Los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Wilfredo Rodríguez, Cristian Pineda y Alexander Jaimes, de 25,23 y 21 años, respectivamente, fueron detenidos por el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de Lara, luego de supuestamente secuestrar a un joven de unos 24 años de edad, a quien amenazaron con «sembrarlo” con droga de no pagarles 20 mil bolívares.

Se conoció de manera extraoficial que al mediodía del miércoles, la víctima se encontraba por el semáforo de Tamaca, cuando los oficiales lo interceptaron, lo montaron en la camioneta asignada al Patrullaje Inteligente 2, en cuyo rotulado, irónicamente, indica un número telefónico e invita a denunciar.

Los efectivos policiales secuestraron por unas horas al joven, quien estuvo privado de libertad en El Manzano cuando fue menor de edad, por lo cual lo habrían amenazado que de no pagarles la cantidad exigida no lo dejarían en libertad.

La víctima se comunicó con sus familiares, quienes denunciaron lo ocurrido. Aproximadamente a las 06:00 p.m., cuando los allegados fueron con el dinero a cancelar, les llegó una comisión de ocho funcionarios del GAES al puesto policial que se encuentra en el sector Alí Primera de Yucatán y los capturaron en flagrancia.

Estaban con sus armas de reglamento y uniformados al momento del hecho. Según se conoció, no se resistieron a la detención.

Fuentes extraoficiales manifestaron que desde hacía tiempo, supuestamente, los oficiales cometían este tipo de acciones, por lo cual se espera continúen las investigaciones a fin de verificar si hay otros uniformados que cometen actos similares.

El procedimiento está a cargo de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, quien los presentará hoy ante los tribunales correspondientes.

Este es el segundo lote de funcionarios policiales que son detenidos por el mismo delito en menos de una semana.

Sin miedo a denunciar
No tenga miedo. Si usted es víctima de un hecho de extorsión o secuestro, así sea funcionario policial, diríjase hasta la sede del GAES, ubicada en la urbanización Vista Real, sector El Piñal, detrás de un reconocido restaurante, al este de Barquisimeto.

También puede llamar al 0416 6115193 o al 0251 2559373, igualmente escribir un correo electrónico a denunciagaeslara@gmail.com o en Twitter @gaes__lara para que los funcionarios realicen las respectivas actuaciones y den con la víctima.

El Impulso

El presidente del Sindicato Revolucionario de la Construcción de UNETE, Ramón Jiménez, resultó muerto la tarde de este jueves 16 de Abril en vía Toruro, Estado Barinas.

Según testigos presenciales, Jiménez, en compañía de José Salazar, también sindicalista de UNETE y William Lizardo, Presidente de Fetraconstrucción afiliado a la CTV, hicieron una parada en la cachapera Santa Rosa para almorzar. Apenas estaban sentándose cuando varios sujetos, que se encontraban en el sitio y sin mediar palabra, les dispararon a quema ropa.

En el hecho murió Ramon Jiménez, mientras Lizardo y Salazar resultaron heridos. Hasta ahora se conoce que Lizardo se encuentra fuera de peligro.

Todavía está impune el asesinato hace 4 años del presidente de UNETE Barinas, Tomás Rangel, expresan directivos de esta federación regional. «Una vez mas, le exigimos al Ministerio Público, gobiernos nacional y regional, así como a los organismos competentes, el esclarecimiento de este hecho y la captura de los responsables» ha dicho Marcela Máspero, Coordinadora Nacional de la UNETE.

Este viernes, UNETE elevará la denuncia de este atroz asesinato al Comité de Libertad Sindical, de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT)

Nota de Prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó ayer sobre «el deterioro de la democracia y de la libertad de prensa en Venezuela», ante la crítica situación que atraviesan varios periódicos de ese país para obtener papel e insumos básicos para su funcionamiento.

En un comunicado, la SIP atribuyó esas dificultades a «las medidas discriminatorias y las restricciones que sigue imponiendo el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica e independiente».

El presidente de la organización, Gustavo Mohme, director del diario peruano La República, recordó que en las próximas semanas varios periódicos cesarán sus publicaciones.

Dijo que eso ocurre porque el gobierno no les entrega divisas para importar papel o deben hacerlo a través de una empresa estatal que tiene el monopolio de la venta y distribución y que «es utilizada como una arma de discriminación para castigar a quienes mantienen un periodismo independiente y fiel a los valores democráticos», dijo.

La SIP dijo que se mantendrá alerta y seguirá «explorando distintos caminos de acción para apoyar a la prensa venezolana».

lanacion.com.ar

El último corrientazo entre los gobiernos de Madrid y Caracas, luego de que esta semana el Congreso español se pronunció por la liberación de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma con la esperada reacción furiosa del gobierno de Nicolás Maduro, relanza otro capítulo de tensión binacional que revive los fantasmas de las represalias que pueda tomar Venezuela contra los intereses españoles en su territorio.

