Aunque en ese caso lo jurídico no haya sido tan grave, Collor no tenía ninguna legitimidad por parte de la población. Estaba muy mal conceptuado y casi no tenía apoyo en el Parlamento, porque fue electo por un partido artificial. La situación actual es muy distinta. Si bien hay una crisis grave y la imagen de Dilma es muy baja,aún conserva una base de apoyo significativa, porque el PT tiene una presencia fuerte en la población y en el Congreso», apunta Coimbra.
«En este momento -continúa- es impensable que se pueda iniciar un proceso de impeachment. Eso sólo podría acontecer si apareciera alguna cuestión jurídica más específica. Tendría que incrementarse la insatisfacción popular e incluso corroerse su base parlamentaria».
Pero el futuro es imprevisible y la mandataria está cada vez más debilitada. «Las votaciones en el Congreso son cada vez más difíciles para Dilma, y muchas han salido en la dirección contraria. Además, cerca del 66% de los brasileños está a favor del impeachment. Es algo presente en el clima político, aunque es necesario que haya una acusación más grave, que permita la apertura del proceso. Eso depende del presidente de la Cámara de Diputados, que hoy está enfrentado con Rousseff», concluye Pereira.
Fuente: Infobae
