Para el venezolano adquirir una vivienda digna se ha convertido en un sueño imposible, como consecuencia de los exorbitantes precios; no importa la clase social, comprar una casa para aquellas parejas que recién deciden construir una vida juntos en un sector popular es casi tan inalcanzable como tener un hogar en una urbanización de clase media.

Atrás quedó el dicho aquél que reza  el casado, casa quiere , pues la única opción viable es vivir  arrimado probablemente en casa de los suegros, ya que vivir alquilados tampoco es buen negocio en estos días para una familia promedio que devengue un salario mínimo.

Factores a considerar

Una de las principales causas para acceder a una vivienda propia en la actualidad radica en los problemas de escasez en el sector construcción, además de los altos costos de los materiales e insumos para la edificación de casas. La situación ocasiona desesperanza entre las emergentes familias que aspiran mediante un proceso artesanal a lograr una casa.

Leer más en Notitarde

El mes pasado, la Superintendencia de Precios Justos efectuó 927 fiscalizaciones en establecimientos comerciales ubicados en los cinco municipios y 32 parroquias de la Gran Caracas.

El coordinador de la institución en la capital del país, Raúl Rodríguez, informó que estas fiscalizaciones se realizaron tras denuncias por el 0800-LoJusto (5658786).

Durante los procedimientos, se detectó que 824 locales estaban incursos en delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj) como especulación, acaparamiento, reventa de productos, usura, margen máximo de ganancias y alteración en bienes y servicios.

Por estas infracciones a la ley se establecieron multas de 234.350 Unidades Tributarias (U.T), equivalentes a 36.502.500  bolívares.

Asimismo, un informe de gestión del primer cuatrimestre de 2015 elaborado por la Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos (Inprodeso) señala que los estados Lara, Distrito Capital y Aragua reflejan el mayor porcentaje de cancelación de multas pecuniarias debido a la violación a la Lopj.

El estado Lara ocupa el primer puesto de la lista con la suma –hasta la fecha– de 1.369.925 U.T, lo que representa la cantidad de Bs 205.488.750. En segundo lugar se encuentra el Distrito Capital, contabilizando 1.330.650 U.T canceladas, lo que se traduce en Bs 199.597.500; mientras que el estado Aragua se ubica en el tercer puesto con 475.100 U.T, es decir Bs 71.265.000.

El dinero recaudado producto de los operativos de fiscalización es depositado en el Fondo de Eficiencia de la Tesorería Nacional, ente que destina los recursos al financiamiento de proyectos socioproductivos, así como a obras de impacto dentro de las comunidades.

Fuente: AVN

El ministerio de Energía Eléctrica inició procedimientos administrativos a 98 usuarios privados de los estados Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Zulia, entidades donde se registra un mayor consumo eléctrico.

«En estos estados en particular se realizan estos procedimientos administrativos pero las fiscalizaciones se realizan en todo el país», afirmó.

Precisó que de ese total de usuarios, 15 corresponden a la entidad carabobeña, entre ellos, el hotel Caribe Suite, ubicado en Puerto Cabello, estado Carabobo, sancionado por incumplir con el uso racional de la energía eléctrica.

La viceministra de Uso Racional y Eficiente de la Energía y Nuevas Fuentes, Dalila Hernández, encabezó este viernes una inspección en este centro hotelero en el litoral carabobeño, tras evidenciarse la infracción.

«Desde julio del año pasado ha sido reiterado el incumplimiento de la norma, ellos debieron haber alcanzado un consumo máximo ya fijado y contrario a esto están consumiendo por lo menos el 20% más de lo debido, a pesar de las notificaciones dadas», refirió.

Destacó que este procedimiento administrativo puede acarrear la aplicación de sanciones como multas pecuniarias y la suspensión del servicio tal como lo establece la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía y la Ley del Sector Eléctrico.

La funcionaria acotó que esto forma parte del plan nacional de fiscalización de usuarios públicos y privados que activó el Ejecutivo para impulsar el plan de ahorro energético ante las altas temperaturas que se registran a escala nacional.

www.elmundo.com.ve

– El ministro para la Salud, Henry Ventura, informó que este viernes comenzó un ciclo de reuniones con los representantes de los laboratorios para evaluar la cantidad de divisas a precio preferencial (a 6,30 bolívares por dólar) que les asignó el Estado.

«Nos estamos sentando con los laboratorios uno por uno», enfatizó

Ventura recalcó que el Gobierno nacional quiere que los laboratorios «sigan produciendo aquí, pero no puede ser que se sigan dando recursos y no exista el medicamento».

Reiteró este viernes el llamado a los laboratorios privados a producir medicamentos con base en la demanda real de la población y no sólo en la ganancia.

«Los laboratorios deben producir lo que realmente está consumiendo y demandando la población», exhortó Ventura desde El Paraíso, Caracas, donde acompañó una jornada de registro de pacientes en el Sistema Integral de Acceso a los Medicamentos (Siamed).

Resaltó las reuniones con grandes laboratorios como Merk, Novartis y Bayer, empresas que se les han asignado divisas preferenciales para que puedan producir e importar y aun así persiste un déficit de medicinas.

«Queremos saber por qué Bayer, si le dimos el dinero, le ha quitado los anticonceptivos a las mujeres en este país», preguntó.

En las reuniones se revisarán las deudas que se tengan con los laboratorios y también se evaluará cómo distribuyen a las droguerías los medicamentos que producen.

www.elmundo.com.ve