“La élite que gobierna España no cesa en sus pretensiones violatorias del Derecho Internacional Público y se articula con el eje antidemocrático internacional que pretende desconocer la voluntad popular de nuestro pueblo siguiendo guiones imperiales”, reza el comunicado-protesta de la Cancillería venezolana publicado este miércoles. Sin embargo, la posibilidad de que Venezuela tome cualquier decisión hacia España la anunció el propio presidente Maduro y la ratificó la canciller Delcy Rodríguez: “Estamos haciendo una revisión exhaustiva de las relaciones bilaterales (con España) por instrucción del presidente Maduro”.

 
En Venezuela vive la tercera comunidad de españoles más grande del mundo, después de Argentina y Francia, con casi 200.000 ciudadanos y por lo menos tres millones de venezolanos con familia directa del país europeo.

Con la ‘revolución’ la relación bilateral entró en una espiral de altibajos; las buenas migas entre los presidentes Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero saldaron el negocio de construcción de cuatro patrulleros para Venezuela en astilleros españoles por 1.200 millones de euros (que incluyó escándalo de corrupción por comisiones millonarias que ni Caracas ni Madrid comentaron en su momento).

Todo empezó a cambiar a partir de la radicalización política que signó al Gobierno venezolano desde el triunfo electoral de 2006. El presidente Chávez abrió la etapa del ‘socialismo del siglo XXI’ e inició una ola de multas, confiscaciones, expropiaciones (de fincas, comercios, terrenos) y nacionalizaciones casi siempre tarde o mal pagadas que afectaron a por lo menos 500 empresarios españoles entre esa fecha y 2010, según contabilizó la Federación de Centros Españoles en Venezuela.

En 2009 el Gobierno nacionalizó al Banco de Venezuela –desde 1996 y hasta entonces propiedad del Grupo Santander–, y aunque la negociación presagiaba tempestades llegó en relativos buenos términos a un acuerdo económico que cumplió cabalmente.

Con estos antecedentes el impacto de este último impasse, ahora entre los gobierno de Nicolás Maduro con el de Mariano Rajoy, todavía luce limitado. La escalada aún no excede la política: la llamada del embajador de Venezuela en España a consultas y la expresión formal de la molestia venezolana al embajador español en Caracas.
Expediente de injerencia

Venezuela asegura contar con un legajo de cientos de declaraciones “injerencistas” de funcionarios españoles y casi mil artículos de la prensa de ese país cuyo objetivo –según la canciller– es desprestigiar a la “revolución bolivariana”.

 
Sobre esa base el presidente Maduro prometió que irá por más. Por eso las 118 empresas españolas (incluyendo 17 franquicias) con sucursales en territorio venezolano esperan que la pulseada no los toque ni afecte sus negocios que en total superan los 9.000 millones de euros.

Un temor latente sobre todo después de que en febrero de este año fueron convocados representantes de grandes empresas españolas a una reunión con el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza, tras la cual algunos confesaron a la prensa de su país haberse sentido coaccionados para colaborar con el Gobierno venezolano so pena de ser castigados con sanciones económicas.

El tiempo no les ha dado la razón y hasta ahora el castigo es el desajustado panorama económico venezolano, que entre devaluaciones y el control cambiario les ha valido pérdidas millonarias.

Los ejemplos sobran, como el de Telefónica, a la cual la devaluación del bolívar del 2014 representó una merma de 1.200 millones de euros en sus activos o la cadena de hoteles Meliá, que por la misma razón (más la devaluación de 2015) perdió 212 millones.

El Estado venezolano también debe a Iberia 200 millones de dólares por venta de boletos, ganancias obtenidas por venta de tiquetes en Venezuela y que no ha podido repatriar a su casa matriz.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

» En fecha 29 de mayo de 2009 , antisociales le quitaron la vida a Andres Roman Morin López, entre el kilómetro 22 y 23 de la carretera panamericana, en la Estación de Servicios “Los Cerritos”, ubicada en el Sector El Tambor, Los Teques, Estado Miranda, propinandole una serie de disparos de arma de fuego a su humanidad, una seria investigacion determino que su esposa Liliana Villarroel y el padrino de sus hijos Manuel Pirela, fueron los autores intelectuales de este caso de Sicariato, el autor material, es un pariente de Manuel Pirela que resulto abatido en un enfrentamiento tambien durante el transcurso de la investigacion.

El juicio de estos acusados por Sicariato y Asociacion para Delinquir, se ha demorado HASTA AHORA sin iniciarse UN (1) ANO y SEIS (6) meses, ya que en fecha 24 de octubre de 2013, la causa llego al Tribunal Segundo (2º) de Juicio a cargo de la juez Irania Melendez Figueredo, actualmente a cargo de la juez Erika Medina, en tanto, estando pautado el juicio para el dia 14 de abril de 2015, el mismo tampoco se efectuo por falta del traslado de uno de los acusados, Manuel Pirela.

 
Este caso, se ha hecho conocer en los medios de comunicacion como el de “LA VIUDA NEGRA DE LOS TEQUES” pues tambien como resultado de la investigacion y a traves de pruebas de perfil genetico o ADN se determino que los hijos que le hizo creer Liliana Villaroel al occiso que eran de el y asi lo reconocio ante lasautoridades, terminaron siendo hijos biologicos de su ejecutor Manuel Pirela”.
Por ello la madre del occiso, de la persona asesinada, Sr Agustina Morin, clama justicia ante esta situacion».